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Interior declara la emergencia de interés nacional por los incendios en Madrid y Ávila

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Más de 10.000 evacuados y focos aún sin controlar marcan la evolución de los incendios. El Gobierno asume la dirección y la UME lidera la operativa sobre el terreno. Las condiciones «especialmente adversas» y el viento complican la extinción.

El Ministerio del Interior español ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila «como consecuencia de la evolución de los incendios forestales» que afectan a Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. La decisión, publicada este viernes 24 de julio en el BOE, llega pocas horas después de que la región madrileña solicitara al Gobierno central la activación de la Situación Operativa 3 del Plan Infoma. Con esta medida, el ministro Fernando Grande-Marlaska asume la dirección política de la crisis.

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Según ha explicado Interior en un comunicado, la decisión responde a la «concurrencia de estos incendios», a unas condiciones meteorológicas «especialmente adversas» y a la «necesidad» de movilizar «un importante volumen de recursos» procedentes de distintas administraciones. Estos elementos, señala el Ministerio, son «factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil». Por ello, y dada la afectación al territorio abulense, se ha decidido extender también la declaración a la provincia de Ávila.

Factores que agravan la emergencia y obligan a la intervención estatal

Asimismo, el departamento ha valorado otros factores determinantes para adoptar la medida. Entre ellos, la «existencia de evacuaciones preventivas», la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto «supraterritorial» de la emergencia. En consecuencia, la orden publicada en el BOE sostiene que estas circunstancias «exigen una actuación coordinada bajo criterios de dirección única».

En virtud de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, Grande-Marlaska deberá «ordenar y coordinar» las actuaciones y la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales del territorio afectado. No obstante, la dirección operativa sobre el terreno queda en manos de otro organismo, ya que «la dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME)». Además, según recoge la orden, en función de la gravedad podrá requerirse la colaboración de otras administraciones «que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio».

Incendios activos y evolución sobre el terreno

Sobre el terreno, la situación seguía sin resolverse a primera hora de este viernes. Los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid continúan sin estar perimetrados ni controlados, según han informado los servicios de emergencias autonómicos, pese a que los trabajos realizados durante la noche «han sido efectivos». El viento, principal condicionante meteorológico, complicará de nuevo las labores de extinción a lo largo de la jornada.

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En paralelo, el número de evacuados se mantiene por encima de las 10.000 personas, mientras que SUMMA112 ha atendido en sus dispositivos preventivos a varios afectados, «sobre todo enfermos crónicos». La declaración de emergencia nacional, subraya el texto oficial, busca precisamente garantizar esa dirección única ante un episodio que combina varios incendios simultáneos, meteorología adversa y riesgo para la población civil.

Hezbolá: un pseudoestado en la zona gris

Hezbolá ha construido durante décadas una estructura paralela que desafía la autoridad del Estado libanés y refuerza la influencia de Irán en la región. En este artículo, Miguel Á. Melián explica qué es un pseudoestado, cómo opera Hezbolá en la zona gris y por qué su desarme es clave para el futuro del Líbano.

Un pseudestado es, en su definición más simple, una entidad que ejerce funciones propias de un Estado (control territorial, seguridad, servicios sociales, recaudación) sin reconocimiento internacional y sin someterse a la soberanía de cualquier otro Estado legítimo. No aspira necesariamente a la independencia formal, ya que únicamente le basta con vaciar de contenido al Estado anfitrión y sustituirlo allí donde le interesa.

Este fenómeno florece de forma idónea en la zona gris, ese espacio de confrontación situado entre la paz y la guerra abierta, donde los actores compiten mediante herramientas políticas, económicas, informativas y paramilitares sin cruzar el umbral del conflicto convencional. En esta línea, la zona gris premia la ambigüedad a quien opera en ella y difumina la línea entre lo civil y lo militar y dificulta la respuesta del adversario. El pseudoestado es, precisamente, la materialización territorial de esa ambigüedad. Y pocos ejemplos lo ilustran mejor que Hezbolá en el sur del Líbano.

Un Estado dentro del Estado

Hezbolá, organización terrorista designada como tal por Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de la comunidad internacional, ha construido durante cuatro décadas una arquitectura estatal paralela. Dispone de un brazo armado que ha llegado a superar en capacidad al propio Ejército libanés, con arsenales de cohetes, drones y una red de túneles en el sur del país. Gestiona servicios sociales que fidelizan a la población chií allí donde el Estado libanés no llega. Opera un sistema financiero propio, articulado en torno a entidades como Al-Qard Al-Hasan, y mantiene representación parlamentaria que le permite bloquear desde dentro las instituciones que combate desde fuera.

