La resolución, votada el 11 de noviembre de 2024, busca proteger y promover los derechos de las comunidades originarias. Argentina defiende su postura al considerar algunos términos «ambiguos y amplios» que podrían contradecir «derechos de mujeres y niñas».
Argentina ha sido el único país que ha votado en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Asamblea General de la ONU. Esta votación fue la primera desde que Gerardo Werthein asumió el cargo de Ministro de Exteriores argentino, tras el cese repentino de Diana Mondino. La resolución, que busca ampliar el mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para los pueblos indígenas, se aprobó por 168 votos a favor y siete abstenciones (Bulgaria, Eslovenia, Francia, Lituania, Laos, Malí y Rumanía).
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La mayoría de las delegaciones destacaron el impacto desproporcionado del cambio climático en los pueblos indígenas debido a su dependencia directa de los ecosistemas. Sin embargo, Argentina se opuso a algunos términos de la resolución por considerarlos «ambiguos y amplios». El país argumentó que el proyecto no garantiza totalmente los derechos universales de los pueblos indígenas sin discriminación y que las «prácticas ancestrales» podrían contradecir «los derechos de las mujeres y las niñas, así como el derecho a la salud y al progreso científico».
Es importante mencionar que esta votación se produce en un contexto de cambio en la política exterior argentina. Recientemente, Diana Mondino fue despedida de su cargo como Ministra de Exteriores después de que Argentina votara a favor del levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba en la Asamblea General de la ONU. El gobierno argentino aclaró posteriormente que la delegación debería haber votado en contra, alineándose con Estados Unidos e Israel.
¿En qué consiste esta resolución?
La resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas votada en la Asamblea General de la ONU el 11 de noviembre de 2024 busca reforzar el compromiso internacional para proteger y promover los derechos de las comunidades originarias. Este documento, impulsado por varios países latinoamericanos y africanos, aborda áreas clave como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas indígenas. Además, destaca la importancia de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.
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La resolución también da importancia a la necesidad de que los pueblos indígenas participen plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos. En especial, aquellos relacionados con sus territorios y recursos naturales. El documento manifiesta la preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio y la violencia contra los miembros de comunidades indígenas. Además, se condenan prácticas como invasiones de tierras y desalojos forzosos. Asimismo, critica la práctica de algunos países de denegar o retrasar visados a representantes indígenas para participar en reuniones internacionales, lo que interfiere con su capacidad de representación en foros globales.
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Artículo escrito por:
Rubén Asenjo Morillas. Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.
