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¿Está en peligro el derecho internacional?

El derecho internacional público ha sido el pilar fundamental del orden global y del sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su progresiva vulneración por parte de grandes potencias pone en cuestión su eficacia y legitimidad. La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, junto a otros precedentes recientes, evidencia una erosión preocupante de las normas que regulan la convivencia internacional. En este artículo, Teresa Hernández, alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza el estado actual del derecho internacional, su relación con el multilateralismo y los riesgos sistémicos que implica su degradación en un mundo en plena transformación geopolítica.

El derecho internacional público es la piedra angular del ordenamiento internacional actual. Es el instrumento que regula y permite la coexistencia, convivencia pacífica y el establecimiento de relaciones políticas, culturales, económicas y de cooperación entre todos los Estados del planeta. El derecho internacional público es vinculante en tanto en cuanto los Estados así lo deciden, por lo que su valor jurídico descansa en el propio consentimiento de los Estados y no en un órgano superior que lo establezca (a diferencia del derecho interno). Por lo tanto, el derecho internacional público es inherente a la existencia de distintas civilizaciones, distintos Estados y a un sistema heterogéneo de naciones.

Su nacimiento como instrumento institucional puede retrotraerse a la Edad Antigua con el “ius Gentium”, si bien el derecho internacional moderno como tal tiene su germen en la Europa de los siglos XV-XVII. Es en el siglo XIX cuando aparecen los primeros convenios que tenían por objetivo regular los daños infligidos en las guerras y la aparición de las primeras organizaciones internacionales. Tras la Primera Guerra Mundial, nace la Sociedad de Naciones y tras ella, la creación de la ONU como producto de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual supone un empuje definitivo al derecho internacional y al multilateralismo en su conjunto.

En este sentido cabe recordar que la Carta de Naciones Unidas es el instrumento jurídico vinculante con mayor alcance a nivel internacional, ya que cuenta con 193 Estados miembros, la práctica totalidad de la comunidad internacional. La Carta ha permitido que desde 1945 hasta la actualidad el desarrollo del derecho internacional haya venido impulsado por la proliferación de organizaciones internacionales tanto universales como regionales, las conferencias cumbres y foros. A modo de ejemplo, anualmente hay en torno a más de 30 cumbres de foros y organizaciones internacionales en el marco del sistema multilateral.

Por lo tanto, se puede afirmar que el impulso del derecho internacional y la consolidación del multilateralismo a lo largo del siglo XX ha ido en paralelo; el derecho internacional estructura y vertebra un sistema internacional multilateral y a su vez, el multilateralismo es fruto del desarrollo normativo con alcance global. Sin derecho internacional no habría multilateralismo,  del mismo modo que el producto inherente del derecho internacional es el sistema multilateral. No es casualidad, por lo tanto, que en los últimos años estemos presenciando una deterioración del multilateralismo y del orden global en paralelo al aumento de violaciones del derecho internacional.

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¿Cuál es el status quo del derecho internacional actualmente?

Existe un consenso internacional en que el orden global actual que nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial no está funcionando ni dando resultados para nadie, tal y como ha repetido en reiteradas ocasiones Antonio Guterres. Debe renovarse y hay propuestas para ello (España forma parte del grupo de Unidos por el Consenso que aboga por una reformulación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). 

No obstante, es fundamental tener en cuenta que este orden internacional ha impulsado y ha institucionalizado la cooperación internacional que ha permitido el desarrollo de la sociedad global en su conjunto; desde la regulación del espacio aéreo, pasando por el espacio marítimo hasta el enjuiciamiento y condena de crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, el derecho internacional público debe concebirse como el instrumento que ha permitido el período de cooperación y desarrollo más fructífero de la historia de la humanidad. 

La captura de Maduro por la Administración Trump el pasado 3 de enero de 2026 constituye una flagrante violación al derecho internacional ya que viola el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza asi como el de no intervención en la soberanía interna de los Estados. Sobra decir que esta actuación de Estados Unidos también omite la obligación de resolución pacífica de controversias. No es, sin embargo, la primera vez que un sujeto internacional viola el propio derecho que le permite su integración en la sociedad internacional. La invasión rusa a Ucrania en 2022, la violación del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de Israel en Gaza, la construcción de islas artificiales por parte de China en el Mar de la China Meridional o las numerosas injerencias de Estados Unidos en América Latina a lo largo del siglo XX reflejan las vulnerabilidades del derecho internacional. 

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¿Qué repercusiones tiene la degradación del derecho internacional para el multilateralismo?

El precedente que sienta la captura de Maduro por parte de Estados Unidos es preocupante como así lo ha mostrado, entre otros, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En este sentido, Trump ha afirmado que no necesita el derecho internacional y que solo su moral lo limita. Asimismo, el pasado 8 de enero de 2026, Estados Unidos anunció su retirada de 66 organismos internacionales, incluidos 31 vinculados a Naciones Unidas y 35 fuera del sistema de la ONU que abarcan temas de salud, cambio climático, género, migración y desarrollo. A esto se debe añadir el fin del funcionamiento del USAID que, desde 1961, su fecha de creación hasta su desmantelamiento en 2025, ha aportado casi un 40% de la Ayuda Oficial al desarrollo mundial.  

La “gran retirada” de Estados Unidos es preocupante porque este país ha sido uno de los mayores contribuyentes al sistema internacional multilateral siendo uno de sus principales promotores bajo la égida de Naciones Unidas, en cuya creación también fue un actor fundamental. Por lo tanto, podría argumentarse que un sistema global sin Estados Unidos limitaría la credibilidad del mismo y, por ende, del derecho internacional. Además, la degradación del estado de la democracia estadounidense, que va en paralelo con su retirada del orden internacional, también podría percibirse como un elemento de inestabilidad para el estado de la democracia a nivel mundial, ya que Estados Unidos es la república moderna democrática más antigua del mundo.