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Su identidad funde tres capas principales. La resistencia islámica chií nacida en 1982 al calor de la revolución iraní; el partido político libanés y la milicia transnacional al servicio de Teherán. Esa triple naturaleza es su mejor escudo en la zona gris, adecuando cuando conviene cada una de las facetas que es capaz de desarrollar y operativizar con relativa rapidez y alta eficacia.

Pieza clave de la defensa mosaico iraní

Hezbolá no se entiende sin Irán. Teherán lo financia, lo arma y lo entrena a través de la Fuerza Quds, y lo integra como pieza central de su defensa mosaico. Una doctrina que dispersa la capacidad de disuasión iraní en una constelación de proxies para golpear a sus adversarios desde múltiples direcciones sin exponerse directamente. Cada pieza del mosaico ofrece a Irán negación plausible y profundidad estratégica. Así se ha mostrado desde el inicio del actual conflicto, desde el pasado 28 de febrero.

Frente a Israel, Hezbolá aplica una estrategia asimétrica palpable. En el despliegue actual de sus capacidades, este actor no busca vencer a un ejército convencional superior, sino imponerle costes constantes y sobrevivir para proclamarse vencedor. Y este esquema sigue vigente en el marco de tensiones geopolíticas que experimenta Oriente Próximo.

Tras el inicial ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, Hezbolá reactivó el frente norte y provocó una ofensiva israelí que devastó el sur del Líbano y desplazó a varios centenares de miles de personas. El grupo salió gravemente debilitado, pero el acuerdo marco firmado a finales de junio entre Israel y Líbano condiciona la retirada israelí a su desarme y demuestra que la comunidad internacional identifica hoy a Hezbolá como el eje central de cualquier paz duradera en la región. Aunque la milicia chií expone este acuerdo como vergonzoso y humillante para el pueblo libanés. Así, su respuesta de rechazar el pacto y amenazar con seguir combatiendo, confirma que antepone la agenda iraní a la reconstrucción libanesa.

Un Líbano sin Hezbolá: la única salida

La conclusión que tenemos que extraer de este contexto es que la desaparición de Hezbolá como actor armado no es una exigencia israelí ni estadounidense, sino una necesidad libanesa. Mientras el pseudoestado subsista, las ambiciones de la organización primen sobre el bienestar poblacional y sigan activas las redes que alimentan a esta organización terrorista, el Líbano seguirá hipotecado a decisiones tomadas en Teherán. Por ende, expuesto a guerras que no elige y privado del monopolio de la fuerza que define a todo Estado soberano.

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Cabe destacar un ápice de esperanza, ya que el desarme que impulsa el gobierno de Joseph Aoun abre, por primera vez en décadas, una ventana real. Un Líbano que aspire a recuperar el sur del Litani (o al menos disponga de una zona de seguridad frente a los avances israelíes), reconstruya su ejército y reintegre a la población chií mediante servicios estatales podrá atraer inversión, repatriar a sus desplazados y salir de la ruina económica. La disolución del pseudoestado no dejaría un vacío, sino que dejaría espacio. Espacio para que el Estado libanés vuelva a existir de verdad y para que su población, la primera víctima de la zona gris, deje por fin de pagar las guerras de otros.

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La UE multa a Google con 890 millones de euros por abuso de posición dominante

Bruselas sanciona a la tecnológica por favorecer sus servicios en el buscador y da a la compañía 60 días para corregir las prácticas o afrontará nuevas sanciones.

La Comisión Europea sancionó este jueves a Google con 890 millones de euros por abuso de posición dominante, tras comprobar que la tecnológica estadounidense favoreció sus propios servicios en las búsquedas y limitó a los desarrolladores la posibilidad de dirigir a los usuarios hacia canales de compra alternativos. La multa se divide en dos partes: 460 millones por dar ventaja a sus productos en los resultados de búsqueda y 430 millones por poner trabas a los desarrolladores que querían informar sobre opciones de descarga fuera de Google Play Store. Bruselas basó su decisión en el incumplimiento de la Ley europea de Mercados Digitales (DMA), la normativa que regula el comportamiento de las grandes plataformas digitales.

La vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, justificó así la sanción: «Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador». Asimismo, defendió el derecho de los consumidores a conocer dónde encontrar mejores ofertas, «incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no reciba ninguna comisión». Según Ribera, se trata de medidas «decisivas pero equilibradas» frente a una compañía que, a su juicio, ha vulnerado sistemáticamente las reglas del mercado único digital.

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Por su parte, la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, detalló los efectos concretos de estas prácticas. La investigación constató que Google perjudica a las empresas que ofrecen servicios similares, como compras o deportes, al no otorgarles la misma visibilidad en la Búsqueda de Google. Además, confirmó que la empresa «ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones la posibilidad de ofrecer ofertas más económicas a los clientes en la tienda de aplicaciones Google Play». Virkkunen advirtió que Google «debe poner fin a este incumplimiento y abstenerse de repetirlo en el futuro».

En consecuencia, la funcionaria europea remarcó que las sanciones envían un «mensaje claro» de que la Comisión «no dudará» en emplear sus instrumentos legales «para proteger las oportunidades de negocio e innovación que ofrece la Ley de Mercados Digitales». Mientras tanto, Google dispone de un plazo de 60 días para corregir las irregularidades detectadas. De no hacerlo, se expondrá a una nueva sanción periódica que podría alcanzar hasta el 5% de su facturación mundial total.

Estados Unidos intensifica su ofensiva contra Irán con una duodécima noche de bombardeos

Washington afirma haber golpeado infraestructuras clave para frenar amenazas en el estrecho de Ormuz. Irán denuncia víctimas civiles y responde atacando bases militares estadounidenses en Kuwait

Estados Unidos ejecutó su duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una operación que comenzó minutos antes de la medianoche de este jueves y se extendió durante cinco horas. Según informó el Mando Central (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses «han comenzado a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, siguiendo las órdenes del comandante en jefe», en referencia directa a Donald Trump. El objetivo declarado de la ofensiva es reducir la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

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Al concluir la oleada, el CENTCOM detalló que los ataques alcanzaron «objetivos militares iraníes, incluyendo instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea». El comunicado añadió que, solo este mes, «las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán». Washington insiste en que estas acciones buscan proteger a los marineros civiles y a los buques mercantes que navegan por la región, ante los incidentes que Teherán atribuye ambiguamente a «incendios» o «explosiones» sin asumir responsabilidad directa.

EEUU niega el control iraní del estrecho de Ormuz

En paralelo, el Mando Central rechazó categóricamente que la Guardia Revolucionaria iraní controle el paso por Ormuz. «Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria», sentenció el organismo, que además reveló que, desde mayo, ha ayudado a más de 900 buques a transitar por la zona con respaldo militar estadounidense.

No obstante, la jornada dejó su saldo más grave en Shalamcheh, localidad iraní limítrofe con Irak, donde un ataque con misiles impactó cerca de la terminal de pasajeros del paso fronterizo. El subdirector de seguridad de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayati, confirmó a la agencia estatal IRNA que «dos compatriotas han fallecido y once han resultado heridos en el ataque con misiles». Las ciudades de Andimeshk, Ahvaz y Bushehr también sufrieron bombardeos, aunque sin víctimas reportadas hasta el momento.

Irán responde con ataques a bases estadounidenses en Kuwait

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó ataques contra dos bases estadounidenses en Kuwait, Ali al Salem y Al Adiri, como represalia por lo que denominó «el Ejército estadounidense asesino de niños». Según su comunicado, difundido por la agencia Tasnim, destruyeron «un gran almacén de equipo militar, un sistema de defensa antimisiles Patriot y un hangar de drones estadounidenses MQ-9», además de dañar helicópteros y hangares en la segunda base. El cuerpo militar justificó estas acciones argumentando que «es Estados Unidos quien ha violado su integridad territorial y soberanía, no nosotros», al calificar las bases extranjeras como territorios donde no rige la ley del país anfitrión.

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Estas declaraciones surgen como respuesta a las críticas planteadas por el secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasem Mohamed Al Budaiwi, quien exigió «salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de los Estados» y tachó la conducta iraní de «inaceptable». En la misma línea, el Gobierno de España condenó este miércoles los ataques de Irán contra países del Golfo y Jordania, exigiendo una «urgente desescalada» y el respeto al alto el fuego vigente entre Washington y Teherán.

