La nueva reforma judicial de México plantea un cambio radical en el sistema judicial del país norteamericano. Se plantean diferentes medidas, entre las que está la elección popular de jueces y magistrados. En este artículo se explicará en que consiste, los argumentos en contra y a favor, y los posibles desafíos en un país donde abundan los cárteles y narcotraficantes.
El 14 de septiembre de 2024, el Senado de México declaró constitucional la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en ausencia de miembros opositores. Esta declaración surge después de que el Senado aprobase la norma el 11 de septiembre, tras una sesión tensa, donde manifestantes irrumpieron en la Cámara Alta. Anteriormente, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma con 86 votos a favor y 41 en contra. Finalmente, el 16 de septiembre la norma entró en vigor tras la firma de AMLO, pese a la orden de suspensión del Diario Oficial de la Federación por parte del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.
Explicación de la reforma
La reforma judicial establece un sistema único en el mundo para la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Esta iniciativa transforma radicalmente el sistema judicial del país. Sin embargo, el cambio más importante es que más de 1.600 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito, serán elegidos directamente por los ciudadanos.
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Estas elecciones se realizan en dos fases y estarán organizadas por el Instituto Nacional Electoral. La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, y establece que la presidencia de este órgano se renovará cada dos años de forma rotatoria. Además, los ministros electos permanecerán en sus cargos por periodos de 8, 11 o 14 años, dependiendo del número de votos obtenidos.
Otro aspecto importante es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por un nuevo órgano administrativo y un polémico Tribunal de Disciplina Judicial, que podría sancionar a jueces, ministros, magistrados y cualquier otro integrante del Poder Judicial. Tendrá la facultad de evaluar e investigar el desempeño de los jueces, pudiendo remitir casos a la Fiscalía o solicitar juicios políticos ante la Cámara de Diputados. Además, ningún ministro, juez o magistrado cobrará más que el presidente.
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López Obrador defiende esta reforma argumentando que busca combatir la corrupción en el sistema judicial y hacer que la justicia sea más accesible para todos los ciudadanos. Según el presidente, el actual sistema judicial no imparte justicia de manera efectiva y está al servicio de las élites, los intereses políticos, los grupos de poder y la oposición. La reforma también modifica los requisitos para ser juez, exigiendo una licenciatura en Derecho con cierta nota media, cinco años de experiencia y cartas de recomendación. Además, introduce la figura de los «jueces sin rostro», cuya identidad permanecerá oculta como medida de seguridad frente al crimen organizado.
Así serán las primeras elecciones judiciales
- Se elegirán por voto popular más de 1.600 cargos judiciales. Ministros de la Corte Suprema, consejeros, magistrados, jueces de distrito, etc.
- Elecciones en dos fases.
- En 2025 se eligen los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito.
- En 2027, se eligen la mitad restante de jueces y magistrados.
- Las elecciones se organizarán por el Instituto Nacional Electoral (INE).
- Requisitos:
- Licenciatura en Derecho con una nota media elevada.
- Contar con cinco años de experiencia.
- Presentar cartas de recomendación.
- Se crea la figura de «jueces sin rostro». Su identidad será desconocida para las partes involucradas en los procesos judiciales, para evitar presiones y amenazas.
- Los ministros electos de la Suprema Corte permanecerían en su cargo por periodos de 8, 11 y 14 años, dependiendo del número de votos obtenidos.
- La presidencia de la Suprema Corte se renovaría cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura.
Opositores a la medida
- Elección popular de jueces. Creen que esto podría politizar el sistema judicial y comprometer su independencia.
- Riesgo de influencias externas. Temen que grupos de poder, incluyendo el crimen organizado, puedan influir en las elecciones judiciales.
- Reducción de requisitos. Critican que se disminuyan los requisitos para ser juez, lo que podría afectar la calidad y experiencia de los magistrados.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Ven este nuevo órgano como una posible herramienta de control político sobre los jueces.
- Afectación a la división de poderes. Argumentan que la reforma debilita la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.
- Impacto económico. Advierten que la incertidumbre jurídica podría afectar negativamente tanto a inversiones como la economía.
- Sincronización con ciclos políticos. Les preocupa que los periodos de los jueces coincidan con los sexenios presidenciales.
- Proceso de aprobación. Cuestionan la rapidez y falta de debate amplio en la aprobación de una reforma tan clave.
- Posible vulneración de tratados internacionales. Expresan que la reforma podría contradecir compromisos internacionales de México sobre independencia judicial.
Defensores a la medida
- Democratización del sistema judicial. Sostienen que la elección popular de jueces y magistrados acercará la justicia a los ciudadanos.
- Combate a la corrupción. Afirman que el nuevo sistema permitirá sancionar más fácilmente a los jueces corruptos.
- Independencia del poder ejecutivo. Argumentan que al ser elegidos por el pueblo, los jueces no deberán favores políticos al gobierno en turno.
- Mayor transparencia. Defienden que el proceso electoral hará más visible y transparente la selección de jueces.
- Renovación del sistema. Plantean que la reforma permitirá la entrada de nuevos perfiles al poder judicial, rompiendo con estructuras paralizadas o perpetuas.
- Acceso a la justicia. Aseguran que los jueces electos estarán más conectados con las necesidades de la población.
- Control ciudadano. Creen que los votantes podrán evaluar el desempeño de los jueces y no reelegirlos si no cumplen sus expectativas.
- Agilización de procesos. Justifican que la nueva estructura judicial permitirá resolver casos más rápidamente.
- Adaptación a la realidad mexicana. Apoyan la necesidad del sistema propuesto, ya que se ajusta mejor a las necesidades y el contexto del país que el otro modelo.
Influencia de cárteles y narcotraficantes
Esta reforma, que permite la elección popular de jueces, supone un grave peligro en territorios controlados por cárteles por los siguientes motivos:
- Influencia criminal. Los cárteles podrían utilizar su poder económico e intimidación para influir en las elecciones judiciales, promoviendo candidatos afines a sus intereses.
- Pérdida de independencia. Los jueces electos podrían verse presionados a favorecer a los grupos criminales que apoyaron su elección, comprometiendo su imparcialidad.
- Seguridad comprometida. En zonas dominadas por el narcotráfico, los jueces estarían más expuestos a amenazas y represalias si no ceden ante las demandas de los cárteles.
- Debilitamiento del Estado de derecho. La elección popular de jueces en áreas controladas por el crimen organizado podría socavar la integridad del sistema judicial.
- Impunidad. Existe el riesgo de que aumente la arbitrariedad e injusticia si los jueces electos están bajo la influencia de los cárteles, dificultando la persecución efectiva de delitos relacionados con el narcotráfico.
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Artículo escrito por:
Rubén Asenjo Morillas. Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.
