Las empresas estatales ilícitas transforman la naturaleza del poder contemporáneo. El crimen organizado deja de ser periférico y se integra al Estado. El Bureau 39 norcoreano es el ejemplo más claro. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute analiza este fenómeno y sus casos comparativos.
La concepción clásica del Estado que se basa en el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio, se encuentra desafiada por una tendencia emergente: las empresas estatales ilícitas. Estas entidades representan una transformación donde el crimen organizado se convierte en el propio núcleo del aparato estatal.
Esto comienza a redefinir los límites entre lo público y lo privado (promoviendo una zona gris de políticas públicas y/o exteriores). Corea del Norte, con su Bureau 39, personifica el caso más sutil de este fenómeno. A su vez, Venezuela, Siria y Libia demuestran cómo bajo condiciones de crisis extrema, los gobiernos instrumentalizan la criminalidad como estrategia de supervivencia geopolítica.
De esta forma, lejos de ser Estados fallidos (como se les identifica en Occidente), se definen por ser sistemas políticos que han integrado la ilegalidad como mecanismo de gobernanza. Estas entidades recaudan «impuestos» mediante extorsión, regulan mercados negros, mantienen el orden a través del terror y proyectan poder internacional sin requerir reconocimiento diplomático.
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Su legitimidad no proviene de procesos electorales o marcos constitucionales, sino de la capacidad de ejercer control efectivo. Así, este modelo no constituye una anomalía, sino el reflejo de las contradicciones profundas del orden internacional contemporáneo. Por tanto, la respuesta debe ser el reconocimiento total de esta nueva realidad, junto con estrategias flexibles.
Bureau 39: la institucionalización de la criminalidad estatal
En el corazón del régimen norcoreano opera una organización que desafía todas las categorías tradicionales: el Bureau 39 (también la Oficina 39 o la Sala 39). Fundado como un departamento del Partido de los Trabajadores, ha evolucionado hacia una estructura multinacional del crimen integrada en la estructura gubernamental. Su nombre oculta su función real: devenir el motor financiero del régimen de Kim Jong-un, generando ingresos mediante actividades ilícitas a escala global.
A diferencia de las mafias tradicionales, el Bureau 39 no opera en las sombras. Se encuentra institucionalmente entrelazado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para operaciones encubiertas y con el Ministerio de Defensa para el tráfico de armas. Además, mantiene vínculos con las Fuerzas Armadas para tareas de logística y protección.
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Su arquitectura organizativa fusiona la disciplina burocrática weberiana (jerarquías claras y registros meticulosos) con la flexibilidad operativa del crimen organizado híbrido propio de la actualidad. Tal síntesis le permite alcanzar niveles de eficacia inalcanzables para cualquier cartel independiente.
Su «portafolio criminal» evidencia una sofisticación alarmante. Incluye la producción y distribución de metanfetaminas de alta pureza y la falsificación de divisas con billetes casi indetectables. También abarca ciberataques masivos ejecutados por el Grupo Lazarus y el tráfico de armas convencionales y componentes para misiles. Además, incorpora esquemas complejos de evasión de sanciones mediante empresas fantasma y transbordos petroleros en ultramar.
La verdadera innovación del Bureau 39 radica en su metabolismo económico. Los ingresos ilícitos se reinvierten en programas nucleares, como capacidad disuasoria. También financian subsidios para élites leales, entre ellas militares, científicos y burócratas. Además, permiten la provisión selectiva de bienes básicos para sectores clave de la población. En Corea del Norte, el crimen no es una desviación del Estado: es la esencia misma de su modelo de gobierno.
Casos comparativos: Venezuela, Siria y Libia
Mientras Corea del Norte representa un modelo centralizado, Venezuela ilustra otra dinámica. Puede transmutar gradualmente un sistema democrático en una estructura criminal, sin abandonar del todo su fachada institucional.
Bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, el colapso petrolero y las sanciones internacionales catalizaron una reconfiguración del Estado venezolano. Instituciones como PDVSA, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se convirtieron en redes de corrupción y tráfico ilícito.
El punto de inflexión fue la emergencia del Cartel de los Soles, una red de militares y funcionarios vinculados al narcotráfico. Opera en colaboración con el Cartel de Sinaloa, las FARC disidentes y grupos paramilitares colombianos.
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La internacionalización del crimen ha convertido a Venezuela en un hub global de actividades ilícitas. Esto incluye el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. También abarca la minería ilegal de oro en el Arco Minero del Orinoco, con participación de empresas chinas y rusas. Además, comprende el lavado de dinero mediante empresas fantasma en Panamá, Dubái y Hong Kong.
Por otro lado, durante años y antes de la destitución de Bashar al-Assad, el gobierno abandonó la pretensión de control total de Siria. En su lugar, se concentró en monopolizar recursos estratégicos, como el petróleo y el gas vendidos en mercados negros a intermediarios turcos y kurdos. También explotó el narcotráfico de captagón y los fosfatos comercializados con empresas rusas y chinas. Además, controló rutas comerciales donde se cobran «peajes» a comerciantes y ONG.
La innovación siria residía en la monetización del caos: el régimen no intentaba restaurar el orden, sino administrarlo estratégicamente. Esta economía de la escasez transforma la miseria en herramienta de gobierno: la población depende del Estado para sobrevivir (garantizando su sumisión).
Por último, tras la caída de Gadafi, Libia se convirtió en un laboratorio donde milicias, clanes y señores de la guerra competían en la provisión de servicios estatales. El modelo libio se basa en tres pilares. El primero es la territorialización criminal, que implica el control de puertos, yacimientos petroleros y aeropuertos. El segundo es la mercantilización de la soberanía, mediante la venta de protección a empresas petroleras, el acceso seguro a ONG y el control fronterizo para gobiernos europeos. El tercero es la competencia por legitimidad mediante la provisión de servicios básicos.
Este sistema ha demostrado una estabilidad sorprendente a pesar de la ausencia de un gobierno central funcional. Milicias como las del Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli o el Ejército Nacional Libio de Haftar han desarrollado especializaciones criminales que mantienen un equilibrio de poder basado en la división de recursos. Libia enseña que en contextos de colapso estatal, la criminalidad puede ser «más eficiente» que la legalidad para generar orden espontáneo.
La soberanía performativa como redefinición del Estado
El concepto de soberanía performativa redefine las bases tradicionales del poder estatal, definiendo la resiliencia y adaptación de las empresas estatales ilícitas. En este marco, la autoridad no se deriva del reconocimiento jurídico internacional ni de la legitimidad democrática interna, sino de la capacidad efectiva de ejercer funciones estatales fundamentales.
Un régimen que puede cobrar impuestos, aunque sea mediante extorsión, regular mercados, aunque sean negros, y proyectar poder internacional, incluso sin reconocimiento diplomático, está ejerciendo soberanía. Sin embargo, no cumple con los estándares normativos del Estado moderno. Su poder no reside en lo que se le concede desde fuera, sino en lo que efectivamente hace.
Las tecnologías digitales han intensificado esta dinámica, inaugurando una nueva fase de poder que puede describirse como soberanía algorítmica. Corea del Norte se presenta como un caso paradigmático: un país pequeño (aislado y sancionado), es capaz de desestabilizar economías globales mediante ciberataques.
Sin embargo, la persistencia de este modelo no puede explicarse únicamente por su eficacia interna o su capacidad de adaptación al caos.
Su estabilidad también se sostiene gracias a las contradicciones estructurales del orden internacional. Este no solo fracasa en contenerlas, sino que, en muchos casos, las necesita. Las sanciones, principal instrumento de presión global, han demostrado ser profundamente contraproducentes. En lugar de debilitar a estos regímenes, estimulan la innovación criminal y el desarrollo de rutas alternativas. También favorecen la creación de nuevas alianzas ilícitas y la consolidación de mercados paralelos más rentables que los formales.
