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China, Rusia y Serbia suministran armas a la junta militar golpista de Myanmar

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El reportero especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, emitió ayer (22/02/2022) un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que identifica a los Estados, incluidos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que han suministrado armas utilizadas contra civiles desde el golpe militar de Myanmar.

El experto independiente ha hecho un llamamiento a las naciones exportadoras de armas para que suspendan de inmediato sus ventas de armas y ha instado a que se convoque una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para debatir y votar una resolución con el fin de, como mínimo, prohibir las transferencias de armas que se sabe que el ejército de Myanmar usa para atacar y matar a civiles en Myanmar.

“Debería ser indiscutible que las armas utilizadas para matar civiles ya no deben transferirse a Myanmar. Estas transferencias realmente conmocionan la conciencia”, dijo Andrews.  Detener los crímenes atroces de la junta comienza bloqueando su acceso a las armas. Cuanto más se demore el mundo, más personas inocentes, incluidos niños, morirán en Myanmar”.

El Reportero Especial identificó a China, Rusia y Serbia como Estados miembros que, desde el golpe, han estado suministrando a la junta armas que luego son utilizadas para atacar a civiles.

“El pueblo de Myanmar está implorando a la ONU que actúe”, dijo. «Se merecen un voto a favor o en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que detenga la venta de armas que se utilizan para matarlos. Demasiadas familias se encuentran en el punto de mira de las armas de guerra que suministran los Estados miembros. Esto debe terminar.»

El informe, titulado Habilitación de atrocidades: transferencias de armas de los Estados miembros de la ONU al ejército de Myanmar, también nombra a los Estados que han autorizado la transferencia de armas desde 2018, cuando se documentaron ampliamente los crímenes atroces del ejército de Myanmar contra la minoría étnica rohingya y se convocó una misión de investigación de la ONU por un embargo de armas inmediato. El informe incluye los tipos y las cantidades de armas que se han transferido al ejército de Myanmar.

“A pesar de la evidencia de que los crímenes atroces de la junta militar se cometieron con impunidad desde que lanzaron un golpe el año pasado, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, continúan proporcionando a la junta militar de Myanmar numerosos aviones de combate, vehículos blindados y, en el caso de Rusia, la promesa de nuevas armas. Durante este mismo período, Serbia autorizó la exportación de cohetes y artillería al ejército de Myanmar.

En junio pasado, la Asamblea General aprobó una resolución en la que pedía a los Estados miembros que impidieran el flujo de armas hacia Myanmar. “Esto fue bien recibido por el pueblo de Myanmar, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos internacionales de defensa de los derechos humanos”, dijo Andrews. “Sin embargo, el hecho de que la resolución no haya tenido un impacto perceptible en la crisis y la capacidad de la junta para lanzar ataques contra civiles ha provocado ira y desesperación.

“Es imperativo que los Estados miembros y el Consejo de Seguridad actúen con urgencia para detener la venta de armas a la junta militar. Las vidas humanas y la credibilidad del Consejo de Seguridad están en juego.

“Si bien ni un solo miembro del Consejo de Seguridad votó en contra de la resolución de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad no ha considerado, y mucho menos votado, una resolución que podría hacer que la resolución sea vinculante para los Estados miembros.

“Hago un llamado a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que están consternados por el asesinato de civiles en Myanmar para que presenten una resolución para detenerlo. La transparencia importa. El Consejo de Seguridad debería considerar, como mínimo, una resolución para prohibir las armas que utiliza el ejército de Myanmar para matar a personas inocentes”.

El informe también pide una acción coordinada por parte de los Estados miembros para cortar el acceso de la junta a los ingresos, tal como lo está haciendo el pueblo de Myanmar a través de boicots generalizados a los bienes relacionados con el ejército.

“Sin legitimidad y contra una amplia oposición entre el pueblo de Myanmar, la junta militar opera como si fuera una potencia militar hostil. Por lo tanto, la fuerza militar es su único medio para intentar ejercer el control”, dijo Andrews.

“Si bien los líderes de la junta lo perciben como una fortaleza, este gran ejército también es una vulnerabilidad, ya que requiere recursos significativos para equipar y mantener. Si se reducen los ingresos necesarios para mantener ese ejército, disminuirá la capacidad de la junta para atacar y aterrorizar al pueblo de Myanmar”.

Cargos inventados contra activistas y manifestantes pacíficos en la India, según Human Rights Watch

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Las autoridades indias están procesando indebidamente a activistas y organizadores de protestas en virtud de la ley antiterrorista de la India dos años después de que 53 personas murieran en actos de violencia entre comunidades tras protestas pacíficas contra políticas de ciudadanía discriminatorias, ha señalado Human Rights Watch.

Las autoridades deben retirar de inmediato los cargos de motivación política y liberar a los 18 activistas y otras personas detenidas. Las personas responsables de los abusos deben ser debidamente procesadas, incluidos los partidarios del gobierno liderado por el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) que instigó la violencia comunitaria y los agentes de policía que no hicieron cumplir la ley de manera imparcial.

“Las autoridades indias han estado atacando a los activistas para hostigarlos y arrestarlos en lugar de investigar de manera imparcial las denuncias de que los líderes del BJP incitaron a la violencia y los agentes de policía fueron cómplices de los ataques”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para el sur de Asia de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían enjuiciar a los responsables de la violencia y dejar de utilizar estas investigaciones para silenciar a los críticos del gobierno”.

