El ataque a la red financiera de Hezbolá pone en evidencia su creciente influencia en América Latina. A través de instituciones como Al Qard Al Hassan, el grupo ha fortalecido sus lazos locales, afectando a la seguridad y estabilidad económica de la región. En este artículo, el alumno becado del Máster de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute explica cómo este ataque resalta su impacto en América Latina.
El 20 de octubre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) bombardearon decenas de sucursales de la agencia Al Qard Al Hassan, una institución financiera vinculada a Hezbolá. El objetivo de la operación fue golpear la capacidad financiera y dañar la confianza de los agentes de la organización.
La economía del Líbano atraviesa una fuerte crisis desde 2019 con una escasez de dólares que restringió al máximo el funcionamiento del sistema financiero. En 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, se produjo la explosión de un depósito de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. El incidente, que dejó más de 200 personas fallecidas, fue calificado como la explosión no-nuclear más grande de la historia.
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Con una economía en ruinas que en 2023 tuvo picos inflacionarios del 268% y con la libra libanesa sufriendo una devaluación del 90%, el sistema financiero se vio colapsado. En 2022 se llegó a aplicar un «corralito», reteniendo los depósitos de los ahorristas, lo que provocó fuertes protestas en las puertas de los bancos. En ese marco, las instituciones como Al Qard Al Hassan ganaron relevancia al actuar como prestamistas para el consumo de la población y suplir los servicios financieros que se limitaron con la crisis.
¿Qué es Al Qard Al Hassan?
De acuerdo al portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, la agencia Al-Qard Al-Hassan, que se describe a sí misma como una organización benéfica que sigue los principios islámicos que prohíben los intereses, es un medio por el cual se canalizan las transferencias realizadas por el gobierno de Irán para financiar al grupo terrorista.
Esta entidad se encuentra desconectada del sistema internacional SWIFT, lo que la vuelve un medio significativo para canalizar los flujos financieros de la organización. A través de este sistema, se pueden realizar el pago de los salarios, financiar sus operaciones y establecer un vínculo directo de influencia con la población civil.
La modalidad de microfinanciación y las condiciones más laxas para la devolución de los préstamos, le permitió a Al Qard Al Hassan tener una rápida expansión, llegando a contar con 30 sucursales en todo el país, principalmente en las zonas chiíes, y alcanzar los 400.000 beneficiarios, más del 7% de la población libanesa.
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Actualmente, esta entidad es el mayor prestamista del Líbano, con cantidades de préstamos que para 2019 ascendían hasta los 500 millones de dólares. Tanto Estados Unidos e Israel como la Unión Europea impusieron sanciones a la agencia y a Adel Mohamad Mansour, el director ejecutivo del banco, quien fue incluido en la lista negra de los Estados Unidos.
A su vez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Hezbolá utiliza esta agencia como tapadera para sus actividades financieras a nivel internacional, permitiéndole mover fondos ilícitos y ser utilizada como una herramienta de influencia en las poblaciones.
La red financiera de Hezbolá en América Latina
Desde 1990, las operaciones de la organización chiita libanesa en América Latina han tenido un crecimiento significativo, acelerándose en las últimas décadas. El grupo terrorista se ha valido de una nutrida presencia de libaneses con más de un siglo de historia en la región y ha construido una compleja red transfronteriza que combina negocios, logística, nexos criminales, lavado de dinero, diplomacia y acciones terroristas.
La inmigración libanesa se extiende hacia México, Venezuela o Chile, y cuenta con una presencia importante en el paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Sin embargo, el límite fronterizo que une a Argentina, Brasil y Paraguay, conocido como Triple Frontera, es el punto donde se concentra la mayor cantidad de relaciones con Hezbolá y fue la base operativa del mayor atentado terrorista en la región: el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con sede en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994.
