La violencia en América Latina no solo deja víctimas, también abre caminos ocultos donde circulan armas, poder e impunidad. En este artículo, Lucas Paulvinoch, alumno del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, analiza un fenómeno poco explorado: detrás de cada disparo hay una historia que rara vez se investiga. Entender cómo se mueven las armas es clave para frenar su impacto silencioso.
Desde hace décadas, América Latina padece una epidemia de violencia, registrando las tasas de homicidios más altas a nivel mundial. Las armas de fuego han sido protagonistas en la expansión de este fenómeno. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estuvieron presentes en casi el 70 % de los casos.
El fenómeno del tráfico de armas se caracteriza por su multidireccionalidad. Los flujos provienen de diversos orígenes y circulan por rutas cada vez más complejas. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor. Sin embargo, en las últimas décadas surgieron otros focos relevantes como Israel, Turquía y varios países europeos. Estos actores han ganado peso en el comercio de armamento hacia América Latina.
Además de las armas industriales desviadas a mercados ilícitos, los avances tecnológicos han favorecido el tráfico en la región en los últimos años. Fenómenos como la popularización de impresoras 3D, la personalización armamentista y la producción artesanal han facilitado nuevas formas de fabricación y distribución de armamento ilegal.
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En ese contexto, el contrabando se ha enfocado en transportar componentes críticos, en lugar de armas completas, para evitar controles y facilitar su ensamblaje posterior. Esto ha dado lugar a las llamadas «armas Frankenstein», construidas con partes originales y componentes fabricados artesanalmente o mediante impresión 3D. Este tipo de armas dificulta su detección y complica el control por parte de las autoridades.
El papel del rastreo de armas en la lucha contra el tráfico ilegal
En América Latina, cuando se recupera un arma durante una investigación, rara vez se profundiza en cómo llegó ese armamento a manos de los delincuentes. Ante esta situación, el primer paso para enfrentar el problema radica en transformar la capacidad de rastreo e identificación de las armas involucradas.
Esto exige una mayor inversión en laboratorios y tecnologías especializadas para el análisis de armas incautadas, sin limitarse únicamente a la infraestructura técnica. Este paradigma investigativo propone abrir dos líneas de investigación por cada arma recuperada. Una se orienta a esclarecer el delito inmediato, y la otra, a rastrear la ruta del arma.
Otro aspecto crítico en la lucha contra el tráfico ilícito de armas es el control efectivo de los arsenales y la supervisión de inventarios gubernamentales. Esto requiere reforzar los sistemas de auditoría periódica y aplicar protocolos estrictos de control. Asimismo, resulta esencial establecer un marco regulatorio para las empresas de seguridad privada.
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Sin embargo, la respuesta central a este problema debe tener un enfoque internacional y coordinado entre varios actores. Para ello, es fundamental crear grupos de trabajo multinacionales que incluyan no solo a fuerzas policiales, sino también a aduanas y organismos judiciales. Estos grupos deben integrar además a representantes de la sociedad civil, la academia y el sector industrial.
Armas fantasmas y dinámica del mercado criminal
El tráfico de armas en América Latina y el Caribe ha crecido de forma significativa en los últimos años. Este aumento está vinculado a la expansión de las operaciones de las bandas criminales y al crecimiento del negocio del narcotráfico. Además, la difusión de la darknet ha creado un espacio propicio para las transacciones ilícitas.
El incremento de la violencia asociada a organizaciones criminales fue un factor clave en el aumento de los intercambios ilegales de armas. Aunque no hay cifras exactas sobre el volumen de dinero y la cantidad de armas traficadas, se estima que el 70 % provienen de Estados Unidos. Ese país alberga el mercado legal de armas de fuego más grande del mundo, con más de 400 millones en manos civiles.
La demanda por parte de bandas del crimen organizado ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas. Ese aumento ha alimentado la espiral de violencia que impulsa los mercados criminales en la región. Muchas de esas armas se trafican ocultas en electrodomésticos hacia Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. También viajan en camiones con destino a México o por vía marítima, en contenedores de carga mezcladas con otros productos.
En abril de 2023 concluyó la operación Trigger IX, ejecutada por Interpol junto a 15 países de América Latina. El operativo resultó en más de 14.260 detenciones, la incautación de 8.000 armas y 300.000 cartuchos, además de 203 toneladas de cocaína y otras drogas. Fue la mayor operación regional contra el tráfico de armas coordinada por Interpol hasta la fecha.
