Thaís Armengol, alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia, entrevista a Luis Eduardo Neville Galindo, criminólogo-criminalista mexicano, técnico pericial e instructor policial con amplia trayectoria nacional e internacional. Su mirada permite entender la lógica criminal detrás de uno de los asesinatos políticos más alarmantes de los últimos tiempos: la ejecución pública del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en pleno Festival de las Velas.
El 1 de noviembre de 2025, Día de Muertos, la plaza Morelos de Uruapan brillaba bajo cientos de velas encendidas. La ciudad celebraba el tradicional Festival de las Velas, una de sus fiestas más queridas. Entre altares y música, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez (miembro del movimiento local La Sombreriza) se había fotografiado minutos antes con varios niños. Poco después, mientras cargaba en brazos a su hijo de tres años, una ráfaga de disparos irrumpió entre la multitud.
Los asistentes vieron cómo el alcalde caía al suelo, alcanzado por impactos a corta distancia. Un solo atacante, con precisión quirúrgica, terminó con la vida de un funcionario que había hecho de la seguridad ciudadana su bandera.
Las primeras versiones confirmaron que murió en el lugar, víctima de heridas a quemarropa. Su asesinato no fue fortuito: fue el desenlace previsto de un plan criminal.
Carlos Manzo: un alcalde blanco del crimen en México
Carlos Manzo no era un edil convencional. A sus 37 años había ganado la presidencia municipal como independiente, con una plataforma de mano dura contra el crimen organizado. Su agenda prometía dotar a la policía municipal de mejores salarios, premios por detenciones y equipo suficiente para enfrentar la violencia. Esa perspectiva le valió la etiqueta de «Bukele mexicano» por su postura de combate frontal al narcotráfico, muy alejada de la lógica de abrazos, no balazos.
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De hecho, ante las amenazas que había recibido por parte del crimen organizado, su seguridad fue reforzada con un dispositivo federal. Desde finales de 2024 contaba con escoltas asignados, y meses después, en 2025, se amplió el número de efectivos a su resguardo. Con ese nivel de riesgo, su perfil lo convirtió en un blanco ideal.
Luis Eduardo Neville señala que Manzo «no era un alcalde cualquiera, su perfil estaba creciendo políticamente, ubicándolo con miras presidenciales para el 2030». Añade que su enfoque en el «abatimiento de los delincuentes» afectaba intereses de las estructuras criminales locales, lo que «derivó en lo que en el argot delincuencial se conoce como aterrizarlo o bajarlo».
El Festival de las Velas, un escenario simbólico
El crimen ocurrió en medio de una de las tradiciones más queridas de Uruapan. Cada año miles de ciudadanos alumbran las calles con velas encendidas y altares dedicados a sus muertos, una celebración que ilumina la ciudad en honor a la vida y la memoria. Ejecutar a un alcalde durante esa festividad multiplica la conmoción social.
Como advierte Neville, «un ataque a un personaje famoso intrínsecamente afecta y enardece las costumbres públicas». La matanza en un día festivo de franca convivencia sembró angustia y furia colectiva: los testimonios hablan de un coro de indignación que exigió respuestas urgentes al Estado.
La ejecución desde dentro
La agresión fue técnica y relámpago. Según la reconstrucción preliminar, el agresor se acercó por sorpresa. Manzo recibió varios disparos a corta distancia, impactando principalmente el torso. Los peritos señalan que su cuerpo presentó al menos siete impactos certeros. A pesar de estar rodeado de decenas de ciudadanos y con personal de seguridad a pocos pasos, el asesino logró completar la operación sin interrupciones.
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Esto revela fallas graves en el dispositivo de protección. Según Neville, «existieron errores en materia de protección a funcionarios que terminaron en el deceso del presidente municipal». La elección del Festival dejó clara la intencionalidad: se trató de un atentado premeditado y preciso, no de un evento aislado. Las balas cumplieron el cometido de asegurar la muerte del objetivo político en una emboscada calculada.
Mensaje criminal y violencia política
Más allá del arma y la táctica, la ejecución de Carlos Manzo cumple una función simbólica: es un mensaje intimidatorio. Neville subraya que «la muerte de Manzo refleja un patrón consolidado en el país». Explica que fue «una ejecución planificada destinada a reafirmar el dominio territorial» de los cárteles y exhibir la fragilidad del Estado.
Para él, la agresión califica como «conducta de represalia» pura: al eliminar a un adversario visible, «infunde terror, odio, rechazo, deseos de venganza e impunidad» en la población hacia las autoridades. En el escenario criminal, cada detalle es un signo deliberado: hacer blanco de la muerte a un alcalde defensor del orden y arrojarlo en un festival público envía un mensaje de poder absoluto.
El magnicidio se convierte así en verbo político del crimen. La ejecución de Manzo ejemplifica la máxima contemporánea: en México la violencia política dejó de callar voces para exhibir dominio.
México fracturado por el poder del crimen
El asesinato de Carlos Manzo no fue un caso aislado. Forma parte de una secuencia prolongada de crímenes políticos que atraviesa México. Los homicidios de alcaldes se han convertido en una constante alarmante y, en los últimos años, decenas de presidentes municipales han sido ejecutados con distintos niveles de brutalidad. La pauta se repite con precisión: impunidad, mensaje y vacío de Estado.
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En junio de 2025, Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec (Michoacán), fue acribillada junto a su esposo en la plaza principal. Apenas dos días antes, en San Mateo Piñas (Oaxaca), la presidenta municipal Lilia Gema García Soto había sido asesinada dentro de su propio palacio de gobierno. Ese mismo mes, en Tacámbaro, Michoacán, el alcalde Salvador Bastida García fue atacado con su familia al salir de una taquería. En octubre de 2024, Alejandro Arcos Catalán (recién electo alcalde de Chilpancingo) apareció decapitado tras haberse negado a pactar con un cártel.
El crimen de Manzo prolonga esa escalada y refuerza el mensaje de fondo. El poder delincuencial elimina a quien incomoda y al mismo tiempo exhibe su capacidad para hacerlo. Neville lo resume con crudeza al afirmar que «estos casos expresan una conducta de represalia que refleja el poder de los grupos delincuenciales que infunde terror, odio, rechazo… y muestran un tejido social contaminado y ausente». Cada alcalde asesinado representa una pérdida política; una herida más en el deteriorado cuerpo institucional del Estado.
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