La adopción por parte del gobierno de la discriminatoria Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA) en diciembre de 2019 provocó semanas de protestas pacíficas en toda la India. La ley de ciudadanía acelera las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares no musulmanes de los países vecinos de mayoría musulmana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. 

Junto con el impulso del gobierno para un proceso de verificación de ciudadanía a nivel nacional a través de un Registro Nacional de Población y un Registro Nacional de Ciudadanos propuesto, destinado a identificar a los «migrantes ilegales», ha aumentado los temores de que millones de musulmanes indios puedan ser despojados de sus derechos de ciudadanía y privados de sus derechos.

Las turbas hindúes, armadas con espadas, palos y botellas llenas de gasolina, atacaron a los musulmanes en varios barrios del noreste de Delhi, quemando sus casas, tiendas, mezquitas y propiedades. Cuarenta de las 53 personas muertas en la violencia eran musulmanas; un policía y un funcionario del gobierno se encontraban entre los hindúes que murieron.

Las investigaciones policiales sobre los disturbios se han caracterizado por prejuicios, demoras, inexactitudes, falta de pruebas adecuadas y falta de seguimiento de los procedimientos adecuados, señaló Human Rights Watch.

La policía de Delhi presentó 758 primeros informes de información (registros policiales necesarios para comenzar investigaciones criminales) sobre los disturbios. Pero dos años después, según un informe presentado por la policía en el Tribunal Superior de Delhi, las investigaciones están pendientes en más de la mitad de los casos. Sólo 92 casos han llegado a juicio. En varios casos, los jueces han denunciado a la policía de Delhi por demorar las investigaciones, por no obedecer las órdenes judiciales o por no comparecer ante el tribunal.

En varios casos, los jueces han dicho que las investigaciones policiales sobre los disturbios fueron “de mala calidad”, “insensibles” o “burlescas”. En septiembre de 2021, un tribunal de Delhi absolvió a tres hombres musulmanes acusados ​​de saquear y destrozar una tienda propiedad de un hombre hindú, alegando que las autoridades investigadoras no llevaron a cabo una investigación adecuada. 

El juez Vinod Yadav calificó la investigación de insensible e indolente y dijo que esto era cierto en muchos otros casos de disturbios en Delhi que se llevaron ante el tribunal. “Mucho tiempo de esta Corte está siendo consumido por casos como el presente, donde casi no hay investigación por parte de la policía”, dijo. Un mes más tarde, el juez Yadav, que había hecho una serie de observaciones críticas en la conducta de la policía en las investigaciones de los disturbios de Delhi, fue trasladado por motivos no declarados.

La Comisión de Minorías de Delhi independiente llevó a cabo una investigación que encontró que la violencia fue “planeada y dirigida” y que algunos policías participaron activamente en los ataques contra musulmanes. En un video que se volvió emblemático del sesgo antimusulmán de la policía durante los disturbios, se ve a varios policías obligando a cinco hombres musulmanes gravemente heridos tirados en la calle a cantar el himno nacional indio para “demostrar su patriotismo”. Luego la policía los detuvo. Uno de los hombres, Faizan, de 23 años, murió a causa de sus heridas dos días después. Dos años después, sigue pendiente una investigación, y los policías responsables de la violencia custodial no han sido procesados ​​ni sancionados. Las autoridades todavía tienen que investigar otros denuncias de complicidad policial en la violencia.

Por el contrario, la policía de Delhi ha presentado cargos por motivos políticos contra 18 activistas, estudiantes, políticos de la oposición y residentes, 16 de ellos musulmanes. Los casos policiales se basan en gran medida en declaraciones de divulgación que son sospechosamente similares y chats de WhatsApp y mensajes de redes sociales sobre la organización y el anuncio de protestas pacíficas. La policía ha presentado esto como prueba de complicidad en una conspiración mayor para difamar al gobierno indio iniciada por los organizadores de las protestas contra la Ley de Ciudadanía.

Las autoridades han presentado cargos en virtud de la draconiana Ley de (Prevención) de Actividades Ilícitas, relacionadas con actividades ilícitas, financiación del terrorismo y planificación y comisión de actos de terrorismo. También han acusado a organizadores y activistas de protestas de sedición, asesinato, intento de asesinato, promoción de la enemistad religiosa y daños a la propiedad pública, entre otros presuntos delitos. Todos los acusados ​​han sido críticos con el gobierno del BJP y la ley de ciudadanía. Incluyen miembros de Pinjra Tod, un colectivo autónomo de mujeres estudiantes; United Against Hate, un grupo que trabaja para proteger a las minorías religiosas; y el Comité de Coordinación Jamia, que encabezó la protesta estudiantil en la Universidad Jamia Millia Islamia.

En junio de 2021, el Tribunal Superior de Delhi, al conceder la libertad bajo fianza a los activistas Natasha Narwal, Devangana Kalita y Asif Iqbal Tanha, dijo que la policía no había presentado ninguna prueba que demostrara que los acusados ​​habían cometido un delito relacionado con el terrorismo. El tribunal agregó, “que en su ansiedad por suprimir la disidencia y en el temor morboso de que las cosas se salgan de control, el Estado ha desdibujado la línea entre el ‘derecho a protestar’ garantizado constitucionalmente y la ‘actividad terrorista’. Si tal confusión gana terreno, la democracia estaría en peligro”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el uso por parte del gobierno indio de la Ley de (Prevención) de Actividades Ilícitas contra activistas de derechos humanos. Varios expertos en derechos humanos de la ONU han pedido la liberación inmediata de los activistas arrestados por protestar contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía.

