En este artículo, Artiom Vnebraci Popa, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute explica cómo la historia de los servicios de inteligencia en Venezuela refleja la evolución del poder político, desde redes informales en las guerras de independencia hasta la consolidación de un Estado policial en el siglo XXI. A lo largo de dictaduras, etapas democráticas y la Revolución Bolivariana, la inteligencia ha oscilado entre profesionalización y represión ideológica. La reciente captura de Nicolás Maduro expone las limitaciones estructurales de un aparato centrado en el control interno, y reabre un debate crucial: cómo denunciar el autoritarismo sin legitimar nuevas formas de intervención y neoimperialismo en el orden internacional contemporáneo.
El origen de los antecedentes de prácticas rudimentarias de inteligencia en el territorio venezolano hunde sus raíces en las guerras de independencia. Simón Bolívar entendió la importancia estratégica de una información de calidad y formuló nodos de redes de informantes tanto civiles como militares, agentes encubiertos, exploradores y rastreadores, y la encriptación de correos.
Tales actividades operativas no se encontraban institucionalizadas, pero sentaron un precedente importante para la forma en que se trató la información en Venezuela a posteriori.
Así, tras la independencia, el siglo XIX se caracterizó por la inestabilidad político-social. El poder fáctico se concentró a través de caudillos regionales que configuraban redes de lealtad, comercio y espionaje. No hubo servicios de inteligencia formalizados, pero la trata de información se basaba en infiltraciones, relaciones clientelas y sobornos.
Fue al comienzo del siglo XX, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908–1935) que surgieron estructuras más sistemáticas de inteligencia. De esta forma, el régimen de entonces creó redes de colaboradores y fuerzas de seguridad dedicadas a detectar y neutralizar la disidencia (sin ningún tipo de marco legal ni control institucional). También, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958) el modelo vigilante-represivo fue consolidándose vía el organismo de la Seguridad Nacional. Esta institución produjo de forma sistemática archivos sobre la disidencia, estableciendo así, el primer aparato de vigilancia masiva del país.
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DIGEPOL y DISIP: democracia, Guerra Fría y profesionalización
La caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez en 1958 promovió una temporalidad democrática que sostuvo el desafío de formular unas instituciones de inteligencia depuradas de elementos represivos dentro de un marco constitucional legal y transparente. Asimismo, en 1958 se creó la Dirección General de Policía (DIGEPOL), que heredó estructuras y personal de la Seguridad Nacional. Esto generó conflictos y dudas sobre un tipo de operatividad represiva encubierta.
A posteriori y durante la década de los sesenta, la insurgencia armada de corte izquierdista (inspirada por la Revolución Cubana) impulsó un nuevo tipo de profesionalización. Por ende y en el contexto político de la Guerra Fría, Venezuela recibió instrucción, formación y financiación por parte de Estados Unidos y otros países occidentales.
En 1969 se crea la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), concebida por primera vez en la historia de Venezuela como un servicio civil de inteligencia moderno (subordinado al poder político democrático). Los departamentos de la DISIP se dividían en contrainteligencia, inteligencia política, contraterrorismo, y protección de diplomáticos y dignatarios. En los comienzos de los setenta, la insurgencia guerrillera fue neutralizada por iniciativas de pacificación y operaciones de inteligencia. Esto le dio sentido moral a la DISIP y subió su ánimo estratégico. Los siguientes años se caracterizaron por la ampliación de sus estructuras internas y la cooperación internacional, convirtiéndose en una de las agencias de inteligencia más completas de Latinoamérica.
A pesar de ello, la DISIP seguía heredando algunas prácticas autoritarias. La masacre de Yumare (1986) reveló grandes violaciones de derechos humanos dentro de un régimen democrático. A su vez, la inteligencia militar (DIM/G-2) operaba con autonomía parcial, cuyo enfoque eran las amenazas externas, el emergente narcotráfico y la frontera con Colombia.
Pero el auge del narcocapitalismo, y el deterioro económico-social de los años ochenta y noventa en el suelo venezolano plantean nuevos desafíos. Los intentos de golpe de Estado de 1992 revelaron fallas estratégicas en las estructuras de inteligencia política y militar. Ya para finales de los años noventa, la DISIP era una institución profesional pero corroída por la corrupción y el desgaste institucional.
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La Revolución Bolivariana y su efecto en el nuevo aparato de inteligencia
La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 provocó un quiebre estructural. Su ideología revolucionaria de corte izquierdista y la desconfianza en unas instituciones corruptas le llevaron a promover una purga estructural.
