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La metamorfosis de la política energética europea: de la dependencia del gas ruso a la autonomía estratégica

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La política energética de la Unión Europea ha experimentado una transformación profunda entre 2008 y 2024. De depender del gas ruso, pasó a buscar una autonomía estratégica. Este proceso revela tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos y decisiones clave para el futuro energético del continente. En este artículo, Álvaro Caverni, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute analiza esta evolución en profundidad.

La política energética de la Unión Europea ha experimentado una profunda y acelerada reorientación desde 2020. Aunque la UE ya estaba inmersa en una ambiciosa Transición Verde (con objetivos de reducción de GEI del 20% para 2020 y del 40% para 2030), la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación expusieron vulnerabilidades críticas.

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Tras la escasez de materiales en la pospandemia, sobrevino una crisis de seguridad sin precedentes en la Unión Europea: la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

La política energética en la transición europea hacia las energías verdes

La respuesta de la Unión Europea (UE) a la crisis económica de 2008 consolidó su política energética en torno a un reto estratégico triple: garantizar la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de suministro. Este enfoque se materializó en una ambiciosa agenda climática.

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En 2007, la Comisión Europea presentó la Primera Revisión Estratégica de la Energía. Este documento sirvió de base para el paquete legislativo Energía y Clima (2008), que definió los célebres objetivos 20/20/20 para 2020: una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990; un 20% de penetración de energías renovables; y un 20% de mejora en la eficiencia energética.

Estos compromisos sentaron las bases para el liderazgo global de la UE en la lucha contra el cambio climático, una línea de acción que se profundizó con la posterior Estrategia Marco para una Unión de la Energía, designada como una de las diez prioridades de la Comisión Juncker.

Esta estrategia no solo buscaba la transición hacia un sistema limpio y equitativo para los consumidores. También aspiraba a lograr el liderazgo mundial en energías renovables. La consolidación de esta visión condujo más tarde a compromisos aún más ambiciosos, como los objetivos 40/27/27 para 2030: una reducción del 40% de CO₂, un 27% de renovables y un 27% de eficiencia. Estos objetivos, aprobados en 2014, buscaban dar continuidad a la línea de actuación de 2020.

En medio de esta transición, la dependencia de la UE respecto a actores externos fue en aumento. Por un lado, necesita las materias que suministra China, país que ya lidera en la fabricación de componentes esenciales para las energías renovables. Por otro lado, depende de Rusia, que ofrecía gas barato y cercano para cubrir las necesidades de las industrias europeas.

El precio de la dependencia energética: la política energética europea en crisis

La profunda vulnerabilidad de la UE ante el gas ruso no fue solo un fenómeno de mercado. Fue el resultado de una estrategia deliberada de infiltración y lobby por parte de Moscú, con la connivencia de las instituciones de la UE y países como Alemania. Estos, o bien no supieron prever el resultado de estas políticas, o bien decidieron ignorar los riesgos.

Rusia buscó activamente obstaculizar las alternativas energéticas no rusas, como el fracking y la energía nuclear. Su objetivo era garantizar que sus gasoductos siguieran siendo la opción predominante. Como ejemplos de estas tácticas se encuentran asuntos tan diversos como el apoyo a grupos ecologistas como herramienta de presión, o las maniobras de lobby en Bruselas a favor de etiquetar el gas como energía verde.

  • Financiación Contra el Fracking: Rusia inyectó más de 82 millones de euros en ONG y grupos ecologistas en Europa para financiar campañas contra el fracking. El objetivo de estas campañas era «blindar sus exportaciones de gas natural al continente», impidiendo que Europa explorara otras opciones bien explotando sus propios recursos o bien importando GNL de EE.UU. (donde si se aplica la técnica del fracking), eliminando así competidores directos del gas ruso por gasoducto.
  • Ataque Regulatorio a la Nuclear y el Gas: Empresas estatales rusas estrechamente ligadas al Kremlin, como Gazprom o Lukoil ejercieron un intenso lobby en Bruselas. El objetivo era influir en la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la Taxonomía de la UE (la etiqueta verde para inversiones sostenibles).
  • De prosperar esta maniobra (negociada en Nochevieja de 2021), el gas ruso habría recibido miles de millones de euros en financiación sostenible. Esto habría afianzado la dependencia de la UE del gas y el uranio rusos.

El Caso del Excanciller Gerhard Schröder como ejemplo de las tácticas del Kremlin 

Entre las diversas cartas del Kremlin en esta partida, se encuentra el uso de los propios políticos europeos para la satisfacción de sus intereses. El ejemplo más notorio es el del ex canciller germano Gerhard Schröder. Semanas antes de dejar su puesto como Canciller de Alemania en 2005, Schröder firmó el controvertido acuerdo del gasoducto Nord Stream con Rusia que aumentaba la dependencia de una de las industrias europeas más fuertes (Alemania) con respecto de un actor que iría haciendo cada vez más patentes sus ansias revisionistas (Rusia).

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Sobre el papel resultaba un acuerdo en el que todos ganaban, los alemanes obtenían gas barato que disparaba su productividad, y los rusos obtenían una gran fuente de ingresos además de influencia en futuras negociaciones. Además para la UE en su conjunto parecía buena idea reforzar los lazos con el vecino del este, siguiendo la teoría de las relaciones internacionales que enuncia que cuanto mayor es la vinculación entre dos actores, más difícil será que se produzcan conflictos entre ellos. 

Esta maniobra se tornó en polémica cuando, de manera inmediata al cese en el cargo en noviembre de 2005, Schröder se convirtió en presidente del consejo de Nord Stream AG, una compañía controlada por el estado ruso y subsidiaria de Gazprom.

Esta transición directa generó fuertes denuncias de corrupción y amiguismo en Alemania. Este caso ilustra cómo la influencia rusa trascendió la mera economía para corromper decisiones estratégicas nacionales, asegurando una infraestructura (Nord Stream) que daría a Rusia un enorme poder geopolítico sobre Alemania y la UE.

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La jugada por parte de Rusia era maestra, satisfacía sus intereses, y además producía un descrédito en el sistema democrático alemán, al arrastrar a un ex canciller a la sospecha sobre su corrupción.  

El nuevo enfoque de la UE: reorientación, diversificación y contradicciones

Tras la construcción del gasoducto Nordstream II, y cuando estaban ultimándose los detalles para su apertura, se produjo la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Putin.

El timing parece ser de todo menos casual, el Kremlin parecía haber calculado que la enorme dependencia alemana disuadiría a la UE de tomar medidas contrarios a los intereses del Kremlin. La Comisión Europea lanzó la estrategia REPowerEU en marzo de 2022, con el objetivo explícito de eliminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos.   

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Las acciones clave bajo REPowerEU incluyeron:

Ahorro y Eficiencia: Los Estados miembros llegaron a un consenso para la reducción voluntaria del uso de gas del 15%. La UE logró superar la meta inicial al reducir su uso de gas en un 19% entre agosto de 2022 y enero de 2023.   

Diversificación Masiva: La dependencia del gas ruso se desplomó del 43% de las importaciones totales de la UE en 2021 al 15% en 2023. Nuevos socios clave sustituyeron a Rusia: Noruega se convirtió en el principal proveedor de gas por gasoducto con un 43,5% del gas gaseoso importado, y Estados Unidos se consolidó como el proveedor dominante de GNL, suministrando el 46% de todo el gas licuado importado.