“Las investigaciones de la policía de Delhi sobre la violencia de 2020 apuntan a las razones de la falta de confianza en la policía en India y la necesidad urgente de reformas policiales para combatir los prejuicios comunales y otros problemas”, dijo Ganguly. “El hecho de no responsabilizar a las personas por la violencia comunitaria solo alimentará más abusos contra las minorías religiosas”.

La censura en redes sociales disminuye en 2021 a nivel global

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Según un informe, la censura de redes sociales en 2021 ha decaído en un 35% en todo el mundo en comparación con 2020.

La empresa de servicios VPN Surfshark ha explicado como ha mejorado la censura en de redes sociales en el mundo en el último año. 2021 empezó fuerte, cuando el gobierno de Uganda prohibió las redes durante las elecciones presidenciales y, el año anterior tampoco ofrecía muchas esperanzas, ya que solo en 2020 las redes sociales se bloquearon 29 veces en todo el mundo.

Pero este año, sin embargo, se redujeron considerablemente los casos registrados de cierres de redes sociales, siendo 19 en total, lo que supone una caída del 35% en comparación con el año anterior. 

Países que prohibieron redes sociales en 2021

Por otra parte, los apagones ocurrieron en 17 países diferentes (las redes sociales se bloquearon dos veces en Rusia y en Irán), paralizando la comunicación de millones de personas en momentos de angustia política y una pandemia mundial. Los cierres se dirigieron a aplicaciones como WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Viber y plataformas como Facebook, Twitter e Instagram.

Surfshark advierte de que la mayoría de los casos de cierre de redes sociales estaban relacionados con la política:

  • Siete casos (37%) afectaron a países que en el momento sufrían protestas (Burkina Faso, Sudán del Sur, Senegal, Irán, Rusia, Cuba y Colombia).
  • Cuatro casos (21%) afectaron a países durante las elecciones presidenciales (Congo, Uganda, Zambia y Rusia).
  • Los ocho casos restantes (44 %) ocurrieron durante un periodo de agitación política general (Chad, Etiopía, Nigeria, Sudán, Armenia, Bangladesh, Irán y Myanmar).

Y aunque los números fueron más bajos en 2021, siguieron una tendencia similar al año pasado. De los 29 casos de restricción de redes sociales en 2020, seis de ellos se ordenaron en medio de elecciones y ocho más ocurrieron durante varias protestas. A día de hoy existen 71 países que han impuesto restricciones en el uso de las redes sociales desde que Surfshark comenzó a rastrear el problema por primera vez, hace seis años.

Los cierres de las redes sociales siguen siendo los sospechosos habituales

En retrospectiva, 2021 fue mejor en términos de apagones de redes sociales, pero los sospechosos habituales continúan siendo los mismos desde el año pasado. Incluso con una caída del 35%, las mismas regiones han dominado las listas.

Este año, África se ha convertido en el continente con más censura en todo el mundo, responsable de casi el 53 % de todos los casos en 2021. Sus cierres también fueron los más políticos:

  • África lideró las cifras de cierre de las redes sociales durante los días de elecciones (3 de los 4 casos totales fueron en Congo, Uganda y Zambia).
  • Chad bloqueó Internet tras una redada en la propiedad de Yaya Dillo, representante de la oposición al gobierno de Chad. Este evento tuvo lugar el 28 de febrero, alrededor de dos meses antes de las elecciones presidenciales.

Los casos de cierre restantes ocurrieron en Asia (26 %), Europa (10,5 %) y América (10,5 %), mientras que Oceanía permaneció intacta. Se cree que todos los casos tuvieron alguna intención política detrás de ellos.

¿Qué muestra esta tendencia positiva?

Los casos de cierre de redes sociales han disminuido en un 35% este año, lo que es un paso en una buena dirección en cuanto a privacidad. Sin embargo, el hecho de que tales casos todavía ocurran en todo el mundo sigue siendo preocupante porque limita la libertad de expresión de las personas y su capacidad para comunicarse.

Muchas personas utilizan las redes sociales e Internet para mantenerse en contacto con sus amigos y seres queridos. Esto hace que las restricciones y los casos de cierre sean extremadamente brutales, especialmente durante tiempos inciertos de una pandemia global. Las personas quedaron incapaces de recibir y compartir información crucial que podría afectar su salud y bienestar.

En términos de política, 2021 ha sido más estable que 2020, aunque todavía está lejos de ser ideal. Sin embargo, los países evidentemente no tienen miedo de apretar el gatillo en las redes sociales en áreas de agitación política. Esto sigue siendo especialmente cierto en África y Asia. Y aunque este año mostró un giro positivo con menos prohibiciones en las redes sociales, aún está por verse si la tendencia continuará en 2022 y más allá.

INTERPOL lanza un proyecto en contra de los abusos sexuales en el terreno humanitario

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La iniciativa, que recibe el nombre de «Proyecto Soteria», que se está implementando actualmente en África y Asia, tiene como objetivo evitar que los depredadores sexuales abusen de algunas de las personas más vulnerables del mundo.

En su mayor asociación con el sector de la ayuda, INTERPOL ha lanzado un nuevo proyecto destinado a tomar medidas enérgicas contra los perpetradores de explotación, acoso y abuso sexuales (SEAH) que trabajan para organizaciones humanitarias y de desarrollo.