Sin embargo, se debe recordar que Estados Unidos ha incumplido preceptos de derecho internacional en alguna ocasión. A título de ejemplo, Estados Unidos no es miembro de la CONVEMAR o del Estatuto de Roma. Esta situación no ha impedido la entrada en vigor y funcionamiento de los respectivos órganos creados por ambos instrumentos jurídicos. 

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¿Qué futuro le aguarda al derecho internacional y al multilateralismo?

En otro orden de ideas, la Doctrina Donroe acuñada por Donald Trump como parte integrante del corolario Trump a la doctrina Monroe, supone otro golpe al derecho internacional al permitir la injerencia de Estados Unidos en países soberanos e independientes del continente americano. Paradójicamente, la doctrina es un medio auxiliar de determinación de las fuentes del derecho internacional tal y cómo está contenido en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Paradójicamente también,  la aplicación de esta nueva doctrina y las ambiciones actuales de Estados Unidos son más propias de una política exterior intervencionista que de un aislacionismo (clave de bóveda de la candidatura de Trump en las elecciones de 2024 bajo el lema “Make America Great Again”).

Esta contradicción e imprevisibilidad de la política exterior estadounidense dificultan predecir el orden global que viene. Si bien está claro que es necesario una reformulación del sistema de gobernanza actual, el derecho internacional es el único instrumento que permitirá realizarlo. Las garantías jurídicas que todo Estado necesita para vincularse, comprometerse,  cooperar y colaborar con los demás Estados requieren un instrumento jurídico. Por lo tanto, se puede afirmar, que el sistema global en mutación que vivimos y que se aleja del multilateralismo del siglo XX es fruto de la degradación del uso del derecho internacional actual. Ambos tendrán que cambiar y adaptarse pero ambos constituyen los engranajes de la convivencia (más o menos pacífica) y de la coexistencia entre los diferentes Estados y las diferentes pueblos de la Tierra.

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Los servicios de inteligencia y espionaje venezolanos: historia y actualidad

En este artículo, Artiom Vnebraci Popa, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute explica cómo la historia de los servicios de inteligencia en Venezuela refleja la evolución del poder político, desde redes informales en las guerras de independencia hasta la consolidación de un Estado policial en el siglo XXI. A lo largo de dictaduras, etapas democráticas y la Revolución Bolivariana, la inteligencia ha oscilado entre profesionalización y represión ideológica. La reciente captura de Nicolás Maduro expone las limitaciones estructurales de un aparato centrado en el control interno, y reabre un debate crucial: cómo denunciar el autoritarismo sin legitimar nuevas formas de intervención y neoimperialismo en el orden internacional contemporáneo.

El origen de los antecedentes de prácticas rudimentarias de inteligencia en el territorio venezolano hunde sus raíces en las guerras de independencia. Simón Bolívar entendió la importancia estratégica de una información de calidad y formuló nodos de redes de informantes tanto civiles como militares, agentes encubiertos, exploradores y rastreadores, y la encriptación de correos.

Tales actividades operativas no se encontraban institucionalizadas, pero sentaron un precedente importante para la forma en que se trató la información en Venezuela a posteriori.

Así, tras la independencia, el siglo XIX se caracterizó por la inestabilidad político-social. El poder fáctico se concentró a través de caudillos regionales que configuraban redes de lealtad, comercio y espionaje. No hubo servicios de inteligencia formalizados, pero la trata de información se basaba en infiltraciones, relaciones clientelas y sobornos.

Fue al comienzo del siglo XX, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908–1935) que surgieron estructuras más sistemáticas de inteligencia. De esta forma, el régimen de entonces creó redes de colaboradores y fuerzas de seguridad dedicadas a detectar y neutralizar la disidencia (sin ningún tipo de marco legal ni control institucional). También, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958) el modelo vigilante-represivo fue consolidándose vía el organismo de la Seguridad Nacional. Esta institución produjo de forma sistemática archivos sobre la disidencia, estableciendo así, el primer aparato de vigilancia masiva del país.

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DIGEPOL y DISIP: democracia, Guerra Fría y profesionalización 

La caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez en 1958 promovió una temporalidad democrática que sostuvo el desafío de formular unas instituciones de inteligencia depuradas de elementos represivos dentro de un marco constitucional legal y transparente. Asimismo, en 1958 se creó la Dirección General de Policía (DIGEPOL), que heredó estructuras y personal de la Seguridad Nacional. Esto generó conflictos y dudas sobre un tipo de operatividad represiva encubierta.

A posteriori y durante la década de los sesenta, la insurgencia armada de corte izquierdista (inspirada por la Revolución Cubana) impulsó un nuevo tipo de profesionalización. Por ende y en el contexto político de la Guerra Fría, Venezuela recibió instrucción, formación y financiación por parte de Estados Unidos y otros países occidentales. 

En 1969 se crea la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), concebida por primera vez en la historia de Venezuela como un servicio civil de inteligencia moderno (subordinado al poder político democrático). Los departamentos de la DISIP se dividían en contrainteligencia, inteligencia política, contraterrorismo, y protección de diplomáticos y dignatarios. En los comienzos de los setenta, la insurgencia guerrillera fue neutralizada por iniciativas de pacificación y operaciones de inteligencia. Esto le dio sentido moral a la DISIP y subió su ánimo estratégico. Los siguientes años se caracterizaron por la ampliación de sus estructuras internas y la cooperación internacional, convirtiéndose en una de las agencias de inteligencia más completas de Latinoamérica.

A pesar de ello, la DISIP seguía heredando algunas prácticas autoritarias. La masacre de Yumare (1986) reveló grandes violaciones de derechos humanos dentro de un régimen democrático. A su vez, la inteligencia militar (DIM/G-2) operaba con autonomía parcial, cuyo enfoque eran las amenazas externas, el emergente narcotráfico y la frontera con Colombia.

Pero el auge del narcocapitalismo, y el deterioro económico-social de los años ochenta y noventa en el suelo venezolano plantean nuevos desafíos. Los intentos de golpe de Estado de 1992 revelaron fallas estratégicas en las estructuras de inteligencia política y militar. Ya para finales de los años noventa, la DISIP era una institución profesional pero corroída por la corrupción y el desgaste institucional. 

