Desde principios de 2025, el régimen de Maduro utiliza la detención de ciudadanos extranjeros como herramienta de negociación política. Así es el modus operandi venezolano para obtener concesiones internacionales beneficiosas a sus intereses.
El régimen de Nicolás Maduro ha transformado sus cárceles en instrumentos de política exterior, desarrollando una estrategia sistemática de detención arbitraria de ciudadanos extranjeros que utiliza como fichas de negociación frente a gobiernos adversarios. Esta práctica, conocida como «diplomacia de rehenes», ha experimentado una gran escalada en 2025, convirtiéndose en una herramienta central de presión diplomática que busca obtener beneficios económicos y políticos para el chavismo en un momento de gran aislamiento internacional tras elecciones de 2024. Según el Foro Penal hay decenas de presos políticos extranjeros en Venezuela, y el Instituto CASLA documenta que algunos de estos detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada.
De la represión interna a la herramienta diplomática
El uso sistemático de arrestos arbitrarios de extranjeros supone una evolución en las tácticas represivas del chavismo. Tradicionalmente centrado en la persecución de opositores internos, el régimen de Maduro ha ampliado su radio de acción para incluir a ciudadanos extranjeros como objetivos estratégicos. Esta transformación responde a una lógica geopolítica clara: en un escenario de sanciones internacionales y aislamiento diplomático, los detenidos extranjeros se convierten en activos valiosos para las negociaciones.
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La estrategia se enmarca en la denominada «Operación Tun Tun», una campaña de represión ideada por Diosdado Cabello en 2017 que inicialmente se dirigía contra «los violentos, los conspiradores y los fascistas» venezolanos, pero que progresivamente ha incorporado a extranjeros bajo acusaciones genéricas e infundadas de «terrorismo» o «saboteo electoral». El régimen ha perfeccionado un sistema que permite la detención sin pruebas, seguida de períodos prolongados de incomunicación y la negativa sistemática a permitir acceso consular o defensa legal.
Los turistas, cooperantes, periodistas y ciudadanos de doble nacionalidad han sido arrestados sistemáticamente bajo cargos genéricos, muchos de ellos desapareciendo en centros clandestinos durante meses sin acceso a defensa ni notificación consular. Esta práctica se ha documentado por organizaciones de derechos humanos como una violación sistemática a las garantías fundamentales y al derecho internacional.
Funcionamiento y objetivos estratégicos
Esta estrategia se lleva a cabo bajo un mecanismo operativo bastante sofisticado. Esto se debe a que los arrestos suelen realizarse bajo circunstancias opacas, con acusaciones tan infundadas que van desde la supuesta conspiración electoral hasta el terrorismo, pero que invariablemente carecen de sustento probatorio sólido. El ministro del Interior y número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, advirtió en más de una ocasión que «si vienen para acá a conspirar, los vamos a agarrar», una declaración que evidencia la intencionalidad política detrás de estas detenciones.
Los objetivos del régimen son múltiples y estratégicamente calculados. En primer lugar, busca obtener el levantamiento de las sanciones económicas (sobre todo las estadounidenses) que han debilitado en gran medida la economía venezolana. En segundo lugar, persigue el reconocimiento internacional de su legitimidad, particularmente después de los cuestionados comicios de julio de 2024. Finalmente, aspira a obtener la liberación de funcionarios chavistas detenidos en el extranjero, como ocurrió con el caso emblemático de Alex Saab.
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La efectividad de esta estrategia se ha demostrado en varios intercambios previos. En diciembre de 2023, Estados Unidos liberó al colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, a cambio de la excarcelación de diez estadounidenses y veinte presos políticos venezolanos. Este precedente ha reforzado la percepción del régimen de que la «diplomacia de rehenes» funciona y además puede generar resultados tangibles en las negociaciones internacionales.
Casos y patrones identificados
Durante el año 2025 se ha incrementado notablemente la aplicación de esta estrategia. En mayo de 2025, el régimen detuvo a un ciudadano español, un argentino y un búlgaro, acusándolos de participar en una conspiración contra las elecciones regionales y parlamentarias. Según las autoridades españolas y argentinas, estos individuos trabajaban para una compañía de seguridad informática con sede en Estados Unidos y habían viajado a Caracas para participar en un encuentro de ciberseguridad.
Sin embargo, la rapidez con que se produjeron las liberaciones del español y del argentino Pablo González Carrasco plantean que estas detenciones se concibieron desde el inicio como herramientas de presión diplomática más que como arrestos basados en evidencia criminal sólida. Asimismo, el hermetismo mantenido por las autoridades venezolanas sobre el tercer detenido, el ciudadano búlgaro, indica la naturaleza arbitraria de estos procesos.
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Los datos del Foro Penal revelan que entre julio de 2024 y enero de 2025, un gran número de extranjeros fue encarcelado en Venezuela, incluyendo varias decenas ciudadanos de la Unión Europea de países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Hungría, Portugal y Ucrania. La mayoría posee doble nacionalidad, siendo también venezolanos, lo que complica los esfuerzos diplomáticos para su liberación.
