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El USGS estima entre 10.000 y 100.000 muertos tras el doble terremoto de Venezuela

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El USGS estima entre 10.000 y 100.000 muertos tras el doble terremoto de Venezuela

Venezuela sufre un doble seísmo de magnitud superior a 7 con miles de víctimas potenciales y pérdidas económicas de hasta el 7% del PIB.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierte de que «es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado» tras el doble terremoto registrado este miércoles en el noroeste de Venezuela. El organismo sitúa en más del 92% la probabilidad de que el balance supere el millar de muertos. Sin embargo, las autoridades venezolanas han confirmado una cantidad menor de fallecidos y heridos, aunque es un recuento que todavía excluye los datos del estado de La Guaira, el más afectado y declarado oficialmente «zona de desastre».

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El doble seísmo tuvo lugar en el estado de Yaracuy. Primero llegó un terremoto «precursor» de magnitud 7,2, con epicentro en San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros. A continuación, el «sismo principal» alcanzó magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y a solo diez kilómetros de profundidad. Ambos movimientos fueron seguidos de una veintena de réplicas.

Impacto masivo sobre la población y zonas más afectadas

El impacto humano resultó masivo. Más de 2,3 millones de venezolanos estuvieron expuestos a una sacudida «muy fuerte», mientras que 400.000 se encontraban en zonas con una sacudida «severa» y 29.000 en áreas con una «violenta». Las ciudades más castigadas son Puerto Cabello, con más de 200.000 habitantes, y Catia La Mar, con una población superior a 660.000 personas.

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El USGS advierte, además, de que la población afectada reside en «edificios vulnerables a los temblores sísmicos», siendo los más frecuentes «los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe». En cuanto al impacto económico, las pérdidas se estiman entre el 1% y el 7% del PIB de Venezuela.

¿Puede Europa controlar la inmigración? Claves del Pacto sobre Migración y Asilo

Balbanuz Ferreras
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¿Puede Europa controlar la inmigración? Claves del Pacto sobre Migración y Asilo

La UE ha puesto en marcha el Pacto sobre Migración y Asilo, aplicable desde el 12 de junio de 2026, la reforma migratoria más ambiciosa de su historia. En este artículo, Balbanuz Ferreras analiza los nuevos controles fronterizos, los procesos de asilo acelerados y el mecanismo de solidaridad entre estados que llega en un momento de máxima tensión política en toda Europa.

Belfast vive una de las peores oleadas de violencia antiinmigración, a raíz del apuñalamiento de Stephen Ogilvie a manos de un sudanés sin papeles; en Loosdrecht (Países Bajos) se ha decretado una orden de emergencia después de que los disturbios provocasen un incendio cercano a un centro de acogida para inmigrantes; Suecia endurece su política migratoria obligando a que, a partir de verano de 2026, los ciudadanos extranjeros acrediten ingresos mensuales mínimos de 3.300€ para permanecer en el territorio, etc.

Una Europa cada vez más tensionada

Estas son solo algunas de las noticias que han ocupado los titulares de periódicos europeos durante las últimas semanas. Tanto gobiernos como ciudadanos parecen estar movilizándose en contra de la inmigración masiva que está experimentando la UE, especialmente España, que se ha visto señalada por la decisión de Pedro Sánchez de regularizar masivamente a medio millón de inmigrantes. Diversos líderes han expresado su rechazo a la medida, como la ex embajadora de Hungría en España y eurodiputada Enikő Győri, quien acusa al presidente español de ser la “encarnación de una ambición de poder desvergonzada” y de desviar la atención de los casos de corrupción. Sánchez, sin embargo, se muestra orgulloso de su decisión. Durante el cierre del Global Progressive Mobilization declaró con vehemencia que “España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia”. 

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Sánchez no solo rema contracorriente a la tendencia europea, sino también contra EE.UU.: Peter Hegseth (Secretario de Defensa) se cuestionó durante el acto de conmemoración del desembarco de Normandía cuándo van a hacer algo las capitales europeas ante la invasión de “ideologías peligrosas” que llegan a sus costas. En este contexto de tensión en torno a la inmigración, la UE ha puesto en marcha una ambiciosa reforma, el Pacto sobre Migración y Asilo, que ha salido adelante gracias a los votos del PPE, socialistas y liberales de la Eurocámara, y que ha comenzado a ser aplicable desde el 12 de junio de 2026. 

Nuevo sistema de cribado y procesos acelerados

Actualmente, sólo alrededor de un 20% de las órdenes de expulsión de inmigrantes en situación irregular en territorio europeo se acaban ejecutando, según datos del Directorate-General for Migration and Home Affairs de la Comisión Europea. Esto es debido a que muchos países de origen no aceptan de vuelta a sus nacionales, la falta de documentación acreditada dificulta los procesos de identificación y la escasez de recursos judiciales hace que los procesos se dilaten en el tiempo. El Pacto establece una serie de medidas destinadas a mejorar los controles fronterizos, agilizar los trámites de aceptación o rechazo de los solicitantes de asilo y aliviar la carga a la que se enfrentan los países del sur de Europa. Sin embargo, a pesar de representar el mayor avance en materia migratoria de la UE hasta la fecha, aún cuenta con limitaciones y detractores. 

