La norma avanza pese a que un tribunal federal declaró inconstitucional una ley similar en Luisiana. Solo falta la ratificación del Senado estatal para que la ley obligue a exhibir carteles religiosos en aulas.
El Congreso de Texas se encuentra en la fase final de aprobación de la Ley del Senado Número 10, que obligaría a exhibir los Diez Mandamientos cristianos en todas las aulas escolares del estado. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes texana con 88 votos a favor y 49 en contra tras dos horas de debate, y posteriormente ratificada el domingo 25 de mayo por 82 votos a favor y 46 en contra con una modificación que establece que el estado asumirá cualquier coste legal derivado de demandas contra distritos escolares. Solo falta la aprobación definitiva del Senado estatal, donde el Partido Republicano cuenta con los votos necesarios, y la firma del gobernador Greg Abbott, quien ya ha expresado su intención de promulgar la ley.
La legislación establece que los carteles con los mandamientos deben tener al menos 50×40 centímetros y prohíbe colocar carteles similares cerca de los mismos. Durante el debate, la representante Candy Noble defendió la medida argumentando: «Tenemos la obligación de seguir las leyes divinas. Creo que todo sería mejor si lo hiciéramos». Los partidarios de la ley sostienen que los Diez Mandamientos forman parte fundamental de la historia estadounidense y ayudan a combatir la «decadencia moral».
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Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte oposición de quienes consideran que el Estado no debe involucrarse en el proselitismo religioso y que la medida podría generar exclusión entre estudiantes de otras religiones o no practicantes. No obstante, los sindicatos del profesorado también han expresado su rechazo a la iniciativa.
La tramitación de esta norma se produce a pesar de que un tribunal federal dictaminó en junio del 2024 que una ley similar de Luisiana violaba la obligación constitucional de separación entre Iglesia y Estado. Este precedente judicial plantea dudas sobre la constitucionalidad de la medida texana, aunque los legisladores republicanos mantienen su impulso para convertirla en ley estatal y ponerla en la práctica.
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