La creciente tensión entre Washington y Caracas reaviva el fantasma de una intervención militar. Operativos navales, amenazas cruzadas y propaganda interna elevan la incertidumbre. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Roberto Mansilla Blanco, analiza si se prepara el terreno para una invasión o si todo responde a una disuasión estratégica.
La puesta en marcha de un operativo antinarcóticos en el Mar Caribe, anunciado por el gobierno de Donald Trump, levantó especulaciones y rumores. Muchos analistas consideran posible que esta acción se convierta en una operación de mayor calado geopolítico. Incluso se ha planteado que podría estar dirigida a derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro mediante enfrentamiento directo, invasión militar o acciones sediciosas dentro de Venezuela.
Sin ofrecer mayores detalles y con escaso eco mediático en EEUU, Trump anunció el 2 de septiembre un ataque a un buque venezolano supuestamente cargado de drogas. El operativo, realizado en aguas caribeñas, dejó un saldo de 11 personas muertas. Este hecho agrava la tensión existente desde hace semanas entre Washington y Caracas. Además, eleva la incertidumbre y alimenta las especulaciones sobre los escenarios por venir.
Desde Caracas, Maduro denunció una operación de «falsa bandera» en la que presuntamente se habría utilizado Inteligencia Artificial, arrojando dudas sobre la veracidad del ataque.
La «Operación Antinarcóticos Reforzada»
A comienzos de agosto, Trump autorizó al Pentágono la realización de ejercicios navales militares en el Caribe, en lo que oficialmente fue definido como «Operación Antinarcóticos Reforzada».
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El mandatario estadounidense apuntó contra carteles de la droga, mencionando expresamente las presuntas conexiones entre el mexicano Cartel de Sinaloa y el venezolano Cartel de los Soles, así como contra dos grupos criminales de carácter transnacional: el salvadoreño Mara Salvatrucha (M13) y el venezolano Tren de Aragua.
Con anterioridad a esta operación, los Departamentos de Justicia y de Estado de los EEUU habían ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la captura de Maduro. Lo acusaban de presuntamente liderar organizaciones «terroristas y de narcotráfico» como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. También lo vinculaban con el Cartel de Sinaloa.
Este despliegue militar estadounidense en aguas del Mar Caribe, muy próximas a Venezuela, incluiría buques de guerra y anfibios, así como unos 4.500 efectivos de la Guardia Costera estadounidense y agentes policiales encargados de realizar detenciones en operaciones antidrogas.
Fuentes en Washington aseguran que entre los efectivos hay más de 2.000 marines, un contingente poco frecuente para operaciones antidrogas. No obstante, y a tenor por las informaciones que circulan en los medios, no existe uniformidad en cuanto a la dimensión del despliegue militar estadounidense.
Algunas fuentes señalan que los buques de guerra son los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, que incluyen misiles guiados Arleigh Burke con sistemas de combate Aegis y más de 90 misiles tierra-aire. También se habría unido desde Panamá el buque lanzamisiles USS Lake Erie, que transporta dos helicópteros SH-60 Sea Hawk, diseñados para la guerra antisubmarina y antiaérea, así como un sistema para el lanzamiento de misiles Tomahawk y SM-2. Entre otras informaciones no exactamente confirmadas, se especula con la presencia de aviones espía P-8 y de un submarino nuclear.
Otras informaciones amplían el dispositivo militar de esta operación. Consideran la presencia de la 4ta Flota de EEUU en el Caribe Sur y Oriental, con 8 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de vigilancia Boeing P-8A Poseidón, además de otros activos de la Fuerza Aérea y la Guardia Costera.
Entre las unidades de superficie más destacadas se encuentran un crucero de la clase Ticonderoga, el USS Lake Erie (CG-70); el buque de asalto anfibio de la clase Wasp, USS Iwo Jima (LHD-7); los transportes de asalto anfibio USS San Antonio (LPD-17) y USS Fort Lauderdale (LPD-28), ambos de la clase San Antonio. También se incluyen los destructores clase Arleigh Burke USS Sampson (DDG-102), USS Gravely (DDG-107) y USS Jason Dunham (DDG-109), así como el submarino USS Newport News (SSN-750), de la clase Los Ángeles.
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Vista la magnitud del despliegue y la discreción en cuanto a su dimensión, no se percibe a priori que la operación tenga la capacidad suficiente para llevar una invasión militar a Venezuela. Este escenario implicaría una mayor logística, particularmente en lo relativo al desembarco de tropas de combate.
Por otro lado, las declaraciones desde Washington manifiestan cierto tono de ambigüedad en lo concerniente a los objetivos concretos de la operación y si la misma reviste algún tipo de posibilidad de intervención directa contra Maduro o simplemente se limita a un ejercicio de vigilancia y de disuasión.