Como principal medida novedosa, se establece un cribado fronterizo, en el que se llevarán a cabo una verificación de identidad, toma de huellas e imágenes faciales, controles sanitarios, etc. De este modo, se intenta sustituir el modelo de entrada y posterior identificación por un sistema que realice comprobaciones antes de dejar pasar al inmigrante a territorio europeo. Eurodac, la base de datos biométrica de la UE, se verá así ampliada. Antes del Pacto, el registro biométrico se aplicaba solo a personas mayores de 14 años, mientras que ahora la edad se ha reducido a los 6 años a fin de combatir la trata de menores y facilitar la reunificación familiar. 

Por otro lado, el Pacto busca acelerar los procedimientos de solicitud de asilo. Antes, una persona solicitante podía esperar meses e incluso años a que su expediente fuera resuelto y se le concediera o denegase el asilo. Ahora se espera que algunos casos puedan resolverse directamente en las instalaciones fronterizas, principalmente las de aquellos solicitantes de nacionalidades con bajas tasas de reconocimiento de asilo o las de personas que representen riesgos de seguridad. El objetivo es reducir el incentivo de presentar solicitudes sin posibilidades de éxito, sólo para permanecer durante meses o años en territorio europeo. Los detractores de esta medida consideran que los procesos tan rápidos pueden aumentar errores administrativos y dificultar el acceso a abogados y recursos, haciendo que algunas resoluciones sean injustas. 

La reforma de Dublín y el mecanismo de solidaridad

A pesar de que estas dos medidas son claves para el Pacto, el avance más destacable es el Mecanismo de Solidaridad Obligatoria entre estados miembros. El Reglamento de Dublín, vigente antes del Pacto, se basaba en que el primer estado miembro por el que entraba un solicitante era el responsable de analizar su solicitud de asilo. Por ejemplo, si un migrante llegaba a Canarias, España debía registrarlo. Aunque luego el migrante se desplazase hasta Alemania, este tenía potestad para devolverlo a España por ser el país de entrada.

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Durante la crisis migratoria de 2015-16, este método colapsó porque muchos países fronterizos (España, Italia, Grecia, Malta, etc.) no podían registrar a todos los recién llegados por falta de capacidades y otros países decidieron dejar de aplicar las devoluciones porque sabían que los países del sur se encontraban desbordados. Por su parte, estos pedían un reparto automático de los solicitantes de asilo entre otros países de la UE. El Pacto pretende, a través del Mecanismo de Solidaridad, promover que los demás países contribuyan a aliviar la carga de las naciones del sur. Las contribuciones pueden ser de reubicación (aceptar solicitudes de asilo en su territorio), de ayuda financiera o de apoyo operativo (envío de personal, recursos, equipos…). 

La solución es, por tanto, que se siga manteniendo el principio del país de entrada pero evitando que las naciones del sur se sientan solas ante el problema. La crisis de 2015 demostró que, cuando estos países se sienten desprotegidos, tienen incentivos para dejar pasar a los inmigrantes hacia el norte y aplicar controles menos restrictivos, lo que debilita el funcionamiento de Schengen. A pesar de todo, algunos analistas, como Philippe De Bruycker y Juan Santos Vara, describen el sistema como una “solidaridad flexible” más que una redistribución real, dado que el Mecanismo permite que los países elijan como opción el pago en vez de aceptar a los migrantes en su territorio. 

Los retornos, asignatura pendiente de la política migratoria 

El Pacto representa grandes avances a nivel europeo, acelerando devoluciones, pero para que estas sean efectivas se debe contar con el apoyo del país de origen. Jurídicamente, un estado puede dictar una orden de retorno, pero para ejecutar esa expulsión necesita que el país de origen confirme la identidad de la persona y autorice su regreso. Es por esto que los trámites quedan bloqueados en muchas ocasiones durante meses o años. La UE necesita cooperar y llegar a acuerdos de readmisión con terceros países, lo cual lleva tiempo desarrollando: en los últimos años, la UE ha reforzado pactos con Marruecos, Túnez, Egipto y Mauritania (no solo para controlar las rutas migratorias, sino también para garantizar que los retornos sean ejecutables).

Return hubs: ¿futuro de la externalización migratoria?

Aunque no forman parte del texto del Pacto, se ha puesto sobre la mesa la idea de los “return hubs”, precisamente para paliar las situaciones derivadas de que el país de origen ralentice la devolución. Giorgia Meloni ya propuso la creación de uno de estos centros en Albania, que recibió numerosas críticas y fue paralizado por tribunales italianos. El caso está estudiándose como una especie de laboratorio político, pero los resultados no han sido favorables y han generado dudas sobre su viabilidad. Además, surge la pregunta de qué pasaría si el solicitante de asilo no puede volver a su país de origen porque su vida allí corre peligro. 