Así, desde los primeros años del régimen bolivariano se formó una alianza operativa con Cuba que tomaba en cuenta tanto las asesorías estructurales, doctrinales y operativas cubanas, como formación en contrainteligencia y control social. El golpe de Estado del 2002 profundizó esta evolución. La administración gubernamental leyó tal evento como una conspiración interna con apoyo extranjero, lo que le llevó a reforzar de forma radical los aparatos de inteligencia.
Pasados los años, en 2010 se disolvió la DISIP y se creó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que se definió por ser defensor ideológico del proyecto bolivariano. Las capacidades de infiltración, espionaje y represión interna fueron fortalecidas, y el Helicoide se consolidó como centro de detención, reclusión y tortura política.
Durante esta etapa comenzaron a surgir acusaciones internacionales con relación a la vinculación de altos cargos gubernamentales con redes de narcotráfico conocidas como el Cartel de los Soles.
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Maduro y la consolidación del Estado policial
La muerte de Hugo Chávez provocó la llegada de Nicolás Maduro al poder. Este último formuló una etapa de mayor centralización del poder y represión. Fue impugnado por la oposición y cuestionado por observadores internacionales al ganar las elecciones por un pequeño margen. El país se encontraba al borde del deterioro económico y Maduro contenía un apoyo erosionado (lo que le hizo depender cada vez más del SEBIN y otros cuerpos de seguridad como la DGCIM). Estos dos organismos fueron clave a la hora de reprimir protestas masivas y opositores entre 2014 y 2017. A su vez, la clase popular progubernamental armada y las FAES realizaron operaciones violentas (incluidas ejecuciones extrajudiciales, según informes de la ONU).
Asimismo, la gradual crisis económica y la escasez generalizada intensificaron el control de la masa social. Instituciones sociales como el Carnet de la Patria fueron creados para condicionar el acceso de los lealistas o ciudadanos necesitados a los programas sociales según convergencia ideológica. El seguimiento y la vigilancia en el espacio digital evolucionó y se amplió gracias al apoyo de la Federación Rusa y la República Popular China en departamentos de tecnología y ciberseguridad. Irán estableció vínculos logísticos y financieros y Cuba seguía proporcionando formación en control social.
La vigilancia digital se amplió: publicaciones en redes sociales fueron utilizadas como evidencia para detenciones, generando autocensura y temor generalizado. Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo en 2020 (y a otros altos cargos cercanos al presidente venezolano), lo que reforzó la percepción internacional de la corrupción institucionalizada.
Las consiguientes elecciones de 2024 (con múltiples opositores inhabilitados y procesos sin seguimiento de transparencia) consolidaron el poder de Maduro y se centralizó aún más la estructura de seguridad del Estado. En 2025, Venezuela ya podía considerarse lo que históricamente se denomina un Estado policial: los servicios de inteligencia se consagraron a una politización de la Revolución y ejercían control sobre instituciones diarias, combinando métodos tradicionales de represión con vigilancia tecnológica en un contexto de amplia crisis social y económica.
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Fallas en la prevención de la captura de Maduro y el peligro del neoimperialismo
El reciente secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del Delta Force estadounidense revelan un problema estructural en la operatividad de los servicios de inteligencia venezolanos: su vulnerabilidad y la de sus aliados estratégicos (en concreto: Cuba), frente a operaciones complejas de carácter híbrido y transnacional.
Si bien los servicios de inteligencia de Venezuela se han caracterizado por una alta eficacia en cuestiones de represión interna y control social, existe cierta asimetría entre las capacidades de control doméstico y la habilidad nacional para anticipar, disuadir o neutralizar amenazas externas sofisticadas. La emergente politización de los servicios, la renovada corrupción clientelar, la subordinación de la estrategia táctica a directrices de lealtad ideológica y la concentración de recursos críticos en la coerción interna han debilitado funciones centrales del STRATINT. También, la dependencia histórica de estructuras de servicios de inteligencia extranjeras (como el modelo cubano) ha formalizado un ecosistema de espionaje e inteligencia orientada a la persecución de la disidencia, antes que a un plan holístico de seguridad nacional.
No obstante, a pesar de que este análisis es abiertamente crítico del régimen venezolano y de las prácticas represivas de sus aparatos de inteligencia, no se puede concluir sin una advertencia fundamental: la crítica al autoritarismo regionalista no legitima nuevas formas de neoimperialismo. La naturalización de la captura y secuestro de jefes de Estado bajo ideologías de excepcionalidad moral o “seguridad nacional” vulnera todos los principios del derecho internacional. A su vez, erosiona aún más los ya frágiles límites jurídicos globales. Intercambiar una forma de extractivismo por otra no revela una defensa de la democracia, sino una práctica utilitaria de la legalidad. En esta situación de la “desdemocratización”, solo una postura combinada y compleja que denuncie tanto la represión interna como la intervención coercitiva de una potencia extranjera como Estados Unidos puede considerarse ética y políticamente coherente.
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