Contraespionaje global: análisis estratégico y tecnologías de vigilancia

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El espionaje actual ya no busca robar documentos, sino controlar el acceso a ellos a través de personas clave dentro de laboratorios, universidades y empresas tecnológicas. China integra su aparato de seguridad con instituciones académicas y estatales, mientras Rusia apuesta por la presión psicológica sobre extranjeros. En este artículo, Irene García, alumna del Máster Profesional de Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa de LISA Institute, analiza cómo el nuevo contraespionaje protege semiconductores, inteligencia artificial y biotecnología frente a infiltraciones cada vez más difíciles de detectar.

La revolución tecnológica ha transformado el espionaje contemporáneo: inteligencia artificial, vigilancia masiva, big data, ciberoperaciones y sistemas de reconocimiento nos permiten hoy vigilar, perfilar y seleccionar objetivos a una escala sin precedentes. Sin embargo, la tecnología no ha sustituido al factor humano, sino que lo ha vuelto más valioso.

Un científico que pueda tener acceso a un laboratorio, un directivo de una empresa de chips, un asesor ministerial o un investigador universitario nos pueden proporcionar más valor estratégico que una operación clandestina tradicional. Por eso el objetivo ya no es robar documentos, es controlar quién puede acceder a ellos. Los servicios de inteligencia más eficaces han dejado de centrarse exclusivamente en penetrar Estados desde el exterior; su prioridad es reclutar, influir o condicionar a personas situadas ya dentro de estructuras sensibles.

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Por eso el contraespionaje moderno ya no consiste únicamente en detectar agentes extranjeros sino que consiste en que podamos proteger ecosistemas completos: universidades, empresas tecnológicas, laboratorios, centros de investigación, puertos, industrias de defensa y administraciones públicas.

El patrón es cada vez más claro. Las operaciones más sofisticadas no comienzan con pagos clandestinos ni con reuniones secretas, sino que más bien comienzan con relaciones aparentemente legítimas: becas, congresos, colaboraciones científicas, asesorías, inversiones o acceso a círculos de influencia.

Las mejores operaciones de espionaje son aquellas en las que el objetivo cree que sigue actuando libremente.

China ha desarrollado probablemente el modelo más amplio y difícil de detectar. Su aparato de seguridad no opera de forma aislada, sino integrado con universidades, empresas estatales, institutos tecnológicos y estructuras del Partido Comunista. El objetivo no es solo obtener información o tecnología extranjera; también es impedir la fuga de talento, controlar el conocimiento estratégico y limitar cualquier dependencia exterior.

Rusia, mientras tanto, mantiene una lógica distinta. Su tradición de contrainteligencia sigue orientada a la presión, la disuasión y el control psicológico. Moscú no busca únicamente identificar amenazas, busca transmitir la percepción de que diplomáticos, empresarios, periodistas o científicos extranjeros pueden ser vigilados, comprometidos o utilizados en cualquier momento.

Frente a la atención mediática que reciben agencias como la CIA o el MI6, los servicios más relevantes en esta nueva etapa son aquellos especializados en proteger infraestructuras críticas, investigación avanzada y sectores estratégicos. La capacidad de un Estado ya no depende solo de cuánto puede espiar, sino de cuánto puede impedir que otros penetren sus cadenas de suministro, sus centros de innovación o sus redes de decisión.

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El principal campo de batalla del contraespionaje global ya no está en las embajadas ni en los servicios diplomáticos, está en las empresas de semiconductores, los programas de inteligencia artificial, los laboratorios de biotecnología, los centros energéticos y las universidades.

En ese entorno, la diferencia entre una potencia protegida y una potencia vulnerable no la marca la tecnología. La marca tiene la capacidad de detectar una infiltración antes de que sea visible.

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OpenAI reconoce que GPT-5.6 Sol participó en el ataque a HuggingFace

GPT-5.6 Sol operó en un entorno aislado pero logró acceder a internet explotando una vulnerabilidad. Los sistemas de IA encadenaron fallos hasta acceder a datos sensibles de la plataforma. HuggingFace detectó la intrusión y activó medidas de contención y análisis forense.