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Este “outsourcing” de inmigrantes recuerda al reciente caso del centro de cuarentena de ébola en Kenia, desarrollado por EE.UU. para tratar a estadounidenses afectados. Los keniatas han salido a protestar a las calles y un tribunal del país ha suspendido temporalmente el proyecto. Esta manera de gestionar un problema fuera del territorio nacional para reducir riesgos presenta un dilema moral similar al de los hubs de retorno, ya que parece que los países afectados buscan “echar balones fuera” y pretenden que un tercer país solucione sus problemas. 

Un paso adelante, pero no una solución definitiva

En resumen, el Pacto supone grandes avances en materia migratoria, pero falta tiempo para determinar si los cambios serán efectivos. Los factores que más influyen en las migraciones suelen ser guerras, crisis económicas y redes de traficantes, elementos sobre los que el Pacto tiene una influencia limitada. Por eso podemos afirmar que el Pacto supone una reforma que ayuda a controlar la situación, más que una solución al fenómeno migratorio.

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Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 sacude Venezuela y provoca fallecidos y el derrumbe de edificios

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Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 sacude Venezuela y provoca fallecidos y el derrumbe de edificios

Autoridades alertan de colapsos y nuevas réplicas tras dos terremotos en Venezuela que han provocado graves daños y fallecidos.

Un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 ha golpeado el noroeste de Venezuela, en torno a la sierra de Aroa, dejando edificios derrumbados en múltiples parroquias y provocando la declaración del estado de emergencia. El seísmo, registrado este miércoles alrededor de las seis de la tarde (hora local), ha afectado a varios estados del país, incluido el distrito de Caracas, y ha ido seguido de una veintena de réplicas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó los datos en una comparecencia pública. «El día de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas», declaró. Las cifras han sido respaldadas tanto por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) como por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que describió el fenómeno como «un doble evento» con un sismo precursor de magnitud 7,2, con epicentro en San Felipe y a 21,9 kilómetros de profundidad, seguido del sismo principal de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y a diez kilómetros de profundidad.

Zonas más afectadas

Las zonas más duramente castigadas se concentran en el municipio capitalino de Chacao, donde el vicepresidente Diosdado Cabello describió «situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico» en los barrios de Los Palos Grandes y Altamira. «Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado», subrayó Cabello. Además de Caracas, Rodríguez informó de consecuencias graves en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, mientras Cabello añadió afectaciones en Yaracuy, Lara y Mérida, advirtiendo de que «muchas estructuras están en riesgo de colapsar».

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, ha quedado «cerrado por graves daños», y los servicios de metro y ferrocarril han sido suspendidos «para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura habitada». A ello se suman cortes en los servicios de electricidad y agua en múltiples estados. Como medida preventiva, las autoridades también han decretado un «cierre temporal» del suministro de gas directo a los edificios «hasta que termine la evaluación».

Riesgo de nuevas réplicas

Ante el riesgo de nuevas réplicas, Cabello instó a la población a evacuar los inmuebles. «Nadie debe quedarse dentro de los edificios, porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas, que tienen carácter ya de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido en el evento principal», alertó el vicepresidente, explicando que dichas construcciones presentan «debilidad estructural y se vienen abajo». El USGS, por su parte, advirtió de que «podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas».

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En materia sanitaria, Rodríguez anunció la activación de «toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos». Las autoridades han suspendido las clases y todas las actividades no esenciales durante los días restantes de la semana. El USGS estimó que «es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado».

LastPass sufre una filtración de datos personales de sus clientes por una brecha en Klue

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LastPass sufre una filtración de datos personales de sus clientes por una brecha en Klue

Una brecha en Klue expone datos de clientes de LastPass y otras compañías. La empresa asegura que las bóvedas permanecen seguras.

LastPass ha confirmado que datos personales de sus clientes —incluyendo nombres, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones físicas— han quedado expuestos tras un ciberataque a Klue, la plataforma de inteligencia de mercado integrada con sus sistemas de Salesforce y Gong. El incidente no es aislado, ya que otras compañías como HackerOne, Recorded Future y Tanium también han resultado perjudicadas.

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El ataque tuvo su origen el 12 de junio, cuando Klue detectó actividad no autorizada en parte de su infraestructura de integración. Tras investigar el caso, la compañía determinó que los ciberdelincuentes accedieron al sistema «utilizando una credencial heredada comprometida asociada a un servicio de integración como puerta de entrada». A partir de ahí, los actores maliciosos obtuvieron tokens OAuth, mecanismos de autenticación que permiten conectar Klue con plataformas externas como Salesforce, y los utilizaron para moverse lateralmente por los entornos de varios clientes.

