La orden emitida el 21 de noviembre de 2024 enfrenta obstáculos jurisdiccionales, políticos y diplomáticos. Israel no es parte del Estatuto de Roma, lo que complica su detención. Además, la inmunidad diplomática y la influencia de Estados Unidos podrían limitar la cooperación internacional. La efectividad de esta orden dependerá de la presión global y del contexto político en el que se desarrolle.
El Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. A ambos se les acusa de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la ofensiva militar en Gaza. Además, se ha ordenado la detención del líder militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’, tras la muerte de otros líderes islamistas como Yahya Sinwar e Ismail Haniye en operaciones israelíes recientes.
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Estas órdenes de arresto se basan en una solicitud presentada por la Fiscalía del TPI en mayo, y abarcan crímenes investigados desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024. La decisión del tribunal de La Haya marca un hito significativo en el conflicto israelí-palestino, poniendo de manifiesto la gravedad de las acusaciones contra líderes de ambos bandos y la determinación de la comunidad internacional para abordar las presuntas violaciones del derecho internacional en Oriente Medio.
Requisitos para detener a Netanyahu
La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu el 21 de noviembre de 2024 enfrenta desafíos considerables. Para que la CPI pueda detener efectivamente a Netanyahu, se requiere la cooperación de los Estados miembros del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte. Sin embargo, Israel no es parte de este estatuto. Esto complica aún más el proceso. La detención de Netanyahu solo sería posible si viajara a uno de los países que han ratificado el Estatuto de Roma. Además, ese país tendría que decidir cumplir con la orden de arresto. Esto plantea un escenario difícil. Esto se debe porque Netanyahu probablemente limitará sus viajes internacionales a países aliados que no sean miembros de la CPI, o que estén dispuestos a ignorar la orden de arresto.
Además de los obstáculos jurisdiccionales, la ejecución de la orden de arresto contra Netanyahu se enfrenta a considerables desafíos políticos y diplomáticos. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, no es miembro de la CPI y ha expresado su oposición a las acciones de la Corte contra funcionarios israelíes. Esta postura podría disuadir a otros países de cooperar con la orden de arresto por temor a repercusiones diplomáticas o económicas. Asimismo, la inmunidad diplomática de Netanyahu como jefe de gobierno en funciones podría invocarse como un obstáculo adicional para su detención. Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la inmunidad oficial no exime de responsabilidad penal ante la CPI.
La ejecución de la orden de arresto también dependerá en gran medida de la presión internacional y la voluntad política de la comunidad global. Si bien la CPI no tiene una fuerza policial propia para ejecutar sus órdenes, la presión diplomática y las sanciones económicas podrían ser herramientas para forzar el cumplimiento. Sin embargo, la polarización en torno al conflicto israelí-palestino podría llevar a una división en la comunidad internacional. Algunos países apoyarán la orden de arresto y otros se opondrán firmemente.
En última instancia, la capacidad de la CPI para detener a Netanyahu dependerá de un cambio significativo en el panorama político internacional o de un giro dramático en la política interna israelí que lleve a una cooperación voluntaria con la Corte. Mientras tanto, es probable que la orden de arresto sirva principalmente como una herramienta de presión diplomática y un recordatorio simbólico de los límites del poder estatal frente al derecho internacional.
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