La Oficina, que comenzará a funcionar en septiembre, se encargará de la prevención y lucha contra el extremismo violento, el apoyo a las víctimas del terrorismo o la cooperación bilateral y multilateral, entre otras materias.
Este martes, 21 de junio, el Consejo de Ministros de España ha autorizado la firma y aplicación provisional de un convenio con Naciones Unidas que permitirá la apertura en Madrid de una Oficina de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas en inglés). El acuerdo ha sido adoptado a propuesta conjunta de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación.
La Oficina de la UNOCT en Madrid, según se detalla en el convenio, se encargará de la gestión y ejecución de programas y proyectos relacionados con la prevención y lucha contra el extremismo violento, la protección de objetivos vulnerables, la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, el apoyo a las víctimas del terrorismo y la cooperación bilateral y multilateral, entre otras materias.
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El convenio establece además que España prestará una serie de servicios de apoyo administrativo y operativo a la Oficina de la ONU, pondrá a su disposición las instalaciones adecuadas y le brindará los servicios públicos necesarios para el desempeño de sus labores.
La UNOCT se puso en marcha en 2017 con el objetivo de mejorar la coordinación antiterrorista entre los países miembros de Naciones Unidas y dar mayor visibilidad a la lucha contra esta amenaza. Desde su nacimiento está encabezada por Vladimir Voronkov, secretario general adjunto de la organización internacional.
La idea de establecer una oficina de programas de la UNOCT en España surgió durante el Comité de Coordinación del Foro Global de Contraterrorismo celebrado en Málaga en marzo de 2019.
Claves del último Foro Global de Contraterrorismo
Este mayo se celebró en Málaga (España) la primera conferencia internacional de alto nivel sobre derechos humanos, sociedad civil y lucha contra el terrorismo, organizada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y España.
La conferencia reunió a los Estados miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos con el objetivo de realizar intercambio “sólido y práctico” sobre cómo formular respuestas al terrorismo que respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho y garantizar que la sociedad civil pueda participar de manera significativa en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo.
En ella, más de 430 participantes, entre ellos Estados miembros, organizaciones regionales e internacionales, entidades de las Naciones Unidas y 44 organizaciones de la sociedad civil, se reunieron para intercambiar ideas y experiencias e instar a una mejor integración de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las voces de la sociedad civil en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo, en consonancia con la séptima revisión de la Estrategia Global contra el Terrorismo.
“Nuestros esfuerzos colectivos contra el terrorismo no pueden tener éxito si descuidan o abusan del Estado de Derecho y de los derechos humanos, si socavan el espacio cívico y la acción humanitaria de principios, y si no promueven los derechos de los niños, las mujeres y las víctimas”, subrayó al presentar el resumen de los copresidentes de la conferencia durante la sesión de clausura, Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo.
Voronkov también destacó la necesidad de llevar ante la justicia a los autores de delitos de terrorismo y de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos por agentes estatales o no estatales en nombre de la lucha contra el terrorismo.
En sus observaciones finales, Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior de España, dijo que “España es un país que puede ser testigo de la dureza con la que el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, pero también puede demostrar que los valores democráticos nos ofrecen herramientas útiles para derrotar a las organizaciones terroristas”.
Grande-Marlaska también explicó a los asistentes a la conferencia internacional que la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas en el combate contra el terrorismo han permitido a España dotarse de un esquema de protección frente a ese fenómeno plasmado en la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo.
Esta estrategia, según ha explicado el ministro, se ejecuta mediante el Comité Especializado Contra el Terrorismo, órgano creado en 2020 y presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, cuya misión es asistir al Consejo de Seguridad Nacional en la planificación y coordinación de la lucha Antiterrorista.
Además, España ha potenciado sus capacidades contraterroristas el diseño de planes específicos, entre los que citó el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista; el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta; el Programa de Intervención con Internos Yihadistas en Centros Penitenciarios, y el Plan Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo.
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Para terminar su intervención, el ministro del Interior recordó que “España cuenta con una ley pionera, la 29/2011 sobre Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo preámbulo proclama que son víctimas de graves violaciones de derechos humanos, lo que refuerza su estatus normativo y vincula sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas”.
Terrorismo y Derechos Humanos
Durante la conferencia los expertos también reconocieron la existencia de importantes “lagunas” y áreas de crecimiento en la forma en que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la sociedad civil se incorporan actualmente a los esfuerzos de lucha contra el terrorismo.
Los participantes expusieron el impacto adverso de muchas leyes, políticas y prácticas antiterroristas sobre el Estado de Derecho y los derechos humanos, destacando que las definiciones “vagas o excesivamente amplias” de terrorismo a menudo oprimen a los actores de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos.
También se planteó la necesidad de adoptar enfoques transformadores para la inclusión de la sociedad civil, así como de consolidar el apoyo a las víctimas del terrorismo. “Un segmento dedicado a la repercusión de las medidas antiterroristas en la acción humanitaria de principios puso de relieve los retos cruciales a los que se enfrentan las agencias de ayuda para llegar a las personas necesitadas en los escenarios de conflictos armados en los que actúan los grupos terroristas”, aseguran desde UNOCT.
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La conferencia de alto nivel culminó con un documento final que reflejó las principales conclusiones de los debates de la conferencia qué será elaborado por la UNOCT y España, en consulta con la sociedad civil.
Según UNOCT, las organizaciones de la sociedad civil contribuyeron a todas las partes de la conferencia y compartieron sus experiencias como oradores eminentes en el segmento de apertura de alto nivel, y como co-moderadores y panelistas de las cinco sesiones de trabajo temáticas.
Las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y las asociaciones de víctimas también dieron forma a la agenda de la conferencia en varias rondas de consultas con entidades clave de las Naciones Unidas.
Las conclusiones de la conferencia servirán de base para el primer Congreso Mundial dedicado a las víctimas del terrorismo, que se celebrará en septiembre de 2022, y para la tercera Conferencia de Alto Nivel de Jefes de Organismos de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en julio de 2023.
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