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La Revolución Bolivariana y su efecto en el nuevo aparato de inteligencia

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 provocó un quiebre estructural. Su ideología revolucionaria de corte izquierdista y la desconfianza en unas instituciones corruptas le llevaron a promover una purga estructural. 

Así, desde los primeros años del régimen bolivariano se formó una alianza operativa con Cuba que tomaba en cuenta tanto las asesorías estructurales, doctrinales y operativas cubanas, como formación en contrainteligencia y control social. El golpe de Estado del 2002 profundizó esta evolución. La administración gubernamental leyó tal evento como una conspiración interna con apoyo extranjero, lo que le llevó a reforzar de forma radical los aparatos de inteligencia.

Pasados los años, en 2010 se disolvió la DISIP y se creó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que se definió por ser defensor ideológico del proyecto bolivariano. Las capacidades de infiltración, espionaje y represión interna fueron fortalecidas, y el Helicoide se consolidó como centro de detención, reclusión y tortura política.

Durante esta etapa comenzaron a surgir acusaciones internacionales con relación a la vinculación de altos cargos gubernamentales con redes de narcotráfico conocidas como el Cartel de los Soles.

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Maduro y la consolidación del Estado policial

La muerte de Hugo Chávez provocó la llegada de Nicolás Maduro al poder. Este último formuló una etapa de mayor centralización del poder y represión. Fue impugnado por la oposición y cuestionado por observadores internacionales al ganar las elecciones por un pequeño margen. El país se encontraba al borde del deterioro económico y Maduro contenía un apoyo erosionado (lo que le hizo depender cada vez más del SEBIN y otros cuerpos de seguridad como la DGCIM). Estos dos organismos fueron clave a la hora de reprimir protestas masivas y opositores entre 2014 y 2017. A su vez, la clase popular progubernamental armada y las FAES realizaron operaciones violentas (incluidas ejecuciones extrajudiciales, según informes de la ONU).

Asimismo, la gradual crisis económica y la escasez generalizada intensificaron el control de la masa social. Instituciones sociales como el Carnet de la Patria fueron creados para condicionar el acceso de los lealistas o ciudadanos necesitados a los programas sociales según convergencia ideológica. El seguimiento y la vigilancia en el espacio digital evolucionó y se amplió gracias al apoyo de la Federación Rusa y la República Popular China en departamentos de tecnología y ciberseguridad. Irán estableció vínculos logísticos y financieros y Cuba seguía proporcionando formación en control social. 

La vigilancia digital se amplió: publicaciones en redes sociales fueron utilizadas como evidencia para detenciones, generando autocensura y temor generalizado. Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo en 2020 (y a otros altos cargos cercanos al presidente venezolano), lo que reforzó la percepción internacional de la corrupción institucionalizada.

Las consiguientes elecciones de 2024 (con múltiples opositores inhabilitados y procesos sin seguimiento de transparencia) consolidaron el poder de Maduro y se centralizó aún más la estructura de seguridad del Estado. En 2025, Venezuela ya podía considerarse lo que históricamente se denomina un Estado policial: los servicios de inteligencia se consagraron a una politización de la Revolución y ejercían control sobre instituciones diarias, combinando métodos tradicionales de represión con vigilancia tecnológica en un contexto de amplia crisis social y económica.

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Fallas en la prevención de la captura de Maduro y el peligro del neoimperialismo

El reciente secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del Delta Force estadounidense revelan un problema estructural en la operatividad de los servicios de inteligencia venezolanos: su vulnerabilidad y la de sus aliados estratégicos (en concreto: Cuba), frente a operaciones complejas de carácter híbrido y transnacional.

Si bien los servicios de inteligencia de Venezuela se han caracterizado por una alta eficacia en cuestiones de represión interna y control social, existe cierta asimetría entre las capacidades de control doméstico y la habilidad nacional para anticipar, disuadir o neutralizar amenazas externas sofisticadas. La emergente politización de los servicios, la renovada corrupción clientelar, la subordinación de la estrategia táctica a directrices de lealtad ideológica y la concentración de recursos críticos en la coerción interna han debilitado funciones centrales del STRATINT. También, la dependencia histórica de estructuras de servicios de inteligencia extranjeras (como el modelo cubano) ha formalizado un ecosistema de espionaje e inteligencia orientada a la persecución de la disidencia, antes que a un plan holístico de seguridad nacional.

No obstante, a pesar de que este análisis es abiertamente crítico del régimen venezolano y de las prácticas represivas de sus aparatos de inteligencia, no se puede concluir sin una advertencia fundamental: la crítica al autoritarismo regionalista no legitima nuevas formas de neoimperialismo. La naturalización de la captura y secuestro de jefes de Estado bajo ideologías de excepcionalidad moral o “seguridad nacional” vulnera todos los principios del derecho internacional. A su vez, erosiona aún más los ya frágiles límites jurídicos globales. Intercambiar una forma de extractivismo por otra no revela una defensa de la democracia, sino una práctica utilitaria de la legalidad. En esta situación de la “desdemocratización”, solo una postura combinada y compleja que denuncie tanto la represión interna como la intervención coercitiva de una potencia extranjera como Estados Unidos puede considerarse ética y políticamente coherente.

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La geopolítica de Groenlandia

Groenlandia se ha convertido en un territorio clave en el mapa mundial. Descubre las razones detrás de su creciente relevancia internacional y los intereses que convergen en el Ártico.

Groenlandia, la isla más grande del planeta con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, se ha convertido en uno de los territorios con mayor relevancia estratégica en el escenario internacional. Su ubicación entre América del Norte y Europa, junto con sus grandes recursos naturales y su posición privilegiada en el Ártico, la sitúan en el centro de los intereses de las principales potencias mundiales. Este territorio autónomo danés representa mucho más que una masa de hielo y roca, ya que constituye una pieza fundamental para la seguridad, la energía, el comercio mundial y el acceso a materias primas esenciales para la economía del futuro.

