Más de 200 desapariciones, crematorios clandestinos y control criminal operativo. Thais Armengol alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia, analiza este fenómeno. Para el politólogo Gerson Mata Estrada, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG), esta situación no es una excepción, sino una advertencia: «Es altamente probable que para 2030 el número de organizaciones criminales en México se duplique.»
La disputa por el kilómetro: la carretera de la muerte entre Monterrey y Nuevo Laredo
Si algo revela la 85D es que el crimen organizado en México ha dejado de operar bajo una lógica exclusivamente expansiva para adoptar una lógica de control estratégico de nodos. No necesita gobernar un estado completo si puede administrar un punto clave de circulación económica.
En ese sentido, la carretera Monterrey–Nuevo Laredo no es solo un trayecto asfaltado: es un corredor logístico por donde transitan mercancías vinculadas al comercio internacional, cadenas de suministro industriales, transporte de carga pesada, trabajadores transfronterizos y flujos migratorios que buscan llegar a Estados Unidos. Controlar ese flujo equivale a intervenir una arteria económica sin necesidad de infiltrarse formalmente en ella.
Gerson Mata Estrada lo explica con precisión técnica cuando afirma que «el control territorial se disputa en unidades más pequeñas como municipios, colonias o tramos carreteros». La afirmación descompone la idea tradicional de territorio como bloque compacto. Hoy el poder se fragmenta y se administra en microespacios. Un kilómetro puede ser más valioso que una alcaldía si concentra tránsito estratégico. La carretera 85D se convierte entonces en una pieza táctica dentro de un tablero mayor, donde cada tramo ofrece oportunidades de extracción económica, vigilancia informal y proyección de fuerza.
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En este contexto, la violencia que se registra en la vía no es desorden ni explosión irracional. Es parte de un sistema de regulación ilegal del tránsito. Las cuotas impuestas al transporte, los secuestros selectivos de conductores, el robo de carga y la apropiación de vehículos no responden a improvisaciones aisladas, sino a una lógica sostenida de financiamiento y control.
La carretera funciona como una aduana paralela que decide quién pasa, bajo qué condiciones y a qué costo. Lo que aparenta ser un corredor industrial es, en realidad, un espacio administrado por actores armados que compiten por su rentabilidad.
Gobernanza criminal: reglas dentro del miedo
Hablar de «gobernanza criminal» puede sonar provocador, pero describe una arquitectura concreta de poder. No se trata de caos permanente, sino de un orden alternativo que establece reglas, jerarquías y mecanismos de sanción. Mata lo formula con contundencia: «La violencia, no solo es un medio de intimidación, es en sí misma, el principal medio de control del territorio.» La frase desmonta la idea de que la violencia sea únicamente una herramienta colateral. Aquí es el núcleo del sistema. Funciona como mensaje disciplinador y como recordatorio constante de quién detenta la autoridad real.
En la 85D, los hallazgos de cuerpos calcinados y las desapariciones sistemáticas no solo generan terror social; también cumplen una función ejemplificadora dentro del ecosistema criminal. En territorios fragmentados, donde múltiples grupos compiten por el mismo corredor, la exhibición de fuerza es un mecanismo para marcar dominio. La región arrastra la herencia de la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, un punto de inflexión que alteró de forma permanente el equilibrio criminal del noreste del país.
«La creación de los Zetas, su separación del Golfo y su posterior fragmentación en diversos grupos ha generado que ningún grupo tenga el control pleno de la región», señala Mata. Pero esa ausencia de hegemonía no implica vacío, sino competencia constante.
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Esa competencia multiplica incentivos para el uso estratégico de la violencia y para la diversificación de ingresos. El investigador lo detalla sin ambigüedades: «Muchos de los vehículos que son robados después son empleados como insumos para la guerra entre grupos«, lo que significa que el delito patrimonial alimenta directamente la logística armada.
Además, «la extorsión o el robo del transporte de carga también sirven como un medio de generación de recursos adicionales«, ampliando la base financiera de las organizaciones. En este escenario, la carretera no es únicamente un punto de extracción económica, sino un engranaje dentro de la economía de guerra criminal que se disputa el noreste mexicano.
Inteligencia, planeación y la brecha operativa
Uno de los aspectos más delicados del diagnóstico de Mata no se refiere únicamente a la expansión criminal, sino a la respuesta institucional. Lejos de sostener que el Estado carece de información, advierte una desconexión estructural entre análisis y operación. «Tenemos muchos diagnósticos, pero pocas soluciones operativas», afirma, subrayando que la producción de inteligencia no necesariamente se traduce en intervenciones estratégicas sostenidas en el terreno.
