Los acuerdos pesqueros entre la UE y países de la costa africana se presentan como cooperación sostenible, pero generan desequilibrios que fragilizán las economías locales. En este artículo, Marta Borrell, alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza por qué la misma costa que alimenta a Europa es también una de sus principales rutas de inmigración irregular.
Mirarse al ombligo como país, cuando se trata de cuestiones de geopolítica internacional, siempre resulta incómodo. Esto termina frecuentemente teniendo serias repercusiones que se convierten en el debate central cuando en realidad son solo la punta del iceberg. Un ejemplo de ello es la inmigración como resultado, entre otros muchos factores, de acuerdos pesqueros criticados por ser desiguales y favorables para Europa. La misma costa que alimenta a Europa también es una ruta mortal hacia ella.
Los acuerdos entre países de la UE y países africanos se han criticado por contradicciones entre sus objetivos de sostenibilidad, el establecimiento de estructuras económicas colaborativas y los efectos reales que pueden generar en las economías costeras. Esto perpetúa a menudo la dependencia de economías con menor poder de negociación e influyendo, por ende, en los flujos migratorios existentes.
La pesca que alimenta a Europa
La UE es el mayor mercado mundial de productos marinos, con un consumo de 23,7 kg por persona y año según datos del Consejo de la Unión Europea, pero depende completamente de productos de aguas extranjeras.Por eso, los acuerdos lanzados desde Europa buscan solventar esta falta de autosuficiencia mediante lo que se presenta como una cooperación internacional con potencial para impulsar la industria pesquera y estimular el desarrollo económico de los países firmantes.
Mapa de los estados con acuerdos vigentes del SFPA.
La política pesquera europea se centra en los acuerdos SFPA (Sustainable Fisheries Partnership Agreements). Estos acuerdos pretenden sentar las bases con dos objetivos principales: la sostenibilidad y la cooperación. Se presentan como una herramienta que busca regular la explotación de los recursos marinos, generar ingresos para los países socios y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Los SFPAs se complementan, además, con acuerdos bilaterales entre estados que constituyen el marco para la pesca en aguas extranjeras de los estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, los intereses y el poder de negociación entre la UE y los países participantes en los acuerdos SFPA no están equilibrados.
Guinea-Bissau y Groenlandia: la asimetría en cifras
Los SFPAs están firmados por un total de 11 países, principalmente de la costa oeste africana. Estos contrastan con uno en particular: Groenlandia, que recibe una contribución europea a través de acuerdos pesqueros similares a los de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es uno de los países más pobres e inestables políticamente de África occidental y las contribuciones de la UE constituyen una fuente importante de beneficios para el Estado.
Mientras que para Guinea-Bissau esta compensación es calificada por el Parlamento Europeo como una “contribución muy significativa”, para Groenlandia tiene otra dimensión. Esto se da porque es un país que controla recursos árticos muy valiosos, con instituciones mucho más consolidadas, y una importancia geopolítica que no se basa únicamente en la pesca. Esto genera un espacio de negociación muy asimétrico en sus acuerdos con la UE.
Como resultado, muchas de las críticas del SFPA EU-Guinea-Bissau se centran en que una gran parte del valor económico generado por la actividad pesquera en Guinea-Bissau no permanece en el país. Según la documentación del propio Parlamento Europeo, alrededor del 97% de las capturas realizadas en aguas guineanas son desembarcadas fuera del territorio nacional, lo que implica que el procesamiento, la comercialización y buena parte de los beneficios asociados a la cadena de valor se producen en el extranjero, mientras que el desarrollo del sector pesquero local en Guinea-Bissau sigue siendo limitado. Esto contrasta con Groenlandia, donde la industria pesquera está mucho más integrada en la economía local y donde el control institucional sobre el sector permite una mayor captura del valor interno. Aunque se trata de contextos institucionales y geopolíticos muy diferentes, la comparación permite ilustrar cómo el poder de negociación y la estructura económica condicionan el tipo de acuerdo alcanzado.
Estos desequilibrios son también explícitos en el tipo y valor de los recursos pesqueros. En Groenlandia, la negociación gira alrededor del valor económico del recurso y de una gestión muy tecnificada, pero en Guinea-Bissau el foco está mucho más en el acceso general a las aguas. Esto quiere decir que, así como, por ejemplo, la gamba nórdica está establecida en 4.726€/tonelada en el acuerdo groenlandés, en el acuerdo con Guinea-Bissau no aparecen referencias transparentes sobre el valor comercial del pescado extraído y muchas tasas se calculan por arqueo bruto (GRT) o por tonelada capturada.
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Otro contraste significativo aparece en las tasas pagadas por las flotas europeas. Mientras que en Groenlandia aumentan progresivamente los precios de acceso a sus recursos pesqueros cada dos años, reflejando una lógica de revalorización progresiva del recurso, en Guinea-Bissau, las tarifas permanecen relativamente bajas y estables, independientemente de las fluctuaciones del valor comercial internacional.
Pescar bajo otra bandera
La disconformidad de algunos estados con los acuerdos SFPAs se ha tangibilizado en ejemplos como Senegal, que ha tenido «fisheries agreements» tradicionales con la UE desde 1980 en los que se acordaban licencias para que flotas europeas pescaran en aguas senegalesas. En 2006, Senegal decide no renovar el acuerdo con la UE debido a las críticas por sobrepesca de especies pelágicas, presión de pescadores artesanales y una percepción de desigualdad en el reparto del recurso. A pesar de este paréntesis, las flotas europeas, en especial empresas españolas y francesas, continúan con acuerdos privados o licencias indirectas que generan problemas de pesca ilegal (IUU).