Ubicación de Groenlandia / Autor: Connormah

Un estatus político singular

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca desde 1814, cuando el Tratado de Kiel consolidó el control danés sobre el territorio. La relación entre ambos territorios ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos. En 1953, Groenlandia dejó de ser una colonia para convertirse en una región integrada en el reino danés, otorgando a sus habitantes ciudadanía y pasaportes daneses.​

El proceso hacia la autonomía dio un paso decisivo en 1979, cuando los groenlandeses votaron en referéndum a favor de establecer su propio Parlamento y autogobierno local. Este estatuto se amplió significativamente en 2009 mediante la Ley de Autogobierno, que transfirió competencias sobre educación, salud y administración pública al gobierno de Nuuk, la capital groenlandesa. Sin embargo, Dinamarca mantiene el control sobre asuntos exteriores, defensa, política monetaria y el sistema judicial. El estatuto de 2009 también reconoce el derecho de Groenlandia a optar por la independencia plena en cualquier momento.​

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La población de Groenlandia asciende a aproximadamente 56.900 habitantes, concentrados principalmente en las zonas costeras libres de hielo, que representan apenas el 15% del territorio total. Su economía depende fundamentalmente de la pesca, que constituye entre el 80 y el 90% de sus exportaciones. Las subvenciones danesas representan alrededor del 30% del presupuesto groenlandés, evidenciando la interdependencia económica entre ambos territorios.​

Recursos naturales estratégicos y reservas energéticas

El subsuelo groenlandés alberga una gran concentración de recursos minerales que resultan fundamentales para la tecnología moderna y la transición energética. La isla posee depósitos de elementos de tierras raras, incluyendo el neodimio, el disprosio, el praseodimio, el niobio, el tantalio y el iterbio, que son esenciales para la fabricación de baterías de litio, turbinas eólicas, motores de vehículos eléctricos e imanes de alta temperatura utilizados en los reactores nucleares.​

La diversidad geológica de Groenlandia, resultado de 4.000 millones de años de historia, ha generado yacimientos de grafito, cobre, zinc, hierro, plomo, oro, rubíes y uranio. Los 400.000 kilómetros cuadrados libres de hielo contienen depósitos moderados o altos de 38 minerales considerados esenciales por la Comisión Europea. El yacimiento de Kvanefjeld, en el sur de la isla, podría suministrar más del 25% de la demanda mundial futura de disprosio y neodimio, con reservas combinadas estimadas en casi 40 millones de toneladas.​

Reservas de hidrocarburos

Más allá de los minerales, Groenlandia posee enormes reservas de hidrocarburos. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la zona del noreste de Groenlandia contiene aproximadamente 31.000 millones de barriles de petróleo. Además, se estima que la isla podría albergar hasta 10.000 millones de metros cúbicos de gas natural sin descubrir, lo que la convertiría en una de las mayores reservas del mundo.​

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Las cuencas sedimentarias terrestres de Groenlandia, como la Cuenca Terrestre de Jameson, parecen albergar el mayor potencial de reservas de petróleo y gas, de forma similar a la plataforma continental noruega. Desde la década de 1970, compañías petroleras han intentado localizar yacimientos en las costas groenlandesas, aunque los intentos han resultado infructuosos hasta el momento. De hecho, las investigaciones plantean la existencia de extensos sistemas petrolíferos que rodean la totalidad de las costas de la isla.​

Desafíos para la extracción

A pesar de la magnitud de sus recursos, la explotación de los minerales y los hidrocarburos de Groenlandia enfrenta obstáculos que han impedido su desarrollo comercial a gran escala. El principal desafío radica en la lejanía extrema y la ausencia total de infraestructura. La isla, además, carece de carreteras, ferrocarriles, puertos adecuados y redes de transporte que conecten los yacimientos con centros de procesamiento o puertos de exportación.​

Las condiciones climáticas extremas representan otro obstáculo significativo. Al norte de la isla, el clima solo permite trabajar aproximadamente seis meses al año, mientras que el resto del tiempo la maquinaria debe hibernar bajo temperaturas que pueden descender hasta los -30 grados Celsius. Cualquier empresa minera tendría que construir toda la infraestructura desde cero, generar energía localmente y traer mano de obra especializada.​

Los costos prohibitivamente altos han limitado la exploración comercial. Además, cuando algo se rompe en una mina groenlandesa, no hay entregas al día siguiente. Las piezas de repuesto pueden tardar semanas en llegar. De igual modo, la extracción de tierras raras requiere productos químicos tóxicos para separar los minerales de la roca, lo que puede ser altamente contaminante en el frágil entorno ártico, ya que estos elementos a menudo se encuentran junto a uranio radiactivo, añadiendo una capa adicional de dificultad ambiental y técnica.​

La dimensión militar y de seguridad

La Base Espacial Pituffik, anteriormente conocida como Thule Air Base, representa uno de los activos militares más sensibles fuera del territorio continental estadounidense. Establecida en 1951 durante la Guerra Fría mediante acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Dinamarca, esta instalación se encuentra a 950 kilómetros del Círculo Polar Ártico, en una ubicación estratégica a 76 grados de latitud norte.​

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La base alberga el sistema de radar de alerta temprana mejorado AN/FPS-120, capaz de detectar misiles balísticos desde cualquier punto del planeta y rastrear satélites en órbita. Este sistema cubre aproximadamente el 30% de la capacidad de alerta misilística global de Estados Unidos. La instalación cuenta con una superficie de 657,86 kilómetros cuadrados y mantiene aproximadamente 200 efectivos militares y personal civil.​

Los tratados de 1951, renovados en 2021, otorgan a Estados Unidos el control operativo y financiero de Pituffik, mientras Dinamarca supervisa los aspectos civiles y ambientales. Esta presencia militar proporciona capacidades de vigilancia y comunicación satelital indispensables para la defensa del hemisferio norte.​

Rutas marítimas emergentes

El cambio climático está transformando el Ártico en una región cada vez más accesible para la navegación comercial. El deshielo progresivo abre nuevas rutas marítimas que podrían reducir en gran medida las distancias entre Europa y Asia, ofreciendo alternativas a los tradicionales canales de Suez y Panamá.​

Las rutas árticas son entre un 30% y un 50% más cortas que las convencionales, con una reducción estimada del tiempo de tránsito de entre 14 y 20 días. Esta disminución en la duración de los viajes podría traducirse en un recorte de aproximadamente el 24% en las emisiones de gases de efecto invernadero del sector naviero, además de generar ahorros económicos sustanciales.