El dilema del prisionero en la transición a la autonomía energética

La transición energética europea revela en el plano internacional un claro dilema del prisionero. Mientras la Unión Europea actúa como líder normativo en materia climática, adoptando políticas ambiciosas de reducción de emisiones y transformación industrial, otras potencias (Estados Unidos o China) implementan estrategias más graduales o selectivas, priorizando la competitividad y la seguridad energética sobre los compromisos ambientales.

En este marco, la UE desempeña el papel del jugador cooperativo que asume los costes económicos y tecnológicos de la transición verde, incluso a riesgo de erosionar su competitividad a corto plazo, mientras sus competidores obtienen ventajas relativas al mantener marcos regulatorios menos exigentes.

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Esta dinámica se ve agravada por una asimetría estructural en las cadenas globales de suministro verde. China domina la producción y exportación de la mayoría de los componentes esenciales para la transición (paneles solares, baterías de litio, turbinas eólicas y tierras raras) controlando gran parte de la cadena de suministros global en ciertos eslabones críticos.

Así, la estrategia europea de descarbonización, diseñada para reducir la dependencia del gas ruso, corre el riesgo de generar una dependencia verde respecto a China, reproduciendo en el ámbito tecnológico y de materiales la misma vulnerabilidad geopolítica que busca corregir.

La superación de este dilema exige una coordinación global efectiva y una política industrial europea autónoma, capaz de equilibrar la ambición climática con la resiliencia estratégica.

Ello implica fomentar la producción local de tecnologías limpias, diversificar el acceso a minerales críticos y reforzar los instrumentos de defensa comercial y tecnológica de la UE frente a prácticas de dumping o control de exportaciones. Solo así la transición ecológica podrá consolidarse como un vector de soberanía y no como una nueva forma de dependencia.

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Burkina Faso en transformación: geopolítica, soberanía y  poder bajo Ibrahim Traoré 

Burkina Faso vive una etapa de cambios profundos bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré. Enfrenta amenazas internas como el avance yihadista y redefine sus alianzas internacionales. En este artículo, Eduardo Vieitez, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza este complejo escenario de transformación.

En el centro del Sahel, Burkina Faso atraviesa una etapa de profundas mutaciones políticas,  sociales y geoestratégicas. Desde que el capitán Ibrahim Traoré asumió el poder en  septiembre de 2022 tras un golpe de Estado, el país vive un proceso de redefinición nacional centrado en la recuperación de la soberanía, la reducción de la dependencia externa y la  reconstrucción de la identidad estatal.

Bajo su liderazgo, Ouagadougou se propone romper  con los esquemas poscoloniales que marcaron su historia reciente y reposicionarse como  actor central en el Sahel. 

El desafío de Traoré se despliega en dos frentes. En el interior, el avance del yihadismo amenaza la cohesión del Estado. Hacia el exterior, el país reconfigura sus alianzas tradicionales.

Se aleja de Francia y teje vínculos con potencias emergentes como Rusia y China. En paralelo, impulsa una transformación económica basada en la industrialización local, la modernización agrícola y la autonomía energética. Estos pilares buscan cimentar una soberanía efectiva más allá del discurso político.

Del Alto Volta colonial al Burkina Faso contemporáneo 

El territorio que hoy forma Burkina Faso (el antiguo Alto Volta) tiene una larga tradición  de resistencia. Antes de la colonización francesa, fue cuna de los poderosos reinos mossi, estructuras políticas centralizadas que dominaron gran parte del África occidental interior.

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La  llegada del imperio francés a finales del siglo XIX transformó radicalmente esa realidad: en 1919, Francia formalizó la creación del Alto Volta dentro de su federación colonial de África Occidental Francesa (AOF), imponiendo nuevas fronteras y un modelo económico  subordinado al algodón y a la exportación agrícola. 

Durante la era colonial, miles de burkineses fueron sometidos a trabajos forzados y enviados  a otras colonias, lo que fracturó el tejido social tradicional. En 1932, por razones  administrativas, el territorio fue disuelto e incorporado a sus vecinos (Costa de Marfil,  Níger y Sudán Francés), hasta ser restaurado en 1947 tras intensas presiones locales. 

La independencia llegó el 5 de agosto de 1960, bajo Maurice Yaméogo, cuyo régimen autoritario inauguró una larga secuencia de golpes de Estado y crisis políticas.

Pero sería Thomas Sankara, en 1983, quien marcaría el momento más transformador de la historia burkinesa moderna. Renombró el país como Burkina Faso («la tierra de los hombres íntegros») e impulsó una agenda radical de autosuficiencia, educación, igualdad de género y ruptura con el neocolonialismo.

Su asesinato en 1987, a manos de su aliado Blaise Compaoré, truncó ese proyecto. Dio paso a 27 años de estabilidad autoritaria y apertura económica subordinada a Occidente.

Tras la caída de Compaoré en 2014, el país entró en una espiral de inestabilidad institucional y expansión del terrorismo islámico. Ocho años más tarde, la llegada al poder de Ibrahim  Traoré reactivó el legado soberanista sankarista, esta vez desde un enfoque militar y  geopolítico más pragmático. 

La guerra contra el yihadismo: conflicto interno y dimensión regional 

Desde mediados de la década de 2010, Burkina Faso se ha convertido en uno de los  epicentros de la violencia yihadista del Sahel. Dos grupos principales —Jama’at Nusrat al Islām wal-Muslimīn (JNIM), vinculado a Al Qaeda, y el Estado Islámico en el Gran Sáhara  (ISGS)— controlan vastas zonas del norte y del este. La caída del régimen libio en 2011 y el colapso del Estado maliense facilitaron el flujo de armas y combatientes hacia el territorio  burkinés, extendiendo una guerra que ya desborda las fronteras nacionales.

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La insurgencia ha generado un panorama devastador: más del 60 % de las muertes por  terrorismo del Sahel se registran hoy en Burkina Faso, y cerca de dos millones de personas  han sido desplazadas. Los grupos armados imponen su propia justicia, cobran impuestos y  bloquean rutas comerciales.

En respuesta, Traoré declaró la «movilización general» y  multiplicó el reclutamiento de las milicias civiles VDP (Voluntarios para la Defensa de la  Patria), una red paramilitar que opera junto al ejército regular. 

Pero el conflicto se ha ensombrecido por denuncias de abusos contra civiles. En marzo de  2025, más de 130 personas (en su mayoría peul) murieron en una masacre atribuida a las  fuerzas progubernamentales en la región de Boucle du Mouhoun. Casos como este  evidencian que la guerra contra el terrorismo se entrelaza con tensiones étnicas, disputas  locales y una lógica de militarización que redefine el poder en el interior del país. 

El Estado controla apenas el 40 % del territorio, mientras el resto permanece bajo influencia  de insurgentes o grupos comunitarios armados. En ese contexto, la estrategia militar de Traoré es tanto una campaña de seguridad nacional como un proyecto político de legitimidad interna, donde la defensa del territorio se convierte en sinónimo de soberanía. 

Burkina Faso: estrategia militar y discurso de soberanía

Desde su llegada al poder, Traoré ha buscado proyectar la imagen de un líder nacionalista decidido a liberar al país de toda tutela extranjera. Su política de seguridad combina ofensivas  militares con una narrativa patriótica de resistencia y autosuficiencia. Ha creado los  Batallones de Intervención Rápida (BIR), unidades de élite dependientes directamente de la  presidencia, con apoyo técnico de asesores rusos y entrenamiento especializado. 