Acceso mediante credenciales comprometidas y tokens OAuth

En el caso concreto de LastPass, los atacantes emplearon esos tokens para acceder al entorno Salesforce y recopilar datos personales de usuarios, además de información relacionada con casos de soporte y actividad comercial. Sin embargo, el servicio de gestión de contraseñas ha subrayado en su blog que sus productos, servicios e infraestructura «no se vieron afectados de ninguna manera» y que las bóvedas de contraseñas de los clientes permanecen seguras. Tampoco hay evidencias de acceso a datos vinculados a Gong.

Ante el incidente, LastPass señala que «actuó con rapidez»: suspendió el acceso de todos sus empleados a Klue, rotó los tokens de acceso a la API expuestos y colaboró con sus contactos en Klue y Salesforce para mitigar el daño. Paralelamente, la empresa notificó a los usuarios afectados y está cooperando con las fuerzas del orden. Por su parte, Klue revocó las credenciales y tokens comprometidos, eliminó código no autorizado y desactivó las integraciones potencialmente afectadas con otros servicios.

Amenaza de extorsión y riesgos de phishing tras la filtración

El grupo que se ha atribuido la autoría del ataque es conocido como Icarus, según han recogido medios como TechCrunch y Bleeping Computer. El colectivo ha amenazado con publicar los datos robados si no recibe un pago de rescate, lo que convierte el incidente en un caso de extorsión con información sensible. Ante este escenario, LastPass ha recomendado a sus usuarios «mantenerse alerta ante posibles ataques de phishing o intentos de ingeniería social», que los atacantes podrían orquestar aprovechando los datos de contacto obtenidos.

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No es la primera vez que LastPass se ve envuelta en una crisis de seguridad. En 2022, la compañía ya sufrió una filtración de mayor gravedad, en la que los ciberdelincuentes lograron robar datos encriptados de las bóvedas de los clientes, incluidas contraseñas maestras que posteriormente consiguieron vulnerar mediante ataques de fuerza bruta. En esta ocasión, el alcance queda limitado a los sistemas integrados con Klue, aunque la exposición de datos personales abre la puerta a ataques secundarios de ingeniería social.

Albania en llamas: las claves de la revolución de los flamencos

Rubén Asenjo
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Albania en llamas: las claves de la revolución de los flamencos

El movimiento ciudadano más importante de Albania en décadas pone en jaque al Gobierno de Edi Rama y a los megaproyectos turísticos de la familia Trump en una zona natural protegida.

Albania no estaba en los titulares internacionales. Sin embargo, desde finales de mayo de 2026, el pequeño país balcánico protagoniza una de las movilizaciones ciudadanas más potentes de su historia reciente. Todo comenzó con un ave. O, más exactamente, con la amenaza de destruir el hogar de miles de ellas. Así nació la revolución de los flamencos, una protesta ecologista que, en pocas semanas, se transformó en un terremoto político de consecuencias imprevisibles.

Cómo empezó todo: la laguna de Narta como detonante

El 31 de mayo de 2026, los vecinos del pueblo pesquero de Zvërnec fueron los primeros en salir a las calles. El motivo era la construcción inminente de un megacomplejo turístico de lujo valorado en más de 4.000 millones de euros en la laguna de Vjosa-Narta, un humedal protegido que sirve de refugio estacional para colonias de flamencos rosas, entre otras especies amenazadas.

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Lo que verdaderamente encendió la mecha fue la actuación de las empresas promotoras. En mayo, comenzaron la tala masiva de bosques y la instalación de cercas con concertinas para bloquear el acceso de los residentes locales a las zonas afectadas. Ese nivel de agresividad fue el catalizador de una indignación que llevaba tiempo acumulada.

El cambio legal que lo hizo posible

Sin embargo, nada de esto habría sido posible sin una modificación legislativa clave aprobada por el Gobierno de Edi Rama. En los meses previos al inicio de las obras, el Parlamento albanés aprobó enmiendas a la Ley de Zonas Protegidas que reclasificaron parte del territorio de Vjosa-Narta, eliminando o reduciendo las restricciones de construcción en áreas que hasta entonces gozaban de protección medioambiental.

Este cambio normativo se denunció por organizaciones ecologistas y juristas como una modificación a medida, diseñada específicamente para allanar el camino legal a los inversores extranjeros. De hecho, los críticos señalan que la reforma se aprobó sin consulta pública y con una velocidad parlamentaria inusual, lo que alimentó las sospechas de trato preferencial al capital foráneo en detrimento del interés general y del patrimonio natural del país.

El vínculo con la familia Trump: Kushner e Ivanka en el centro

No es un proyecto turístico cualquiera. Detrás de los megadesarrollos en Vjosa-Narta y en la isla de Sazan se encuentran Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y su esposa Ivanka Trump. Las obras forman parte de una ambiciosa apuesta inversora de la familia Trump en el Adriático, con el respaldo explícito del Gobierno albanés.

Por eso, los manifestantes no tardaron en ampliar sus consignas más allá del ecologismo. «Albania no está en venta», «Ivanka, vete a casa» y «Manos fuera de Vjosa-Narta» proclaman los manifestantes en las plazas de Tirana con una claridad política inequívoca. En ese sentido, el movimiento conectó con una sensación extendida de que los recursos naturales del país se estaban entregando a intereses extranjeros sin una consulta popular.