La respuesta de Maduro
Un enfoque diferente parece tener el presidente venezolano. Blandiendo la «amenaza a la soberanía venezolana», Maduro ha respondido desafiante a EEUU, dando curso a su tradicional puesta en escena propagandística. Esta posición alienta aún más los rumores sobre qué es lo que hay detrás de esta operación naval militar estadounidense.
Maduro activó un operativo preventivo de seguridad y defensa, llamando a filas a 4,5 millones de efectivos de la Milicia Bolivariana (MB). Muchos de ellos son personas de avanzada edad, con escasa o nula preparación militar, tal y como se ha podido observar por canales oficiales venezolanos.
Caracas también anunció el envío de 15.000 efectivos militares a la frontera con Colombia. El presidente venezolano no ha desestimado los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis. Ha instado al secretario general de la ONU, António Guterres, a interceder ante Trump para frenar las «acciones hostiles» contra Venezuela.
Poco antes del anuncio de Trump de haber destruido un buque venezolano, Maduro denunció que ocho barcos militares desplegados por EEUU con 1.200 misiles y un submarino nuclear «apuntan» a Venezuela, comparando la tensión actual con la crisis de los misiles de Cuba acaecida en 1962. Toda vez advirtió a Trump con la «lucha popular armada», el presidente venezolano lanzó también un mensaje conciliador.
En medio de la escalada de tensiones, la Armada venezolana activó ejercicios navales bajo el nombre «Bicentenario de la Espada del Perú».
Este ejercicio incluye la participación de patrulleros oceánicos de vigilancia clase Guaiquerí (tipo Avante 2200) y buques de desembarco clase Capana (tipo Alligator). También intervienen transportes multipropósito clase Los Frailes (tipo Damen Stan Lander 5612), buques de vigilancia del litoral clase Guaicamacuto (tipo Avante 1400) y patrulleras guardacostas del Comando de Guardacostas.
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Como reacción al ataque contra la embarcación venezolana en el Caribe, la FANB aceleró la operación antinarcóticos «Fuerza Cangrejo 2025» en las costas occidentales venezolanas.
Más allá de las tensiones con Trump, Maduro parece enfocarse igualmente en la política interna. La movilización de milicianos y el control interno del estamento militar podrían interpretar una maniobra de «purga disuasiva» dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destinada a abortar cualquier intento sedicioso ante la jugosa recompensa de Washington por su captura.
Probablemente persuadido ante la proximidad de la crisis con EEUU, los tradicionales ascensos militares decretados en julio pasado han reforzado el poder del «madurismo» en el seno de la FANB.
Manejando la siempre efectiva clave del discurso nacionalista, Maduro pretende fortalecer una estrategia de legitimación presidencial en aras de preservar la «unidad nacional» ante la amenaza externa. Esta estrategia también busca sostener un nivel de disuasión hacia los sectores opositores, algunos de ellos con contactos en Washington, particularmente ante cualquier tentativa sediciosa.
En este apartado la crisis entre EEUU y Venezuela también acentúa las divisiones en el seno de la oposición venezolana. El ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky (rival electoral de Maduro en las elecciones de 2013) rechazó las maniobras navales estadounidenses e incluso ha llegado a cuestionar la existencia del Cartel de los Soles.
Por su parte, María Corina Machado, en paradero desconocido, y el candidato electoral Edmundo González Urrutia han sido los más activos respecto a los movimientos navales estadounidenses. González Urrutia, reconocido por algunos países como el presidente legítimo de Venezuela, se encuentra exiliado en Madrid. Ambos han difundido mensajes sobre posibles escenarios de invasión, deposición del régimen de Maduro y transición de poder.
Antecedentes de invasiones: Panamá (1989) y Haití (1994 y 2004)
Han sido prolíficas en los medios de comunicación las comparaciones de la crisis actual con acciones de invasión militar llevadas a cabo en el pasado por parte de EEUU.
Destacan principalmente la invasión a Panamá en 1989 y las de Haití en 1994 y 2004. Estas derivaron respectivamente en el derrocamiento de los regímenes de Manuel Antonio Noriega en Panamá (posteriormente extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico) y de Raoul Cédras y Jean-Bertrand Aristide en el caso haitiano.
Washington utilizó 26.000 efectivos militares para la invasión a Panamá de 1989, contando con el apoyo de la fuerza aérea. En el caso haitiano, los efectivos utilizados fueron 20.000 en la invasión de 1994 y aproximadamente unos 10.000 en la de 2004. En este último caso, Washington contó con el apoyo de países como Canadá, Francia y Chile para instaurar en la isla antillana la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
El caso venezolano es diferente, principalmente por la operatividad en el terreno. Venezuela no es un istmo como el panameño ni una isla como Haití, sino que forma parte de la masa continental. Esto implica una logística mucho mayor en caso de necesidad de desembarco de tropas, más allá de la asistencia militar naval y aérea, o posibles bombardeos quirúrgicos contra instalaciones militares venezolanas desde portaaviones y bases estadounidenses.
