Qué denuncian las organizaciones de derechos humanos, la ONU y la UE a un año del golpe de Estado en Birmania.
Hace un año, el pasado 1 de febrero de 2021, los militares birmanos derrocaron al gobierno elegido democráticamente en noviembre y arrestaron a la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y el presidente Win Myint así como a numerosos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido liderado por la consejera de Estado.
Posteriormente declararon el estado de emergencia al tiempo que reprimían brutalmente las protestas callejeras contra el golpe y la imposición de la ley marcial. Ayer mismo, el Ejército de Birmania prorrogaba hasta el 31 de julio el estado de emergencia. La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa por motivos relacionados con “fuerzas destructivas nacionales e internacionales” que trabajan para la “aniquilación total del país” así como “ataques terroristas”.
Según denuncian diversas organizaciones, tras el golpe de Estado las fuerzas de seguridad actuaron de forma excesiva y letal y soldados masacraron a manifestantes en ciudades y pueblos de todo el país. Las fuerzas de seguridad han matado a casi 1.500 personas desde el golpe, incluidos al menos 100 niños.
Según denuncian organizaciones como Human Rights Watch, desde el golpe militar, la junta de Myanmar ha llevado a cabo una brutal “represión nacional destinada a suprimir la opinión pública generalizada a su gobierno”. En este sentido mencionan cómo las fuerzas de seguridad de la junta han llevado a cabo asesinatos masivos, tortueas, violencia sexual, arrestos arbitrariso y otros abusos contra manifestantes, periodistas, abogados, trabajadores de la salud y miembros de la oposición política que, según denuncian, equivalen a crímenes de lesa humanidad.
“¿Cuántas personas más tienen que detener, torturar y disparar el ejército de Myanmar antes de que gobiernos influyentes actúen para aislar a la junta de su flujo de dinero y armas?”, se preguntaba Brad Adams, director de HRW Asia. “El pueblo de Myanmar, que no ha renunciado a su lucha por la democracia frente a las atrocidades diarias, necesita saber que cuenta con el apoyo de la comunidad global”, dijo.
La junta ha detenido arbitrariamente a más de 11.000 activistas, políticos, periodistas y otros, según la Asociación de Asistencia de Presos Políticos, y ha desaparecido por la fuerza a cientos. Los tribunales militares han condenado a 84 personas a muerte en procedimientos sumarios que no cumplen con las normas internacionales de un juicio justo. Los detenidos a menudo se mantienen incomunicados, no pueden ponerse en contacto con familiares o asesores legales.
Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos detenidos a torturas y otros malos tratos, incluyendo palizas de rutina, quemaduras con cigarrillos encendidos, posiciones de estrés prolongadas y violencia de género. Al menos 150 personas han muerto bajo custodia, en muchos casos en centros de detención administrados por militares.
Además, la junta ha arrestado a más de 120 periodistas, unos 50 de los cuales permanecen detenidos a la espera de cargos o sentencias. Al menos 15 periodistas han sido condenados, la mayoría en virtud del artículo 505A del código penal, una nueva disposición que penaliza la publicación o circulación de comentarios que “causan miedo” o difundan “noticias falsas”.
El ejército continúa lanzando ataques selectivos e indiscriminados contra civiles, incluidos ataques aéreos y bombardeos de artillería pesada, han informado las Naciones Unidas. Los relatos de personas desplazadas y trabajadores humanitarios sugieren que la junta ha seguido utilizando la estrategia de larga data de “cuatro recortes” de los militares, en la que las fuerzas armadas mantienen el control de una zona aislando y aterrorizando a la población civil.
En algunas áreas, las Fuerzas de Defensa Popular (PDF) recientemente formadas y otros grupos armados antijunta lucharon junto a ejércitos étnicos de larga data contra las fuerzas militares de la junta. En noviembre, se informó de enfrentamientos en todos los estados y regiones del país.