El discurso oficial define la lucha contra el terrorismo como una «guerra de liberación  nacional», y la participación civil como deber patriótico. Este enfoque de «seguridad total» se  convierte también en herramienta de cohesión política: bajo la bandera de la defensa  nacional, Traoré ha logrado consolidar apoyo popular y controlar el relato público frente a la comunidad internacional.

A la par, el gobierno utiliza la militarización como motor de transformación del Estado. Amplía la presencia del aparato público en zonas rurales y canaliza recursos hacia infraestructura y educación. Además, refuerza la idea de que la soberanía territorial y la independencia económica son dos caras de la misma batalla.

Transformación económica y social: del oro al desarrollo productivo

En el plano económico, Burkina Faso vive una reorientación estructural. El país intenta  reducir su dependencia de la exportación de oro y algodón, pilares de un modelo vulnerable a  las fluctuaciones internacionales, apostando por la industrialización local y la modernización  agrícola. Entre 2022 y 2024, el PIB nacional pasó de 18,8 mil millones USD a 22,1 mil  millones USD, impulsado por la minería, la construcción y la agricultura. 

Minería y recursos estratégicos 

El oro, principal fuente de divisas, ha sido objeto de una reforma profunda. El Estado  nacionalizó varias minas industriales y fundó la Société Nationale des Mines du Burkina,  además de inaugurar su primera refinería nacional con capacidad para procesar 150 toneladas  anuales.

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Parte de esos ingresos se canaliza ahora hacia salud, educación e infraestructura, lo  que refuerza el control soberano sobre los recursos. 

Agricultura e industria local 

El gobierno distribuyó más de 2.000 tractores y 8.500 motobombas, impulsando la  mecanización agrícola. La producción de arroz creció un 16 % entre 2022 y 2024, mientras  que se consolidan polos agroindustriales en Bobo-Dioulasso y Koudougou.

En el ámbito  industrial, el Estado promovió la apertura de una planta de cemento con participación china y  una fábrica de harina de gran capacidad en Gampéla, además de lanzar el Plan Nacional de  Acción en Inteligencia Artificial, una apuesta inédita para el país. 

Infraestructura, energía y tecnología 

Entre 2023 y 2025 se construyeron más de 400 km de carreteras rurales y se electrificaron  120 comunidades con energía solar, elevando la tasa de acceso eléctrico del 18 % al 23 %. 

También se instalaron 1.100 pozos hidráulicos y 250 bombas solares. En el plano digital, el gobierno desplegó 3.000 km de fibra óptica y creó 16 hubs tecnológicos bajo la marca Made  in Burkina, reflejando una visión de autonomía tecnológica y de innovación nacional. 

Educación, salud y cohesión social 

La inseguridad había cerrado miles de escuelas. Con el programa «École Résiliente», el  gobierno reabrió más de 1.600 centros educativos y lanzó aulas móviles para zonas de  conflicto. En salud, se construyeron 32 centros médicos y tres hospitales regionales, además  de un sistema de drones sanitarios para entregar medicamentos en regiones aisladas. El gasto en salud aumentó del 8,7 % al 11,3 % del PIB, mientras la cobertura de vacunación infantil  alcanzó el 80 % en 2025. 

Estas políticas sociales y de infraestructura son parte del proyecto de legitimación interna del  régimen. Traoré combina discurso soberanista con medidas de redistribución, aumento  salarial para funcionarios y reducción de sueldos de altos cargos, buscando un equilibrio entre  autoridad militar y justicia social. 

Nueva política exterior: ruptura y realineamientos en el Sahel 

Si algo define al gobierno de Ibrahim Traoré es su revolución diplomática. Desde 2023, Burkina Faso ha roto con su histórico aliado, Francia, y se ha sumado a una red de alianzas  soberanistas junto con Malí y Níger.

Fin de la era francesa 

La expulsión de las tropas francesas de la base de Kamboinsin, en 2023, simbolizó el fin de  décadas de tutela militar. Con ello, Ouagadougou selló su independencia estratégica y envió un mensaje claro: el país busca defender sus intereses sin la mediación de las potencias  occidentales.

La decisión se enmarca en un sentimiento antiimperialista que recorre todo el Sahel. 

La Alianza de Estados del Sahel (AES) 

Ese mismo año, Burkina Faso, Malí y Níger crearon la Alianza de Estados del Sahel (AES),  un bloque de defensa mutua y cooperación económica. La AES pretende sustituir los  mecanismos tradicionales de la CEDEAO, considerada por los tres gobiernos como  instrumento de influencia externa.

El nuevo eje promueve proyectos comunes en energía, minería, transporte y seguridad fronteriza, consolidando una integración regional soberana  que busca resistir presiones internacionales. 

Nuevos socios: Rusia y China 

En paralelo, el país fortaleció sus vínculos con Rusia, con acuerdos de cooperación militar y técnica. Instructores rusos entrenan unidades burkinesas y empresas rusas participan en el  sector minero y energético. Este acercamiento marca un giro geopolítico decisivo hacia el  bloque euroasiático. 

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Asimismo, China ha emergido como socio clave en proyectos de infraestructura,  telecomunicaciones y energía solar. Con apoyo chino se construyeron plantas industriales y  sistemas de fibra óptica. Estas alianzas simbolizan la estrategia de diversificación diplomática  que Traoré impulsa: una búsqueda de independencia frente a Occidente y de inserción en un  orden multipolar.

Ruptura con la CEDEAO 

Las tensiones con la CEDEAO alcanzaron su punto máximo en 2025, cuando Burkina Faso,  Malí y Níger anunciaron su retiro del bloque. Argumentaron que la organización se había convertido en brazo político de intereses externos.

Este distanciamiento confirma la voluntad  de Traoré de construir una arquitectura regional alternativa, centrada en la autosuficiencia y  la cooperación Sur-Sur. 

Controversias y desafíos del nuevo rumbo 

El proyecto de Traoré no está exento de críticas. La militarización del poder, la ausencia de  calendario electoral y las denuncias de violaciones de derechos humanos han despertado  preocupación dentro y fuera del país.

En julio de 2025, la disolución de la Comisión Electoral Independiente y la transferencia de sus funciones al Ministerio del Interior fueron  interpretadas como señales de una transición indefinida que podría prolongarse hasta 2029. 

Casos de represión y censura también han sido reportados por organizaciones internacionales, al igual que restricciones a libertades civiles. Además, la aprobación en septiembre de 2025 de una ley que criminaliza la homosexualidad (con penas de hasta cinco años de prisión) ha generado fuertes críticas en el exterior, aunque dentro del país se presenta como parte de la  defensa de los «valores tradicionales» frente a la influencia occidental. 

Estas tensiones reflejan una contradicción central: la búsqueda de soberanía nacional avanza al mismo tiempo que se estrechan los márgenes democráticos. Para Traoré, la estabilidad y la  independencia justifican un Estado fuerte; para sus detractores, el riesgo es un autoritarismo  revestido de discurso revolucionario. 

Burkina Faso y la nueva geopolítica del Sahel 

El experimento burkinés sintetiza los dilemas de todo el Sahel: cómo construir soberanía real en un entorno de inseguridad, pobreza y dependencia. La estrategia de Traoré combina  nacionalismo, militarismo y desarrollo estatal, intentando convertir la crisis en oportunidad. 

