Se eliminan las sanciones penales por aborto en Inglaterra y Gales tras una histórica votación que deroga la ley victoriana de 1861 y mantiene los plazos clínicos de la Ley de Aborto de 1967. La iniciativa de la diputada laborista Tonia Antoniazzi pasa ahora a la Cámara de los Lores para su ratificación final.
El Parlamento británico aprobó el 17 de junio de 2025 una enmienda histórica que despenaliza el aborto en las regiones de Inglaterra y Gales en cualquier etapa de la gestación. La Cámara de los Comunes respaldó la reforma por 379 votos a favor y 137 en contra tras conceder la libertad de voto a sus miembros al ser un tema ético. Con este cambio legislativo, las mujeres dejan de enfrentarse a condenas de prisión por interrumpir su embarazo fuera de los límites actuales. No obstante, después de la semana 24, el aborto solo se permitirá en circunstancias excepcionales justificadas y no de forma libre.
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Hasta ahora, la ley solo permitía abortar antes de la semana 24 y con la aprobación de dos médicos, mientras que la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 castigaba cualquier otra interrupción con penas que podían llegar a la cadena perpetua. Sin embargo, la enmienda recién aprobada suprime esas sanciones penales sin alterar los plazos ni los requisitos clínicos establecidos por la legislación de 1967. La promotora laborista Tonia Antoniazzi defendió que la norma victoriana se usaba de forma cruel contra mujeres vulnerables investigadas por supuestos abortos ilegales.
Entrada en vigor antes de 2026
La reforma se incorporó al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, que ahora iniciará su tramitación en la Cámara de los Lores antes de la votación definitiva. Dado que la cámara alta solo puede retrasar, pero no vetar, una medida avalada por la mayoría de los Comunes, se espera que la despenalización entre en vigor antes de que termine el año 2025. Por su parte, Escocia debate una modificación propia de su ley, mientras que Irlanda del Norte mantiene su marco particular aprobado en 2020.
Reacciones
Los defensores de la medida recuerdan que casi el 99% de los abortos se realizan antes de la semana 20, por lo que la criminalización penal afectaba a casos muy excepcionales y desesperados. También subrayan que en 2022 se registraron más de 250.000 interrupciones en Inglaterra y Gales, lo que evidencia la necesidad de proteger un servicio sanitario ampliamente demandado. Organizaciones pro elección celebraron que, a partir de ahora, ninguna mujer podrá ser procesada simplemente por cuidar de su salud reproductiva.
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La Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos tachó la enmienda de «extrema y peligrosa» y alertó sobre la posibilidad de que se permitan abortos motivados por el sexo del feto. Varios diputados conservadores, incluida la líder Kemi Badenoch, se opusieron argumentando que los abortos tardíos conllevan mayores riesgos médicos para las mujeres. De igual modo, sectores provida sostienen que el aborto continúa siendo una cuestión de vida o muerte y reclaman límites penales claros para proteger al no nacido.
Expertos jurídicos consultados en el debate parlamentario destacan que la reforma no amplía el acceso clínico al aborto, sino que elimina un «lastre punitivo» que colocaba a las mujeres en el sistema penal. El impulso político se intensificó tras más de 100 investigaciones policiales por presuntos abortos ilegales en los últimos cinco años, algunas iniciadas contra mujeres que habían sufrido abortos naturales o mortinatos. Aunque la Cámara de los Lores tendrá la última palabra, el amplio respaldo de los Comunes refuerza la percepción de que el Reino Unido avanza hacia un marco más laxo en materia de salud reproductiva.
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