No obstante, el desarrollo de estas nuevas vías de navegación plantea importantes implicaciones geopolíticas. Conforme el hielo retrocede, las rutas comerciales se desplazan desde las aguas territoriales rusas hacia aguas internacionales, alterando el control que Rusia ha ejercido históricamente sobre el paso del Noreste. Groenlandia, por su ubicación, se posiciona como un punto de referencia crucial en estas nuevas arterias comerciales.​

Convergencia de intereses globales

El Ártico ha dejado de ser una región caracterizada por la baja tensión para convertirse en un escenario de competencia estratégica entre las principales potencias. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea han aumentado su presencia e interés en la región ártica durante las últimas décadas. Groenlandia ocupa una posición central en este renovado interés geopolítico debido a la convergencia de factores estratégicos, económicos y de seguridad.

La ubicación de la isla permite el control de rutas marítimas emergentes, el acceso a recursos minerales críticos para la economía tecnológica y la proyección de capacidades militares en el hemisferio norte. Esta unión de intereses ha elevado a Groenlandia a la categoría de territorio estratégico prioritario en el tablero geopolítico del siglo XXI.​

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El futuro de Groenlandia dependerá de cómo se equilibren las aspiraciones de autonomía de su población, los vínculos históricos con Dinamarca y los intereses de las potencias globales en un Ártico cada vez más accesible. La isla se encuentra en una encrucijada donde convergen la geopolítica tradicional, la transición energética y las consecuencias del cambio climático.​

Francia pone en marcha su nuevo servicio militar voluntario

El Gobierno francés abre 3.000 plazas para su nuevo servicio militar voluntario. Ofrece 800 euros, alojamiento y formación a jóvenes de 18 a 25 años.

El Gobierno francés ha iniciado este lunes 12 de enero una campaña de reclutamiento para un nuevo servicio militar voluntario de diez meses, diseñado para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas ante un posible conflicto. Asimismo, esta convocatoria oferta un total de 3.000 plazas en sectores diversos que abarcan desde operadores de drones y especialistas informáticos hasta panaderos.

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Según Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de la Defensa, los reclutas «serán entrenados para reaccionar en situaciones incómodas, para actuar dentro de un grupo organizado, solidario y sólido», sirviendo bajo principios de igualdad y mérito.

Para acceder a estos puestos, los aspirantes deben tener entre 18 y 25 años y presentar su solicitud antes de abril, estando prevista su incorporación entre septiembre y noviembre con un mes de instrucción. En cuanto a las condiciones, el programa garantiza alojamiento, comida y una asignación mensual de 800 euros, además de un descuento del 75 por ciento en los ferrocarriles nacionales.

Escalar la cifra de voluntarios

Respecto al perfil del voluntariado, el 80 por ciento de los reclutas serán jóvenes de entre 18 y 19 años que utilizarán este periodo como un año sabático previo a su educación superior. Por otro lado, el porcentaje restante incluirá a personas de hasta 25 años seleccionadas por su cualificación técnica, como ingenieros, enfermeros o traductores.

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Finalmente, el coste estimado para el periodo 2026-2030 asciende a 2.300 millones de euros, con el objetivo de escalar la cifra de voluntarios hasta alcanzar los 42.500 en 2035. Mandon ha destacado el valor estratégico de este personal, asegurando que «si hubiera una gran crisis en nuestro país, todo el conocimiento de los jóvenes que habrán vivido un año en las fuerzas armadas […] podría ser utilizado para ayudar al país».

Policía Nacional incauta casi 10 toneladas en su mayor alijo de cocaína en alta mar

El GEO interviene 9.994 kilos de cocaína en el buque United S cerca de Canarias durante la Operación Marea Blanca. Detenidos 13 tripulantes en la mayor operación histórica en alta mar.

La Policía Nacional, con el apoyo de la Armada, ha interceptado en alta mar un buque cargado de sal que ocultaba 9.994 kilos de cocaína, una cifra que roza las diez toneladas. Este decomiso constituye la mayor incautación de cocaína en el agua en la historia del cuerpo y supera cualquier registro de las policías europeas. Aunque el récord absoluto en una sola partida en territorio español se mantiene en las 13 toneladas halladas en un contenedor en Algeciras en octubre de 2024, esta operación marca un hito en las intervenciones marítimas.

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El abordaje se produjo la madrugada del 6 de enero, cuando los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) tomaron el control del mercante United S a 535 kilómetros al oeste de la isla de El Hierro. La intervención rápida fue crucial, pues la tripulación ya había dispuesto 37 fardos en la cubierta de estribor para un trasbordo inminente a lanchas rápidas, lo que habría imposibilitado la recuperación de la droga. El resto del estupefaciente se hallaba oculto bajo la carga legal en una de las bodegas, y la operación se saldó con la detención de las 13 personas a bordo: siete indios, cuatro turcos y dos serbios.

Perfil violento de dos detenidos

Las pesquisas sobre el navío, de bandera camerunesa, se iniciaron gracias a una investigación previa que permitió monitorizar su ruta desde que zarpó de Turquía. Con la asistencia de agencias internacionales, los agentes determinaron que el barco navegó hasta Brasil, donde recibió la carga en pleno océano sin tocar puerto, para iniciar posteriormente su regreso hacia el este. Actualmente, tanto el buque como la droga (marcada con logotipos de cinco colores distintos) se encuentran expuestos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife tras el operativo denominado «Marea Blanca».

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Dentro de la estructura criminal, a los dos detenidos serbios se les atribuye el rol de «notarios», representantes de la organización encargados de asegurar la integridad del alijo durante la travesía. Los investigadores sospechan que mantenían amenazada a la tripulación, y el perfil violento de estos garantes quedó patente al intervenirse a uno de ellos un arma de fuego.