Sin embargo, el futuro del país sigue abierto. El conflicto armado continúa activo en varias  regiones; la economía, aunque en expansión, sigue vulnerable a los precios del oro; y la  dependencia de socios como Rusia o China podría generar nuevas formas de subordinación.  En el terreno político, la falta de un horizonte electoral claro amenaza con consolidar una «transición permanente» bajo control militar. 

Aun así, el caso de Burkina Faso representa un laboratorio geopolítico donde se ensaya un modelo alternativo de gobernanza africana: soberanía por la fuerza, desarrollo bajo control  estatal y cooperación fuera del eje occidental. 

El tiempo dirá si esta apuesta logra consolidar un Estado estable y autosuficiente o si, como  en otras etapas de su historia, el país volverá a enfrentarse a los límites de su propio idealismo  político.

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¿Qué fue la Conferencia de Berlín?

El presente artículo explica la Conferencia de Berlín, el evento que formalizó la ocupación efectiva europea del territorio africano y su posterior reparto entre las potencias europeas de la época y consolidó las bases del colonialismo.

Los orígenes o antecedentes de esta conferencia se remontan a las expediciones del siglo XIX al interior del continente africano llevadas a cabo por exploradores europeos como David Livingstone o Henry Morton Stanley. Dichas expediciones favorecieron la propagación  de información sobre la vasta geografía física del continente y sus recursos naturales que permanecían sin explotar por la población local. Esto despertó la codicia y ambición desmedida de los países europeos, muchos de ellos ya industrializados y con una superioridad tecnológica frente a las entidades políticas africanas. 

El contexto geopolítico del siglo XIX estuvo marcado por la competencia imperialista entre potencias europeas. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal y España buscaban asegurar colonias que garantizaran recursos, rutas comerciales y prestigio internacional. África fue concebida como un “territorio vacío”, un espacio que debía ser administrado, dividido y explotado.

La metáfora del “vacío geográfico” ocultaba la violencia de la expropiación. En este sentido, la insistencia de Portugal por controlar el Estuario del Congo, entraba directamente en conflicto con las pretensiones de Bélgica (representada por la figura del rey Leopoldo II)  sobre esta zona de África Central. Bajo este pretexto, las potencias europeas se reunieron para tratar sus reivindicaciones africanas. 

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El 15 de noviembre de 1884, dió comienzo la Conferencia de Berlín, convocada por Otto von Bismarck, canciller y primer ministro alemán. En total asistieron representantes de 14 países: Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Imperio Otomano, Portugal, Rusia, Suecia-Noruega y Estados Unidos. La conferencia fue presentada al mundo como un ejercicio de orden y civilización, pero en realidad, fue el acta fundacional del despojo sistemático que transformó a África en un laboratorio del capitalismo moderno.

Durante semanas estas potencias ignoraron por completo todas las composiciones étnicas, lingüísticas y culturales previamente existentes en África. Los diplomáticos europeos asistentes a las negociaciones sentaron las bases de un marco común para la ocupación efectiva europea del territorio africano, que concluyó con la colonización de África. 

La conferencia se celebró del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885. El acuerdo oficial firmado al término, conocido como Acta General de la Conferencia de Berlín contenía seis declaraciones: 

  1. Declaraba neutral la cuenca del río Congo.
  2. Libertad de comercio y navegación para todos los estados de la cuenca.
  3. Prohibía la trata de esclavos.
  4. Establecía la libre navegación del río Congo.
  5. Establecía la libre navegación del río Níger. 
  6. Marco para el reconocimiento de cualquier nueva ocupación de territorio costero africano por parte de las potencias europeas.

Este período sombrío de la historia tuvo efectos devastadores en las sociedades africanas, incluyendo la explotación, trabajo forzado y la alteración de los sistemas tradicionales. 

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Las huellas del reparto: Colonialidad y Geopolítica contemporánea

141 años después de la Conferencia de Berlín, África sigue marcada por las fronteras y repartición del continente —la mayoría de las fronteras de África no se formaron inicialmente hasta después de la Conferencia de Berlín de 1884-85 y la mayoría no tomó su forma final hasta más de dos décadas después—  que se trazaron en ese momento y en los años posteriores.

Este evento fue el catalizador que dio paso a zonas geográficas ubicadas arbitrariamente, la mayoría de las cuales eran líneas rectas y descuidaban las características locales, los grupos étnicos y los estados históricos, que se dividieron a través de un proceso aleatorio. 

Actualmente, conflictos como los que suceden en Sudán, República Democrática del Congo, Nigeria, o el Sahel no pueden terminar de entenderse sin atender a las configuraciones artificiales que dividieron pueblos y territorios. La persistencia del legado berlinés va más allá del mapa político: se expresa en la estructura económica y epistemológica del sistema mundial.

El modelo extractivista implantado en el siglo XIX continúa vigente. Los recursos africanos siguen siendo vitales para el funcionamiento de las economías del Norte global. Las grandes corporaciones transnacionales y las potencias occidentales, ahora acompañadas por nuevos actores en el escenario global geopolítico como China o Turquía, compiten por el control de estos recursos estratégicos. La retórica ha cambiado: ya no se habla de “civilización”, sino de “desarrollo” y “cooperación”. Pero  el principio sigue siendo el mismo: África como espacio de extracción y dependencia.

En términos geopolíticos, la presencia extranjera en el continente demuestra que las relaciones con África se han transformado con nuevas alianzas y enemistades, pero la lógica del control permanece intacta. 

Asimismo, la colonialidad del conocimiento continúa operando. Un ejemplo de ello es que las lenguas coloniales siguen siendo las lenguas oficiales de la mayoría de los Estados africanos; las universidades privilegian teorías y metodologías eurocéntricas; los medios internacionales construyen narrativas que presentan a África como espacio de conflicto o carencia.

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Horizontes de descolonización

Indudablemente África es sujeto de resistencias. Desde las independencias de mediados del siglo XX hasta los actuales movimientos políticos, sociales y culturales, se ha ido gestando una respuesta a la colonialidad global. El panafricanismo de referentes como Nkrumah o Sankara propuso la unidad continental como estrategia de emancipación frente a las potencias externas. 

En el terreno cultural, artistas, escritores y pensadores africanos han impulsado procesos de reescritura de la historia y revalorización de los saberes locales. Iniciativas regionales, como la Unión Africana, también representan en teoría un  intento de superar el legado berlinés mediante la integración política y económica, aunque limitadas por las presiones externas y las asimetrías internas. Estas experiencias señalan un horizonte: reconstruir África desde dentro, en sus propios términos.

Desde una perspectiva geopolítica implica reconocer que las dinámicas de poder (desequilibrado) entre el Norte y el Sur no han terminado, sino que se han transformado en discursos de desarrollo, cooperación y seguridad. Al mismo tiempo, implica reconocer las fisuras por donde emergen las resistencias africanas, las teorías del conocimiento del Sur y los proyectos políticos que desafían el orden heredado. En este sentido es necesario, devolver a África su capacidad de narrarse a sí misma y de redefinir sus imaginarios. 

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¿Qué es un gestor de contraseñas y por qué deberías tener uno?

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Aprende qué es un gestor de contraseñas, cómo funciona y por qué es una herramienta clave para proteger la seguridad digital.

En un mundo donde cada aplicación, red social o servicio exige una clave distinta, recordar todas las contraseñas se ha convertido en un desafío cotidiano. Muchos usuarios optan por reutilizar contraseñas o anotarlas en lugares poco seguros, sin ser conscientes del riesgo que corren. Frente a este problema, ha surgido una solución práctica que cada vez más personas adoptan: el gestor de contraseñas.

