En el marco de la polarización entre «chavismo» y oposición, el panorama sociopolítico venezolano ha estado igualmente determinado por la aparición de grupos de carácter paramilitar, algunos de ellos ya inseridos en la institucionalidad «revolucionaria» mientras otros cuentan con ramificaciones exteriores. En este artículo, Roberto Mansilla Blanco, alumni de Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, explica cómo la presencia y actividad de estos grupos paramilitares han moldeado las dinámicas de poder en el país.
La llegada del «chavismo» al poder en 1999 determinó la aparición en Venezuela de nuevos actores con incidencia en el clima político: los grupos paramilitares. El carácter «cívico-militar» de la Revolución Bolivariana impulsada por el expresidente Hugo Chávez y continuada a partir de 2007 con su modelo de «Socialismo del Siglo XXI» permitió establecer una simbiosis entre algunas entidades políticas y movimientos armados. Otros se crearon bajo el amparo constitucional, configurados dentro de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fuertemente politizada.
Por otro lado, sectores radicales dentro de la oposición también dieron cobijo a grupos paramilitares fuertemente reaccionarios, aunque cabe destacar que con menor presencia e incidencia en comparación con sus similares «chavistas».
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El carácter geopolítico estratégico de Venezuela y la singularidad de su proceso revolucionario dio igualmente paso a la presencia de actores paramilitares provenientes de aliados del «chavismo», especialmente por parte de Irán, Siria, Líbano, Palestina y Rusia. En esta lista también destacan algunos de carácter delictivo.
Los grupos paramilitares en Venezuela dentro del «chavismo»
1. La Milicia Nacional Bolivariana (MNB)
Creada en 2009 por el gobierno de Hugo Chávez vía habilitante tras una reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) se ha conformado como un cuerpo voluntario leal al «chavismo», con cierto sentido pretoriano aunque institucionalizado como cuerpo complementario dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El 20 de enero de 2020 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la reforma a la FANB integrando a la MNB para otorgarle un rango constitucional que, al mismo tiempo, se amplió de cara al compromiso «revolucionario» en la construcción del «socialismo» en Venezuela, así establecido en el preámbulo de la anteriormente citada LOFAN, la cual considera como misión y funciones de la MNB «con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación de la nación venezolana».
La concreción de intereses entre la FANB y la MNB queda establecido en los artículos 43 y 44 de la LOFAN en la que «la Milicia Bolivariana es un cuerpo especial organizado por el Estado Venezolano, integrado por la Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes, destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la Nación, para contribuir en garantizar su independencia y soberanía».
El organigrama de la MNB contempla un Comando General, Secretaría y cuatro estamentos relativos a Personal, Entrenamiento y Doctrina, Moral y Luces y Articulación Social, así como las Unidades de Milicia Territorial, Milicia Rural o Campesina y los Cuerpos Combatientes. En lo relativo a sus funciones, entre otras atribuciones, la MNB participa como un actor estratégico en labores sociales que lo acercan con los sectores del «chavismo popular» de base anteriormente descrito, tales como “orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia a los Consejos Comunales” y «contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los comités de defensa Integral de los Consejos Comunales, a fin de fortalecer la unión Cívico-Militar».
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La MNB se ha consolidado como una realidad política aunque su operatividad genera cierta confusión, principalmente a la hora de verificar cuál es su protagonismo real como estructura de poder del «chavismo», su nivel de institucionalización y su relación otros actores, en particular la FANB, el PSUV, los Consejos Comunales y los colectivos sociales.
Desde los sectores opositores se ha acusado a la MNB de erigirse como un «cuerpo pretoriano» del «chavismo», de carácter anticonstitucional pero orientado a proveerse de un estamento de apoyo ante posibles crisis políticas e incluso militares que pongan en peligro la viabilidad del proceso revolucionario. Otros argumentan que la MNB presuntamente participaría en labores de contención y represión política contra sectores disidentes y opositores, acusación hasta ahora con escaso fundamento. En 2015, el presidente Maduro anunció la intención de aumentar a un millón los efectivos de la MNB para el 2019, una meta difícilmente verificable.
2. Círculos Bolivarianos y Colectivos
Denominados por Maduro como los «ángeles del socialismo», los Colectivos y los Círculos Bolivarianos tienen su origen en la génesis misma de la Revolución Bolivariana y la llegada de Chávez al poder. En 2001 fueron oficialmente creados los Círculos Bolivarianos como entidades de formación ideológica, trabajo comunitario y labores de propaganda y aplicación de los programas sociales “chavistas” principalmente en los barrios populares.