A la par, varios países del Caribe adoptaron nuevas medidas frente al aumento de la violencia. Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Santa Lucía y Barbados acordaron prohibir las armas de asalto ante el constante incremento de las tasas de homicidio. Al mismo tiempo manifestaron su apoyo a las acciones legales presentadas por México contra los fabricantes de armas estadounidenses.
En ese contexto, Estados Unidos clasificó como organizaciones terroristas globales a varios cárteles mexicanos. Entre ellos figuran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Tras esta decisión, Canadá adoptó una medida en el mismo sentido.
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Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una propuesta para reformar la Constitución y evitar «una invasión a la soberanía» mexicana. En concreto, la modificación al artículo 19 establece que cualquier persona, nacional o extranjera, «vinculada con la fabricación, distribución, comercialización, traslado o introducción ilegal de armas al territorio nacional» será sujeta a prisión preventiva oficiosa. Además, se le impondrá «la pena más severa posible».
¿Cómo las armas ilegales se abren paso entre fallos del sistema?
En la región hay 3 países entre los 40 con mayor número de efectivos militares del mundo. Y a excepción de Brasil, todos mayormente aprovisionan a sus fuerzas armadas y de seguridad por vía de la importación. La corrupción dentro de las unidades militares o fuerzas policiales es una de las principales fuentes de desvío de armas hacia bandas criminales.
En ese sentido, las organizaciones criminales suelen emplear como intermediarios a testaferros con identificación legal y sin antecedentes o buscar insiders que faciliten el acceso. También realizan robos a fuerzas militares o de seguridad, como el asalto armado a la División de Infantería de la Unidad Regional III, en Eldorado, Misiones, Argentina, durante la madrugada del 30 de diciembre de 2024.
Es una realidad que muchos países de la región acumulan más armas no registradas que con licencia. Los mercados negros a nivel local generan ámbitos para la adquisición de armas para la autodefensa por parte de la población. Por eso, la transparencia en las transacciones de armamento es clave para frenar su desvío hacia mercados ilegales. Sin controles eficaces, estos materiales pueden terminar abasteciendo a organizaciones criminales.
Operaciones transnacionales ante un problema entre fronteras
En un contexto de sociedades atravesadas por una violencia endémica con fuertes impactos sobre la estabilidad política, las armas de fuego suponen una amenaza seria para la seguridad y la estabilidad de los países. En ese sentido, la cooperación interinstitucional transnacional se vuelve fundamental para descubrir y desmantelar a las organizaciones delictivas y los grupos terroristas implicados.
La lucha contra el tráfico ilícito de armas en América Latina requiere un enfoque integral. Este debe abarcar desde la mejora de las capacidades técnicas y de investigación, hasta el fortalecimiento de los sistemas de control de arsenales. También resulta clave la coordinación transnacional entre los distintos actores involucrados.
Un caso significativo sucedió en febrero de 2024, cuando Interpol detuvo en Argentina al mayor contrabandista de armas de Sudamérica, líder de una organización criminal. La información policial recopilada antes de la operación sirvió para que los países participantes pudieran descubrir, a través de la base de datos iARMS de Interpol, a los sospechosos, las redes delictivas y las localizaciones.
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El armamento importado por la empresa era adquirido en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, llegando a Paraguay de forma legal. Luego, a través de maniobras ilícitas, las ingresaban a Brasil y los giros de dinero eran enviados desde Paraguay a un cambista en Kansas, Estados Unidos, el cual desviaba los fondos hacia Europa con el fin de concretar los pagos por los cargamentos recibidos.
De acuerdo a la investigación, desde 2012, la empresa importó 25.000 armas que simulaban ser vendidas en Paraguay, pero eran desviadas hacia los grupos criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Los lotes de armas eran adquiridos por un tercero que tenía contacto con los grupos en Brasil. Este realizaba supuestas transacciones pequeñas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleados, jornaleros o estudiantes.
En definitiva, este caso destaca la importancia del desarrollo de las capacidades de inteligencia y herramientas de investigación necesarias por parte de las fuerzas de seguridad de cada uno de los países tanto en el nivel del análisis como en el ámbito de la persecución judicial del tráfico de armas.
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