¿Qué es un gestor de contraseñas?

Un gestor de contraseñas es una aplicación o servicio que guarda y organiza de forma segura todas tus contraseñas en un solo lugar. En lugar de recordar decenas de claves, solo necesitas memorizar una contraseña maestra que te da acceso al resto.

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Estos programas cifran la información para que nadie pueda acceder a tus datos sin autorización. Algunos incluso generan contraseñas seguras y únicas, ayudándote a mantener cada cuenta protegida sin complicaciones. Los gestores de contraseñas se integran fácilmente con navegadores y dispositivos móviles, ofreciendo comodidad y seguridad en un solo paso.

¿Por qué es importante el gestor de contraseñas?

En la era digital actual, la seguridad de la información es esencial. Cada año se producen millones de ataques informáticos por robo de credenciales. Utilizar un gestor de contraseñas reduce significativamente esa exposición porque evita prácticas inseguras como reutilizar contraseñas o compartirlas por correo electrónico.

Además, te permite ahorrar tiempo. En lugar de escribir o restablecer contraseñas una y otra vez, el sistema las completa automáticamente en tus formularios. Esto no solo mejora la experiencia de usuario, sino que también disminuye el riesgo de caer en estafas de tipo phishing.

Beneficios del gestor de contraseñas

Usar un gestor de contraseñas no solo aporta seguridad, sino también orden y tranquilidad. Permite mantener tus claves actualizadas, crear contraseñas complejas sin esfuerzo y acceder a ellas desde cualquier dispositivo con sincronización segura en la nube.

AspectoSin gestor de contraseñasCon gestor de contraseñas
Almacenamiento de contraseñasNotas, papeles o memoria personalCifrado en una base de datos segura
Riesgo de olvido o pérdidaAltoMuy bajo
Generación de contraseñas segurasManual, limitadaAutomática y aleatoria
Ingreso a sitios webManual, lentoAutomático, rápido
Seguridad frente a ataquesVulnerableAlta protección y alerta ante brechas
Sincronización entre dispositivosNo disponibleDisponible en todos los dispositivos

¿Qué gestor de contraseñas elegir?

Existen muchas opciones en el mercado, tanto gratuitas como de pago. La elección depende de tus necesidades, del número de dispositivos que uses y del nivel de protección que quieras alcanzar.

Algunos gestores conocidos son Proton Pass, Bitwarden, 1Password, LastPass, Dashlane y KeePass. Todos cumplen con las funciones básicas, pero difieren en diseño, soporte multiplataforma y características adicionales. Por ejemplo, algunos ofrecen almacenamiento seguro de notas, autenticación biométrica o auditorías de contraseñas débiles.

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Antes de decidir, asegúrate de verificar que el servicio emplee cifrado de extremo a extremo, que tenga buena reputación y que ofrezca opciones de recuperación en caso de olvidar tu contraseña maestra.

Cómo funciona en la práctica

El uso de un gestor de contraseñas es más simple de lo que parece. Una vez instalado, el sistema te pedirá crear una contraseña maestra. Luego, podrás añadir las credenciales de tus cuentas o dejar que la aplicación las guarde automáticamente al iniciar sesión en los sitios web.

A partir de ese momento, el gestor completará los formularios de manera automática y te sugerirá contraseñas nuevas cuando crees cuentas. Todo se guarda cifrado, y solo tú puedes acceder con tu clave maestra.

Consejos para usarlo correctamente

  • Crea una contraseña maestra, larga y compleja, pero fácil de recordar.
  • Activa la autenticación en dos pasos si el gestor la ofrece.
  • Evita instalar aplicaciones no oficiales o versiones piratas.
  • Mantén el software siempre actualizado para recibir mejoras de seguridad.
  • No compartas tu acceso con otras personas, ni siquiera de confianza.

Aplicando estas prácticas, el gestor de contraseñas se convierte en una herramienta muy poderosa para proteger tu seguridad digital.

Gestor de contraseñas y privacidad online

El gestor de contraseñas no solo te ayuda a recordar tus claves, sino que es una pieza clave en tu estrategia de privacidad digital. Al no depender de notas o documentos, reduces el riesgo de que tus datos queden expuestos. Además, al generar contraseñas únicas para cada servicio, la posible filtración de una cuenta no compromete a las demás.

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Estas soluciones se han convertido en aliados esenciales tanto para usuarios particulares como para empresas que buscan proteger la información de sus empleados y clientes. Por ello, adoptar un gestor de contraseñas es un paso fundamental para mantener tus datos seguros y tu vida digital más ordenada. Te libera del estrés de recordar contraseñas, previene riesgos de robo de identidad y mejora tu seguridad en línea sin complicaciones. Más que una comodidad, es una inversión en seguridad.

Política de defensa y geopolítica: España frente a las tensiones atlánticas y europeas en la OTAN

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España, miembro de la OTAN, ha pasado de aliado periférico a actor clave en el flanco sur de la Alianza. Su papel geoestratégico gana peso, pero enfrenta tensiones por el gasto militar exigido por EE. UU. En este artículo, Gladys Castaño, alumni del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza cómo Madrid defiende una contribución cualitativa. El equilibrio entre compromiso atlántico y autonomía europea marcará su política de defensa.

El 30 de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número 16 de la OTAN. Este acto marcó no solo la consolidación de la transición democrática, sino también la apertura de un nuevo capítulo geoestratégico, situando al país en el epicentro del Mediterráneo occidental y del Atlántico sur. 

Aquel ingreso generó un debate político interno intenso, reflejado en el referéndum de 1986, donde un 56,85% de los votantes aprobó la permanencia con limitaciones militares. Desde entonces, España ha transitado de ser un aliado periférico a un miembro estratégico del flanco sur, desempeñando un rol operativo y logístico de gran valor para la Alianza, en paralelo a su apuesta por la autonomía europea en defensa y seguridad. 

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Sin embargo, durante el otoño de 2025, Trump sugirió que la NATO debería plantearse expulsar a España de la Alianza por no alcanzar los nuevos objetivos de gasto en defensa. España, que había decidido no comprometerse al 5% del PIB planteado por la Alianza, fue señalada como «rezagada» por el presidente estadounidense, lo cual reflejó una tensión sin precedentes entre el compromiso atlántico y las prioridades nacionales españolas.

De aliado periférico a pieza clave en la OTAN

Históricamente, España ha combinado su contribución militar con la proyección de estabilidad en su entorno geográfico inmediato. Su incorporación plena a la estructura militar de la OTAN en 1999 supuso un cambio cualitativo, que le permitió participar en diferentes misiones. Desde su primera misión en 1992, unos 125.000 militares españoles han sido desplegados en 22 operaciones en lugares como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Libia, el Golfo de Adén, el Cuerno de África, Afganistán y el Mediterráneo. 

Desde entonces, España ha transitado de ser un aliado periférico a un miembro estratégico del flanco sur, desempeñando un rol operativo y logístico de gran valor para la Alianza. Su contribución se ha consolidado especialmente a través de la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón de la Frontera, infraestructuras esenciales para las operaciones de la OTAN y de EE. UU. en el Mediterráneo, África y el Sahel.

En 2016, España asumió la función de nación marco de la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) terrestre, demostrando su capacidad operativa y disposición a liderar esfuerzos multinacionales.