Estas medidas refuerzan las narrativas de victimización y agresión extranjera, ofreciendo a los regímenes una coartada ideológica para intensificar la represión interna. Pero el problema es aún más profundo: tales estructuras criminales sobreviven gracias a una red de complicidad encubierta. Por ejemplo, China lava dinero del Bureau 39 norcoreano a través de sus bancos estatales y compra petróleo venezolano a precios irrisorios.
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Rusia garantizaba cobertura diplomática a Siria a cambio de acceso a puertos y recursos energéticos. Irán colabora con Venezuela en el tráfico de oro. Turquía facilita la exportación de metanfetaminas norcoreanas y comerciaba con petróleo sirio extraído al margen de cualquier regulación.
Lejos de actuar como actores racionales comprometidos con el orden internacional, estas potencias utilizan esta modalidad como herramienta de poder indirecto. Además, la emplean como fuente de rentabilidad en mercados oscuros.
Conclusión, prospectiva y alternativa
Frente al ascenso y consolidación del modelo de las empresas ilícitas estatales, resulta evidente que los enfoques defensivos tradicionales han fracasado. Estas entidades no solo resisten la presión internacional, sino que han aprendido a prosperar en los márgenes del sistema. Su resiliencia se explica tanto por su capacidad adaptativa como por su inserción en una red global de intereses inter-seccionados, facilitadores financieros y alianzas geopolíticas funcionales.
Para contenerlas, es necesario un cambio estratégico radical que ponga en el centro la inteligencia financiera. Esto implica herramientas como el análisis de blockchain, la inteligencia artificial aplicada al rastreo de flujos ilícitos y el mapeo de redes de facilitadores económicos, como bancos, firmas offshore y gobiernos cómplices.
Casos como la operación Cassandra demuestran la eficacia de este enfoque. Esta operación logró desarticular parte de la milicia libanesa Hezbolá. Golpear la arquitectura económica de tales estructuras resulta más efectivo que intervenir en su dimensión militar o territorial.
Esta línea de acción exige también sanciones secundarias inteligentes (como las impuestas a Rosneft), incentivos calibrados para élites dispuestas a colaborar, garantías de salida para sectores del régimen, y acuerdos transicionales verificables. La cooperación internacional real (no solo formal) se vuelve esencial: organismos como el GAFI o la UNODC deben asumir un rol operativo más allá de la diplomacia ritual, con capacidad para actuar con rapidez, evadir bloqueos institucionales y construir coaliciones que respondan a las amenazas sistémicas que tales organizaciones formulan.
En escenarios donde la erosión de estas entidades no es posible ni viable sin generar desastres humanitarios, debe apostarse por formas de contención como la cooperación selectiva en áreas de interés mutuo (narcotráfico, migración, ciberseguridad, antiterrorismo). El objetivo no es legitimar a los regímenes, sino gestionar riesgos con mecanismos de presión funcional, monitoreo riguroso y reversibilidad clara.
Sin embargo, mirar hacia el futuro implica reconocer que las empresas ilícitas estatales no son una anomalía pasajera sino un síntoma estructural de un orden internacional en transformación. La crisis climática, el «progreso» tecnológico y la erosión institucional de las democracias están creando las condiciones para su proliferación. En regiones como África o la Península Arábiga podrían surgir nuevas entidades híbridas, mientras que países como México o Ucrania enfrentan una creciente fusión entre Estado y estructuras criminales.
El mayor riesgo no es la expansión de esta cosmovisión operativa, sino la internalización de sus métodos por parte de democracias que, en nombre de la seguridad o la competencia geopolítica, adoptan prácticas que antes condenaban. Así, la línea que separa al Estado de derecho del estado mafioso se vuelve cada vez más delgada, más ambigua y más negociable.
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