OpenAI ha confirmado que varios de sus modelos, entre ellos GPT-5.6 Sol, participaron en el ataque contra la plataforma HuggingFace registrado la semana pasada. Según ha explicado la compañía en un comunicado, el incidente se produjo en un entorno de pruebas «altamente aislado» y con acceso restringido a internet, donde se evaluaban las capacidades de GPT-5.6 Sol junto a «un modelo de prelanzamiento aún más capaz». La particularidad del caso, sin embargo, reside en que fue HuggingFace quien detectó y denunció el suceso, al advertir un patrón de actividad inusual en sus sistemas.

El origen del ataque se remonta a la búsqueda de una solución para una vulnerabilidad específica, denominada ExploitGym. Para ello, los modelos «identificaron y encadenaron vulnerabilidades en el entorno de investigación de OpenAI y la infraestructura de producción de HuggingFace para obtener soluciones de prueba directamente de la base de datos de producción de HuggingFace», según detalla el laboratorio. De este modo, lograron sortear las restricciones iniciales del entorno cerrado en el que operaban.

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A continuación, los modelos consiguieron acceder a internet explotando una vulnerabilidad de día cero en el proxy de caché del registro de paquetes que limitaba su conexión. Esta brecha fue acompañada de una escalada de privilegios y un movimiento lateral dentro del entorno de pruebas. Ya conectados a la red, los sistemas de IA dedujeron que HuggingFace «potencialmente alojaba modelos, conjuntos de datos y soluciones para ExploitGym», lo que derivó en el acceso a «información secreta» de la plataforma.

Fue precisamente esa incursión la que alertó al equipo de seguridad de HuggingFace, que inició de inmediato «el proceso de contención y reconstrucción forense con sus propios modelos de código abierto». Actualmente, OpenAI colabora con HuggingFace en la investigación del incidente y ya ha aplicado nuevas medidas de protección para futuras evaluaciones de sus modelos. Además, HuggingFace ha sido incorporada al programa de acceso seguro de la compañía, un paso con el que buscan reforzar sus defensas ante episodios similares.

Estados Unidos solicita a un tribunal de Florida reconocer la inmunidad de Delcy Rodríguez

El Departamento de Justicia defiende que la dirigente venezolana es «jefa de Estado» y no puede ser juzgada. La petición busca frenar una demanda de tres estadounidenses detenidos en Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a un tribunal de Florida que reconozca inmunidad a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, frente a una demanda interpuesta por tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en el país caribeño. El Departamento de Justicia presentó un documento de sugerencia de inmunidad ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en el que sostiene que Rodríguez, «actual jefa de Estado de la República Bolivariana de Venezuela», no puede ser sometida a la jurisdicción estadounidense mientras ocupe el cargo. Según el escrito, Washington actúa así porque considera que la demandada «goza de inmunidad frente a la jurisdicción de este Tribunal mientras permanezca en el cargo».

La Administración de Donald Trump justificó su intervención al asegurar que Rodríguez, como jefa de un «Estado extranjero», mantiene ese estatus protegido. Así lo defendió el fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, quien afirmó que «el Poder Ejecutivo ha determinado que la presidenta Rodríguez (…) goza de inmunidad de Estado frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses». Por ello, según el funcionario, «tiene derecho a la inmunidad de la jurisdicción de este Tribunal sobre esta demanda mientras ocupe dicho cargo». En consecuencia, el Departamento de Justicia concluyó que «todas las demandas en su contra deben ser desestimadas sin perjuicio».

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El litigio se originó a partir de la denuncia de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, tres estadounidenses que permanecieron detenidos durante meses en Venezuela bajo presuntas torturas. Los tres fueron liberados gracias a un intercambio negociado entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden. Tras su liberación, presentaron una demanda contra varias autoridades venezolanas por los daños sufridos durante su cautiverio.

Como resultado de ese proceso, el juez Darrin P. Gayles impuso una indemnización de 314 millones de dólares —unos 275 millones de euros— contra los acusados. Entre ellos figuran siete individuos, incluidos Maduro, Rodríguez y el empresario y exministro de Industria Alex Naim Saab Morán, además del Cártel de los Soles. La petición de inmunidad presentada ahora por Washington busca frenar la ejecución de esa sentencia contra la presidenta encargada venezolana.

El Parlamento de Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

Da luz verde a una ley pionera que obliga a verificar la edad en plataformas digitales. La norma entra en vigor en septiembre y se desplegará de forma progresiva. Macron defiende la medida y las plataformas deberán asumir nuevos controles.