Sus orígenes también se remontan a la creación en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, la logia política y militar creada por Chávez y otros compañeros de armas dentro del Ejército venezolano. Ya en el poder el “chavismo” compatibilizó las operaciones de los Círculos con la creación del Comando Táctico de la Revolución (CTR) y especialmente a partir de 2014 con las Unidades de Batalla Hugo Chávez, en la que igualmente se integran los Círculos de Lucha Popular (CPL), cuya operatividad ha sido mucho más notoria en tiempos electorales.
Con el tiempo fueron dando paso a los Colectivos, especialmente visibles tras el efímero golpe de Estado contra Chávez (abril de 2002). La oposición y ONGs tanto venezolanas como extranjeras acusan a los Colectivos de utilización de armas en manifestaciones y protestas opositoras, bajo el amparo de los cuerpos de seguridad del Estado. También se les acusa de albergar a delincuentes comunes, convenientemente inseridos dentro del proceso revolucionario bajo una especie de amparo institucional. Sectores opositores señalan igualmente a Cuba como el presunto cerebro instigador a la hora de articular la actuación de diversos actores armados con la finalidad de ejercer la represión política.
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Entre los Colectivos más conocidos destacan la Coordinadora Simón Bolívar creada en el emblemático barrio popular del 23 de enero, al oeste de la capital Caracas; y La Piedrita, creada en 1985 como unidades vecinales de prevención del crimen y desarrollo de actividades comunitarias en los barrios populares caraqueños.
Algunos miembros de los Colectivos ya tenían formación política e incluso guerrillera a través de entidades de extrema izquierda originadas en la década de 1960 como Bandera Roja, el Partido de la Revolución Venezolana (del que formó parte Adán, hermano y mentor político de Hugo Chávez) y los Tupamaros. Varios de sus miembros compatibilizan sus actividades participando en la MNB e incluso en la estructura burocrática del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
3. La Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL)
Tras los dos intentos fallidos de golpe militares por parte de Chávez y simpatizantes en febrero y noviembre de 1992 se creó el FBL como una especie de milicia nacionalista de izquierda. Su operatividad ha estado concentrada en los estados venezolanos fronterizos con Colombia bajo la perspectiva de defensa contra los paramilitares colombianos.
El FBL tuvo contactos con movimientos estudiantiles de izquierda creados en la Universidad de Los Andes (ULA) en el estado Mérida, particularmente en el caso del grupo Utopía fundado por Hugo Cabezas y Tareck El Aissami, quienes posteriormente ocuparon altos cargos en los gobiernos de Chávez y Maduro. El Aissami, cuyo clan familiar proviene de Siria, ha sido objeto de sanciones por parte de EE. UU. y de la UE acusado de presuntamente manejar redes delictivas, de narcotráfico y de apoyo a movimientos islamistas durante su etapa como gobernador del estado Carabobo así como vicepresidente de la República y ministro del Petróleo hasta su súbita defenestración de los círculos de poder en 2023.
Aunque no existen datos concretos sobre su operatividad y militancia, se estima que el FBL tiene actualmente 4.000 combatientes activos, principalmente en el estado Apure. Algunas organizaciones le acusan de reclutamiento de “niños soldados” entre los sectores populares.
Grupos delictivos
Tren de Aragua, «pranes» y «megabandas»
Aunque no poseen afiliación política e ideológica con el «chavismo», los grupos delictivos también han ejercido un peso específico como actores irregulares de poder que se han beneficiado de determinadas medidas gubernamentales como las denominadas Zonas de Paz instauradas por Maduro a partir de 2013 en varias regiones venezolanas. Estas zonas pretendían acabar con la delincuencia, pero en la práctica han determinado un modus operandi de relación entre el gobierno y las bandas criminales.