Una operación difícil

El jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, el comisario Alberto Morales, ha calificado la operación como un «golpe contundente» a las redes de narcotráfico, destacando la eficacia de la cooperación internacional. Sin embargo, la logística no estuvo exenta de problemas. Tras el asalto policial, fue necesario el auxilio de Salvamento Marítimo para remolcar el barco hasta Canarias, ya que se había quedado sin combustible y permaneció casi doce horas a la deriva.

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Para encontrar un precedente de esta envergadura hay que remontarse a 1999, fecha de la captura del buque Tammsaare con 7.500 kilos en su proa, una cantidad inferior a la actual. La presente investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga y el Juzgado Central de Instrucción número 4, contando con la colaboración de organismos como la DEA estadounidense, la NCA británica, la Policía Federal de Brasil y el MAOC-N con sede en Lisboa.

La influencia de los cárteles en la política y la sociedad mexicana

La influencia de los cárteles en México se infiltra en las estructuras políticas y sociales. El uso de la violencia contra funcionarios públicos debilita profundamente el Estado de derecho. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Francisco Javier Peña explica, explica el control municipal.

La relación entre el narcotráfico y la política en México constituye uno de los elementos más complejos para comprender la situación actual del país.

La influencia de los cárteles no se limita a un problema de seguridad pública o de simple criminalidad organizada. Se ha asentado profundamente en las estructuras políticas, administrativas y sociales del país. Afecta de forma directa a la gobernabilidad, al Estado de derecho y a las garantías democráticas. Desde mediados del siglo XX, los grupos criminales han desarrollado estrategias cada vez más elaboradas. Su objetivo es influir en la toma de decisiones públicas o, incluso, sustituir funciones propias del Estado.

En la actualidad, esta realidad ha alcanzado un punto en el que resulta posible delimitar mapas. Estos no se trazan en función de la división administrativa del país. Se definen atendiendo a la organización criminal que controla de facto una región determinada. Es importante destacar que la relación entre el narcotráfico y el poder político en México no es un fenómeno reciente.

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Durante gran parte del siglo XX, el poder político se concentró en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su hegemonía permitió una cierta tolerancia sobre las actividades del narcotráfico. Esta condición se mantenía siempre que estas no supusieran una amenaza directa para la autoridad del Estado.

Este modelo de convivencia informal posibilitó que las redes criminales incrementaran progresivamente sus capacidades logísticas, financieras y tecnológicas, expandiendo su influencia a lo largo de todo el territorio mexicano y estableciendo vínculos con otras organizaciones criminales internacionales.

Entre los años 1947 y 1985 operó en el país la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Esta agencia de inteligencia se creó con el objetivo de dotar al país de una institución similar al FBI estadounidense. Sin embargo, los altos niveles de corrupción interna terminaron por desacreditar a la organización. Estos hechos se relacionaban con la protección del narcotráfico y condujeron a su desmantelamiento.

Uno de los casos más relevantes previos al cierre de la DFS fue el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El agente sufrió previamente secuestro y tortura. Camarena se había infiltrado en el cártel de Guadalajara.

Esta organización criminal mantenía estrechos vínculos con el entonces director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez. El responsable material fue Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel. Quintero habría contado con apoyo institucional para abandonar el país, aunque fue finalmente detenido en Costa Rica.

En un primer momento, Zorrilla eludió a la justicia por presentarse como candidato a diputado federal por el PRI. Sin embargo, pudo ser detenido años después tras huir del país. Además, se demostró su implicación directa en el asesinato del periodista Manuel Buendía. Este caso tuvo una enorme relevancia política y mediática. Buendía investigaba precisamente los vínculos entre la DFS y el narcotráfico.

Uno de los aspectos más graves del narcotráfico en México es el elevado número de asesinatos de periodistas. Esto convierte al país en uno de los entornos más peligrosos del mundo para el periodismo. Los altos índices de asesinatos, desapariciones y amenazas están estrechamente relacionados con el narcotráfico. En estos hechos también influyen la corrupción política y la debilidad estructural del Estado.

Desde el año 2000, estos índices han experimentado un crecimiento sostenido, con picos especialmente significativos en los periodos electorales. El asesinato o secuestro de periodistas no responde únicamente a investigaciones concretas o a conflictos puntuales con determinadas organizaciones, sino que se ha convertido en una práctica sistemática orientada al control de la información.

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De esta manera, los cárteles logran evitar la publicación de datos sensibles sobre miembros, rutas, alianzas o disputas internas, así como la vinculación con personal funcionario de distintos niveles administrativos. En definitiva, el objetivo último es generar un efecto disuasorio generalizado a través del miedo y la autocensura.

Distribución de periodistas asesinados desde 1994

Según los datos oficiales recolectados por distintas organizaciones de defensa de la libertad de prensa, la distribución aproximada de periodistas asesinados desde 1994 es la siguiente:

  • Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI, 1994-2000): 3 asesinatos.
  • Presidencia de Vicente Fox Quesada (PRI, 2000-2006): 22 asesinatos.
  • Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (PAN, 2006-2012): 48 asesinatos.
  • Presidencia de Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018): 47 asesinatos.
  • Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (MORENA, 2018-2024): 47 asesinatos.
  • Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo (MORENA, 2024-actualidad): 8 asesinatos.

Por otro lado, la participación de los cárteles en procesos electorales representa otro de los aspectos más graves de su influencia política. En numerosas regiones del país, estas organizaciones criminales financian campañas políticas, imponen candidaturas y amenazan a aspirantes rivales con el fin de garantizar el acceso al poder de autoridades afines a sus intereses.

Este hecho ocurre con especial intensidad en el ámbito municipal. Allí, el control del gobierno local permite a los cárteles dominar las fuerzas de seguridad. También facilita el lavado de dinero y el ejercicio de un violento control territorial. El asesinato de políticos, candidatos y funcionarios públicos es una herramienta habitual de los cárteles. Buscan condicionar de forma directa la vida política mexicana. Esto genera una sociedad profundamente marcada por el miedo y la desconfianza institucional.