La situación de estos detenidos es particularmente grave. Alfredo Romero, director del Foro Penal, señala que «no se les ha permitido comunicarse con sus familiares ni acceder a un abogado». Además, planteó varias cuestiones sobre las condiciones de detención: «¿Quién se encarga de proporcionar comida y agua a los extranjeros encarcelados en Venezuela? ¿Quién puede confirmar su estado de salud o si reciben la medicación necesaria?», expresó.
La rentabilidad de la estrategia
Las negociaciones internacionales sucedidas han demostrado la rentabilidad percibida de esta estrategia por parte del régimen chavista. Las conversaciones en más de una ocasión entre representantes de Donald Trump y Nicolás Maduro sobre el intercambio de presos «políticos y comunes» ilustran cómo estos detenidos se han convertido en moneda de cambio en las relaciones bilaterales. Estados Unidos exige la liberación de sus ciudadanos retenidos bajo acusaciones de participar en protestas, mientras que también está dispuesto a entregar a varios narcotraficantes recluidos en El Salvador.
El caso del militar estadounidense Joseph St. Clair, liberado en mayo de 2025 tras una negociación entre el enviado especial Richard Grenell y altos funcionarios del régimen en la isla de Antigua, representa el séptimo estadounidense liberado desde enero, cuando Grenell fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores. Estas liberaciones graduales evidencian que existe una estrategia calculada de mantener la presión mientras se obtienen concesiones adicionales.
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No obstante, la administración Trump ha enviado señales contradictorias sobre su disposición a negociar. Por un lado, el asesor Mauricio Claver-Carone ha aclarado que la agenda de Trump «no incluye una negociación», pero por otro lado, las liberaciones exitosas de ciudadanos estadounidenses plantean que existe un canal de comunicación efectivo. Sin embargo, Trump ha advertido que «habrá consecuencias» si el régimen de Maduro no cumple con las exigencias estadounidenses, aunque también ha reconocido implícitamente la efectividad de estos intercambios.
La propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de intercambiar 252 venezolanos deportados por Estados Unidos por un número idéntico de presos políticos venezolanos, incluyendo familiares de líderes opositores como Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, demuestra cómo esta práctica también ha trascendido las relaciones bilaterales para convertirse en un fenómeno que afecta a toda la región.
Reacciones internacionales
La «diplomacia de rehenes» del régimen de Maduro ha generado una respuesta internacional diferente pero generalmente condenatoria. La Unión Europea ha manifestado su preocupación ante la «reciente ola de detenciones arbitrarias» y ha reiterado su compromiso con el respeto al derecho internacional.
Además, quince relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno venezolano exponiendo graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y las protestas posteriores. Los expertos evidenciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La comunicación advierte sobre «un patrón sistemático de violaciones, que socava los derechos fundamentales de la población venezolana y obstaculiza el ejercicio pleno de la democracia».
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Sin embargo, la respuesta internacional ha sido limitada en términos de acciones concretas. Cada país ha adoptado su propia respuesta, y el protocolo diplomático requiere discreción en estas situaciones para mantener canales abiertos. España ha expresado preocupación por sus 14 ciudadanos con doble nacionalidad que siguen detenidos bajo acusaciones de terrorismo, pero la efectividad de las gestiones diplomáticas ha sido limitada.
La estrategia ha tenido éxito en generar divisiones en la respuesta internacional. Mientras algunos países mantienen una postura confrontacional, otros han optado por canales de diálogo discretos que, inadvertidamente, legitiman la práctica de usar ciudadanos como moneda de cambio. Por ello, esta fragmentación de la respuesta internacional ha contribuido a la persistencia y escalada de la estrategia.
Sufrimiento humano a cambio de objetivos políticos
La «diplomacia de rehenes» implementada por el régimen de Nicolás Maduro representa una perversión del derecho internacional y una instrumentalización sistemática del sufrimiento humano para objetivos políticos. Las decenas de presos políticos que han sido detenidos en Venezuela no son simplemente víctimas de un sistema judicial arbitrario, sino peones en una estrategia geopolítica calculada que busca obtener concesiones internacionales a través de la coerción.
La escalada observada en 2025 plantea que esta práctica se ha consolidado como una herramienta central de la política exterior chavista, particularmente en un momento de mayor aislamiento internacional tras las controvertidas elecciones de 2024. La efectividad demostrada en intercambios previos, como el caso de Alex Saab, ha reforzado la percepción del régimen de que esta estrategia puede generar resultados tangibles.
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La respuesta internacional fragmentada ha contribuido inadvertidamente a la persistencia de esta práctica. Mientras la mayoría de países occidentales y rivales del chavismo condenan retóricamente estas violaciones, la falta de acciones coordinadas y contundentes ha permitido que el régimen de Maduro continue utilizando ciudadanos extranjeros como moneda de cambio diplomático. La situación requiere una respuesta internacional más robusta y coordinada que combine mayor presión diplomática, sanciones específicas y mecanismos de protección efectivos para los ciudadanos en riesgo.
La consolidación de esta estrategia plantea grandes cuestiones sobre la efectividad de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos para enfrentar regímenes que utilizan sistemáticamente la detención arbitraria como herramienta de política exterior. Sin una respuesta internacional decisiva, es probable que otros regímenes autoritarios adopten tácticas similares, erosionando aún más el orden jurídico internacional y poniendo en riesgo a ciudadanos en todo el mundo.
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