El Proyecto Soteria, que lleva el nombre de la diosa griega de la seguridad, ya ha obtenido el apoyo de más de 20 destacadas organizaciones de ayuda, incluidas Oxfam, Save the Children y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La naturaleza globalizada del trabajo humanitario y de desarrollo, combinada con la urgencia con la que el personal a menudo necesita ser reclutado y desplegado, presenta desafíos para las organizaciones de ayuda a la hora de realizar una evaluación exhaustiva del personal tanto antes como después de su contratación.

Con demasiada frecuencia, los agresores sexuales del pasado pueden continuar trabajando y moviéndose dentro del sector, poniendo en riesgo a niños y adultos vulnerables.

“Debemos poner fin a la explotación, el abuso y el acoso sexuales en los sectores humanitarios y de desarrollo internacional”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) responsable de la protección, Vicky Ford.

“Es por eso que el Reino Unido está trabajando con INTERPOL, las ONG y otros involucrados en el Proyecto Soteria para identificar y tomar medidas contra los perpetradores sexuales. Estamos destacando estos abusos para mantener a salvo a las personas vulnerables”, agregó el Ministro.

Asociación intersectorial

“Si bien las organizaciones del sector de la ayuda a menudo brindan un santuario para mujeres, hombres y niños en medio del conflicto o la pobreza, también han sido blanco de personas que buscan abusar de víctimas vulnerables”, dijo el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.

“La amplia asociación intersectorial que Project Soteria ha construido con el apoyo del Reino Unido demuestra el compromiso común del sector de la ayuda y las fuerzas del orden para proteger a los beneficiarios de la ayuda y llevar a los delincuentes sexuales ante la justicia, sin importar las circunstancias”, agregó el Secretario General Stock.

Las organizaciones de ayuda desempeñan un papel vital en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, brindando asistencia humanitaria y de desarrollo para aliviar el sufrimiento de las comunidades vulnerables en todo el mundo. Los perpetradores de SEAH en el sector de la ayuda socavan fundamentalmente esta misión, dañando a las mismas personas a las que deben proteger y ayudar.

El Proyecto Soteria busca generar confianza entre las organizaciones de ayuda y las fuerzas del orden mientras trabajan para fortalecer su capacidad respectiva para prevenir y responder a los casos de SEAH.

Aprovechando sus bases de datos globales y su red policial de 195 países, INTERPOL trabajará con las fuerzas del orden nacionales para reforzar su capacidad de investigar informes de SEAH y gestionar antecedentes penales. La organización policial mundial también colaborará con el sector de la ayuda para facilitar el intercambio de información y reforzar sus esfuerzos para detectar a los delincuentes anteriores y disuadir a los delincuentes potenciales.

“Veo de primera mano el impacto devastador que la explotación y el abuso sexuales por parte de los trabajadores humanitarios tienen en las personas, sus familias y comunidades”, dijo Jane Connors, Defensora de los Derechos de las Víctimas de la ONU. “El Proyecto Soteria promete responsabilizar a los perpetradores y disuadir a otros de cometer estos errores. Esto asegurará a los sobrevivientes que los abusos se toman en serio y que sus derechos son reconocidos y protegidos”.

Próximos pasos

En los próximos meses, Project Soteria implementará talleres simultáneos para capacitar a casi 100 investigadores de protección infantil y violencia sexual o de género en África Oriental y Asia Meridional para utilizar las capacidades de INTERPOL y otras herramientas para identificar a los delincuentes.

A continuación, el equipo del Proyecto Soteria de INTERPOL iniciará actividades en el país, incluido el primer taller conjunto de la organización sobre SEAH en materia de aplicación de la ley y del sector de la ayuda y un curso de formación de dos días para empleados, voluntarios y pasantes del sector de la ayuda sobre lo que constituye el SEAH y cómo responder a eso.

También se desarrollará un esquema global de ‘búsqueda y verificación’ para permitir que las organizaciones piloto seleccionadas del sector de la ayuda envíen información de INTERPOL sobre los candidatos para identificar a las personas que podrían representar una amenaza para los adultos y los niños vulnerables.

El proyecto Soteria está financiado por FCDO y cuenta con el apoyo técnico de la Oficina de antecedentes penales del Reino Unido (ACRO). Un consejo asesor de representantes del gobierno, las fuerzas del orden, la ONU, expertos legales, el sector privado, la sociedad civil y los sobrevivientes de SEAH en el sector de la ayuda también informan sobre el proyecto.

EVENTO | ¿Qué va a ocurrir en Ucrania? | EOM

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¿QUÉ VA A OCURRIR EN UCRANIA?

🗓️ Martes, 22 de febrero de 2022

⏰ Este evento ya ha tenido lugar pero lo hemos guardado para ti en esta entrada.

👥 EOM

📍Online

💸 Gratis

Quién participa

  • Álvaro de Argüelles Lugo (@dearguelleslugo). Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho, y Máster de Filosofía Jurídica y Política en la UC3M. Interesado en Oriente Próximo y el Norte de África, especialmente en Libia. Colaborador de EOM.
  • Sonia Velázquez (@SVelazquez1705). Graduada en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación por la Universidad Pontificia Comillas. Máster en Recursos Energéticos y doctoranda en Seguridad Internacional. Pasión por la geopolítica. Análisis sobre energía, vulnerabilidad energética y amenazas a la seguridad energética. Colaboradora de EOM
  • Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz). Periodista. Máster en Unión Europea. Especializado en el estudio de los populismos y los discursos euroescépticos. Me interesa la integración europea, el Estado de derecho y la geopolítica. Con un ojo puesto en los Balcanes. Colaborador de EOM.
  • Eduardo Saldaña. (@EduardoSaldania). Codirector de EOM. Graduado en Relaciones Internacionales (URJC) y máster en Estudios Africanos (UAM).
  • Fernando Arancón (@FernandoArancon). Director de El Orden Mundial. Graduado en Relaciones Internacionales por la UCM. Máster en Inteligencia Económica en la UAM. Especialista y apasionado de la geopolítica.