Los principales cárteles del narcotráfico en México

A continuación se presenta una lista con los cárteles mexicanos más relevantes:

Cártel de Sinaloa (CDS):

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes de México. Surgió en el estado de Sinaloa en la década de 1980 y alcanzó notoriedad internacional bajo el liderazgo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. A diferencia de otros grupos, históricamente ha priorizado la corrupción institucional frente al uso indiscriminado de la violencia.

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Esta organización destaca por su extensa red de protección política, policial y empresarial. También resalta su gran capacidad de adaptación ante la detención o muerte de sus líderes. A nivel internacional, el CDS mantiene presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. Destacan especialmente sus vínculos regionales con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Ecuador.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG):

El cártel Jalisco Nueva Generación es actualmente una de las organizaciones criminales más violentas del país. Surgió a partir de escisiones del Cártel del Milenio y se consolidó bajo la dirección de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». Al contrario del Cártel de Sinaloa, el CJNG ha apostado por una estrategia de confrontación directa con el Estado.

Además del narcotráfico, desarrolla actividades delictivas como la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y el control coercitivo de economías locales. Su presencia internacional se extiende a regiones como Australia, China y el Sudeste Asiático.

Cártel del Golfo:

Es una de las organizaciones criminales más antiguas de México, con una fuerte implicación en el estado de Tamaulipas. Fue pionero por la creación de su propio brazo armado, los Zetas, que marcaron un punto de inflexión en el nivel de violencia criminal del país. Aunque actualmentese encuentra fragmentado y debilitado debido a disputas internas y la presión estatal, el cártel del Golfo continúa manteniendo una influencia significativa en algunas zonas del norte de México.

Los Zetas:

Derivados del cártel del Golfo, representan uno de los ejemplos más claros del proceso de militarización del crimen organizado en México. Con influencia de desertores de las fuerzas especiales, introdujeron tácticas militares y niveles de violencia extrema. A pesar de la fragmentación actual, siguen siendo una referencia para otros grupos criminales, especialmente en el uso del terror como herramienta de control territorial.

Cártel de Juárez:

El cártel de Juárez fue una de las organizaciones más relevantes durante la década de 1990, especialmente por su control de rutas estratégicas en la frontera con Estados Unidos. Además del narcotráfico, destacó por su participación en el tráfico de personas. Tras la muerte de su líder, Amado Carrilo Fuentes, perdió gran parte de su capacidad operativa y fue relegado a un segundo plano frente a otras organizaciones emergentes.

La Familia Michoacana:

La Familia Michoacana surgió inicialmente como un grupo de autodefensa frente a otros cárteles, incorporando un fuerte componente ideológico y religioso. Sin embargo, rápidamente derivó en una organización criminal dedicada al narcotráfico y la extorsión.

Destacó por su capacidad para infiltrarse en las estructuras políticas del estado de Michoacán, combinando violencia, coerción y asistencia social selectiva. De esta organización emergieron los Caballeros Templarios, conocidos por el uso de referencias medievales y por el abuso sistemático de la población civil bajo su control.

Cártel de Tijuana:

Históricamente ligado a la familia Arellano Félix, el cártel de Tijuana fue uno de los grupos más violentos durante los años noventa. Su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos lo convirtió en un actor clave del narcotráfico y del tráfico de personas. Tras prolongados enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa, la organización quedó fuertemente debilitada y perdió gran parte de su relevancia.

Como se puede apreciar, la elevada cantidad de organizaciones criminales que operan en México, unida a sus profundos vínculos con la clase política y las instituciones locales, limita gravemente la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo del territorio y garantizar la seguridad ciudadana.

La violencia contra periodistas, la manipulación de procesos electorales y la corrupción sistemática son manifestaciones de un fenómeno más amplio, un narcoestado, en el que los cárteles actúan como autoridades de facto en amplias regiones del país.

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En el plano internacional, se ha especulado en numerosas ocasiones con una posible intervención directa del gobierno estadounidense, especialmente tras el debate sobre la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas. No obstante, en el corto y medio plazo no existen indicadores sólidos que apunten a un escenario de este tipo.

Por ello, resulta previsible que el debilitamiento de estas organizaciones, si se produce, obedezca más a conflictos internos o a procesos de fragmentación que a una estrategia estatal de erradicación del problema del narcotráfico, lo que plantea serias dudas sobre el futuro de la seguridad de la sociedad mexicana.

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Endesa Energía sufre un acceso no autorizado que ha comprometido datos de clientes

La compañía eléctrica investiga la filtración tras confirmar el acceso ilegítimo a su base de datos de clientes, alerta de posibles fraudes y recomienda estar atentos a correos sospechosos.

Endesa Energía ha confirmado un acceso no autorizado a su plataforma comercial que ha permitido la extracción de datos personales de algunos clientes. Entre la información comprometida se encuentran documentos de identidad y datos bancarios, aunque la compañía aclara que las contraseñas de acceso no se han visto afectadas. El ataque fue realizado por un actor malicioso que consiguió superar las medidas de seguridad existentes, según ha explicado la empresa en un comunicado remitido a los usuarios afectados por correo electrónico.

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El incidente, calificado por Endesa como un «acceso no autorizado e ilegítimo», ha derivado en la investigación interna para determinar el alcance real de la brecha. En ese proceso, los técnicos han detectado que el atacante «habría tenido acceso y podría haber exfiltrado» información sobre los contratos de luz y gas, así como datos de contacto y el IBAN de las cuentas bancarias. A pesar de la gravedad del caso, la compañía asegura que no se han detectado hasta ahora usos indebidos de la información sustraída.

Precaución ante posibles estafas

Endesa advierte, sin embargo, de que los datos podrían emplearse para suplantaciones de identidad o fraudes digitales, como el envío de mensajes falsos o campañas de ‘phishing’. En los correos enviados a los clientes, la empresa señala que considera «improbable» que esta brecha genere «un alto riesgo para los derechos y libertades» de los afectados, aunque aconseja permanecer atentos ante «posibles comunicaciones sospechosas en los próximos días».

