El gobierno de Estados Unidos y TikTok enfrentan una contienda legal a pocos días de la fecha límite para la obligación de venta de ByteDance y la llegada al poder de Donald Trump.
El viernes 10 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos acogió un debate sobre el futuro de TikTok en el país. El gobierno estadounidense, representado por la procuradora general Elizabeth Prelogar, presentó argumentos sobre los riesgos de seguridad nacional que implican las operaciones de la popular aplicación bajo el control de ByteDance, su matriz china. La audiencia se centró en la ley aprobada en abril de 2024 que obliga a ByteDance a vender TikTok antes del 19 de enero de 2025, o de lo contrario enfrentará una prohibición en Estados Unidos. Durante la audiencia, Prelogar enfatizó la preocupación del gobierno por la gran cantidad de datos personales que TikTok recopila de sus 170 millones de usuarios en el país norteamericano, argumentando además que esa información podría ser utilizada por el gobierno chino para espionaje, chantaje y manipulación de contenido.
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Durante su exposición, Prelogar presentó varios casos que, según ella, demuestran cómo ByteDance ha cedido ante las demandas del régimen comunista chino en el pasado. Mencionó incidentes como la vigilancia de periodistas estadounidenses en 2022, el rastreo de disidentes en Hong Kong y de uigures en China, así como esfuerzos de censura y manipulación de contenido a instancias del gobierno chino. Aunque admitió que no hay pruebas concretas de que ByteDance haya permitido a Pekín acceder a los datos de TikTok hasta la fecha, la congresista argumentó que el riesgo potencial es demasiado grande para ignorarlo, especialmente considerando el «poder abrumador» que China podría ejercer sobre la empresa en cualquier momento.
TikTok se defiende
El abogado de ByteDance y TikTok, Noel Francisco, intentó defender la posición de la empresa apelando a la protección de la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, sus argumentos parecieron perder fuerza ante la avalancha de ejemplos sobre las preocupaciones a la seguridad nacional presentadas por el gobierno. Por ello, Francisco solicitó al tribunal que, en caso de no fallar a favor de TikTok, al menos otorgue una orden judicial preliminar para retrasar la implementación de la ley, argumentando que ByteDance no habría tenido tiempo suficiente para conseguir un acuerdo de desinversión en los 270 días asignados por la administración Biden. Sin embargo, esta petición fue rápidamente desestimada por Prelogar, quien señaló que empresas como Twitter (ahora X) habían completado procesos de compra en plazos mucho más cortos.
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De igual manera, la audiencia mostró la clara inclinación de varios jueces, incluidos conservadores, hacia los argumentos del gobierno. La jueza Elena Kagan señaló que la ley estaba dirigida específicamente a ByteDance, una corporación extranjera sin derechos bajo la Primera Enmienda, mientras que el juez John Roberts cuestionó si se podía ignorar el hecho de que la empresa matriz está sujeta a realizar trabajos de inteligencia para el gobierno chino. A pesar de los esfuerzos del abogado de ByteDance por defender la libertad de expresión, argumentando que el gobierno no puede restringirla para proteger a los ciudadanos de la expresión misma, la balanza pareció inclinarse hacia las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por la administración Biden. Con la fecha límite acercándose y la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente electo, el futuro de TikTok en Estados Unidos parece cada vez más incierto.
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Artículo escrito por:
Rubén Asenjo Morillas. Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.