La tensión entre las políticas migratorias federales y los derechos de ese sector desencadenan un enfrentamiento social sin precedentes en la ciudad de California. Si quieres aprender más sobre este país, te recomendamos el Curso de Experto en Estados Unidos de LISA Institute.
California, y en particular Los Ángeles, ha sido durante décadas un lugar de protección para las comunidades migrantes. Desde noviembre de 2024 entró en la lista de «ciudades santuario», donde algunas jurisdicciones del país implementan políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, priorizando la integración y la seguridad de los residentes indocumentados y dificultando su expulsión.
Esta postura se fundamenta en leyes estatales como la California Values Act, que prohíbe a las fuerzas locales compartir información o recursos con agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, la designación de santuario tiene un doble compromiso: el primero es para garantizar los derechos humanos y el segundo como rechazo histórico a las medidas de deportación masiva impulsadas por administraciones federales conservadoras.
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Este marco legal ha convertido a California en un blanco recurrente de confrontación con el gobierno federal. La retórica de «ley y orden» promovida por figuras políticas conservadoras choca directamente con la identidad multicultural de Los Ángeles, donde casi la mitad de la población es de origen latino y miles de personas dependen de redes comunitarias para evitar la separación familiar. Asimismo, la tensión acumulada entre ambos modelos (protección local / aplicación federal) constituye el telón de fondo del estallido social.
Las redadas migratorias como detonante
Las protestas se desencadenaron el 6 de junio tras una serie de operativos coordinados por el ICE en puntos estratégicos de Los Ángeles. Agentes armados irrumpieron en negocios, almacenes y espacios públicos, deteniendo a más de 100 personas inmigrantes en redadas descritas por testigos como «arbitrarias y militarizadas». Entre los lugares intervenidos destacaron un lugar mayorista en el Distrito de la Moda, una tienda de The Home Depot y un centro de detención metropolitano, donde se produjeron los primeros enfrentamientos entre los activistas y las autoridades.
Estas acciones formaron parte de una estrategia federal ampliada de la Administración Trump para aplicar deportaciones exprés, incluso en jurisdicciones consideradas santuario. Según organizaciones de derechos migrantes, las redadas carecían de órdenes judiciales y se ejecutaron con tácticas intimidatorias, como el uso de granadas aturdidoras y gas pimienta contra quienes intentaban grabar o bloquear las detenciones. Además, la detención de líderes sindicales, como David Huerta, presidente de un gremio de trabajadores, recrudeció el conflicto al interpretarse como un ataque directo a estos sectores.
La militarización de la respuesta federal
La escalada del conflicto llevó a la intervención del gobierno de Trump mediante el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional, una medida sin precedentes que no se aplicaba en las últimas seis décadas. Esta decisión, además, se tomó sin consultar al gobernador de California, Gavin Newsom. Las tropas se desplegaron alrededor de edificios federales y centros de detención, equipadas con armamento antidisturbios y autorizadas para usar gas lacrimógeno y municiones no letales contra los manifestantes.
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Las autoridades nacionales justificaron la medida en la «protección de propiedades federales», pero los líderes locales criticaron la medida y la calificaron como una provocación política. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció que la militarización buscaba «suprimir la disidencia en lugar de garantizar la seguridad». Por su parte, el gobernador Newsom calificó el operativo de «violación de la soberanía estatal» y exigió la retirada inmediata de las tropas, advirtiendo que su presencia incrementaba la violencia en las calles.
La resistencia institucional y social
Frente a la presión federal en una región tradicionalmente demócrata, las instituciones californianas y los grupos civiles articularon una respuesta contra esta medida. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reiteró su compromiso con la California Values Act, negándose a colaborar en labores de verificación migratoria o entrega de detenidos al ICE. Simultáneamente, miles de personas ocuparon calles y autopistas y utilizaron tácticas de desobediencia civil como sentadas y bloqueos para rechazar las deportaciones de Trump.
Además, la resistencia también se expresó en el ámbito jurídico. Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes presentaron demandas contra el ICE por el uso excesivo de la fuerza, mientras que legisladores estatales anunciaron proyectos para ampliar las protecciones a los trabajadores indocumentados en California. Además, según encuestas locales, casi el 70% de los angelinos apoya el estatus de ciudad santuario y rechaza las redadas.
Impacto social y geopolítico
Las protestas de Los Ángeles han trascendido el ámbito local, convirtiéndose en un símbolo de la polarización existente en todo el país sobre la migración. Por un lado, los sectores conservadores defienden las redadas como un «imperativo de seguridad», vinculando la presencia de migrantes con las narrativas de invasión y criminalidad. Por otro, activistas señalaron que los operativos buscaban aterrorizar a las comunidades vulnerables, consolidando un sistema de control racializado.
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