Una operación del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina de México acaba con un gran número de cámaras clandestinas usadas por narcotraficantes para vigilancia y coordinación de actividades ilícitas en 75 municipios de 21 estados.
Las fuerzas de seguridad de México han desactivado 6.619 cámaras de vigilancia ilegal instaladas por organizaciones criminales durante 2024 y los primeros meses de 2025. Según datos oficiales recogidos por ‘El Universal’, estos dispositivos se encontraron en 75 municipios de 21 estados mexicanos, ubicados principalmente en vías públicas, pero también en residencias particulares, comercios y mercados. Las autoridades han identificado que estas «cámaras parásitas» se usaban por grupos delictivos para monitorear a las fuerzas de seguridad, vigilar a organizaciones rivales y coordinar actividades ilícitas. En febrero de 2025 se descubrió en Culiacán, Sinaloa, un centro clandestino de monitoreo que permitió la retirada de 1.530 cámaras, según informó la Secretaría de Seguridad de la región.
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El desmantelamiento de estos sistemas de vigilancia ilegal se ha liderado principalmente por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, quienes han aumentado sus operaciones en los últimos meses. En Guanajuato, las autoridades han retirado aproximadamente 1.400 cámaras solo en el municipio de Celaya, mientras que en San Luis Potosí se han desactivado al menos 400 dispositivos en varios municipios, incluyendo Moctezuma, Matehuala y la capital estatal. «Estas acciones decisivas para combatir el crimen son parte de la estrategia de seguridad pública del estado», señaló la Fiscalía General de Oaxaca tras una operación similar en Huatulco, donde se retiraron más de 40 cámaras. «El Gobierno estatal está preparando una ley para tipificar el halconeo digital», informaron fuentes oficiales, reconociendo la necesidad de un marco legal específico para combatir este fenómeno.
Dispositivos con grandes capacidades
Los dispositivos encontrados incluyen modelos PTZ inalámbricos con capacidad panorámica, de inclinación y zoom, así como equipos fijos inalámbricos con precios que oscilan entre 200 y 800 pesos mexicanos (9-36 euros). En Guerrero, la Guardia Nacional y el Ejército retiraron a finales de marzo 21 cámaras clandestinas del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla en Chilpancingo, donde recientemente asesinaron a dos trabajadores de una carnicería y un policía auxiliar que defendía al propietario de un negocio. Operaciones similares se han realizado en otros estados como Jalisco (114 cámaras), Baja California (670) y Acapulco (109). Las autoridades confirmaron que «estas cámaras no pertenecían a ningún individuo ni a ningún cuerpo oficial de seguridad», lo que confirmó su vinculación con grupos criminales.
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