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Además, invita a reportar cualquier incidencia al número gratuito 800 760 366. No obstante, nada más conocer lo ocurrido, la eléctrica afirmó haber activado sus protocolos de seguridad y también puesto en marcha «todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para contener el incidente, mitigar sus efectos y prevenir que se repita en el futuro», tal y como consta en su comunicado.

El presidente de la Reserva Federal de EEUU anuncia que enfrenta una investigación federal

Jerome Powell denuncia presiones políticas de la Administración Trump tras recibir citaciones judiciales, y asegura que la investigación responde a su independencia al fijar los tipos de interés.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha anunciado este domingo 11 de enero que el Departamento de Justicia lo está investigando por su testimonio ante el Congreso sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo. En un vídeo publicado en la red social X, explicó que «el viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio». Según Powell, esta acción se produce en un contexto de «amenazas y presión constante» por parte de la Administración de Donald Trump.

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Powell subrayó que mantiene un «profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas», aunque calificó la investigación como una «acción sin precedentes» en Washington. En su discurso, afirmó que «nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley», pero advirtió que «la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente».

Amenaza de injerencia política

El responsable de la Fed negó que la investigación tenga relación con su testimonio o con el proyecto de renovación de los edificios del organismo. «Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios», señaló, añadiendo que la Fed ya ha informado al Congreso «a través de testimonios y otras divulgaciones públicas». Para Powell, el asunto de fondo es «si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación».

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Durante su intervención, Powell recordó que ha trabajado bajo cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas, y que siempre ha cumplido sus funciones «sin temor ni favoritismos políticos», centrado en el mandato de estabilidad de precios y pleno empleo. «El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas», añadió, asegurando que seguirá en el cargo «con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense». Mientras tanto, Trump continúa presionando para bajar los tipos de interés con el objetivo de abaratar la financiación del Gobierno y reactivar la economía privada.

Filtración en Instagram expone millones de cuentas, según Malwarebytes

La empresa de ciberseguridad Malwarebytes alerta sobre el robo de datos de 17,5 millones de cuentas de Instagram, mientras la red social asegura que fue solo un fallo técnico sin acceso a sus servidores.

A comienzos de 2026, muchos usuarios empezaron a recibir correos de restablecimiento de contraseña de Instagram sin haberlos solicitado. Los mensajes parecían completamente auténticos y llegaban desde el canal habitual de la red social, lo que generó confusión. En poco tiempo, las redes se llenaron de comentarios y advertencias sobre un posible fallo de seguridad que podría ser más grave de lo que parecía.

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El 9 de enero, la empresa de ciberseguridad Malwarebytes dio más detalles y aseguró que se había producido una filtración masiva de datos. Según su investigación, un grupo de ciberdelincuentes habría robado información de 17,5 millones de cuentas de Instagram, incluyendo nombres reales, direcciones físicas, teléfonos y correos electrónicos. Incluso explicaron que el conjunto de datos se ofrecía en foros delictivos como un «kit de doxing», es decir, un paquete completo para identificar y exponer a personas.

Meta desmiente los hechos

Las teorías sobre cómo ocurrió el ataque apuntan en dos direcciones. Una posibilidad es que se tratara de un ataque automatizado de fuerza bruta, diseñado para lanzar miles de solicitudes de cambio de contraseña y colar así mensajes falsos entre los legítimos. La otra hipótesis es que Meta hubiera activado por precaución un reinicio masivo de contraseñas. Sin embargo, Instagram desmintió ambas versiones y explicó que todo se debía a un «problema de software» que permitía a terceros generar esos correos sin llegar a comprometer ninguna cuenta.

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Desde la compañía insistieron en que no hubo ningún acceso no autorizado a sus sistemas y que las cuentas siguen seguras. «No se produjo ninguna vulneración de nuestros sistemas y vuestras cuentas de Instagram están seguras», aclararon en un comunicado. Aun así, Malwarebytes mantiene su versión y advierte que los datos robados podrían estar vendiéndose clasificados por país o número de seguidores, lo que afecta sobre todo a cuentas de usuarios, influencers y empresas.

¿Qué son las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

Aprende qué son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, qué se elige y por qué son tan importantes para el futuro político del país.

En Estados Unidos, las elecciones de medio mandato representan un momento clave que marca la mitad del ciclo presidencial. Aunque no se elige un nuevo presidente,su importancia es enorme, ya que de sus resultados depende en gran medida la dirección que tomará la política del país durante los siguientes años. Pero ¿por qué despiertan tanto interés y qué papel juegan en el sistema estadounidense?

¿Qué son las elecciones mid term?

Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial. En Estados Unidos, suelen ocurrir cada cuatro años, dos años después de una elección presidencial. Estas elecciones permiten a los ciudadanos elegir a representantes que trabajan en el Congreso y Senado, así como a gobernadores y otros cargos estatales en muchos estados. El término mid term se refiere precisamente a que ocurren a mitad del mandato del presidente en funciones.

¿Qué se elige en las elecciones de medio mandato?

Se renuevan varios cargos clave. En el nivel federal, se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). A nivel estatal y local, muchos puestos de gobernador, legislaturas estatales y otros cargos también se renuevan ese mismo día o en fechas próximas. Aunque el presidente no es candidato en estas elecciones, el resultado puede influir en la agenda política del mandato presidencial, ya que el control de estas cámaras determina en gran medida qué leyes pueden avanzar.

¿Por qué son importantes las elecciones de medio mandato?

Porque reflejan, de alguna manera, el sentir de la población en un punto intermedio entre dos elecciones presidenciales. El resultado puede influir en la capacidad de la administración para aprobar políticas, nombramientos y presupuestos. Además, estos comicios pueden cambiar el equilibrio de poder en el Congreso, afectando temas desde la economía hasta la educación y la seguridad. Por eso, muchas personas prestan atención a estas elecciones como una señal de apoyo o descontento hacia la gestión del actual gobierno.

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