La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha alertado sobre la alarmante cifra de asesinatos del pasado enero y sobre el peligro que representa la defensa de los derechos humanos y el periodismo en América Latina.
“El asesinato de 20 personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas en apenas un mes es alarmante y muestra un escenario aterrador de lo que puede ser el año para quienes alzan la voz defendiendo derechos humanos en las Américas, si los Estados no toman acción urgente para revertir esta tendencia”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional ante la alarmante cifra de asesinatos que nos deja el primer mes de 2022.
“Debemos construir un futuro donde defender los derechos humanos en este continente no signifique arriesgar la vida. Es imperioso que los Estados tomen medidas urgentes para garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en la región, y que éstas dejen de ser actividades letales”, continuaba Guevara.
Los asesinatos han tenido lugar precisamente en los países considerados más peligrosos para la defensa de derechos humanos a lo largo de años anteriores: 13 muertos en Colombia, tres en Brasil y tres en Honduras, mientras que una defensora y cuatro personas periodistas han sido asesinadas en México, el país más letal del continente para ejercer el periodismo. De las 20 personas defensoras asesinadas, 18 se dedicaban a la defensa de derechos humanos relacionados con el acceso a la tierra y la protección de los territorios y el medio ambiente.
De acuerdo a los datos aportados por Amnistía Internacional, en Colombia las 13 personas asesinadas durante el pasado mes de enero estaban vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ha documentado trece masacres que han resultado en la muerte de 40 personas que viven en zonas rurales en Colombia.
Luz Marina Arteaga fue una de las personas asesinadas el pasado mes tras llevar desaparecida por cinco días. Luz Marina era una reconocida defensora de los derechos de comunidades campesinas en el departamento del Meta. Amnistía Internacional había visitado su casa en el municipio de Puerto Gaitán en 2019. En aquella ocasión, Luz Marina mencionó que la situación en la zona era compleja por el abandono histórico del Estado que resultó en la invasión de territorios Indígenas y campesinas por parte de grupos armados ilegales, lo que contribuía a una serie de amenazas y ataques a líderes y lideresas sociales en el Meta.
“Luz Marina contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección desde abril de 2019. Sin embargo, las medidas otorgadas, mayormente de carácter material, no mitigaban el riesgo que enfrentaba. En octubre de 2019, Luz Marina denunció a la fiscalía amenazas en su contra y en 2020, comunicó a la UNP que una de las medidas no era culturalmente adecuada a la región que ella vivía”, reporta Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha denunciado las políticas fallidas de prevención y protección que contribuyen a un ambiente inseguro para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
“Cada Estado tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro que estos actos no son tolerados”, dijo Erika Guevara Rosas.
Solo en México cuatro periodistas fueron asesinados el pasado mes. Amnistía Internacional considera que el ejercicio periodístico únicamente puede efectuarse libremente en un entorno sin amenazas, agresiones físicas, psíquicas o morales, u otros actos de intimidación y hostigamiento. La organización urge al gobierno mexicano a tomar medidas concretas, prontas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo en México, así como investigar estos asesinatos.
“Nuestra región sigue siendo la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, porque las personas defensoras y periodistas amenazan los intereses políticos y económicos de unos cuantos, mientras que los estados se mantienen indolentes y negligentes ante la violencia que enfrentan. Es momento de actuar, de lo contrario, se seguirán perdiendo vidas que son imprescindibles para construir una región igualitaria y justa, donde los derechos humanos sean una realidad”, concluyo Erika Guevara Rosas.