Algunos de ellos, como él, incluso se han configurado como una especie de plataforma transnacional del crimen aprovechando la masiva emigración de venezolanos hacia otros países latinoamericanos y EE. UU. En este sentido, el Tren de Aragua tiene similitudes de operatividad en el exterior con otros grupos delictivos regionales como la Mara Salvatrucha salvadoreña, muy golpeada en los últimos años por las medidas de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
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Por su parte, el acrónimo «pran» (Preso Rematado Asesino Nato) al parecer tiene orígenes en las cárceles puertorriqueñas y de allí se trasladó a otros países, entre ellos principalmente Venezuela. Se trata de estructuras mafiosas que prácticamente ejercen el poder desde las cárceles donde están cumpliendo penas, contando incluso con la aparente benevolencia de las autoridades policiales. Desde allí controlan las «megabandas» que realizan prácticas de sicariato y extorsión por órdenes de un determinado pran. En algunos círculos mediáticos se ha denominado a esta práctica de poder como el «pranato».
Otro de los grupos delictivos con notable presencia es el Cartel de La Guajira, cuyo epicentro es la población de Maicao y el departamento de Valledupar (Colombia) actuando en la frontera norte colombo-venezolana, principalmente en la península de la Guajira. Además del contrabando de gasolina, minerales, armas, ganado y vehículos, también destaca por su operatividad como ruta de narcotráfico hacia el Mar Caribe.
Paramilitares y grupos armados dentro de la oposición
Aunque su capacidad operativa ha sido efímera, los grupos radicales existentes dentro de las distintas plataformas que ha tenido la oposición venezolana desde 1999 también han mantenido ciertas relaciones con organizaciones paramilitares, principalmente extranjeras, aunque su impacto político y social ha sido casi irrelevante.
Destaca aquí el caso de las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra Nevada, un grupo paramilitar colombiano que afirmó mediante un vídeo en julio pasado haber sido contactado por la «extrema derecha» venezolana para ejercer acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Maduro vía ataques a centrales eléctricas y generación del caos en protestas y acciones de calle. Más allá de su puesta en escena, apenas existe información sobre este grupo y sus conexiones dentro de Venezuela. Algunas fuentes oficialistas destacan posibles conexiones con la líder opositora María Corina Machado.
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También conocido como «Los Pachencha», este grupo paramilitar posee aproximadamente unos 250 miembros y actúa en la región de Sierra Nevada, muy próxima a la ciudad de Santa Marta, y el Departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, ambos en la costa oriental del Caribe colombiano. Su actividad es básicamente delictiva, orientada al narcotráfico y extorsiones a comerciantes (principalmente turísticos) y propietarios de tierras y ganaderos.
Bajo el contexto de la crisis postelectoral tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio han aparecido una serie de informaciones sobre supuestas operaciones realizadas desde Panamá por el contratista militar estadounidense Erik Prince (fundador en 1997 de la empresa Blackwater) quien conjuntamente con el empresario Elon Musk estarían presuntamente activando una intervención paramilitar, denominada #YaCasiVenezuela, para desestabilizar y eventualmente desalojar a Maduro del poder. Si bien en redes sociales afectas a la oposición se han mantenido expectantes ante esta operación, la dirigencia opositora ha evitado pronunciarse expresamente sobre este asunto.
En otros casos se han observado algunos grupos dentro del estamento militar venezolano, descontentos con la creciente politización y la orientación revolucionaria que el “chavismo” ha instaurado en la FANB, así como por la presencia de actores externos principalmente cubanos, rusos e iraníes. Entre 2002 y 2018 se han observado algunos conatos efímeros de rebelión militar e implicaciones golpistas con muy escasa trascendencia política.
Los actores externos
El Grupo Wagner (Rusia)
Fundado en 2013 por el contratista Dmitri Utkin, el Grupo Wagner se ha convertido en un actor primordial para asegurar los intereses geopolíticos rusos desde Siria, Ucrania, el espacio ex soviético, el África subsahariana y Venezuela. Su figura pública más conocida fue el empresario Evgueni Prigozhin, cuyos mercenarios lograron importantes avances en el frente ucraniano entre finales de 2022 y principios de 2023, pero que cayó en desgracia para el Kremlin tras la rebelión de julio de ese año. Posteriormente, Prigozhin murió en un accidente aéreo en agosto de 2023.
Se estima que el Grupo Wagner opera desde 2019 en Venezuela, amparado por las relaciones estratégicas establecidas desde 2005 entre Caracas y Moscú. Algunas fuentes señalan en 400 los efectivos de este grupo en el país caribeño. En agosto pasado, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski llegó a acusar al Kremlin de brindar apoyo a Maduro vía mercenarios de Wagner para reprimir las protestas en Caracas y otras ciudades venezolanas tras la crisis postelectoral del 28 de julio. No obstante, y como sucede igualmente en los demás países donde tiene presencia, la actividad de los Wagner en Venezuela navega entre la opacidad y el secretismo.