De acuerdo con fuentes de analistas de inteligencia de la CIA, se necesitarían entre 4 y 5 divisiones de soldados de infantería, aproximadamente unos 150.000 efectivos, además del apoyo de las fuerzas aérea y naval, para llevar a cabo una invasión de ese calibre. Por otro lado, Washington necesitaría contar con aliados internos poderosos en Venezuela, especialmente con influencia dentro del estamento militar, así como movilizaciones populares contra Maduro (como sucedió con Noriega en 1989) que sirvan de ayuda para acometer una eventual invasión militar.
Siguiendo con las comparaciones históricas, debe destacarse el bajo perfil nominativo, incluso de naturaleza rutinaria, otorgado a esta operación antinarcóticos. Esto contrasta con las intervenciones realizadas por EEUU en Panamá y Haití, concebidas como mecanismos para llevar a cabo un cambio de régimen. En Panamá fue denominada «Operación Causa Justa». En las de Haití, fueron «Operación para el Mantenimiento de la Democracia» en 1994 y, posteriormente, la mucho más explícita «Intervención Militar en Haití 2004».
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Por tanto, el operativo antinarcóticos de EEUU en el Caribe presagia más bien la puesta en marcha de ejercicios navales enfocados en recabar información sobre las actividades delictivas en esa zona. También busca detener in situ cualquier incidencia de tráfico de drogas hacia EEUU, incluso utilizando la fuerza militar.
Alianzas exteriores ante la crisis
La crisis en el Caribe entre EEUU y Venezuela ha provocado reacciones a nivel internacional que pulsan los equilibrios geopolíticos de las alianzas existentes en torno a ambos gobiernos.
Dos casos concretos entran inmediatamente en la escena: Colombia y Guyana, ambos países fronterizos con Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro acordó la creación de una fuerza binacional con Venezuela condenando las presiones estadounidenses contra Maduro.
Bogotá observa con preocupación los ejercicios navales estadounidenses, argumentando que la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo» también funciona como un instrumento de presión contra Petro, aliado de Maduro. No se debe olvidar que Colombia es, junto con Bolivia y Perú, uno de los principales productores de drogas a nivel hemisférico.
Un enfoque similar de rechazo a estos ejercicios navales en el Caribe han manifestado otros gobiernos de izquierda como el de Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México.
Por otro lado, Guyana, con recientes tensiones militares con Venezuela por la soberanía del territorio Esequibo, ha denunciado que la mayor parte de la droga que se consume en este país viene desde Venezuela y se traslada hacia Europa y África Occidental. Georgetown ha manifestado su apoyo a la operación antinarcóticos estadounidense.
Maduro cuenta con importantes apoyos en Rusia, China e Irán, también con intereses geopolíticos y geoeconómicos en Venezuela. No obstante, resulta una incógnita cuál será su capacidad operativa para asistir a Maduro en caso de una invasión estadounidense más allá de las consecuentes protestas diplomáticas y su rechazo a la resolución de conflictos por la fuerza.
Mientras se desarrolla la crisis en el Caribe, la ciudad china de Tianjin acogió este 1 de septiembre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), donde China y Rusia reforzaron su alianza estratégica con un impacto cada vez más global. Previo a esta cumbre, Beijing y Moscú defendieron el respeto a la soberanía nacional venezolana ante la operación naval antinarcóticos estadounidense.
El fastuoso desfile militar en Beijing, realizado este 2 de septiembre en conmemoración de la victoria en la II Guerra Mundial, contó con la presencia de los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin; y de Corea del Norte, Kim Jong-un. Los tres son aliados de Maduro. El acto confirmó la convicción de estas potencias por reforzar sus lazos militares, un mensaje claramente dirigido a Washington ante los frentes abiertos en Ucrania, Oriente Medio y ahora Venezuela.
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Aunque se conoce la presencia del Grupo Wagner en Venezuela, así como de presuntos milicianos del Hizbulá libanés y la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, persisten dudas sobre su capacidad operativa. La defensa coordinada con la FANB y otros organismos como la Milicia Bolivariana no parece ser tan contundente para repeler una tentativa de invasión exterior. Esto es especialmente evidente al considerar la disparidad de fuerzas respecto a EEUU y la enorme distancia geográfica que dificulta asistir rápidamente a Venezuela.
Por otro lado, la crisis de Oriente Medio (en particular el enfrentamiento entre Israel e Irán) también condiciona la operatividad en Venezuela de estos grupos armados libaneses e iraníes. Mientras se desarrolla la crisis en el Caribe, y a pesar de las recientes sanciones occidentales, Teherán está reactivando canales diplomáticos con EEUU y la UE. Su objetivo es retomar las negociaciones sobre su programa nuclear y crear un clima de distensión.
