Entre la defensa reglamentaria y el arma de fuego existe un espacio operativo que preocupa a los profesionales de la seguridad privada. Robert Monzonis, investigador especializado en dispositivos eléctricos de control, y José Manuel García Mestres, jefe de equipo de seguridad en el Hospital Clínic de Barcelona, analizan su posible incorporación, sus riesgos y las condiciones que deberían acompañarla.
Una persona armada con un cuchillo, un paciente que amenaza con quitarse la vida o un agresor que pone en peligro a quienes se encuentran a su alrededor obligan a tomar decisiones en cuestión de segundos. En hospitales, transportes públicos, infraestructuras críticas y grandes eventos, los vigilantes de seguridad suelen ser los primeros profesionales que deben contener estas situaciones, proteger a las personas presentes y evitar que la amenaza aumente mientras esperan la llegada de la policía.
Sin embargo, los medios de intervención de los que disponen son limitados y no siempre se adaptan a la gravedad de los incidentes que afrontan. La defensa reglamentaria puede resultar insuficiente frente a una persona que porta un arma blanca, mientras que las armas de fuego están restringidas a servicios muy concretos y representan una respuesta potencialmente letal. Entre ambos extremos se abre un debate que afecta a la proporcionalidad, la seguridad de los trabajadores y la protección de terceros.
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Robert Monzonis, docente, instructor y profesional vinculado al ámbito de la seguridad, ha centrado su investigación doctoral en la posible utilización de dispositivos eléctricos de control por parte de la seguridad privada. Su perspectiva académica se complementa con la experiencia de José Manuel García Mestres, que acumula más de veinte años de trayectoria y ha intervenido ante amenazas, armas blancas, personas intoxicadas e intentos de autolesión dentro del entorno hospitalario.
Más violencia, menos paciencia y situaciones que no avisan
García Mestres ha percibido un cambio significativo en la conflictividad después de la pandemia. Habla de “un repunte generalizado”, acompañado de “menos paciencia, menos tolerancia” y de un incremento sustancial del consumo de estupefacientes. Esta pérdida de capacidad para gestionar la frustración se traduce en agresiones verbales, amenazas y violencia física, especialmente contra profesionales que llevan uniforme o representan alguna forma de autoridad.
El entorno hospitalario añade una complejidad que no siempre existe en otros servicios. Algunas agresiones están relacionadas con conductas delictivas, pero muchas nacen del miedo, el sufrimiento, la intoxicación, una crisis psiquiátrica o el impacto emocional provocado por un accidente. “Aquí, en los hospitales, muchas de esas agresiones vienen marcadas por problemas emocionales del momento: accidentes, apuñalados, intoxicados o pacientes psiquiátricos”, explica García Mestres desde su experiencia profesional.
La respuesta debe ser rápida, pero también necesaria y proporcional. En pocos segundos, el vigilante tiene que interpretar lo que ocurre, valorar el peligro, proteger a las personas presentes y utilizar únicamente la fuerza imprescindible. Además, muchas actuaciones se producen ante cámaras de videovigilancia y teléfonos móviles que pueden registrar solo una parte del incidente. “Hay que gestionar todo en muy poco espacio de tiempo, de golpe, porque las situaciones no avisan”, señala.
El vacío entre la defensa y el arma de fuego
Monzonis considera que, en determinados servicios, existe un escalón operativo que actualmente no está cubierto. “La defensa reglamentaria semirrígida de 50 centímetros resulta insuficiente frente a agresores con armas blancas, mientras que el arma de fuego solo está autorizada en servicios muy concretos y supone un nivel de fuerza potencialmente letal”, explica. Para el investigador, esta diferencia limita las alternativas disponibles cuando aparece una amenaza grave que no puede resolverse únicamente mediante la comunicación o la contención física.
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Los dispositivos eléctricos de control podrían ofrecer una herramienta intermedia, pero su incorporación no debería entenderse como una autorización general para todos los vigilantes ni para cualquier servicio. “Podrían constituir una opción proporcional para determinadas situaciones, siempre dentro de un marco legal de actuación concreto”, sostiene Monzonis. Su uso tendría que limitarse a casos en los que existiera una potencial agresión grave o un riesgo para la vida y la integridad física del profesional o de terceras personas.
La utilización del dispositivo solo estaría justificada cuando otras medidas menos lesivas hubieran resultado ineficaces o no fueran viables. No se trataría de sustituir la prevención, la negociación o la intervención física, sino de ampliar el repertorio disponible para adaptar la respuesta a la amenaza concreta. Según Monzonis, ofrecería “un mayor repertorio de herramientas de dotación para elegir”, siempre dentro del principio de proporcionalidad y de una regulación que definiera sin ambigüedades sus límites.
Armas blancas y crisis dentro del hospital
La experiencia de García Mestres permite trasladar el debate académico a situaciones reales. Durante su trayectoria ha participado en intervenciones ante personas que se negaban a abandonar un box, pacientes que tuvieron que ser inmovilizados con grilletes y episodios en los que había cuchillos u otros riesgos para la integridad física. En esas circunstancias, el vigilante debe actuar dentro de un espacio reducido, rodeado de pacientes, familiares y profesionales sanitarios, donde cualquier movimiento puede agravar el peligro.