De protesta ecologista a movimiento político

Sin embargo, la revolución de los flamencos no tardó en mutar. A medida que las semanas avanzaron, las protestas diarias en Tirana y otras ciudades pedían la dimisión del primer ministro Edi Rama, en el poder desde 2013.

En paralelo, el movimiento apuntó también contra Sali Berisha, el veterano líder opositor que domina la política albanesa desde los años noventa. De este modo, la revuelta se convirtió en un cuestionamiento al bipartidismo que ha controlado el país durante tres décadas, percibido por muchos albaneses como corrupto e impermeable a la voluntad ciudadana.

El periodista albanés Lufti Dervishi, explicó que «las protestas se han convertido en una de las movilizaciones ciudadanas más significativas que ha vivido Albania en las últimas décadas».

El flamenco rosa como símbolo de resistencia

Más allá de lo político, la revolución tiene una estética propia y poderosa. Los manifestantes llevan ropa rosa, portan figuras de flamencos y han convertido al ave en un símbolo de resistencia identitaria y medioambiental.

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Este simbolismo no es casual. El flamenco rosa migra estacionalmente a la laguna de Narta entre marzo y mayo, y regresa entre septiembre y noviembre. Su presencia forma parte del paisaje cultural y natural de la región desde hace generaciones. Destruir ese hábitat equivale, para muchos albaneses, a destruir una parte de su propia identidad.

El impacto real: obras paralizadas y presión internacional

A pesar de su carácter descentralizado y apartidista, el movimiento ha logrado resultados tangibles. Ante la magnitud de las protestas, las autoridades albanesas paralizaron provisionalmente las obras, un primer paso que los manifestantes consideraron insuficiente pero significativo.

Además, la revolución de los flamencos ha atraído la atención mediática internacional, poniendo en aprietos tanto al Gobierno de Rama como a la imagen global de la familia Trump en su rol de inversores en mercados emergentes. En definitiva, lo que empezó como una protesta local frente a una excavadora se ha convertido en un espejo donde Albania examina qué tipo de país quiere ser.

La geopolítica como activo empresarial

Santiago Torres Kuri
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La geopolítica como activo empresarial

La geopolítica ha dejado de ser territorio exclusivo de diplomáticos y analistas para convertirse en una herramienta de negocio. Una guerra, una sanción o una tensión en una ruta marítima puede alterar los costes de una empresa en cuestión de días. En este artículo, Santiago Torres Kuri explica cómo las compañías que integran el análisis geopolítico en su estrategia anticipan riesgos, reducen incertidumbre y encuentran oportunidades donde otras solo ven problemas.

En la actualidad, la geopolítica es una herramienta de negocio que capitaliza oportunidades del mercado. Quien la entiende, anticipa. Quien la incorpora, protege valor. Quien la usa por medio de su análisis y métodos, encuentra oportunidades donde otros solo ven incertidumbre. Y es que hoy, la incertidumbre puede convertirse en un activo estratégico.

Las empresas operan en un mundo donde una elección puede cambiar una regulación que afecte a toda su cadena de producción; una guerra puede alterar una ruta marítima; y, donde una sanción económica es capaz de modificar el precio de una materia prima y mermar las ganancias anuales. Por eso, en los últimos años, el análisis geopolítico ha abandonado el terreno de los diplomáticos y se ha convertido en un protagonista de la estrategia empresarial.

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Hoy, una compañía competitiva no debe limitarse a solo analizar balances, ventas o inventarios. También debe de ser capaz de observar el comportamiento y evolución política, social y económica del entorno en el que opera.

La geopolítica bien utilizada se transforma en inteligencia accionable. Es decir, en información útil para decidir mejor.

Un informe de inteligencia bien elaborado aporta conocimiento, reduce la incertidumbre y ayuda a tomar decisiones. De modo similar, un análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal) funciona como un radar de alerta temprana para detectar tendencias clave. 

En lugar de esperar a que ocurra la crisis, las empresas que integran esa visión anticipan problemas y encuentran oportunidades. En otras palabras, las organizaciones que incorporan el análisis geopolítico mejoran su resiliencia ante la volatilidad y obtienen una clara ventaja competitiva.

Inteligencia geopolítica: anticipar riesgos y materializar oportunidades

Un informe de inteligencia geopolítica examina datos de política, economía y sociedad para responder “¿qué puede pasar y qué repercusiones tendría?”.

El LISA Institute, menciona que la inteligencia “sirve para anticiparse a los riesgos y las oportunidades en cualquier industria, dando soporte a la toma de decisiones”.

Una empresa con operaciones internacionales puede usar un informe de inteligencia para evaluar riesgos regulatorios, cambios de gobierno, tensiones sociales, sanciones económicas, amenazas logísticas o disputas comerciales. El objetivo no consiste en adivinar el futuro. El objetivo consiste en reducir el nivel de incertidumbre y materializar oportunidades. Estos informes no opinan: analizan información fiable, mapas de poder e indicadores.

