La decisión supone la primera gran apropiación estatal en Cisjordania desde 1967 y provoca una ola de condenas internacionales.
El Gobierno israelí aprobó este domingo 15 de febrero una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como «propiedad del Estado», la primera desde el inicio de la ocupación en 1967, según informó la radiotelevisión pública KAN. La decisión, liderada por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, el de Justicia Yariv Levin y el de Defensa Israel Katz, implica, según las autoridades palestinas, una anexión «de facto» de gran parte del territorio ocupado.
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El plan pretende regular las explotaciones agrícolas y definir el estatus jurídico de los territorios ocupados, un proceso que Israel había abandonado hace décadas por su complejidad. Fuentes de KAN indicaron que la medida responde a los «procedimientos de asentamiento ilegales» promovidos por la Autoridad Palestina en la Zona C de Cisjordania, bajo control exclusivo israelí.
Reacciones a la medida
El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la aprobación de lo que calificó como «una importante medida de seguridad y administrativa» destinada a garantizar el control total y la aplicación de la ley israelí. En la misma línea, Smotrich celebró la continuación de la «revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país», reforzando así la posición del Gobierno de Benjamin Netanyahu en su política hacia los territorios ocupados.
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Desde Ramala, el presidente palestino Mahmud Abbas denunció la decisión como «una anexión ‘de facto’ del territorio palestino ocupado». En un comunicado difundido por la agencia oficial WAFA, la Presidencia palestina afirmó que la medida constituye «una amenaza a la seguridad y la estabilidad» y «una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional». Además, destacó que estas acciones unilaterales no otorgarán legitimidad a la ocupación ni alterarán el estatus legal de Cisjordania y Jerusalén Este.
Condena internacional y denuncias diplomáticas
El Gobierno jordano también condenó la decisión, calificándola de intento de «aplicar una soberanía israelí ilegítima» y de consolidar la expansión de los asentamientos. También adujo que esta actuación «perjudica la solución de los dos estados» y «amenaza los lugares sagrados musulmanes y cristianos», insistiendo en que Israel «no tiene soberanía sobre las tierras palestinas ocupadas» y que la iniciativa es «ilegal y nula».
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La medida generó además rechazo internacional. Turquía la describió como un paso para «imponer su autoridad sobre la Cisjordania ocupada» y «acelerar la anexión ilegal», mientras Qatar denunció que busca «privar al pueblo palestino de sus derechos». Ambos gobiernos exigieron solidaridad internacional y presión diplomática para frenar lo que califican de «política expansionista» que socava los esfuerzos de paz y la solución de dos estados.