Este posicionamiento permitió a Madrid equilibrar su doble rol: ser un socio fiable para EE. UU. y abogar al mismo tiempo por la autonomía estratégica europea, con especial atención al Flanco Sur (terrorismo, migración irregular e inestabilidad en el Sahel), áreas que históricamente habían recibido menor atención en la planificación atlántica.

El efecto Trump y la presión sobre el gasto en defensa

En 2024, España destinaba aproximadamente un 1,28% de su PIB a defensa, una cifra inferior al 2% acordado en la Cumbre de Gales de 2014. Desde su primera administración en 2017, Donald Trump había criticado duramente a los aliados europeos que no cumplían con ese compromiso, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de que Estados Unidos «repensara» su defensa colectiva.

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En 2025, durante su segunda presidencia, Trump reavivó la polémica proponiendo un objetivo del 5% del PIB para gasto en defensa (una medida que Madrid calificó de «irrealista y contraproducente») y llegó a sugerir la expulsión de España de la Alianza Atlántica por su bajo nivel de gasto, pese a que el Tratado del Atlántico Norte de 1949 no contempla tal posibilidad. Las amenazas incluyeron además la imposición de aranceles del 15% sobre exportaciones españolas, lo que intensificó las tensiones bilaterales.

En respuesta, el Gobierno español defendió una «fórmula flexible» basada en el cumplimiento de los Objetivos de Capacidad Militar (OCM), la interoperabilidad y la calidad de sus contribuciones en operaciones multinacionales, más que en el simple porcentaje del PIB asignado.

Esta posición reflejó una diferencia estructural: mientras EE. UU. enfatiza la cuantía del gasto, España subraya la eficacia operativa y su papel en misiones como la VJTF o la presencia avanzada en el Este europeo.

Aportes estratégicos de España a la OTAN

España ha mantenido un nivel de compromiso operativo elevado. En 2022 lideró la fase de preparación de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN en la cumbre de Madrid, reforzando su papel diplomático y político.

Entre 2022 y 2025, desplegó fuerzas en Letonia, Rumanía y Eslovaquia, participó en misiones marítimas como Sea Guardian y apoyó a Turquía con baterías Patriot.

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Más allá de la cantidad de gasto, estas contribuciones cualitativas (interoperabilidad, liderazgo en tareas multinacionales, formación y proyección de estabilidad) han sido valoradas por la OTAN como un aporte estratégico relevante, especialmente en el Flanco Sur y en zonas de conflicto secundarias pero críticas para la seguridad euroatlántica.

Conclusión: retos internos y presiones geopolíticas

El principal desafío para España radica en equilibrar su credibilidad atlántica con la realidad política interna. Incrementos abruptos en el gasto militar pueden generar tensiones con la ciudadanía y afectar la financiación de políticas sociales, un debate muy presente en la sociedad española.

Otro desafío es alinear la política nacional con los objetivos estratégicos de la OTAN en el Flanco Este, especialmente tras la guerra de Ucrania. España busca mantener su protagonismo en el Flanco Sur, donde tiene ventajas geográficas y experiencia en estabilización, pero sin descuidar compromisos con la seguridad colectiva del Atlántico norte.

Finalmente, la relación con EE. UU. presenta una doble arista: cooperación estrecha mediante bases y despliegues, y simultánea apuesta por la autonomía europea en defensa. La polarización política estadounidense introduce incertidumbre sobre la constancia de los compromisos bilaterales, incentivando a España a fortalecer sus capacidades europeas dentro de la OTAN. 

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Colombia suspende la difusión de Inteligencia con Estados Unidos

Bogotá corta tratos de Inteligencia con Estados Unidos mientras persisten los ataques a lanchas caribeñas, al denunciar que «debe subordinarse a los Derechos Humanos».

El presidente Gustavo Petro ha ordenado paralizar temporalmente las comunicaciones y otros tratos con las agencias de seguridad de Estados Unidos, alegando ataques de Washington contra embarcaciones en el Caribe. La medida «da orden a todos los niveles de la Inteligencia de la fuerza pública para suspender dichos intercambios». Petro explicó que la suspensión permanecerá mientras persistan los ataques con misiles a lanchas.

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En el mensaje, se establece que la acción se toma ante los bombardeos iniciados en septiembre por el Ejército estadounidense, los cuales, según la Casa Blanca, buscan combatir el narcotráfico. Sin embargo, Naciones Unidas y otros organismos condenan estas operaciones como ejecuciones extrajudiciales, mientras el mandatario resalta que «la lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño».

No obstante, el anuncio llega después de difundirse que Reino Unido podría haber actuado de forma similar, según han informado CNN, seguido por The Times y The Guardian. Sin embargo, un portavoz británico afirmó que, aunque Estados Unidos es «nuestro socio más cercano en materia de defensa, seguridad e inteligencia», no comentarán sobre asuntos de inteligencia.

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Por último, al responder preguntas sobre los ataques contra buques en el Caribe y el Pacífico, un portavoz británico señaló que estas «decisiones son asunto» de Estados Unidos y que «las cuestiones relativas a si algo contraviene o no el Derecho Internacional son competencia de un tribunal internacional competente, no de los gobiernos». En este contexto, Petro explica que la medida es una respuesta a la violencia y a la violación de derechos humanos, y que el objetivo está en proteger al Caribe.

Kazajistán firma un acuerdo estratégico para promover la educación con IA

El Gobierno de Kazajistán, OpenAI y Freedom Holding anuncian la implementación de ChatGPT Edu para capacitar a 165.000 docentes y fortalecer la educación digital con mayor privacidad y herramientas de IA.

El Gobierno de la República de Kazajistán, OpenAI y Freedom Holding Corp. han firmado un acuerdo estratégico para promover el acceso a ChatGPT Edu. Con ello, se busca fomentar la educación digital y la alfabetización en inteligencia artificial (IA).

Se desplegará ChatGPT Edu a escala nacional, capacitando a 165.000 docentes de primaria, secundaria, superior y universitaria para usar herramientas de IA avanzadas y mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza y el aprendizaje. De hecho, según la compañía, esta versión está diseñada con mayores controles de privacidad y protección de datos.

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Además, la versión educativa ofrece funcionalidades avanzadas, como cargas y búsquedas ilimitadas. Esto permite a los profesores analizar documentos, conjuntos de datos y materiales en línea. Del mismo modo, da acceso a los GPT, asistentes de IA personalizados configurables por asignaturas, tareas y criterios de evaluación. También se integra con sistemas de gestión del aprendizaje y herramientas institucionales y, por último, crea espacios de trabajo para organizar tareas, comentarios y calificaciones.

Asimismo, este acuerdo permitirá que todos los docentes tengan acceso a través de la plataforma BilimClass. Freedom Holding Corp. financiará la iniciativa, OpenAI proporcionará la plataforma y soporte en kazajo y ruso, y el Gobierno coordinará la implementación entre organismos y centros educativos, asegurando su integración con las estructuras nacionales y los programas de desarrollo profesional.

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Del Grupo Wagner a Africa Corps: la evolución de la presencia paramilitar rusa en el Sahel

Descubre la evolución de la presencia paramilitar rusa en el Sahel, desde el Grupo Wagner hasta el Africa Corps y su financiamiento con recursos naturales.

