Este artículo analiza las causas que han llevado a esta situación de inestabilidad de la nación insular situada a la costa sureste del continente africano.
Las manifestaciones iniciadas hace semanas por jóvenes del movimiento Gen Z Madagascar contra la corrupción, la falta de oportunidades, servicios básicos y el deterioro institucional han desembocado en una ruptura del Cuerpo de Protección y Apoyo a las Instituciones del Estado (Capsat) (una unidad de élite de las fuerzas armadas) con el Gobierno del presidente Andry Rajoelina, y estos han declarado que asumen funciones de seguridad ante la «incapacidad del Estado».
Legado colonial francés
El análisis de la crisis malgache no puede separarse del legado histórico del dominio francés. Tras las guerras franco-hova (1883–1896), Madagascar se convirtió en colonia francesa, adoptando un sistema administrativo, jurídico y educativo alineado con el modelo de la metrópoli. La resistencia a la colonización culminó en el levantamiento de 1947, en el que los malgaches exigieron mayor autonomía dentro de la Unión Francesa, presentaron un proyecto en la Asamblea Nacional en París demandando independencia para la isla, proyecto que fue rechazado.
En consecuencia, el 29 de marzo de 1947, se produjo una insurrección nacionalista que fue brutalmente reprimida por las fuerzas coloniales francesas, dejando un saldo de más de 100.000 muertos para una población local de 4.000.000 en la época. Ese episodio dejó una profunda huella en la memoria colectiva y consolidó la percepción de Francia como potencia opresora.
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La independencia de 1960 no implicó una ruptura completa. Francia mantuvo vínculos económicos y militares a través un modelo de dependencia poscolonial, denominado Françafrique, que garantiza su influencia en sectores estratégicos, particularmente en el comercio y la defensa.
Todo lo anterior, unido a una falta de asunción real de los crímenes coloniales cometidos (en 2023, el presidente francés Emmanuel Macron reconoció «responsabilidades históricas» de Francia en la violencia colonial de 1947, pero evitó ofrecer disculpas formales) y la persistencia de temas no resueltos, como la soberanía sobre las islas Dispersas (territorios dispersos en el canal de Mozambique), han mantenido viva la tensión diplomática entre París y Antananarivo.
Pobreza estructural y fragilidad estatal
Según el Banco Mundial, más del 75% de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza, con un ingreso per cápita inferior a 500 dólares americanos anuales. La infraestructura básica presenta déficits crónicos: menos del 40% de la población tiene acceso constante a electricidad y menos del 60 % dispone de agua potable segura, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los cortes prolongados en 2025, provocados por la falta de inversión en redes hidroeléctricas y un sistema de distribución obsoleto, fueron el detonante inmediato del estallido social.
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La corrupción y la debilidad institucional han agravado esta situación. Transparencia Internacional ubica a Madagascar en el puesto 140 de 180 países en su índice de percepción de corrupción. Los escándalos de malversación de fondos públicos y los contratos opacos con empresas mineras extranjeras de la élite han minado la confianza ciudadana. En este contexto, las protestas de jóvenes urbanos reflejaron no solo una crisis de servicios, sino una erosión de la legitimidad política. Estas movilizaciones evocan a otras de la Generación Z que se han dado recientemente en países como Marruecos, Kenia o Nepal.
En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas en Madagascar, que dejaron más de una veintena de muertos y más de un centenar de heridos, según reportes de medios internacionales. La represión ha deteriorado aún más la confianza pública y ha reforzado la narrativa de que las instituciones civiles son incapaces de garantizar la justicia y la transparencia.
Geopolítica del Índico: Madagascar entre potencias
Madagascar ocupa una posición estratégica en el canal de Mozambique, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y punto de interés para el control energético y pesquero regional. En este espacio convergen los intereses de Francia, India, China y Estados Unidos, cada uno con agendas diferenciadas.
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Geopolíticamente, Francia sigue considerando al Índico como una zona de interés estratégico, debido a su presencia militar, ejercicios conjuntos y vínculos diplomáticos con estados insulares como Mayotte y La Reunión, que forman parte de su proyección regional. Por su parte, India ha incrementado su cooperación naval con Madagascar desde 2018 y China ha consolidado sus inversiones en infraestructura y minería, dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Sin embargo, la narrativa malgache ha ido virando hacia una demanda de soberanía y reparación histórica que condiciona cualquier apoyo exterior. La percepción local de involucramiento extranjero (incluso si es económico o diplomático) puede ser interpretada como neocolonial.
Continuidad de una historia de golpes militares
La intervención de Capsat en 2025 tiene precedentes directos. En 2009, la misma unidad respaldó el ascenso de Andry Rajoelina al poder tras un conflicto con el entonces presidente Marc Ravalomanana. Esa crisis derivó en sanciones internacionales y un aislamiento prolongado. Desde entonces, el ejército ha mantenido un papel ambiguo como garante del orden y, simultáneamente, árbitro político en momentos de crisis.
Analistas regionales advierten de que la falta de liderazgo civil alternativo podría facilitar una transición militar prolongada. Este patrón refleja una constante en la historia política del país desde la independencia, Madagascar ha experimentado episodios de inestabilidad y golpes de Estado, lo que ha debilitado la evolución política del país.
La crisis malgache muestra la acumulación de una sensación de abandono y la vigencia de narrativas que conectan problemas actuales con heridas históricas. La recomposición del poder en Antananarivo podría traducirse en reorientaciones de alianzas, en renegociación de contratos estratégicos (energía, minería, pesca) y en aperturas a socios externos que ofrezcan ayuda rápida.
