Estados Unidos redobla su estrategia contra el narcoterrorismo al designar al Cártel de los Soles como grupo terrorista. La medida redefine el escenario regional y genera tensiones jurídicas y diplomáticas.
La reciente decisión de Estados Unidos de designar al Cártel de los Soles (que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano) como Grupo Terrorista Extranjero (FTO) marca un punto de inflexión en la política hemisférica. En términos prácticos y conceptuales, es la formalización de un escenario que revierte drásticamente la doctrina de seguridad en la región.
De acuerdo con la postura del gobierno norteamericano, el régimen venezolano consolidó un modelo de convergencia política-criminal. Este modelo excede la lógica tradicional del narcotráfico y funciona como un entramado estatal con capacidad de proyección regional. Bajo esta premisa, la política de Washington se estructura en torno a una noción más amplia y políticamente densa. Esta noción se extiende del patrocinio estatal hacia el narcoterrorismo de Estado.
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La designación del Cártel de los Soles se convierte así en la llave del despliegue naval en el Caribe. Además, rediseña la arquitectura de seguridad del continente. Esta definición surge del análisis acumulado de agencias estadounidenses y organismos especializados. Estos documentos describen su transformación desde una red de oficiales corruptos en los años noventa hasta convertirse en una estructura integrada al aparato estatal venezolano.
Se plantea que, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, la fusión entre Estado y criminalidad se volvió orgánica. Esto ocurrió cuando recursos militares, logísticos y administrativos se pusieron al servicio de actividades ilícitas. Dichas actividades toman al narcotráfico como instrumento de agresión y como una fuente principal de lavado de activos.
De este modo, se trataría de un Estado que no solo se beneficia de las economías ilícitas, sino que también las emplea como herramientas diplomáticas y de presión internacional. Además, articula alianzas con otros Estados que utilizan la compenetración con el crimen organizado como instrumento político.
El Tren de Aragua, surgido del sistema penitenciario venezolano y designado por Estados Unidos como grupo terrorista a comienzos de 2025, opera en paralelo. Se trata de una organización criminal que creció mediante intercambios con agentes estatales. Además, se expandió a nivel continental con la migración venezolana. Alcanzó capacidades paramilitares, infiltró economías locales, reclutó entre migrantes y grupos marginados, e ingresó en redes financieras irregulares.
Esta dualidad (el Cártel de los Soles como estructura estatal y el Tren de Aragua como vector criminal) sustenta la consideración del narcoterrorismo como una amenaza. Esta amenaza afecta la seguridad de los estadounidenses o compromete la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de Estados Unidos.
Pacific Viper y Lanza del Sur como operaciones de contención dual
Estados Unidos intensificó de manera simultánea las dos operaciones principales que desarrolla en el hemisferio: Pacific Viper en el Pacífico y Lanza del Sur en el Caribe. Ambas operaciones, de naturaleza distinta, pero convergentes, reflejan el giro conceptual que impulsa la Casa Blanca: enfrentar al narcoterrorismo como si se tratara de una amenaza híbrida respaldada por un Estado.
El corredor del Pacífico continúa siendo el eje estructural del narcotráfico y, por lo tanto, un punto crítico para debilitar la economía de las organizaciones. Pacific Viper logró los operativos de interdicción marítima más significativos del año, con incautaciones superiores a las cuarenta y cinco toneladas de cocaína y múltiples detenciones en aguas internacionales.
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Su objetivo inmediato es golpear la logística entre los países productores y distribuidores con los Estados Unidos, y debilitar las capacidades financieras de las organizaciones. Aunque su función estratégica es más amplia. Con la designación como grupos terroristas de los cárteles mexicanos y del Tren de Aragua en febrero de 2025, se aceleró la ofensiva. Esta ofensiva utiliza la arquitectura jurídica para avanzar con acciones policiales y militares.
Por su parte, Lanza del Sur marca el retorno de una presencia militar de alta intensidad en la región, y se enmarca en las tensiones crecientes con el gobierno venezolano. El despliegue de un portaaviones nuclear, escoltas, aeronaves y miles de efectivos convierte al Caribe en un teatro estratégico.
La operación fue presentada como una acción para expulsar a «narcoterroristas», pero el mensaje es inequívoco. La capacidad del gobierno venezolano para ofrecer refugio político-criminal y sus alianzas con actores extrarregionales dotan a esta ofensiva de un alcance que excede la dimensión antidrogas.
Estas dos operaciones funcionan como una pinza. El Pacífico se orienta a las rutas que financian a los cárteles. El Caribe se enfoca en el soporte político-estatal que permite su continuidad operativa.
Tensiones legales y fracturas diplomáticas en la lucha contra el narcoterrorismo
El giro estadounidense implicó acciones como las ejecuciones extrajudiciales de narcolanchas que fueron cuestionadas por la ONU. El aumento de ataques letales contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico abrió un debate. El tema gira en torno a los límites entre operaciones de policía marítima y el uso de la fuerza. Este uso puede interpretarse como una acción armada sin autorización multilateral.
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A su vez, la decisión del Reino Unido de suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos generó tensión. El motivo fue el temor de que su información se hubiera utilizado en acciones letales cuestionadas por organismos internacionales. Esta decisión expuso una fractura significativa dentro de la cooperación histórica entre ambos países.
Al enmarcar estas acciones dentro de la lucha contra el narcoterrorismo, Estados Unidos se adentra en un terreno jurídico donde las categorías no están claramente delimitadas. La inexistencia de un consenso uniforme para la aplicación del concepto de terrorismo y la utilización por distintos países como mecanismo para la persecusión de opositores, crea las zonas grises en el derecho internacional humanitario que buscan ser aprovechadas por el gobierno de Donald Trump.
La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista es un intento de saltar por encima de la ambigüedad conceptual, pero su aplicación práctica genera fricciones que pueden afectar la cooperación internacional en un área donde la coordinación es indispensable.
El continente enfrenta operaciones antinarcotráfico que se entrelazan con una forma de contención política que integra la criminalidad en la estructura de poder, mientras los marcos jurídicos internacionales se ven desafiados por una realidad que excede las categorías tradicionales y la influencia de los organismos internacionales. En esa tensión entre seguridad, legalidad y geopolítica se juega el futuro de la estabilidad regional.
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