La clave radica en la capacidad de traducir los informes de inteligencia en planes prácticos: estrategias de inversión, identificar cadenas de suministro riesgosas, anticipar y gestionar riesgos, entre otros.

Análisis PESTEL

El análisis PESTEL es otro complemento esencial. Examina seis factores macro para el sector empresarial: 

  • Políticos (guerras, elecciones, regulación), 
  • Económicos (inflación, crecimiento), 
  • Sociales (hábitos del consumidor), 
  • Tecnológicos (innovación disruptiva), 
  • Ecológicos (clima, sostenibilidad);
  • Legales (marcos normativos, legislaciones locales) 

Su valor radica en la conexión de esas variables con decisiones concretas.

Una nueva política energética puede modificar inversiones. Una reforma fiscal puede alterar márgenes. Una tensión social puede afectar operaciones. Una innovación tecnológica puede cambiar la competencia. Una exigencia ambiental puede redefinir proveedores. Una regulación normativa puede abrir o cerrar mercados. 

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El estrecho de Ormuz: un ejemplo reciente

La crisis que inició en marzo de 2026 en el estrecho de Ormuz ilustra bien cómo un choque geopolítico tiene una estrecha relación con la economía. Este paso entre Irán y Omán concentra una parte crítica del comercio energético global. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2025 por Ormuz circularon alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y derivados. La AIE también estima que, en 2024, cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado pasó por esa ruta.

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Un aumento de tensión militar en esa zona, tiene un impacto que va más allá del Golfo Pérsico. Sube el precio del crudo. Se encarece el gas. Aumenta el costo del transporte marítimo, terrestre y aéreo. Las navieras ajustan rutas. Las aseguradoras elevan primas. Las empresas importadoras enfrentan retrasos. Y el consumidor final termina pagando parte de esa presión en forma de precios más altos.

Ahí es donde entra el valor de un informe de inteligencia o de un análisis PESTEL.

Un informe de inteligencia tomaría el caso de Ormuz y lo traduciría en preguntas concretas para una empresa:

  • ¿Qué parte de mis costos depende del petróleo?
  • ¿Qué proveedores dependen de rutas que cruzan Medio Oriente?
  • ¿Qué contratos pueden encarecerse si suben los fletes?
  • ¿Qué inventarios debo asegurar antes de que el mercado ajuste precios?
  • ¿Qué clientes pueden verse afectados por retrasos o aumentos?

Con esas respuestas, la empresa puede actuar antes de que la crisis afecte sus márgenes.

Por su parte, un análisis PESTEL permitiría analizar la crisis de Ormuz desde seis ángulos.

  • En lo político, mediría la tensión y el avance o deterioro diplomático entre Irán, Estados Unidos, Israel y los países del Golfo.
  • En lo económico, calcularía el impacto en petróleo, gas, fletes, inflación y costos operativos.
  • En lo social, evaluaría cómo el aumento de precios puede afectar el consumo y la demanda.
  • En lo tecnológico, identificaría herramientas de monitoreo logístico, trazabilidad y predicción de riesgos.
  • En lo ambiental, revisaría si la crisis acelera inversiones en eficiencia energética o planes nacionales que impulsen las energías renovables.
  • En lo legal, analizaría sanciones, seguros y cumplimiento normativo.

Ese mapa permite pasar del diagnóstico a la estrategia.

Una empresa puede convertir la crisis en oportunidad si usa el análisis para diversificar proveedores, rediseñar rutas, fortalecer inventarios, contratar coberturas energéticas, invertir en eficiencia logística o sustituir insumos expuestos a volatilidad.

También puede detectar nuevas áreas de negocio. Una empresa de tecnología puede ofrecer monitoreo de cadenas de suministro. Una firma logística puede vender sus servicios de asesoría y gestión de rutas alternativas. Una consultora puede diseñar mapas de exposición geopolítica o una estrategia integral de riesgos y oportunidades.

Conclusión

La geopolítica ya no es algo ajeno a nuestra realidad. Las empresas que entienden esto usan inteligencia y análisis profundo para convertir el riesgo en oportunidad. Con informes geopolíticos y de inteligencia sólidos y un enfoque estratégico (PESTEL, gestión de la cadena de suministro, planes de contingencia), cada desafío global puede abrir un camino de crecimiento. 

La geopolítica ha dejado de ser un elemento aislado y adicional y ya es una activo de valor para quien sabe interpretarla.

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Redes de pesca y migración: la influencia europea en África Occidental

Marta Borrell Fijo
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Redes de pesca y migración: la influencia europea en África Occidental

Los acuerdos pesqueros entre la UE y países de la costa africana se presentan como cooperación sostenible, pero generan desequilibrios que fragilizán las economías locales. En este artículo, Marta Borrell, alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza por qué la misma costa que alimenta a Europa es también una de sus principales rutas de inmigración irregular.

