- Es el tercer traslado oficial desde que se construyó el CECOT en El Salvador, aunque se estima que podrían haber habido más.
- Los pandilleros reubicados estaban en las prisiones de Izalco, Ciudad Barrio y San Vicente.
- Los reclusos del CECOT están incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este martes que 2 mil presos más irán al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión construida a principios de 2023 dirigida a miembros de entramados criminales. Según Bukele, esta es la prisión «más grande de América». Estos pandilleros estaban ubicados provisionalmente en las cárceles de Izalco, Ciudad Barrio y San Vicente.
«Esta madrugada, trasladamos a más de 2.000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, hacia el CECOT. Ahí pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel», confirmó el presidente en redes sociales.
Este es el tercer traslado oficial que se realiza hacia esta prisión de máxima seguridad. El primero fue a finales de febrero de 2023, un mes después de su creación, y el segundo en marzo de 2023. Sin embargo, hay movimientos de los cuales no se informan, por lo que se desconoce realmente cuántos prisioneros puede haber en estos momentos.
¿Qué es el CECOT?
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el departamento de San Vicente, en el centro de El Salvador. Se construyó durante la presidencia de Nayib Bukele y es exclusivamente para pandilleros, con el fin de contener la ola de violencia protagonizada por las maras o grupos callejeros. Tiene capacidad para 40 mil presidiarios, 23 hectáreas de extensión y es considerada la cárcel más grande de América Latina.
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El CECOT ha generado un debate en torno a su efectividad como prisión y su significado simbólico en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Aunque se presentó como una solución radical a los problemas con la delincuencia y el crimen organizado (especialmente en lo que respecta a las pandillas conocidas como «maras»), diversas organizaciones plantean serias preocupaciones en cuanto al respeto de los derechos humanos y la moralidad de su funcionamiento.
Además, la oposición criticó su construcción, culpando al Gobierno de falta de transparencia. Esto se debió a que aprovecharon el régimen de excepción para lanzar una ley que posibilitaba la construcción, saltándose los procedimientos habituales de obras estatales. Entre las críticas internacionales que enfrenta el CECOT se encuentran:
- Violación de los derechos humanos. Las condiciones de vida en el CECOT se describen como inhumanas, con presos encerrados en celdas de 100 metros cuadrados con hasta 120 reclusos, sin patio ni áreas de recreo.
- Arbitrariedad en las detenciones. Como consecuencia del régimen de excepción, muchos de los detenidos han sido arrestados de manera arbitraria, sin garantías procesales adecuadas. Esto ha generado críticas sobre la falta de transparencia y la posible violación de los derechos constitucionales.
- Falta de transparencia en la gestión. La gestión del CECOT es objeto de críticas por ocultar la cantidad de presos, las condiciones de vida y la gestión de los recursos.
- Política de mano dura. El CECOT se ha presentado como un símbolo de la política restrictiva implementada por el presidente Bukele, que ha llevado a la detención masiva de personas y ha generado críticas sobre la falta de diálogo y la represión.
Más de dos años de estado de excepción
El estado de excepción en El Salvador se declaró el 27 de marzo de 2022, con el objetivo de hacer frente a la violencia de los grupos criminales paraestatales. Suspende garantías constitucionales como la inviolabilidad de las telecomunicaciones, establece plazos de detención provisionales más largos y restringe derechos a los detenidos. Organizaciones critican esta medida por violar los derechos humanos y debilitar el Estado de derecho. Los datos oficiales aseguran que más de 80 mil personas han sido detenidas y 7 mil habrían sido puestas en libertad condicional. Además, esta medida consiguió atajar y reducir los homicidios en el país.
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Esta medida se implementó después de un pico de homicidios a causa de la ruptura del supuesto pacto que el gobierno de Nayib Bukele mantenía con estas estructuras criminales para lograr una reducción de homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes. Bukele presentó la norma como una forma necesaria para contener la violencia y proteger a la población.
Entre las consecuencias se encuentran las detenciones arbitrarias sin garantías procesales adecuadas; las violaciones de derechos humanos, incluyendo malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y muertes; falta de transparencia que ha permitido la evasión de procedimientos para el control de fondos públicos, lo que podría aumentar la corrupción; debilidad de las organizaciones de la sociedad civil, ya que las autoridades utilizan la coerción y la intimidación para silenciar a los defensores de los derechos humanos; impacto en la prensa y la libertad de expresión que ha llevado a la persecución de la profesión y a la detención y exilio de muchos de ellos. El régimen de excepción ha sido prorrogado varias veces, y su vigencia se ha extendido más allá de lo inicialmente previsto.
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Artículo escrito por:
Rubén Asenjo Morillas. Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.