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La Triple Frontera es un punto de gran actividad comercial y conexión internacional por el que fluyen más de 20 mil millones de dólares anuales en actividades ilícitas que incluyen el tráfico de drogas, armas y personas. Con tres aeropuertos internacionales y atractivos turísticos como las cataratas del Iguazú, es una zona que permite el anonimato para las maniobras criminales.
Estas conexiones se facilitan dado que los inmigrantes libaneses que desarrollan sus actividades económicas en las ciudades de la Triple Frontera mantienen vínculos estrechos con sus familias radicadas en el Valle de Bekaa, epicentro de Hezbolá. Se calcula que a través de las remesas se envían alrededor de 100 millones de dólares anuales desde la Triple Frontera.
Al mismo tiempo, la Triple Frontera es un punto de ingreso para los dólares falsificados en Baalbek y otros puntos del Valle de Bekaa, los cuales circulan por intermedio de la actividad comercial de una zona con alta actividad de contrabando y tráfico de personas, drogas y mercaderías ilícitas. Con el dinero obtenido, la estructura delictiva adquiere cheques de viajeros que luego cambian en países europeos, a los cuales ingresan con pasaportes falsos paraguayos y brasileños.
Los clanes latinoamericanos de Hezbolá
Según la justicia estadounidense, Mohammad Youssef Abdallah, quien vive en Paraguay desde 1980 y es líder de la mezquita verde de Ciudad del Este, es el comandante regional de Hezbolá y jefe recaudador del grupo terrorista en la región. Otro de los señalados como líder del grupo es Farouk Abdul Omairi, un libanés nacionalizado brasileño, quien coordina las operaciones a partir de la Sociedad Benéfica Islámica y otras organizaciones que sirven de contacto con la comunidad.
Pero uno de los casos más resonados es el del clan Barakat, conducido por el comerciante Assaad Ahmad Barakat, exmiembro del Consejo de Acción Islámica de Ciudad del Este y vicepresidente de la Sociedad Benéfica Islámica de Foz de Iguazú, condenado en 2018 en una causa de la que era fiscal Marcelo Pecci, asesinado en la isla de Barú, Colombia, en 2022 durante su luna de miel.
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De acuerdo a las investigaciones judiciales, Barakat formaba parte del aparato de Seguridad Exterior de la organización y reportaba sus acciones a Imad Moughnieh, radicado en Líbano y con pedido de captura internacional. Barakat es sindicado como uno de los principales financistas recaudadores de Hezbolá en la región.
Con su actividad con centro en las galerías Uniamérica en Ciudad del Este, el clan recolectaba dinero de la comunidad libanesa sin que muchos de ellos fueran conscientes de contribuir con el grupo terrorista. En la mezquita Husseinia se exigía anualmente el 2,5% de las ganancias de los miembros de la comunidad.
En un informe reservado que entregó la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, a su par chilena Carolina Tohá, se detallan las supuestas redes en Chile de financistas del grupo Hezbolá. Se estima que la red de comerciantes libaneses en Argentina, Brasil y Paraguay, moviliza varios miles de millones de dólares al año, aunque la cifra no puede precisarse con exactitud dada la naturaleza de las actividades.
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El 25 de octubre de 2024, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, reveló información originada por organismos de inteligencia que indican que Hussein Ahmad Karaki es el jefe operativo de Hezbolá en Latinoamérica y el contacto principal del aniquilado líder de la milicia chiita, Hasan Nasrallah.
En dicha presentación, la ministra argentina aludió a la «matriz de convergencia» que se produjo en la zona de la Triple Frontera entre formaciones terroristas como Hezbolá y organizaciones del crimen organizado como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil.
Estas alianzas permiten el intercambio de recursos y conocimientos, donde el lavado de dinero canalizado por entidades como la agencia Al Qard Al Hassan es fundamental para financiar sus operaciones en todo el mundo. Esta convergencia basada en el reclutamiento, financiamiento y colaboración operativa supone un enorme desafío de seguridad para todos los países de la región.
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