Mirarse al ombligo como país, cuando se trata de cuestiones de geopolítica internacional, siempre resulta incómodo. Esto termina frecuentemente teniendo serias repercusiones que se convierten en el debate central cuando en realidad son solo la punta del iceberg. Un ejemplo de ello es la inmigración como resultado, entre otros muchos factores, de acuerdos pesqueros criticados por ser desiguales y favorables para Europa. La misma costa que alimenta a Europa también es una ruta mortal hacia ella.

Los acuerdos entre países de la UE y países africanos se han criticado por contradicciones entre sus objetivos de sostenibilidad, el establecimiento de estructuras económicas colaborativas y los efectos reales que pueden generar en las economías costeras. Esto perpetúa a menudo la dependencia de economías con menor poder de negociación e influyendo, por ende, en los flujos migratorios existentes. 

La pesca que alimenta a Europa

La UE es el mayor mercado mundial de productos marinos, con un consumo de 23,7 kg por persona y año según datos del Consejo de la Unión Europea, pero depende completamente de productos de aguas extranjeras.Por eso, los acuerdos lanzados desde Europa buscan solventar esta falta de autosuficiencia mediante lo que se presenta como una cooperación internacional con potencial para impulsar la industria pesquera y estimular el desarrollo económico de los países firmantes. 

Mapa de los estados con acuerdos vigentes del SFPA.

La política pesquera europea se centra en los acuerdos SFPA (Sustainable Fisheries Partnership Agreements). Estos acuerdos pretenden sentar las bases con dos objetivos principales: la sostenibilidad y la cooperación. Se presentan como una herramienta que busca regular la explotación de los recursos marinos, generar ingresos para los países socios y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Los SFPAs se complementan, además, con acuerdos bilaterales entre estados que constituyen el marco para la pesca en aguas extranjeras de los estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, los intereses y el poder de negociación entre la UE y los países participantes en los acuerdos SFPA no están equilibrados. 

Infografía sobre el acceso pesquero, en términos de número de embarcaciones, de los principales estados actores en los SFPA. 

Guinea-Bissau y Groenlandia: la asimetría en cifras 

Los SFPAs están firmados por un total de 11 países, principalmente de la costa oeste africana. Estos contrastan con uno en particular: Groenlandia, que recibe una contribución europea a través de acuerdos pesqueros similares a los de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es uno de los países más pobres e inestables políticamente de África occidental y las contribuciones de la UE constituyen una fuente importante de beneficios para el Estado.

Mientras que para Guinea-Bissau esta compensación es calificada por el Parlamento Europeo como una “contribución muy significativa”, para Groenlandia tiene otra dimensión. Esto se da porque es un país que controla recursos árticos muy valiosos, con instituciones mucho más consolidadas, y una importancia geopolítica que no se basa únicamente en la pesca. Esto genera un espacio de negociación muy asimétrico en sus acuerdos con la UE.

Como resultado, muchas de las críticas del SFPA EU-Guinea-Bissau se centran en que una gran parte del valor económico generado por la actividad pesquera en Guinea-Bissau no permanece en el país. Según la documentación del propio Parlamento Europeo, alrededor del 97% de las capturas realizadas en aguas guineanas son desembarcadas fuera del territorio nacional, lo que implica que el procesamiento, la comercialización y buena parte de los beneficios asociados a la cadena de valor se producen en el extranjero, mientras que el desarrollo del sector pesquero local en Guinea-Bissau sigue siendo limitado. Esto contrasta con Groenlandia, donde la industria pesquera está mucho más integrada en la economía local y donde el control institucional sobre el sector permite una mayor captura del valor interno. Aunque se trata de contextos institucionales y geopolíticos muy diferentes, la comparación permite ilustrar cómo el poder de negociación y la estructura económica condicionan el tipo de acuerdo alcanzado. 

Estos desequilibrios son también explícitos en el tipo y valor de los recursos pesqueros. En Groenlandia, la negociación gira alrededor del valor económico del recurso y de una gestión muy tecnificada, pero en Guinea-Bissau el foco está mucho más en el acceso general a las aguas. Esto quiere decir que, así como, por ejemplo, la gamba nórdica está establecida en 4.726€/tonelada en el acuerdo groenlandés, en el acuerdo con Guinea-Bissau no aparecen referencias transparentes sobre el valor comercial del pescado extraído y muchas tasas se calculan por arqueo bruto (GRT) o por tonelada capturada. 

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Otro contraste significativo aparece en las tasas pagadas por las flotas europeas. Mientras que en Groenlandia aumentan progresivamente los precios de acceso a sus recursos pesqueros cada dos años, reflejando una lógica de revalorización progresiva del recurso, en Guinea-Bissau, las tarifas permanecen relativamente bajas y estables, independientemente de las fluctuaciones del valor comercial internacional. 