El evento ya ha tenido lugar, pero lo hemos guardado para ti

Puedes volver a verlo en este enlace.

Además…

Si estás leyendo esto, probablemente sea porque eres consciente de que lo que ocurre en el mundo te afecta. Si quieres comprender cómo funciona el mundo más allá de la crisis entre Ucrania y Rusia, te recomendamos el Curso de Analista Internacional de EOM y LISA Institute.

En él aprenderás técnicas de análisis para entender, analizar y comprender mejor la relación causa-efecto de la Geopolítica, las Relaciones Internacionales y nuestro día a día.

Prepárate para el evento leyendo este análisis sobre la guerra híbrida de Álvaro de Argüelles para LISA News. En él explica cómo, aunque el término apareció originalmente vinculado a la guerra de Líbano de 2007, hoy está principalmente asociado a Rusia, que en los últimos años ha protagonizado decenas de ataques “no convencionales” contra los intereses de Occidente a lo largo de todo el planeta.

*Difundimos esta actividad libremente y sin beneficio porque queremos contribuir, más allá de la formación que ya ofrecemos desde LISA Institute, a difundir conocimiento para hacer del mundo un lugar más justo, seguro y protegido.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.

La comunidad internacional prepara sanciones para Rusia tras reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio el lunes (21/02/2022) la orden de despliegue de tropas bajo el pretexto de realizar funciones de “mantenimiento de la paz” en los territorios separatistas de Lugansk y Donetsk, autoproclamadas repúblicas ubicadas al sureste de Ucrania.

La decisión se anunció horas después de que el mandatario firmara acuerdos de «amistad y ayuda mutua» inmediata bajo los cuales se reconoce la independencia de ambas provincias. «Considero necesario tomar esta decisión, que había madurado desde hace mucho tiempo”, señaló el mandatario, quien también a su vez aprovechó para pedir la inmediata (…) responsabiliza a Kiev de cualquier ataque.

“En este momento las opciones que barajamos son o reconocemos la independencia territorial de Donetsk y Lugansk o cedemos al chantaje de Occidente. El reconocimiento va implícito con la responsabilidad“, dijo anoche Putin en un discurso para justificar su decisión.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Zelenski hecho hincapié en que la decisión del presidente ruso significa la violación unilateral de Rusia a los Acuerdos de paz de Minsk y de las decisiones adoptadas con Alemania y Francia en el formato de Normandía.

«Ucrania califica de manera inequívoca las últimas acciones de Rusia como una violación de la soberanía e integridad territorial de su Estado», ha dicho Zelenski durante una alocución televisada. Señaló que con su decisión «Rusia legaliza sus tropas, que se encontraban en los territorios ocupados del Donbás desde 2014», con referencia al apoyo militar de Moscú a la sublevación armada en el Donbás. 

Por ello Zelenski anunció la convocatoria inminente de su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y mantuvo contacto con el presidente estadounidense Joe Biden.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió con carácter de urgencia a petición de tres de sus miembros permanentes, EEUU, Reino Unido y Francia, en la que el embajador ucraniano denunció la ocupación «ilegal e ilegítima» de esas regiones del Donbás.

«El derecho internacional reconoce la integridad de Ucrania, hay que detener esta invasión», insistió. La representante de EEUU, Linda Thomas-Greenfied, criticó también la decisión de Putin y habló sobre el sufrimiento que podría provocar una guerra y la oleada de refugiados que llegarían desde Ucrania hasta el resto de Europa. Thomas-Greenfield también aseguró que Putin quiere devolver al mundo a 1919, la época en la que existían los imperios.

Joe Biden ha firmado este lunes (21.02.2022) una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lungansk y la Unión Europea aprobará esta tarde una primera tanda de sanciones contra Putin por agredir a Ucrania.

«Las tropas rusas han entrado en el Donbás y nosotros consideramos el Donbás una parte de Ucrania. Así que, ciertamente no lo llamaría una invasión completa, pero las tropas rusas están en suelo ucraniano», ha explicado Borrell.

Por su parte, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen también coinciden con que esta situación supone «una flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk».

España aprueba un nuevo Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista

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El Ministerio del Interior de España ha aprobado el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA), estrategia que actualiza el plan antiterrorista aprobado en 2005, que fue revisado en 2009 y 2015.

Además, este nuevo Plan incorpora las directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la Unión Europea, revisada en 2017, de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación al fenómeno de la radicalización de tipo yihadista.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó ayer de las líneas maestras de este PPPyRA a los grupos parlamentarios en una reunión mantenida en la sede del departamento, a cuyos portavoces ha señalado que «la lucha contra todo tipo de terrorismo y extremismos violentos requiere de la unidad política y social; nuestra experiencia nos enseña que el consenso político y social tejido en torno a las sucesivas actualizaciones del Plan Antiterrorista es una de las más sólidas fortalezas de nuestra estrategia».

Grande-Marlaska explicó que su diseño se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista, cuya principal expresión son las acciones violentas protagonizadas por los llamados «actores solitarios» y por grupos o células auto-radicalizadas.

