El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. A una semana del desastre, el balance oficial asciende a 2.295 muertos y 11.267 heridos, según confirmó el pasado 1 de julio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra no incluye a los desaparecidos, que el Comité Internacional de Rescate estima cerca de 50.000, una proyección que la ONU calificó de «aterradoramente verosímil» a través de su coordinador de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher. Pero las cifras oficiales no cuentan toda la historia.
Lo que el terremoto ha dejado al descubierto es una lección conocida en la gestión de desastres: cuando un Estado ya estaba roto, un terremoto no genera solo una crisis humanitaria. Genera una crisis de seguridad. En este artículo destacamos las siete claves que lo explican.
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1. Venezuela ya es un país con una crisis económica e institucional profunda
La situación en Venezuela es de crisis desde mucho antes del terremoto: precariedad salarial, trabajos limitados y escasez de insumos básicos marcan el día a día del país. Esas condiciones empujaron a cerca de 8 millones de venezolanos a emigrar, según cifras de la ONU, en una fuga de profesionales que se aceleró especialmente después de 2017, cuando la represión de las protestas contra Maduro dejó 163 muertos, entre ellos menores de edad y estudiantes universitarios, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
A esa crisis se suma una situación institucional inédita. Estados Unidos, que acusaba a Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico y terrorismo desde 2020, lo capturó el 3 de enero de 2026 en una operación militar en Caracas y lo trasladó a Nueva York, donde espera juicio. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada cinco días después, y Venezuela continúa sin fecha de elecciones mientras Washington y Caracas negocian su relación.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabeza hoy la lista de los más buscados por Estados Unidos, con una recompensa de 25 millones de dólares por narcotráfico y narcoterrorismo, y aun así sigue apareciendo en ruedas de prensa oficiales.
2. Las infraestructuras de Venezuela ya eran vulnerables por la corrupción del Estado
Los bloques de la Gran Misión Vivienda colapsaron en cadena en La Guaira, un problema que expertos atribuyen a décadas de falta de fiscalización técnica en la construcción. La mayoría de esos edificios se levantaron entre 2012 y 2014 y no hay constancia de que recibieran una inspección estructural posterior, pese a que Venezuela actualizó su norma antisísmica en 2019.
El programa, lanzado por Hugo Chávez en 2011 para entregar viviendas gratuitas, dejó edificios que el Colegio de Ingenieros de Venezuela lleva años señalando como vulnerables. Entre los escombros de varias torres derrumbadas aparecieron vigas de madera y espuma de poliuretano en lugar de materiales estructurales, según reportaron equipos de rescate en el lugar. Transparencia Venezuela, por su parte, ha documentado sobrecostos y contratos de obra que nunca fueron verificados.
3. La precariedad y la delincuencia siguen presentes en La Guaira y Caracas
Comercios y viviendas de La Guaira, Catia La Mar y varias zonas de Caracas sufrieron saqueos sistemáticos en las primeras horas, mientras sus dueños dormían en la calle o buscaban a sus familiares entre los escombros. Visto desde esa precariedad, entrar en una vivienda abandonada y llevarse lo que quedaba se convirtió para muchos en la salida más rápida, un reflejo de cómo la escasez que ya golpeaba al país se filtró incluso en medio de la tragedia.
4. El uniforme genera más miedo que confianza
Cuatro agentes del CICPC fueron vistos el 30 de junio robando dinero entre los escombros de La Guaira, según denunciaron vecinos de las residencias Vallarta que grabaron a uno de ellos guardando dólares en una bolsa y le obligaron a devolverlos. El cuerpo policial destituyó a los cuatro agentes de forma inmediata tras la difusión de los videos, en un país donde la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad es un problema estructural documentado desde hace años.
El papel de los uniformados en las zonas de desastre generó más quejas que agradecimientos. El chileno Francisco Lermanda, líder del equipo de rescate Topos Chile, denunció que un militar le confiscó el móvil mientras hacía una videollamada con un médico para evaluar a un adolescente atrapado, alegando que podía tratarse de «espionaje«. Según Lermanda, sus rescatistas fueron sometidos a controles de identidad repetidos pese a estar ya identificados, un patrón que interpretó como una mezcla de politización y militarización de la emergencia antes que de ayuda real.
5. La burocracia por encima del rescate de vidas
El Gobierno restringió el acceso al estado desde el 26 de junio, exigiendo un registro previo a voluntarios y equipos de rescate. Bomberos de Medellín permanecieron retenidos cuatro horas en la frontera antes de que las autoridades autorizaran su entrada, en las horas más decisivas para hallar supervivientes. El equipo español de rescate USAR13 esperó casi dos días en el aeropuerto de Barajas por trabas de la embajada venezolana y terminó por cancelar el viaje sin llegar a pisar Venezuela.