Francia se convierte en el primer país europeo en prohibir por ley el acceso a redes sociales para menores de 15 años. El Parlamento francés aprobó de forma definitiva la medida, que entrará en vigor progresivamente a partir de septiembre y se completará el 1 de enero de 2027. La votación en la Asamblea Nacional contó con el respaldo de 279 diputados, mientras que los representantes de La Francia Insumisa rechazaron el texto.

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El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación a través de redes sociales. «Me comprometí a hacerlo y ahora se ha aprobado como ley: se prohibirán las redes sociales para los menores de 15 años a partir del próximo curso escolar. Agradezco a los legisladores su labor», escribió el mandatario. Sin embargo, antes de su entrada en vigor definitiva, el Consejo Constitucional deberá pronunciarse sobre la norma.

Claves políticas y respaldo institucional a la ley

La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, destacó el carácter pionero de la iniciativa. Según explicó, la ley ha «inspirado a numerosos socios europeos», logrando así inscribir la protección de los menores en las prioridades del G7. Además, destacó que «esta ley marca una etapa decisiva: protege más a los más jóvenes frente a los riesgos de las redes sociales y envía un mensaje claro a las plataformas, que deberán ahora asumir plenamente sus responsabilidades».

La propuesta original partió de la diputada de Renacimiento Laure Miller, aunque el texto sufrió modificaciones antes de su aprobación final. En particular, la Comisión Europea advirtió a principios de julio que varias disposiciones podían infringir el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), al conceder poderes excesivos al regulador francés. Por ese motivo, tuvo que eliminarse la idea inicial de establecer una «lista negra» de plataformas afectadas.

Cambios por presión europea y aplicación técnica de la norma

En cuanto a la aplicación práctica, el texto no especifica los métodos de verificación de edad, ya que corresponderá a cada plataforma definir su propio sistema. La norma se implementará en dos fases: desde el 1 de septiembre, las cuentas nuevas estarán sujetas a esta verificación, mientras que las cuentas ya existentes deberán cumplir el requisito a partir del 1 de enero de 2027.

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Más allá de las redes sociales, la iniciativa impulsada por el Gobierno de Macron incluye otras medidas educativas. Concretamente, prohíbe el uso de teléfonos móviles en los institutos durante los cursos de bachillerato. Asimismo, obliga a los centros educativos a desarrollar campañas de concienciación digital dirigidas a los estudiantes.

Israel, Líbano, Irán y Gaza: claves para leer un conflicto que parece no terminar nunca

Comprender el conflicto en Medio Oriente exige mirar mucho más allá de los acontecimientos más recientes. La geografía, la historia y las disputas territoriales han configurado durante décadas un entramado de tensiones que conecta a Israel, Palestina, Gaza, Líbano e Irán. En este artículo, Santiago Torres Kuri analiza cómo estos factores explican el origen y la evolución de uno de los escenarios geopolíticos más complejos e inestables del mundo.

La geografía nunca ha sido justa ni imparcial al momento de definir conflictos. En su libro «Prisioners of Geography», Tim Marshall apunta de manera objetiva que “en diferentes partes del planeta las distintas características geográficas son factores decisivos que determinan lo que las personas pueden y no pueden hacer”. La geografía no solo explica el “qué”, sino también el «por qué» de gran parte de los conflictos mundiales. Define fronteras, alimenta tensiones, justifica alianzas y condiciona decisiones militares.

En Medio Oriente, la geografía ordena el mapa y es clave para entender el conflicto. Israel, Palestina, Líbano e Irán forman parte de una región que constantemente acumula tensión. Allí se cruzan la disputa territorial palestino-israelí, la fragilidad de la frontera libanesa y la rivalidad entre Israel e Irán. Para entender la región, primero hay que mirar el mapa; después, la historia.

El desgarro fundacional

Todo empezó antes de 1948. Palestina estaba bajo mandato del Reino Unido. En 1947 se aprobó la partición en un Estado árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un régimen especial. El 14 de mayo de 1948 terminó el mandato y ese mismo día se creó el Estado de Israel. Desde la narrativa palestina, estos hechos son recordados en la Nakba que es un día de luto nacional en el que se recuerda la expulsión de más de 800 mil personas de sus hogares. En otras palabras, la Resolución que dio paso al nacimiento de Israel fue una de las causas principales que dieron inicio a un conflicto que permanece en la actualidad.