Esta realidad aconsejaba revisar las medidas contempladas en los anteriores planes antiterroristas para orientarlas de manera más eficiente a la detección y anticipación frente a este tipo de acciones, así como para articular una respuesta coordinada y eficaz en los casos de atentados.

Objetivos del plan

El ministro ha explicado que el PPPyRA mantiene los cinco actuales niveles de riesgo (Nivel 1 para el riesgo bajo – Nivel 5, de riesgo muy alto, por la inminencia de un ataque terrorista o la comisión efectiva del mismo), pero articula una nueva respuesta operativa coordinada, integral y proporcionada a los riesgos derivados de la amenaza terrorista mediante el refuerzo de la coordinación policial y con otros centros sectoriales y entidades con competencias en seguridad.

Todas las medidas incluidas en el plan están dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:

  • PREVENIR, para lo que impulsa acciones preventivas destinadas a la detección, seguimiento y desactivación del fenómeno terrorista en su origen para dificultar la aparición y proliferación de procesos de radicalización.
  • PROTEGER, mediante el refuerzo de los dispositivos de seguridad y de los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que reduzcan posibles vulnerabilidades y minimicen las oportunidades de comisión de ataques terroristas.

El plan dedica especiales esfuerzos a preservar objetivos sensibles en ámbitos como las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, así como los centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante.

  • PERSEGUIR a las organizaciones terroristas. El plan desarrolla las capacidades policiales de análisis y valoración del riesgo, así como las de dirección y coordinación, para aprovechar mejor la labor de inteligencia que realizan las Fuerzas y cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación.
  • RESPONDER a los ataques terroristas mediante una serie de procedimientos operativos de coordinación que minimicen sus consecuencias y favorezcan el restablecimiento de la normalidad.

Nuevas respuestas

Es en el ámbito de la respuesta tras un ataque o la comisión de un atentado terrorista en el que se centran las principales modificaciones del nuevo plan, que diseña nuevos procedimientos para identificar, localizar y capturar a los autores, así como para favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.

El plan prevé que, en los supuestos de atentado terrorista en España, o en el extranjero si son contra personas o intereses nacionales, se reunirán de inmediato la Mesa de Coordinación y la Mesa de Evaluación de la Amenaza. La principal novedad es que esta Mesa de Coordinación tendrá un carácter reforzado para que pueda:

  • coordinar la ejecución y el desarrollo de los planes de respuesta sectorial antiterrorista,
  • movilizar los recursos de cada cuerpo policial o institución participante en el plan,
  • y activar los servicios de asistencia a las posibles víctimas e identificación de las personas afectadas.

La Mesa de Coordinación reforzada estará integrada por:

  • La Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios.
  • Representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
  • Miembros del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.
  • La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
  • La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
  • La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
  • Y las unidades o servicios de coordinación de crisis de los que dependan infraestructuras de transporte o de otra naturaleza cuando se considere conveniente.

Centros de gestión territorial

Se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores y la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista.

Estos centros territoriales garantizarán la actuación conjunta, cohesionada y coordinada de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de protección civil y las entidades asistenciales, en colaboración siempre con la administración autonómica y local correspondiente.

En estos centros territoriales se integrará también la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para garantizar la asistencia integral a las víctimas, de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

El PPPyRA ha sido elaborado por un grupo de trabajo del Ministerio del Interior que ha estado integrado por expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios; del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y de las direcciones generales de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y de Protección Civil y Emergencias, ambas adscritas a la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

EVENTO | Crisis climática, seguridad nacional e inteligencia | Intel&Beers 

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CRISIS CLIMÁTICA, SEGURIDAD NACIONAL E INTELIGENCIA

🗓️ Jueves, 24 de febrero de 2021 

⏰ 19:30h (UCT+1)

👥 Intel&Beers  

📍Online

💸 Gratis

Quién participa

  • Carolina Andrade Quevedo (@CaroAndradeQ). Actualmente es asesora del Programa de Seguridad Climática del Instituto Igarape.

Carolina tiene más de diez años de experiencia en liderazgo de seguridad pública y estatal, así como en inteligencia estratégica a nivel nacional y regional. Más recientemente, se desempeñó como consultora y analista estratégica de las Naciones Unidas sobre integración regional, paz y seguridad internacional, acción climática, mujeres en el poder, multilateralismo y gobernanza global.

En este marco, Carolina llevó a cabo investigaciones académicas de campo en África y Oriente Medio, y acompañó las negociaciones diplomáticas en las Américas. Tiene una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Económica y Social de la Universidad Pantheon-Sorbonne.

Además, también aboga por la democratización de los Estudios de Inteligencia para fortalecer a los ciudadanos empoderados e informados. Es miembro de la Red Global de Politólogos y de la Red de Inteligencia de Mujeres del King’s College. Es autora de varios artículos académicos y capítulos de libros sobre Inteligencia y Contrainteligencia en el Reino Unido, España, México, Ecuador y Chile.

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Además…

Puedes leer en LISA News cómo el cambio climático es uno de los retos de la ONU para 2022. También queríamos recomendarte el anterior eventos de Intel&Beers «Presente y futuro de la inteligencia geoespacial» que puedes volver a ver aquí.

En él participó Javier Valencia, autor del análisis «China refuerza sus fronteras, tanto las terrestres como la digitales» publicado en LISA News. En el artículo, Valencia realiza un análisis sobre los avances que está desarrollando China en su afianzamiento de las fronteras, tanto las correspondientes a las físicas con terceros países, como las referentes a las digitales, aumentando su independencia digital.