La burocracia también alcanzó a figuras políticas, el Gobierno cerró el espacio aéreo comercial para impedir el regreso de la líder opositora María Corina Machado, que planeaba coordinar ayuda ciudadana desde el terreno. Y a algunos rescatistas se les pidió colaborar con la propaganda antes que con el rescate: a Héctor Méndez, de Topos Azteca, una periodista de un medio estatal le exigió agradecer en cámara a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
6. Los hospitales no dan abasto ni en el día a día, menos en emergencia
Lo que piden los hospitales no son equipos sofisticados, sino insumos básicos: gasas, tornillos y placas para cirugías ortopédicas, según denunció Eugenio Cova, jefe de traumatología del Hospital del Oeste en Caracas. La escasez de ambulancias obliga a muchos heridos a llegar en la parte trasera de camionetas, según Jaime Lorenzo, director de la red Médicos Unidos de Venezuela. El Gobierno reconoce que los terremotos dañaron o comprometieron 38 hospitales en todo el país.
Esa precariedad no la creó el terremoto, la Asociación Médica de Venezuela calcula que un tercio de sus 60.000 médicos registrados ha emigrado desde el inicio de la crisis económica, una cifra que equivale a la mitad de los profesionales que el país necesitaría según los estándares de la OMS.
El terremoto no provocó el colapso sanitario, lo visibilizó, puso en primer plano una salud pública que nunca fue prioridad de Estado. Ante ese vacío, médicos y ciudadanos han empezado a pedir donaciones directamente en redes sociales, y organizaciones de venezolanos en el exterior, como All For Venezuela, ya envían insumos quirúrgicos desde Miami hacia hospitales y universidades del país.
Una evaluación de la ONG Project HOPE, que ya tenía más de 100 trabajadores locales en Venezuela antes del sismo, encontró que el 64% de los centros de salud evaluados tuvo que suspender servicios y el 71% carece de medicamentos básicos como antibióticos. Quien quiera colaborar puede donar directamente a través de la web de Project HOPE. Donar ahora.
7. Los menores en el punto más débil de la crisis
Organizaciones de protección infantil pidieron a las autoridades verificar la identidad de cualquier persona que reclame a un menor separado de su familia, y recordaron que el deslave de Vargas de 1999 dejó decenas de niños desaparecidos sin resolver. Dos niñas rescatadas de los escombros, Amaia Landaeta y Sarah Ysea, pasaron varios días sin contacto con sus familiares.
A los niños que quedaron huérfanos se suman denuncias ciudadanas de personas que intentarían llevarse a menores separados de sus familias, y reportes de presuntos casos de abuso sexual en hospitales y centros de atención, según recogieron medios locales. La ONG internacional Plan International alertó que en muchos refugios conviven hombres, mujeres, niños y niñas sin baños separados por sexo, una condición que vincula directamente con un mayor riesgo de violencia sexual contra niñas y adolescentes.
En este tipo de emergencias es habitual que aparezcan casos de menores raptados, aprovechando el caos y la falta de control institucional para alimentar redes de trata infantil.
Quien quiera colaborar con la emergencia puede hacerlo a través de organizaciones con presencia verificada sobre el terreno. Esta situación es más complicada de lo que parece, donde sale a la luz la fragilidad de un Estado que ya arrastraba una crisis antes del sismo, y donde incluso la ayuda humanitaria choca con los mismos obstáculos: burocracia, control político y falta de transparencia.
Project HOPE
Más de 100 trabajadores locales en Venezuela antes del terremoto. Cuatro equipos activos en La Guaira, Miranda y Distrito Capital.
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Cáritas
Red diocesana activa en Caracas, La Guaira y Barquisimeto desde las primeras horas. Cáritas España movilizó 300.000 euros iniciales y distribuye insumos directamente en las zonas afectadas.
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Acción contra el Hambre
Nutrición, agua, saneamiento y seguridad alimentaria. Equipos desplegables en menos de 24 horas.
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We Love Foundation
13 años de trayectoria. Alianza con Global Empowerment Mission, con equipos en Caracas distribuyendo alimentos, agua y kits médicos desde las primeras horas.
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Venezuela necesita ayuda ahora, pero también capacidad para reconstruirse. La fase de rescate durará semanas. La reconstrucción, años. Cuando los medios dejen de hablar de Venezuela, el país seguirá necesitando apoyo. Si puedes, considera una donación periódica.