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La ocupación que lo cambió todo

En 1967, la Guerra de los Seis Días cambió el mapa de Medio Oriente. En menos de una semana, Israel tomó el control de Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Desde entonces, el conflicto dejó de tratarse solo de la existencia de Israel y pasó a centrarse también en la ocupación de territorios reclamados por palestinos, sirios y egipcios.

Ese mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 242. El texto estableció dos principios que siguen marcando cualquier negociación: la inadmisibilidad de adquirir territorio mediante la guerra y la necesidad de alcanzar una paz basada en fronteras seguras y reconocidas.

Con el paso del tiempo, la ocupación se convirtió en una realidad política, territorial y cotidiana. En Cisjordania y Jerusalén Este, el control israelí se ha expresado mediante asentamientos, permisos, demoliciones, puestos de control y restricciones al movimiento. En Gaza, la situación siguió una ruta distinta, pero también quedó marcada por el control territorial, los cierres, la guerra y el deterioro humanitario. En 2024, la Corte Internacional de Justicia afirmó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilícita.

Conflicto israelí-palestino 

El conflicto israelí-palestino tiene una raíz nacional, cultural y territorial, se trata de dos pueblos que reclaman derechos históricos, políticos y culturales sobre una misma tierra.

Mientras Israel exige seguridad, reconocimiento y protección ante una persecución histórica que pareciera no tener fin, los palestinos reclaman autodeterminación, fin de la ocupación y un Estado viable o, por lo menos, reconocido. Gaza pertenece al conflicto israelí-palestino, pero tiene una historia propia. Desde 2007, Hamás – el movimiento islamista palestino con brazo político y armado – controla la Franja internamente. Israel controla la mayor parte de sus accesos y Egipto administra el paso de Rafah.

Las restricciones al movimiento de personas y bienes se endurecieron después de la toma de Gaza por Hamás, bajo argumentos de seguridad y control de armas. Desde entonces, Gaza ha vivido entre aislamiento, fractura política, dependencia de ayuda externa, guerras recurrentes y un deterioro humanitario cada vez más profundo.

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Líbano

Líbano responde a otra lógica. Se trata de un Estado debilitado, con una frontera históricamente inestable con Israel y la presencia de Hezbolá como partido político, milicia armada y aliado estratégico de Irán. Irán, por su parte, no busca disputar territorio con Israel; sus intereses en la región son una cuestión de influencia. Su confrontación opera a través de aliados regionales, presión militar indirecta, inteligencia, disuasión y competencia por el equilibrio de poder en Medio Oriente.

Líbano es el frente donde la debilidad del Estado se convierte en geopolítica. Su tensión con Israel no nace en Gaza ni depende sólo de Palestina, tiene raíces propias. Algunas de las razones son la ocupación israelí del sur libanés, la guerra de 2006, la frontera marcada por la Línea Azul y el poder de Hezbolá, que opera como partido político, milicia armada y aliado estratégico de Irán.

La ONU trazó la Línea Azul en 2000 para verificar el retiro israelí del Líbano; después, la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad pidió el cese de hostilidades, el despliegue del Ejército libanés y de las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) en el sur y que no hubiera fuerzas armadas no estatales entre esa línea y el río Litani. Sin embargo, esa arquitectura nunca se consolidó plenamente. 

El eco de Sun Tzu en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

En la actualidad, el sur del Líbano sigue siendo una zona de fricción. Por una parte, Israel busca alejar a Hezbolá de su frontera norte. Por la otra, Líbano enfrenta el dilema de un Estado que no controla por completo el uso de la fuerza en su propio territorio.

Líbano es un frente fronterizo, estatal y regional propio, donde la fragilidad interna libanesa, Hezbolá e Irán se cruzan con la seguridad israelí.

Gaza: una crisis propia dentro del conflicto palestino-israelí

Gaza quedó atrapada entre una ruptura política interna y un cierre exterior cada vez más extremo. En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas. En 2007, tomó el control de la Franja tras enfrentarse con Fatah, el movimiento que domina la Autoridad Palestina en Cisjordania. Desde entonces, el territorio palestino quedó dividido de manera que Gaza quedó bajo el control de Hamás y Cisjordania bajo la Autoridad Palestina.

Después de 2007, Israel endureció las restricciones sobre Gaza con el argumento de impedir el rearme de Hamás. Egipto también mantuvo controles estrictos sobre el cruce de Rafah. OCHA —la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios— documenta las consecuencias civiles de esa realidad, mismas que tienen que ver con situaciones de desplazamiento, falta de alimentos, deterioro sanitario, restricciones de movimiento y obstáculos para la entrada de ayuda.

