Milei amenaza con acudir al Tribunal del Mar y anuncia sanciones y denuncias penales contra Thales UK por operar un vuelo sin autorización.
El Gobierno argentino ha dado dos semanas de plazo al Reino Unido para que paralice la explotación petrolera en el archipiélago de las Malvinas, cuya soberanía reclama. Si Londres no lo hace, Buenos Aires recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El comunicado de la oficina del presidente, Javier Milei, dice que Argentina «ha intimado formalmente» al Reino Unido a adoptar «las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación» de las actividades de explotación de hidrocarburos en su Plataforma Continental.
Si el Reino Unido no cumple el requerimiento en el plazo fijado, Argentina solicitará al tribunal «las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental». Buenos Aires critica la «explotación unilateral de los recursos naturales» de la zona y de los espacios marítimos circundantes. La considera «contraria al derecho internacional» y sostiene que «produce un perjuicio irreversible e irreparable» a sus derechos de soberanía.
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En concreto, Argentina apela al procedimiento de arbitraje del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su objetivo es «impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte», a través del proyecto Sea Lion. Además, pide que se paralice la concesión de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales «existentes en la Plataforma Continental Argentina».
Por otra parte, Milei ha anunciado sanciones, denuncias penales y gestiones diplomáticas por las operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas. La compañía opera con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. El comunicado, firmado por el presidente, asegura que Argentina «no se quedará de brazos cruzados» y que seguirá defendiendo sus derechos con «todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas». El anuncio supone una nueva escalada entre ambos países en la ofensiva diplomática de Buenos Aires sobre la soberanía de las Malvinas.