Esta brecha genera un patrón reactivo: despliegues temporales, operativos mediáticos y refuerzos episódicos que no alteran la lógica de control territorial ya instalada.
La subestimación del trabajo analítico dentro de las corporaciones policiales agrava el problema. «En el ámbito policial se subestima el rol que tienen las unidades de análisis e incluso los policías de campo ni siquiera consideran a los analistas como elementos policiales plenos.» La frase revela una fractura cultural dentro de las instituciones de seguridad.
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Mientras los grupos criminales operan con estructuras flexibles, adaptativas y articuladas a nivel local, las corporaciones enfrentan inercias burocráticas, rotación política y falta de continuidad estratégica. Intervenir una carretera bajo control criminal exige comprender redes de apoyo, dinámicas financieras, jerarquías internas y relaciones comunitarias, no solo incrementar el número de patrullas visibles.
Mata también introduce un elemento prospectivo cuando habla de la tecnología. «La incorporación masiva de drones es una ventana de oportunidad que tendrá que ser explorada y explotada en los siguientes años.» Sin embargo, la herramienta tecnológica, por sí sola, no sustituye la estrategia. Sin coordinación interinstitucional y sin integración real entre inteligencia y operación, la tecnología corre el riesgo de convertirse en recurso subutilizado dentro de una arquitectura institucional debilitada.
Crimen en México hacia 2030: expansión fragmentada y reconfiguración del poder criminal
El escenario a mediano plazo que plantea el investigador es inquietante. «Es altamente probable que para 2030 el número de organizaciones criminales en México se duplique.» Esta proyección no se formula como advertencia retórica, sino como tendencia derivada de la fragmentación constante y de la diversificación de mercados ilícitos.
Cada escisión interna genera nuevos liderazgos. Cada nuevo mercado (desde el tráfico de migrantes hasta la extorsión digital) crea incentivos para la formación de células autónomas que requieren territorio para operar.
En un entorno así, corredores estratégicos como la 85D adquieren aún mayor valor. Si el número de actores aumenta, también lo hace la disputa por los puntos logísticos clave. La fragmentación no reduce la violencia; la atomiza y la distribuye territorialmente. Cada kilómetro puede convertirse en frontera disputada. Cada municipio puede quedar bajo dinámicas diferenciadas de control. La complejidad para el Estado no radica únicamente en la cantidad de grupos, sino en la dificultad de mapear y contener estructuras más pequeñas, móviles y adaptativas.
El crimen en México como reflejo de una crisis estructural
El diagnóstico institucional que ofrece Mata es directo: «En los últimos 20 años México no ha podido consolidar una fuerza policial permanente a nivel federal.» La transición de la Policía Federal hacia la Guardia Nacional implicó una reconfiguración organizacional, pero no necesariamente una expansión sustancial de capacidades civiles especializadas.
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«Prácticamente no se reclutó nuevo personal y solo se reasignó a personal militar y policial que ya se encontraba en funciones.» Esto significa que la cobertura territorial no creció al ritmo de la expansión criminal, especialmente en áreas estratégicas como la seguridad carretera.
La consecuencia es doble. Por un lado, existe déficit de personal suficiente para cubrir rutas de alto riesgo. Por otro, se evidencia una carencia de competencias específicas para enfrentar dinámicas complejas de control territorial. «Las instituciones policiales del Estado Mexicano carecen del personal suficiente para realizar las tareas de seguridad que se requieren incluidas la seguridad en carreteras y en segundo lugar de las competencias y conocimientos idóneos para esta tarea en específico.» La afirmación expone una vulnerabilidad estructural que trasciende la 85D.
Cuando Mata afirma que lo que ocurre en esta vía «es una metáfora de lo que está sucediendo en el país y es un modelo criminal que se replica a escala nacional», la carretera deja de ser caso local y se convierte en síntoma sistémico.
Las dinámicas que se observan en el noreste se replican en corredores del Estado de México, Puebla o Morelos, donde la violencia afecta al tejido económico y al derecho básico al libre tránsito. «Las dinámicas de la violencia y crimen ponen primero en riesgo la vida de la ciudadanía, en segundo lugar, el derecho al libre tránsito y finalmente generan obstáculos al crecimiento económico a nivel nacional.»
La carretera de la muerte no es una anomalía geográfica. Es la evidencia de un modelo que avanza. Un modelo donde el control territorial se ejerce regulando la movilidad, administrando el miedo y explotando la fragmentación institucional. Y mientras el número de organizaciones criminales crece y se diversifica, el desafío para el Estado dejará de medirse en kilómetros y pasará a definirse por su capacidad de anticipación.
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