El 24 de diciembre, las fuerzas de seguridad ejecutaron sumariamente al menos a 39 personas en el municipio de Hpruso, estado de Karenni (Kayah), incluidos cuatro niños y dos miembros del personal de la organización internacional de ayuda Save the Children. Muchas de las víctimas estaban atadas, amordazadas y mostraban signos de tortura, y algunas pueden haber sido quemadas vivas. “Es una de las cosas más impactantes y deprimentes que he experimentado”, dijo un médico responsable de realizar autopsias en las víctimas a HRW.
Desde el golpe, más de 400.000 personas han sido desplazadas internamente por los combates y los disturbios, principalmente en el noroeste y sureste, y se estima que 32.000 refugiados huyen a la India y Tailandia. La junta ha bloqueado deliberadamente que la ayuda humanitaria llegue a millones de personas en riesgo, en violación del derecho internacional humanitario. Las tropas han atacado a los trabajadores humanitarios, destruido suministros y bloqueado carreteras de acceso y convoyes de ayuda, aparentemente como una forma de castigo colectivo contra civiles en áreas donde se disputa el gobierno de la junta.
“El primer aniversario del golpe militar de Myanmar sirve como señal de un descenso cada vez más profundo a crímenes de lesa humanidad y catástrofe humanitaria que Estados Unidos, la UE y otros deben abordar”, dijo el director de HRW Asia.
Qué dice la ONU
Según la ONU, el número de personas que necesitan asistencia en el país ha aumentado de 1 millón antes del golpe a 14,4 millones, incluidos más de 5 millones de niños. Se estima que alrededor de 25 millones de personas, o la mitad de la población, viven por debajo del umbral nacional de pobreza.
En un comunicado emitido este domingo por su portavoz, el Secretario General de la ONU expuso las múltiples crisis a las que se ha enfrentado el país y que han provocado un incremento de la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el aumento de la pobreza y la indiferencia del régimen militar ante el empeoramiento de las condiciones humanitarias.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recordó el pasado viernes que unas 12.000 personas todavía siguen detenidas arbitrariamente por manifestar su oposición y que cerca de 9000 todavía permanecen bajo custodia. Al menos 290 fallecieron en prisión, muchas de ellas probablemente torturadas.
Michelle Bachelet también habló sobre el aumento de los enfrentamientos armados en todo el país, al tiempo que creció la persecución contra las minorías étnicas y religiosas, entre ellas la rohingya.
Bachelet afirmó que ha llegado el momento de lograr un “renovado y urgente esfuerzo” para restablecer los derechos humanos y la democracia, y garantizar que los autores de “violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, rindan cuentas”.
Qué dice la Unión Europea
Desde la Unión Europea aseguran estar “profundamente preocupados” por la continua escalada de violencia y por la evolución hacia un conflicto prolongado con consecuencias para región.
“Desde el golpe de Estado militar, la situación ha ido deteriorándose de forma continua y grave. Una gran parte de la población se encuentra actualmente en una situación muy precaria, caracterizada por la pobreza, la escasez de alimentos, los desplazamientos y la violencia”, se afirma en un comunicado de prensa del Alto Representante en nombre de la UE.
Aportan además, cifras que coinciden con las de las organizaciones de derechos humanos y denuncian que más de 1 500 personas han sido asesinadas, más de 8 600 están detenidas y 80 han sido condenadas a muerte. Además, el golpe de Estado ha provocado, según las cifras de la UE con más de 400 000 nuevos desplazados, una cifra que hay que sumar al casi millón de refugiados de Birmania en los países vecinos.
La Unión Europea condena con la máxima firmeza las graves violaciones de los derechos humanos que siguen produciéndose, como la tortura, la violencia sexual y de género, la persecución constante de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y los ataques a la población civil, en particular a las minorías étnicas y religiosas, por parte de las fuerzas armadas de Birmania.
En vista de la escalada de violencia en el país también informaron de que aumentaban las medidas internacionales en consonancia con el embargo de armas que la UE ya aplica a Myanmar. Desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, la UE ha impuesto sanciones específicas al ejército de Myanmar, a sus dirigentes y entidades.
Si la situación del país no progresa rápidamente, la UE ha asegurado estar dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas contra los responsables de socavar la democracia y de cometer violaciones graves de derechos humanos en Myanmar.