Entre los episodios que recuerda se encuentra el de un paciente que intentaba autolesionarse con un cuchillo y amenazaba con quitarse la vida. Los Mossos d’Esquadra acudieron al hospital equipados con un dispositivo eléctrico de control. También menciona otra intervención con un paciente psiquiátrico de más de dos metros de altura. Estos casos muestran que el profesional de seguridad puede encontrarse ante personas armadas o físicamente muy difíciles de controlar sin disponer de una herramienta intermedia.
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Mientras llega la policía, las opciones son reducidas. “El único elemento es el disuasorio: despejar la zona y aislar al sujeto, con el peligro y el caos que se pueda vivir”, relata García Mestres. La prioridad consiste en alejar a pacientes, familiares y trabajadores, contener la situación y evitar que la persona se haga daño o ataque a otros. Sin embargo, el tiempo de respuesta policial no siempre es inmediato y el riesgo puede aumentar en cuestión de segundos.
Los medios también dependen del presupuesto
La capacidad de actuación de los vigilantes no depende únicamente de la ley o de la formación, sino también de los recursos que la empresa y el cliente estén dispuestos a asumir. “La seguridad privada va a presupuesto. Si el cliente paga, hay más medios: espray, escudos…”, afirma García Mestres. Esta realidad genera diferencias importantes entre servicios que pueden presentar riesgos similares, pero que no cuentan con la misma dotación de personal, equipamiento o preparación.
Según el profesional, algunos clientes desconocen los medios disponibles o no consideran necesario asumir su coste hasta que se produce un incidente grave. Esto puede dejar a los equipos con recursos muy limitados frente a agresiones que requieren una intervención rápida. A la falta de equipamiento se suma el desconocimiento social sobre las funciones de los vigilantes, que a menudo son percibidos como una figura meramente presencial, sin comprender las responsabilidades y limitaciones legales que condicionan cada actuación.
La incorporación de dispositivos eléctricos de control también tendría un coste económico. Las empresas y los clientes deberían asumir la adquisición del material, su mantenimiento, la formación inicial, las prácticas periódicas y las correspondientes recertificaciones. Por eso, cualquier reforma tendría que evitar que el dispositivo se entregara sin una preparación suficiente o que la capacitación se redujera para abaratar costes. La dotación solo tendría sentido si forma parte de un sistema completo de selección, entrenamiento y supervisión.
Supervisión, grabación y responsabilidad
El principal peligro de incorporar pistolas eléctricas a la seguridad privada es que puedan utilizarse de manera innecesaria, precipitada. Monzonis reconoce que “el principal riesgo es un uso indebido o desproporcionado”, por lo que considera imprescindibles unos protocolos claros, la limitación de los servicios autorizados, una formación específica y la supervisión administrativa de cada actuación.
También propone que cada utilización quede registrada y pueda ser revisada posteriormente. Los sistemas de grabación audiovisual permitirían reconstruir el contexto de la intervención, determinar el comportamiento de la persona afectada y comprobar si el vigilante respetó los principios de necesidad, congruencia y proporcionalidad. Estas imágenes protegerían a los ciudadanos frente a posibles abusos y a los profesionales ante acusaciones que no se correspondieran con el desarrollo completo de los hechos.
El incumplimiento de los protocolos tendría que conllevar responsabilidades disciplinarias y, cuando correspondiera, jurídicas. La pistola eléctrica no podría convertirse en un recurso de comodidad para resolver rápidamente cualquier resistencia. “El dispositivo bien utilizado es una excelente herramienta”, afirma Monzonis, pero esa utilidad depende de que su manejo esté sujeto a límites estrictos, controles externos y una revisión transparente de las intervenciones.
Un debate que no admite respuestas simples
La posible incorporación de dispositivos eléctricos de control genera posiciones enfrentadas. Para algunos profesionales, permitiría responder de manera menos lesiva ante agresiones graves y reduciría el riesgo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Para otros, ampliaría de manera preocupante la capacidad coercitiva de la seguridad privada. Ambas posturas plantean cuestiones legítimas que no deberían resolverse mediante afirmaciones generales ni desde una defensa automática del dispositivo.
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El debate no consiste únicamente en decidir si los vigilantes deben disponer de una nueva arma. Antes habría que determinar si realmente existe un vacío operativo, qué servicios presentan un riesgo suficiente, quiénes podrían utilizarla, qué preparación recibirían y cómo se supervisaría cada intervención. Monzonis considera que cualquier decisión “debería apoyarse en evidencia científica y no únicamente en percepciones o posiciones ideológicas”.
Porque cuando una persona aparece con un cuchillo dentro de un hospital, el debate deja de ser exclusivamente teórico. Alguien debe intervenir antes de que llegue la policía y hacerlo con una respuesta capaz de proteger sin causar un daño mayor.
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