El pasado martes el Consejo de Seguridad de la ONU debatió sobre el impacto de la guerra en las áreas urbanas y posibles medidas para reducir su «horrible» impacto.

La guerra urbana continuará devastando, matando y mutilando a civiles en todo el mundo a menos que los Estados adopten herramientas efectivas para revertir la tendencia actual de impunidad y todas las partes cumplan con el derecho internacional humanitario, sentenciaron los informantes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante un debate abierto sobre la guerra en las ciudades y la protección de los civiles.

Este debate fue convocado a petición de Noruega, país que esta misma semana acogió las conversaciones entre representantes de los talibanes y la comunidad internacional sobre cómo aliviar la crisis humanitaria en el país.

Según el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, la rendición de cuentas por las violaciones graves es esencial en un momento en que 50 millones de personas se enfrentan actualmente a las terribles consecuencias de la guerra urbana.

Así, también aseguró que cuando se utilizan armas explosivas en las ciudades el 90% de los afectados son civiles y pidió a los Estados Miembros que demuestren «voluntad política de investigar y enjuiciar los presuntos crímenes de guerra».

En este sentido, Guterres expuso cómo el conflicto en las zonas urbanas va mucho más allá de su impacto inmediato en los civiles y que los peligros y hostilidades son distintos a los que ocurren fuera de las áreas urbanas.

Entre los casos que expuso se encontraban el aumento del número de civiles afectados superior; el daño a las infraestructuras de agua, electricidad y saneamiento; el impacto en los servicios de atención médica; la migración de miles de civiles que se ven obligados a abandonar sus hogares; la interrupción de la educación escolar y cómo provoca una mayor probabilidad de matrimonio precoz y reclutamiento en grupos armados; o las toneladas de escombros generados que afectan tanto al medio ambiente como a la salud de las personas.

En relación a los efectos indirectos de los daños en escuelas que van desde la interrupción de la educación hasta una mayor probabilidad de matrimonio precoz y reclutamiento en grupos armados, aseguró que un estudio de 2020 en Yemen mostró que el uso de armas explosivas pesadas en áreas pobladas interrumpió todos los recursos y sistemas del país. Desde Afganistán hasta Libia, Siria, Yemen y más allá, el riesgo de daños a los civiles aumenta cuando los combatientes se mueven entre ellos y ponen instalaciones y equipos militares cerca de la infraestructura civil.

También mencionó cómo decenas de escuelas e instalaciones de atención médica sufrieron daños durante los combates en Gaza del año pasado. En ellos casi 800.000 personas se quedaron sin acceso a agua corriente, lo que aumentó el riesgo de enfermedades y obstaculizó aún más la atención médica. En Afganistán, un ataque explosivo frente a una escuela secundaria de Kabul en mayo pasado mató a 90 estudiantes, principalmente niñas, y dejó otras 240 personas heridas.

Además, como se ha mencionado también anteriormente, la guerra urbana obliga a millones de personas a abandonar sus hogares contribuyendo a un número récord de refugiados y desplazados internos. Por ejemplo, cuatro años después de la destrucción del 80% de las viviendas en Mosul, Iraq, se estima que 300.000 personas siguen desplazadas.

Medidas para prevenir su «horrible» impacto

«El aterrador coste humano de hacer la guerra en las ciudades no es inevitable, es una elección», sentenció el Secretario General de la ONU. En este sentido, esbozó también algunas medidas que podrían prevenir y mitigar su «horrible» impacto.

Entre ellas se encuentran la necesidad de que todas las partes respeten plenamente el derecho internacional humanitario; que las partes del conflicto adapten sus tácticas y elección de armas; la protección efectiva de los civiles; y el uso de influencia sobre socios y aliados.

Que todas las partes respeten plenamente el derecho internacional humanitario. Según aseguró, en los últimos años se ha visto una creciente preocupación por el cumplimiento de estas leyes. Los ataques contra civiles o la infraestructura civil, así como los ataques indiscriminados y el uso de civiles como escudo humano siguen ocurriendo a pesar de estar prohibidos. «El respeto de estas reglas es aún más crítico cuando se libra un conflicto armado en las zonas urbanas», dijo.

Las partes del conflicto tienen opciones y deben adaptar armas y tácticas. Es necesario reconocer que no se puede luchar en áreas pobladas como en campos de batalla abiertos. En este sentido indicó que es necesario adaptar la elección de armas y tácticas cuando la guerra ocurre en las ciudades y subrayó la necesidad de que las partes beligerantes evitaran el uso de armas explosivas con efectos de área extendida en áreas pobladas. Así, instó a los Estados a seguir buenas prácticas para reducir el impacto humanitario de dichas armas.