La presencia rusa en el Sahel ha atravesado una transformación en su estrategia paramilitar. Tradicionalmente vinculada al Grupo Wagner, una empresa militar privada que operaba con cierto grado de autonomía, la influencia rusa en la región ha pasado a gestionarse a través del Africa Corps, una estructura vinculada directamente al Ministerio de Defensa ruso. Este cambio supone una nueva fase en la proyección de poder rusa en África, con implicaciones importantes en el ámbito militar, político y económico, especialmente en el contexto del vacío dejado por la retirada occidental.

¿Qué es el Africa Corps?

El Africa Corps (también conocido como el Cuerpo Expedicionario Ruso y con nombre similar al Afrika Korps de la Alemania nazi en el norte de África) es una organización paramilitar rusa que ha surgido como sucesora y heredera de la red mercenaria del Grupo Wagner en África. A diferencia de Wagner, que funcionaba como una empresa privada con un liderazgo independiente, Africa Corps depende del Ministerio de Defensa ruso y responde directamente a la política militar estatal.

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Este cuerpo se presenta como una estructura más institucionalizada y regulada, con comandos de alto rango del ejército ruso involucrados en sus operaciones. Además, este cambio se ha acompañado de una estrategia de reclutamiento que ha absorbido mercenarios y combatientes que anteriormente operaban bajo la etiqueta de Wagner, ofreciendo una opción de integración a la nueva entidad. Así, Moscú busca consolidar y asegurar un control más directo sobre sus fuerzas paramilitares desplegadas en la región.

Transición del Grupo Wagner al Africa Corps

El Grupo Wagner fue durante años el principal instrumento ruso en la intervención paramilitar en el Sahel y otros territorios africanos. Fundado y liderado por Yevgueni Prigozhin, Wagner operó con un margen significativo de independencia, involucrándose en conflictos en países como Mali, Burkina Faso, Níger, República Centroafricana, Sudán, República Democrática del Congo o Libia. Sin embargo, tras acontecimientos que incluyeron una rebelión contra el Kremlin y la muerte de Prigozhin en circunstancias controvertidas, la operación paramilitar rusa en África requirió una reestructuración.

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Esta reestructuración dio lugar al Africa Corps, cuya principal característica es la subordinación clara y oficial al Ministerio de Defensa ruso, representando así una transición de las operaciones de carácter privado a un marco estatal. Esto implica que la estrategia y las acciones en África ya no están bajo la responsabilidad de un empresario mercenario, sino que forman parte de la política militar rusa con todos los mecanismos de coordinación y control que eso conlleva.

Operaciones del Africa Corps

Las operaciones del Africa Corps en el Sahel se orientan a fortalecer la seguridad y cooperación militar en varios países africanos aliados o cercanos a la esfera rusa, incluyendo Mali, Burkina Faso, Níger y la República Centroafricana. En comparación con las tácticas más flexibles y descentralizadas de Wagner, el Africa Corps ejecuta campañas más coordinadas y alineadas con objetivos geopolíticos del Kremlin, abarcando:

  • Apoyo directo a los ejércitos nacionales en la lucha contra insurgencias y grupos yihadistas.
  • Entrenamiento militar y asesoría a fuerzas locales para mejorar su capacidad operativa.
  • Aseguramiento de áreas estratégicas y ejes de comunicación vitales para los gobiernos locales.
  • Operaciones conjuntas que incluyen cobertura aérea y apoyo de fuego coordinado.

Estos esfuerzos se enmarcan en una doctrina militar más tradicional, con estructuras y cadenas de mando claras que buscan consolidar la influencia rusa y prevenir el avance o retorno de potencias occidentales en la región.

Financiamiento mediante recursos naturales

Una dimensión vital del Africa Corps, heredada del Grupo Wagner, es su modelo de financiación basado en la explotación de recursos naturales. La presencia rusa se ha consolidado en territorios ricos en oro, diamantes y otros recursos minerales esenciales. A cambio de su apoyo militar, los gobiernos africanos conceden concesiones y control sobre estas materias primas a entidades vinculadas a la estructura rusa.

Esta estrategia permite financiar las operaciones paramilitares y mantener la presencia rusa en la región, reproduciendo un modelo donde la seguridad y el respaldo político van atados a la extracción de riqueza natural. Esta situación ha generado tensiones en los países involucrados, incluyendo conflictos por minas artesanales, desplazamientos de comunidades y problemas relacionados con la soberanía sobre los recursos.

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El Africa Corps actúa así dentro de una lógica de influencia hegemónica, proporcionado por un Estado que utiliza su fuerza militar y económica para afianzar su influencia a nivel global, aprovechando las debilidades institucionales y los vacíos de poder en zonas estratégicas africanas.

Malí ante la yihad económica: el bloqueo del combustible como arma de poder 

El colapso institucional en Malí refleja una crisis multidimensional alimentada por la violencia yihadista, el autoritarismo militar y la descomposición estatal. La retirada internacional y la entrada de actores como el Grupo Wagner agravan la situación. Mientras tanto, y como explica el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Luis Alberto Modrego, la población queda atrapada en una espiral de violencia sin fin.

La semana pasada, el gobierno de Malí tomó una decisión que causó perplejidad y desconcierto en la comunidad internacional. Cerró todas las escuelas y universidades, al no poder hacer frente al suministro de combustible. Esta situación fue provocada por actos de bloqueo y sabotaje de la filial de Al Qaeda en Malí: el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, abreviado JNIM).

Es de lamentar que la noticia no haya recibido la atención mediática ni la trascendencia política y analítica que su magnitud requiere. Esto refleja la falta de interés internacional por comprender la profundidad y complejidad de la crisis maliense. También evidencia la desconexión entre la realidad del Sahel y su percepción desde el exterior.

Mientras el Sahel se descompone en un proceso continuo de deterioro estructural, muestra un cuadro crónico de fragilidad institucional. Las estructuras administrativas y de gobernanza son incapaces de garantizar servicios básicos, seguridad o cohesión territorial. Sin embargo, la atención internacional sigue centrada en Ucrania y Oriente Medio.

Los analistas más prestigiosos, en un ejercicio de autocrítica profesional, han reconocido una importante omisión. Pese a la abundancia de estudios, proyecciones y evaluaciones estratégicas elaboradas por organismos oficiales y laboratorios de pensamiento geoestratégico (Think tanks), pocos anticiparon un hecho clave.

Los grupos yihadistas han logrado transformar el control del comercio energético en un instrumento de guerra híbrida. Con ello, pueden inmovilizar por completo a un Estado sin recurrir a la fuerza militar directa, sin disparar un solo tiro.

Nadie supo prever la situación actual. 

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Resulta sorprendente que ningún centro de análisis estratégico ni el propio Gobierno maliense anticiparan el colapso del suministro de combustible. Esto ocurrió pese a los numerosos indicios de vulnerabilidad logística que se venían observando, y cuando las señales de bloqueo yihadista eran más que evidentes en la región de Kayes, al oeste del país.

Estos mismos organismos procederán de inmediato al estudio y análisis de la nueva estrategia: la «yihad económica» lanzada por el grupo JNIM. Desde septiembre, este grupo bloquea la entrada de carburante procedente de Senegal, Mauritania, Guinea y Costa de Marfil.

Esta crisis revela que la guerra en el Sahel ha entrado en una nueva fase. En ella, la infraestructura civil (carburante, alimentos, educación) se ha convertido en objetivo estratégico. Su impacto amenaza con extender la inestabilidad hacia las fronteras occidentales del continente.