Si quieres formarte en inteligencia geoespacial te recomendamos el curso de Analista IMINT (Inteligencia de imágenes) de LISA Institute especialmente dirigido a profesionales geoespaciales (topografía, geodesia, cartografía, geomática, etc.), entre otras profesiones.

*Difundimos esta actividad libremente y sin beneficio porque queremos contribuir, más allá de la formación que ya ofrecemos desde LISA Institute, a difundir conocimiento para hacer del mundo un lugar más justo, seguro y protegido.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.

«Rusia y China quieren redefinir el orden mundial»

El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, aseguró en su intervención durante la Conferencia de seguridad de Múnich, que Rusia y China quieren «revisar el orden mundial» y «volver al siglo XIX, a la lucha entre Imperios».

«Hoy en día todo el mundo habla de la batalla de las narrativas (…). Lo que comenzó como una batalla sobre qué modelo era el mejor para combatir la pandemia se ha convertido desde entonces en una batalla por la naturaleza misma del orden internacional», aseguró el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada este fin de semana.

Así, señaló a la declaración conjunta Rusia-China del pasado 4 de febrero como la culminación de una campaña que viene de tiempo atrás. «Es un acto de desafío (…) un manifiesto para revisar el orden mundial», dijo.

En este sentido destacó en concreto el párrafo de la declaración en el que se menciona que «Rusia y China se oponen a los intentos de las fuerzas externas de socavar la seguridad y la estabilidad en sus regiones adyacentes comunes». También de cómo se menciona la «democracia genuina» de ambos países.

Al final de la declaración, Borrell alertaba de que Rusia y China querían retroceder al siglo XIX, a la lucha de los Imperios: «Rusia y China se vuelven cada vez más asertivas, dispuestas a restaurar los viejos imperios que han sido en el pasado. Avanzamos con el siglo XXI, con las lecciones que aprendimos en el siglo XX. Esta es la verdadera perspectiva de nuestra lucha por la seguridad y la defensa».

El Alto Representante también mencionó que otra «línea de batalla» por los estándares establecidos en las Naciones Unidas y otros foros, estaban relacionados con las nuevas tecnologías y el software de vigilancia. «Es de vital importancia que estas normas sigan reflejando valores universales. No es exagerado decir que quien establezca las reglas gobernará el mundo», advirtió.

Qué dice China de la situación en Ucrania

Este pasado sábado en la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de exteriores de China, Wang Yi, declaró que las preocupaciones de Rusia sobre Ucrania deben «ser respetadas» del mismo modo que las de «otros actores en esta crisis que amenaza con degenerar en conflicto».

La semana pasada, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, al ser preguntado por la situación en Ucrania y la visión de China sobre la evaluación de la situación, aseguraba que Estados Unidos había promocionado la «amenaza de guerra» y «creado un aire de tensión» que ha tenido un «grave impacto en la estabilidad económica y social de Ucrania».

«La comunidad internacional puede ver exactamente quién es el verdadero alborotador y quién es la verdadera amenaza para la seguridad del mundo», decía. «Aconsejamos a las partes interesadas que dejen de hacer declaraciones que aumenten las tensiones. Esta práctica de abogar por la confrontación y difundir información falsa por interés propio político es inmoral y peligrosa», añadía.

Se considera relevante recordar que en la declaración conjunta mencionada anteriormente se puede destacar el compromiso de Rusia de considerar Taiwán como «parte inseparable de China».

Rebeldes de Tigré asesinaron a decenas de personas en el norte de Etiopía según AI

Combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) habrían asesinado a decenas de personas según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

Combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) asesinaron a decenas de personas, cometieron decenas de violaciones en grupo contra mujeres y niñas —algunas de sólo 14 años— y saquearon bienes particulares y públicos en dos zonas de la región de Amhara, en el norte de Etiopía; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Según la organización, las atrocidades sucedieron en Chenna y Kobo y sus inmediaciones a finales de agosto y principios de septiembre de 2021, poco después de que las fuerzas de Tigré tomaran el control de las zonas en julio.

Según el informe, en Kobo, las fuerzas de Tigré al parecer atacaron a la población civil en represalia por la resistencia cada vez mayor de sus residentes armados y milicias locales. «Las fuerzas de Tigré han demostrado un desprecio absoluto por las normas fundamentales del derecho internacional humanitario que deben observar todas las partes enfrentadas. Existen indicios crecientes de la comisión sistemática de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad por las fuerzas de Tigré en las zonas bajo su control en la región de Amhara desde julio de 2021. Esta actuación recurrente incluye episodios reiterados de violación sexual generalizada, ejecuciones sumarias y saqueos, incluso en hospitales», ha manifestado Sarah Jackson, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

«Los dirigentes del Frente Popular de Liberación de Tigré deben poner fin de inmediato a las atrocidades que hemos documentado y apartar de sus fuerzas a toda persona sospechosa de haber participado en tales crímenes», dijo.

El conflicto de Tigré estalló en noviembre de 2020 y se extendió a otras regiones del norte de Etiopía a partir de julio de 2021. Amnistía Internacional ha documentado una diversidad de violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto, como las matanzas, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, las agresiones sexuales y otros actos de violencia de género, y las detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas del gobierno etíope y sus milicias aliadas y de las fuerzas eritreas que actúan junto a ellas.