La protección efectiva de los civiles en la guerra urbana requiere buenas políticas y prácticas adicionales que vayan más allá de los compromisos. Guterres aseguró que las partes del conflicto deben rastrear y aprender de las acusaciones de daños a civiles y hogares, mercados e infraestructura civiles, a fin de medir el impacto de sus operaciones y encontrar formas de minimizar el daño.

Además, también se debería realizar un enfoque más «responsable» sobre la venta de armas. Y expuso como ejemplos el registro de las víctimas para ayudar a aclarar el destino de las personas desaparecidas, informar de las formas para minimizar el daño civil y ayudar a garantizar la rendición de cuentas, la recuperación y la reconciliación. 

«Los involucrados en conflictos deben asegurarse de que sus fuerzas armadas estén entrenadas para seguir estas y otras buenas políticas y prácticas. Y todos los Estados deben desarrollar marcos políticos nacionales para la protección de los civiles que se basen en estas políticas y prácticas», dijo.

Para terminar, también habló del uso de la influencia sobre los socios y aliados para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y la adopción de buenas prácticas. Añadió también cómo el Consejo de Seguridad tiene un papel vital que desempeñar en este sentido. «Cuento con que con que todos los miembros del Consejo reconozcan los desafíos de la guerra urbana, pidan medidas de protección específicas y utilicen todas las herramientas a su disposición para poner fin a los daños trágicos y prevenibles a los civiles», declaró. «Y, por supuesto, la mejor solución sería no tener guerra urbana», concluyó.

Otras declaraciones sobre el impacto de los conflictos en áreas urbanas

En su intervención Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), señaló el creciente número de muertes y destrucción entre los habitantes de las ciudades en situaciones de conflicto.

Al pedir acción en varias áreas, dijo que todas las partes en conflicto deben trabajar para cumplir con las medidas de protección civil existentes y el derecho internacional, y los Estados deben adoptar restricciones a las exportaciones de armas explosivas con condiciones para prohibir su uso en áreas pobladas.

Operando en las primeras líneas de la guerra urbana y abordando el impacto generalizado, el CICR insta a los Estados a tomar todas las medidas para preservar y proteger a los civiles, dijo, anunciando el lanzamiento de un nuevo informe sobre el uso de artefactos explosivos en áreas pobladas, incluidas sus devastadoras consecuencias junto con medidas prácticas para evitarlos.

Así, Radhya al-Mutawakel, Presidenta y cofundadora de la Organización de Derechos Humanos de Mwatana, también dijo que «si hubiera habido una verdadera rendición de cuentas desde el comienzo de la guerra, Yemen no se habría convertido en la peor crisis humanitaria que es hoy en día». Citando ataques documentados recientes, entre ellos siete ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dijo que los civiles en Yemen han sido víctimas de armas explosivas utilizadas en áreas pobladas.

Desde 2014, 800 ataques aéreos, 700 asaltos terrestres, 300 explosiones de minas, detonaciones causadas por objetos explosivos y el uso de drones y misiles balísticos han matado a 3.000 civiles e herido a otros 4.000, y muchos ataques no tienen objetivo militar. Estos ataques se lanzaron porque las partes en el conflicto confiaban en la impunidad, dijo, pidiendo al Consejo que presionara a las partes beligerantes para que dejaran de usar armas explosivas en áreas pobladas.

Además, la rendición de cuentas por los crímenes internacionales debe fortalecerse, dijo, y agregó que: «No es suficiente nombrar y avergonzar a las partes beligerantes; este Consejo debería por fin remitir la situación de Yemen a la Corte Penal Internacional».

Durante el debate más de 50 ministros, observadores y representantes, algunos de Estados o regiones afectados por conflictos, compartieron sus perspectivas e ideas sobre cómo reducir el daño a los civiles en situaciones de guerra urbana. Varios destacaron las acciones recientes del Consejo, incluida la resolución 2573 (2021) sobre ataques a infraestructura crítica, y el último informe del Secretario General (documento S/2021/423) como guía para una acción efectiva.

El representante de Yemen, observando con sorpresa que el ponente yemení no mencionó las violaciones cometidas por los hutíes contra civiles en su país, se hizo eco de un hilo conductor escuchado a lo largo del debate de un día: que el Consejo de Seguridad tiene un papel que desempeñar en la adopción de medidas para abordar la grave necesidad de proteger a los civiles en situaciones de conflicto.

Si quieres ver todas las declaraciones puedes hacerlo aquí.