Debemos preguntarnos por las razones del fracaso de las estrategias internacionales de estabilización. Pese a su despliegue prolongado, estas no han logrado abordar las causas estructurales de la inestabilidad. Tampoco han conseguido consolidar instituciones locales capaces de sostener la gobernanza y la seguridad.

Estas estrategias han privilegiado el control militar, el fortalecimiento del sector seguridad y su capacitación. También la gestión del riesgo, por encima del fortalecimiento del Estado, sin atender las raíces políticas, sociales y económicas del conflicto.

Hay que destacar que la cooperación internacional con un gobierno militar nacido de un golpe de Estado plantea profundas contradicciones éticas y estratégicas. Este gobierno ha consolidado su poder bajo el silencio internacional.

Resulta pertinente recordar que el gobierno maliense forzó la retirada de las misiones de la ONU y de la EUTM. Luego, sustituyó su presencia por una alianza político-militar y económica con Rusia, articulada principalmente a través del Grupo Wagner.

Esta decisión significó un profundo cambio en el equilibrio de alianzas en el Sahel. Además, desplazó la cooperación occidental y consolidó una dependencia creciente de Moscú en materia de defensa y recursos estratégicos.

No olvidemos que el gobierno maliense promovió la salida de las misiones de la ONU y la EUTM del país. Lo hizo en beneficio de la colaboración política, militar y económica con Rusia. También apoyó a la junta militar del Grupo Wagner, que brinda asistencia a las Fuerzas Armadas malienses disfrazada de asesoría en seguridad.

En 2020, un informe de la División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) denunciaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad malienses. Los señalaba como responsables de más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales, especialmente en el centro del país, epicentro de la violencia yihadista y de los enfrentamientos interétnicos.

A estas violaciones se sumaban denuncias por desapariciones forzadas, torturas, tratos inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias. Todo esto ocurría en un contexto de creciente deterioro de los derechos humanos.

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La colaboración del Grupo Wagner con las Fuerzas Armadas malienses (FAMa) ha intensificado esta dinámica de represión.

Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo yihadista, las fuerzas de seguridad del Estado han realizado operaciones indiscriminadas. Estas acciones se han dirigido contra comunidades sospechosas de colaborar con los insurgentes.

Paradójicamente, esta violencia estatal ha terminado alimentando el ciclo de radicalización. Muchas comunidades rurales, perseguidas por el ejército, han buscado refugio y protección en las filiales locales del Estado Islámico y de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

La comunidad peul, tradicionalmente dedicada al pastoreo nómada, ha sido particularmente estigmatizada por las autoridades, que la acusan de connivencia con los grupos yihadistas.

A su vez, la comunidad dogón, de tradición agrícola y sedentaria, ha respondido organizando milicias de autodefensa. Estas han sido responsables de ataques contra poblaciones peul, generando así un ciclo de venganza étnica y violencia recíproca.

Con el paso del tiempo, la milicia dogón dejó de ser un simple grupo de autodefensa. Tal como señalan especialistas en la región (entre ellos Javier Nievas), esta organización ha evolucionado hacia una estructura criminal con fines económicos. Además, ha llegado a suplantar la autoridad del Estado en zonas rurales.

La milicia impone su control sobre las poblaciones locales, incluso dentro de su misma etnia. Exige lealtad y «protección» a cambio de tributos, en un esquema que reproduce mecanismos típicos del crimen organizado.

El resultado de estas dinámicas cruzadas (represión estatal, violencia étnica, expansión yihadista y criminalización de las milicias) es una espiral de violencia incesante. Esta ha convertido al centro de Malí en uno de los escenarios más complejos y desestructurados del Sahel. Allí, las fronteras entre insurgencia, defensa y criminalidad han quedado prácticamente borradas.

En resumen, al legitimar de facto a una junta militar que ha disuelto las garantías constitucionales y prohibido la actividad de partidos políticos y de la oposición, la comunidad internacional incurre en una forma de ceguera pragmática. Esta actitud socava sus propios principios de gobernanza democrática.

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Esa complacencia ha contribuido a consolidar un modelo autoritario. Lejos de estabilizar al país, ha debilitado aún más las instituciones, restringido las libertades civiles y deteriorado la confianza social.

En última instancia, colaborar con un régimen nacido de la ruptura del orden constitucional equivale a priorizar una estabilidad superficial sobre la legitimidad política. Esto perpetúa las mismas dinámicas que alimentan la crisis maliense.


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¿Qué es el servicio militar?

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En este artículo se explica qué es el servicio militar y cómo funciona actualmente en distintos países.

Durante años, el servicio militar fue una etapa obligatoria en España. Formaba parte del calendario vital de muchos jóvenes: llegaba la carta y tocaba cumplir. Sin embargo, en 2001 se suspendió y desde entonces solo accede quien quiere.

Eso no significa que haya desaparecido del todo. En muchos países sigue vigente, y en algunos empieza incluso a fortalecerse. La guerra en Ucrania, la tensión con Rusia y la aparición de nuevos bloques geopolíticos han reactivado un discurso que, hasta hace poco, sonaba anticuado. De pronto, formar a la población para la defensa nacional ya no parece una idea del pasado, sino una posibilidad real.

Por ejemplo, Bélgica se prepara para reintroducir un modelo de mili voluntaria: a partir de 2026, el Ministerio de Defensa enviará una carta a todos los jóvenes de 17 años (hombres y mujeres) para invitarles a realizar un año de servicio con una retribución mensual de 2.000 euros. El objetivo no es solo formar soldados, sino captar talento joven para reforzar las Fuerzas Armadas.

Entonces, ¿qué es exactamente el servicio militar y qué papel juega en la actualidad?

En qué consiste el servicio militar

El servicio militar es una etapa de formación dentro de las Fuerzas Armadas. Puede ser voluntario o no, según el país. La idea principal es preparar a los ciudadanos para actuar ante amenazas o emergencias. Eso implica entrenamiento físico, manejo de armamento, aprendizaje de primeros auxilios, y formación en disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad.

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Asimismo, en muchos casos se imparten conocimientos técnicos. Hay quienes aprenden mecánica, logística, electricidad o tareas de mantenimiento. No se trata solo de estar listos para el combate, sino también de adquirir herramientas útiles fuera del entorno militar. Además, durante ese periodo, se participa en maniobras, simulacros, ejercicios de supervivencia y en algunos contextos, tareas de apoyo civil o ayuda humanitaria.

En ciertos países, el servicio militar funciona también como una puerta de entrada a una carrera profesional dentro del ejército. Otras veces es simplemente una etapa, una experiencia intensa que deja huella.

Dónde sigue siendo obligatorio el servicio militar

En Europa, el servicio militar obligatorio sigue en vigor para los hombres en países como Finlandia, Grecia, Austria, Estonia, Lituania o Chipre. En Suiza también es obligatorio, aunque con posibilidad de alternativa civil. Noruega y Suecia lo aplican de forma mixta: hombres y mujeres deben pasar por esa instrucción. Dinamarca también se ha sumado a ese modelo.

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En América Latina, Cuba lo mantiene. En otros como Brasil, Bolivia o Chile, está legislado pero no se aplica de forma estricta. En Asia, Corea del Sur lo considera esencial. Corea del Norte incluye hasta 13 años para ciertos perfiles

Por otro lado, hay países que se han mantenido firmes en el modelo voluntario. Es el caso de Japón, Estados Unidos, India, Reino Unido y, claro, España.

En este nuevo escenario, el servicio militar empieza a presentarse como una opción posible, incluso necesaria.

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