Ejecuciones sumarias en Kobo

En Kobo, localidad situada en el noreste de la región de Amhara, combatientes de Tigré asesinaron a civiles indefensos, al parecer en venganza por las bajas en sus filas causadas por milicias amharas y campesinos armados. Amnistía Internacional entrevistó a 27 testigos y sobrevivientes, incluidos algunos que habían ayudado a recuperar y enterrar los cadáveres. Diez residentes de Kobo contaron a Amnistía Internacional que, a primera hora de la tarde del 9 de septiembre de 2021, combatientes de Tigré ejecutaron sumariamente a sus familiares y vecinos en el exterior de sus casas.

“Primero dispararon a mi hermano Taddese […] Murió en el acto. Mi otro hermano y mi cuñado intentaron huir y ambos fueron abatidos por la espalda y asesinados […] a mí me dispararon en el hombro izquierdo […] Me quedé en el suelo, fingiendo que estaba muerto”, contó un sobreviviente a Amnistía Internacional.

Otros 12 residentes de Kobo contaron que habían encontrado cadáveres de residentes y campesinos locales asesinados al estilo de una ejecución, con disparos en la cabeza, el pecho o la espalda, y algunos con las manos atadas a la espalda. “Los primeros cadáveres que vimos estaban junto a la valla del colegio. Había 20 cuerpos en ropa interior tendidos delante de la valla y tres más en el recinto escolar. La mayoría presentaba disparos en la nuca, y algunos en la espalda. A los que habían muerto de un disparo en la nuca no se los podía reconocer porque les faltaba parte del rostro”, contó un hombre.

El análisis de imágenes de satélite realizado por Evidence Lab, del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, revela indicios de nuevos lugares de enterramiento en los terrenos de las iglesias de St. George y St. Michael, donde los residentes contaron que habían enterrado los cadáveres el 9 de septiembre.

El homicidio deliberado de civiles, o de combatientes capturados, rendidos o heridos, constituye un crimen de guerra y un posible crimen de lesa humanidad.

Violencia sexual en Chenna

Desde julio de 2021, en la zona de Chenna —un pueblo al norte de Bahir Dar, capital de la región de Amhara—, fuerzas de Tigré violaron a decenas de mujeres y niñas (hasta de 14 años), a menudo en la propia casa de las víctimas tras obligarlas a proporcionarles alimentos y cocinar para ellos.

La violencia sexual fue acompañada de escandalosos niveles de brutalidad, con palizas, amenazas de muerte e insultos étnicos. De las 30 sobrevivientes entrevistadas por Amnistía Internacional, 14 contaron que habían sufrido violaciones en grupo a manos de múltiples combatientes de Tigré, y algunas habían sido violadas delante de sus hijos. Siete de las sobrevivientes eran menores de 18 años.

Lucy, de 14 años y estudiante de séptimo curso, y su madre fueron violadas por combatientes de Tigré en su domicilio de Did Bahr. Así se lo contó a Amnistía Internacional: “Estaba en casa con mi madre y mi abuela cuando llegaron dos jóvenes con fusiles sobre las 11 de la mañana. Uno de ellos llevaba ropa militar y el otro iba vestido de civil. Hablaban en una mezcla de tigré y amhárico. Nos dijeron: “Violaron a nuestras familias y ahora nos toca a nosotros violaros”. Uno me violó a mí en el patio y el otro violó a mi madre dentro de la casa. Ahora mi madre está muy enferma, está muy deprimida y angustiada. Nunca hablamos de lo que pasó. Es imposible.”

Una mujer de 29 años, Salam, contó que cuatro combatientes de Tigré habían encerrado a sus padres ancianos en otra habitación y a ella la habían violado en grupo durante más de 15 horas. Muchas de las sobrevivientes sufrían graves secuelas a largo plazo, físicas y psicológicas, y 10 de ellas continuaban hospitalizadas tres meses después de haber sido violadas.

Personal médico que había atendido a las sobrevivientes de violación explicó a Amnistía Internacional que dos de ellas habían sido tratadas por desgarros probablemente causados con bayonetas o fusiles introducidos en sus genitales. Amnistía Internacional ya ha documentado estos patrones de violación de mujeres y niñas amharas por combatientes de Tigré en Nifas Mewcha, y ha recibido informes verosímiles de violaciones en otras partes de la región de Amhara. Tales atrocidades constituyen crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes contra la humanidad.

Saqueo de bienes civiles

Tanto en Kobo como en la zona de Chenna, sus habitantes contaron a Amnistía Internacional que combatientes de Tigré habían robado bienes de sus casas y comercios y habían saqueado y destrozado propiedades públicas, incluidos centros médicos y escuelas.

Debido a los saqueos y destrozos en los centros médicos, las sobrevivientes de violación y otros residentes que necesitaban asistencia médica no pudieron ser atendidos localmente y tuvieron que esperar semanas para acceder a un hospital en Debark, Gondar o Bahir Dar. Fue un plazo demasiado largo para que las sobrevivientes de violación recibieran los cuidados esenciales tras esta clase de violencia, algunos de los cuales deben administrarse en las 72 horas siguientes.

“Estas atrocidades vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una actuación rápida por parte de la comunidad internacional para investigar los abusos cometidos por todas las partes, obligar a los responsables a rendir cuentas y garantizar los derechos de las sobrevivientes”, ha afirmado Sarah Jackson.

“La comunidad internacional lleva demasiado tiempo defraudando a las víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional en Etiopía. Las Naciones Unidas y la Unión Africana deben enviar equipos de investigación pertinentes a la región. La comisión internacional de expertos en derechos humanos sobre Etiopía, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en diciembre, también debe ser autorizada a comenzar su trabajo y obtener cuanto antes permiso de entrada al país.”