En Europa, Francia envió al Caribe efectivos antinarcóticos coincidiendo con el operativo de Trump; un perfil marcadamente favorable a la óptica estadounidense.
La «disuasión intimidatoria» de Trump
El ataque a un buque venezolano este 2 de septiembre confirma que Trump habría pasado de la simple retórica a una acción más punitiva.
Pero el mensaje de Trump parece imprimir un clima de presión coercitiva hacia el régimen de Maduro, ante las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas hacia EEUU. El contexto es clave, en un momento en que las deportaciones de inmigrantes ilegales por parte de Trump han alcanzado a miles de venezolanos residentes en EEUU.
No obstante, observando el despliegue militar estadounidense en el Caribe, el contexto actual no define con claridad la posibilidad de una invasión o intervención directa en Venezuela para derrocar al gobierno de Maduro. Tras el fiasco de la «presidencia interina» de Juan Guaidó durante su primer mandato (2019-2020), Trump es consciente de que no tiene un interlocutor claro dentro de la dividida oposición venezolana. Ninguna figura cuenta hoy con la capacidad suficiente para desafiar efectivamente el poder de Maduro.
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Es por ello que se intuye más bien que Washington activa esta puesta en escena para ejercer presión intimidatoria y disuasiva hacia Maduro, muy probablemente con la finalidad de obtener concesiones económicas, migratorias y geopolíticas. Ha preferido apostar por una iniciativa unilateral, sin intermediarios dentro de la oposición venezolana y sus cada vez más menguantes apoyos exteriores.
Como un émulo de su «guerra arancelaria» aplicada contra diversos países, la apuesta de Trump parece más bien orientada al carácter disuasivo e intimidatorio hacia Maduro, muy probablemente buscando un cambio radical en las relaciones bilaterales más favorable a los intereses de Washington en un momento en que Maduro ansía consolidar su legitimidad presidencial ante el gobierno estadounidense.
Una operación militar en Venezuela requiere del apoyo del Senado y del Congreso estadounidenses, donde Trump cuenta con mayoría. En lo que respecta a la política hemisférica, y en especial en el enfoque hacia Venezuela y Cuba, ejerce una importante influencia la visión del secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano. No obstante, dentro del establishment político en Washington no parece existir un consenso claro sobre cómo afrontar la crisis con Maduro.
Las opciones que se barajan son disímiles y carecen de una estrategia integral clara. Se plantea desde una posible invasión militar hasta acciones más punitivas orientadas a un cambio de régimen. También se mencionan tácticas de disuasión intimidatoria con ultimátum de incierta validez, e incluso salidas golpistas que no descartan el asesinato del presidente venezolano.
Sin una estrategia integral convincente, Trump parece más bien interesado en fragmentar sus opciones, siempre con un tono intimidatorio. Su objetivo sería asegurar con Maduro ciertos canales de negociación que le permitan obtener determinadas ganancias.
Destacan aquí prioridades como:
- Aceptación de Maduro de la expatriación de venezolanos en situación irregular en EEUU;
- Concesiones para el retorno de operaciones en Venezuela de las multinacionales estadounidenses como Chevron para posicionarse con fuerza en el apetecido mercado energético venezolano, donde aliados de Maduro como Rusia, China, Irán, Turquía e India, entre otros, cuentan con mayores ventajas;
- Una hoja de ruta electoral y política orientada a una transición de poder ordenada y no violenta en Caracas, tomando en cuenta las dudas sobre la transparencia electoral de las elecciones presidenciales de julio de 2024 que le dieron a Maduro una polémica nueva presidencia;
- En caso efectivo de materializarse estas prioridades, compromiso de revisión de las sanciones de EEUU contra altos cargos del gobierno de Maduro.
Trump es consciente de que, a nivel regional, Maduro ha perdido peso protagónico, incluso fragmentando sus apoyos dentro del espacio de las izquierdas. El avance electoral de la derecha en Ecuador, Bolivia, EEUU y Argentina, a la espera de las elecciones presidenciales chilenas, condiciona esos apoyos exteriores a Maduro. No obstante, éste aún cuenta con el respaldo de aliados como Cuba y Nicaragua y el tácito apoyo por parte de gobiernos de izquierdas en países con peso político como México, Brasil y Colombia
Con todo, en términos migratorios y de extensión regional de redes delictivas (Tren de Aragua; Cartel de los Soles), la acción militar estadounidense en el Caribe refuerza la percepción de que la crisis venezolana es el principal motivo de preocupación para la seguridad hemisférica.
Este enfoque acrecienta la incertidumbre sobre cuál es el objetivo real detrás de la “Operación Antinarcóticos Reforzada” impulsada por Trump.
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