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Desde el 7 de octubre de 2023, ese fatídico día en el que Hamás lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel que mató a más de mil personas, la crisis en Gaza ha empeorado de manera significativa. Gaza pasó de ser un territorio aislado a una emergencia humanitaria abierta en la que la medicina, la comida y los bienes de supervivencia son oro puro.

El mapa no explica todo, pero nada se entiende sin él

Israel, Palestina, Gaza, Líbano e Irán no forman una sola guerra, sino que forman una cadena de conflictos distintos que se cruzan por geografía, historia e intereses estratégicos.

El conflicto israelí-palestino gira en torno a cuestiones de territorio, seguridad, reconocimiento y autodeterminación. Gaza concentra una crisis propia, marcada por Hamás, el aislamiento, la guerra y el deterioro humanitario. Líbano refleja la fragilidad de un Estado que no controla plenamente el uso de la fuerza en su territorio. Irán opera desde su propia óptica, buscando ser un líder regional indiscutible.

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Esa es la clave. Cada conflicto tiene causas propias, pero basta una chispa para que toda la zona arda (como ya se ha podido comprobar con los acontecimientos de los últimos meses).

Para entender Medio Oriente es necesario realizar un análisis que trasciende una fecha o una guerra en particular. Se trata de una región en la que su lógica reside en la acumulación de conflictos y sucesos que hasta el momento no han tenido una solución pacífica y duradera. El mapa no determina el destino de las naciones, sin embargo, en Medio Oriente cada frontera pesa y cada conflicto no resuelto deja abierta una herida que sirve de antesala para el siguiente enfrentamiento.

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Petro impugna las elecciones en Colombia por «manipulación algorítmica»

El presidente saliente denuncia fallos en la trazabilidad y autenticidad de los formularios E-14. La demanda apunta a una «inverificabilidad estructural» y pide anular la proclamación electoral.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este martes 21 de julio una demanda para anular las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por delante del oficialista Iván Cepeda. El mandatario alega «manipulación algorítmica» en el proceso de votación y dirige la acción judicial contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, además del propio De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

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El texto de la demanda cuestiona «la legalidad del acto de declaratoria de elección presidencial 2026» y sostiene que «la autoridad electoral habría degradado, sin motivación técnica suficiente, los controles de identificación, autenticidad, integridad y trazabilidad digital» de los formularios E-14 publicados este año, en comparación con el modelo utilizado en 2022. Según Petro, esta situación «impide o dificulta que la ciudadanía y el juez puedan reconstruir» la correspondencia entre los archivos electorales y los resultados finales.

«Inverificabilidad estructural»

Entre los cargos concretos que recoge el documento figuran la «inverificabilidad estructural por infracción de normas superiores de transparencia» y la «vulneración del principio de publicidad y falsa motivación». A ello se suman otros cargos derivados de la normativa electoral colombiana, que contempla la nulidad de los comicios ante escenarios de violencia, fraude o errores en el escrutinio.

Como medida principal, la demanda solicita que «se declare la nulidad de la resolución por medio de la cual se declaró la elección de presidente y vicepresidente», así como la anulación de la expedición de las credenciales presidenciales. Asimismo, Petro reclama un nuevo escrutinio y pide que se ordene «auditoría judicial o verificación técnica de las mesas, zonas, puestos, municipios o departamentos afectados».

Exigencias de auditoría y revisión técnica del escrutinio

En paralelo, el escrito exige a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que exhiban «los logs, hash internos, trazas de publicación, actas, versiones de archivos y documentos técnicos» que respalden la autenticidad de los formularios E-14. También solicita una inspección judicial sobre los sistemas de generación y publicación de los documentos E-14, E-24 y E-26, y plantea, de forma subsidiaria, medidas de depuración o recuento en caso de no acreditarse una nulidad total.

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Sin embargo, esta ofensiva judicial contrasta con las declaraciones que el propio Petro realizó a finales de junio, cuando afirmó que su Gobierno estaba preparado para una transición «ordenada y transparente» y que no sería «un obstáculo» para el nuevo mandatario. No obstante, el presidente saliente no ha cesado en sus cuestionamientos sobre los resultados, en un proceso que debe concluir con la toma de posesión del nuevo jefe de Estado el próximo 7 de agosto.