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El eje islamista
En los orígenes del movimiento bolivariano dentro de la Fuerza Armada venezolana a comienzos de la década de 1980 se verificó una embrionaria relación con algunos países árabes, en especial aquellos inspirados en el socialismo y nacionalismo panarábe naserista como han sido los casos de la Libia de Muammar al Gadafi, el Irak de Sadam Huseín y la Siria de Hafez el Assad, padre del actual gobernante Bashar al Asad.
Posteriormente, a mediados de la década de 1990, la súbita aparición en estos círculos bolivarianos del sociólogo revisionista argentino Norberto Ceresole como una especie de mentor geopolítico del «chavismo» determinó la apertura de conexiones con Irán y algunos grupos radicales del islamismo político árabe dentro de la perspectiva ceresoliana de fragmentación de bloques de poder contra la posición hegemónica de EE. UU. e Israel.
Tres actores entraron así en escena: el movimiento islamista libanés Hizbulá, con presuntas conexiones previas en América del Sur (Triple Frontera Argentina, Brasil y Paraguay); la Guardia Revolucionaria Islámica (GRI) iraní, particularmente visible a partir de 2007 con la visita a Caracas del entonces presidente Mahmud Ahmadíneyad y la adopción de una relación estratégica con el gobierno de Chávez; y los movimientos palestinos, destacando el apoyo de Chávez y Maduro a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y al islamista Hamás.
La presencia de una numerosa comunidad de origen libanés, sirio y palestino en Venezuela así como la implicación política de varios de sus miembros a favor del “chavismo” a través de altos cargos como el ya mencionado Tareck El Aissami y el actual fiscal general Tarek William Saab, entre otros, permitió vertebrar una sintonía especial con gobiernos como la Siria de Bashar al Asad, el régimen iraní e incluso Turquía.
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Algunas fuentes identifican a la caribeña isla de Margarita y el Oriente venezolano (Puerto La Cruz; Lecherías) como las regiones de mayor operatividad de supuestas células del Hizbulá y de grupos palestinos. Otros consideran que la GRI supuestamente provee a los organismos de seguridad venezolanos de expertos en represión e incluso mantiene vínculos de conexión con la FANB en materia de asistencia militar para la resistencia «antiimperialista». Por otro lado, también se señala que la presencia del Hizbulá e Irán en Venezuela tiene vínculos económicos y empresariales, algunas de ellas incluso de lavado de dinero y para desviar las sanciones occidentales contra Caracas a través de una compleja red financiera de clanes familiares y políticos.
Colombia: guerrilla y paramilitares
Más notoria ha sido la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos en Venezuela, a tal punto que este país pareció escenificar (principalmente a partir de 1999) un territorio de refugio e incluso de ampliación de operaciones militares y delictivas. Esto provocó frecuentes tensiones por parte de Chávez y Maduro con los gobiernos de Javier Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Prácticamente, desde sus inicios, el «chavismo» le otorgó un trato preferente no beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Ejército de Liberación Popular (ELP). Al igual que Cuba, los gobiernos de Chávez y Maduro han sido actores preponderantes en los diversos procesos de negociación y de paz en Colombia que cristalizaron con el histórico Acuerdo de Paz de 2016.
No obstante diversas fuentes consideran que las FARC y el ELN controlan importantes porciones de territorio venezolano en torno a los estados Zulia, Táchira, Mérida, Apure, Amazonas y Bolívar, en este último caso donde se encuentra el Arco Minero, para la explotación de minerales, petróleo y gas natural y sus operaciones financieras de contrabando y extorsión. En algunos casos incluso han utilizado otros nombres con la finalidad de desviar la atención de las autoridades, especialmente colombianas.
Si bien fueron desmovilizados en 2006 por el gobierno de Uribe, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también han tenido cierta presencia en el contexto venezolano. El acérrimo anti-izquierdismo de las AUC manifestado en su lucha contra su enemigo principal, las FARC, llevó a este grupo paramilitar a establecer algunos contactos con grupos radicales de la oposición venezolana aunque sin mayores consecuencias en cuanto a la concreción de redes políticas y de actividad armada.
Siguiendo con los paramilitares colombianos también destaca el caso de Los Rastrojos, también conocidos como Rondas Campesinas Populares, cuyas actividades han sido de carácter más bien delictivo.
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