En 2014, se firma el SFPA entre la UE y Senegal, en el que se cambia el marco de presentación hacia un acuerdo sostenible, con acceso limitado para la flota europea y que incluye financiación para el sector pesquero senegalés. Tras una renovación del acuerdo en 2019, la UE identifica fallos en el control de la pesca ilegal y Senegal es considerado “no cooperante” en algunos informes. Este diagnóstico es utilizado por la Comisión Europea como base para no renovar automáticamente el protocolo en 2024, abriendo una nueva fase de incertidumbre en la relación pesquera bilateral.
Sin embargo, más allá del marco formal del SFPE, el caso senegalés evidencia una divergencia estructural entre la regulación y la práctica. Varias investigaciones han señalado que una parte significativa de la flota que opera bajo bandera senegalesa está vinculada a empresas o capital extranjero, especialmente español y chino, a través de estructuras de joint ventures. La publicación por parte del gobierno senegalés de la lista de embarcaciones autorizadas reveló que aproximadamente el 45% de los barcos industriales con bandera senegalesa estaban en realidad controlados por intereses extranjeros. Este sistema permite que embarcaciones vinculadas a empresas europeas operen bajo regulación senegalesa y, por tanto, eviten parte de las restricciones aplicables a las flotas europeas bajo el SFPA. Diversos informes también han documentado prácticas asociadas a estas flotas, incluyendo incursiones en zonas reservadas para pesca artesanal, apagado de sistemas de seguimiento y pesca de especies inmaduras. En este sentido, se han registrado casos de embarcaciones interceptadas en otros estados, como en Liberia, por exceder los límites de captura de especies de alto valor comercial, como la gamba roja.
Este fenómeno se ha interpretado como una forma de “bypass regulatorio” que no controla de manera efectiva la propiedad real ni el capital de las embarcaciones que operan bajo bandera senegalesa. Como resultado, empresas europeas pueden seguir participando indirectamente en la explotación de recursos pesqueros locales.
La misma costa, dos viajes
La industria pesquera representa el 3,2% del PIB senegalés y generó un total de 300 billones de CFA (450-500 millones de euros) en 2025, según un informe del IISD. Al ser un sector tan dominante en la economía senegalesa, las irregularidades en los acuerdos, los desequilibrios en la negociación de estos acuerdos, la sobreexplotación de especies pelágicas y la creciente competencia por el acceso al mar tienen un impacto incalculable en la economía de las comunidades costeras, que sufren una competencia desigual que deteriora la industria local e inevitablemente genera una dependencia económica insostenible. Estas han sido, entre muchas otras, razones por las que parte de la población joven y preparada en Senegal decide emigrar hacia Europa.
Este desequilibrio no implica automáticamente una relación directa con la migración, pero sí puede contribuir a la fragilización de las economías locales altamente dependientes de la pesca artesanal. La competencia con flotas industriales extranjeras, la reducción del acceso efectivo a los recursos marinos y la limitada captura del valor añadido en tierra pueden afectar a la estabilidad del empleo costero y a las oportunidades económicas en regiones donde la pesca constituye una de las principales fuentes de ingresos.
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En 2006, España recibió uno de los picos más pronunciados de inmigración por vía marítima proveniente de países de la costa occidental africana hacia Canarias. Esta es coloquialmente conocida como la “Crisis de los Cayucos” y se solapa casi a la perfección con la línea evolutiva de los acuerdos pesqueros entre la UE y Senegal tratados anteriormente. La crisis de los cayucos, por lo tanto, puede entenderse como una consecuencia indirecta de las tensiones estructurales derivadas del régimen de gobernanza pesquera en la costa atlántica africana. En este sentido, la crisis migratoria y la política pesquera internacional no deben analizarse de forma separada, sino como elementos interrelacionados dentro de un mismo sistema de gobernanza de recursos en el que las decisiones sobre acceso al mar tienen impactos directos sobre la estabilidad socioeconómica de las comunidades costeras.
En respuesta a este aumento de la migración irregular, España y la UE reforzaron su cooperación con Senegal mediante inversiones en desarrollo, fortalecimiento institucional, apoyo a la vigilancia marítima y programas orientados a reducir los incentivos locales a la migración. Aquí es donde yace el dilema europeo que refleja un patrón más amplio de externalización: las presiones medioambientales y económicas en la gobernanza de los recursos que defienden los tratados pesqueros interregionales pueden influir indirectamente en los flujos migratorios que Europa trata de frenar en las fronteras mediante inversiones multimillonarias en cooperación internacional para el desarrollo.
A pesar de los esfuerzos de cooperación y la inmensa inversión en ayuda al desarrollo, la evolución de los acuerdos pesqueros en el caso de Senegal, que desembocan en la inactividad del SFPA, pone de manifiesto los límites de este enfoque. La asistencia financiera y los planes de desarrollo externos resultan insuficientes cuando coexisten con estructuras de gobernanza que restringen el acceso efectivo de las comunidades locales a sus propios recursos y se mantienen poderes de negociación profundamente asimétricos.
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