Pescar bajo otra bandera

La disconformidad de algunos estados con los acuerdos SFPAs se ha tangibilizado en ejemplos como Senegal, que ha tenido «fisheries agreements» tradicionales con la UE desde 1980 en los que se acordaban licencias para que flotas europeas pescaran en aguas senegalesas. En 2006, Senegal decide no renovar el acuerdo con la UE debido a las críticas por sobrepesca de especies pelágicas, presión de pescadores artesanales y una percepción de desigualdad en el reparto del recurso. A pesar de este paréntesis, las flotas europeas, en especial empresas españolas y francesas, continúan con acuerdos privados o licencias indirectas que generan problemas de pesca ilegal (IUU).

En 2014, se firma el SFPA entre la UE y Senegal, en el que se cambia el marco de presentación hacia un acuerdo sostenible, con acceso limitado para la flota europea y que incluye financiación para el sector pesquero senegalés. Tras una renovación del acuerdo en 2019, la UE identifica fallos en el control de la pesca ilegal y Senegal es considerado “no cooperante” en algunos informes. Este diagnóstico es utilizado por la Comisión Europea como base para no renovar automáticamente el protocolo en 2024, abriendo una nueva fase de incertidumbre en la relación pesquera bilateral. 

Sin embargo, más allá del marco formal del SFPE, el caso senegalés evidencia una divergencia estructural entre la regulación y la práctica. Varias investigaciones han señalado que una parte significativa de la flota que opera bajo bandera senegalesa está vinculada a empresas o capital extranjero, especialmente español y chino, a través de estructuras de joint ventures. La publicación por parte del gobierno senegalés de la lista de embarcaciones autorizadas reveló que aproximadamente el 45% de los barcos industriales con bandera senegalesa estaban en realidad controlados por intereses extranjeros. Este sistema permite que embarcaciones vinculadas a empresas europeas operen bajo regulación senegalesa y, por tanto, eviten parte de las restricciones aplicables a las flotas europeas bajo el SFPA. Diversos informes también han documentado prácticas asociadas a estas flotas, incluyendo incursiones en zonas reservadas para pesca artesanal, apagado de sistemas de seguimiento y pesca de especies inmaduras. En este sentido, se han registrado casos de embarcaciones interceptadas en otros estados, como en Liberia, por exceder los límites de captura de especies de alto valor comercial, como la gamba roja.

Este fenómeno se ha interpretado como una forma de “bypass regulatorio” que no controla de manera efectiva la propiedad real ni el capital de las embarcaciones que operan bajo bandera senegalesa. Como resultado, empresas europeas pueden seguir participando indirectamente en la explotación de recursos pesqueros locales. 

La misma costa, dos viajes

La industria pesquera representa el 3,2% del PIB senegalés y generó un total de 300 billones de CFA (450-500 millones de euros) en 2025, según un informe del IISD. Al ser un sector tan dominante en la economía senegalesa, las irregularidades en los acuerdos, los desequilibrios en la negociación de estos acuerdos, la sobreexplotación de especies pelágicas y la creciente competencia por el acceso al mar tienen un impacto incalculable en la economía de las comunidades costeras, que sufren una competencia desigual que deteriora la industria local e inevitablemente genera una dependencia económica insostenible. Estas han sido, entre muchas otras, razones por las que parte de la población joven y preparada en Senegal decide emigrar hacia Europa. 

Este desequilibrio no implica automáticamente una relación directa con la migración, pero sí puede contribuir a la fragilización de las economías locales altamente dependientes de la pesca artesanal. La competencia con flotas industriales extranjeras, la reducción del acceso efectivo a los recursos marinos y la limitada captura del valor añadido en tierra pueden afectar a la estabilidad del empleo costero y a las oportunidades económicas en regiones donde la pesca constituye una de las principales fuentes de ingresos.

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En 2006, España recibió uno de los picos más pronunciados de inmigración por vía marítima proveniente de países de la costa occidental africana hacia Canarias. Esta es coloquialmente conocida como la “Crisis de los Cayucos” y se solapa casi a la perfección con la línea evolutiva de los acuerdos pesqueros entre la UE y Senegal tratados anteriormente. La crisis de los cayucos, por lo tanto, puede entenderse como una consecuencia indirecta de las tensiones estructurales derivadas del régimen de gobernanza pesquera en la costa atlántica africana. En este sentido, la crisis migratoria y la política pesquera internacional no deben analizarse de forma separada, sino como elementos interrelacionados dentro de un mismo sistema de gobernanza de recursos en el que las decisiones sobre acceso al mar tienen impactos directos sobre la estabilidad socioeconómica de las comunidades costeras. 

En respuesta a este aumento de la migración irregular, España y la UE reforzaron su cooperación con Senegal mediante inversiones en desarrollo, fortalecimiento institucional, apoyo a la vigilancia marítima y programas orientados a reducir los incentivos locales a la migración. Aquí es donde yace el dilema europeo que refleja un patrón más amplio de externalización: las presiones medioambientales y económicas en la gobernanza de los recursos que defienden los tratados pesqueros interregionales pueden influir indirectamente en los flujos migratorios que Europa trata de frenar en las fronteras mediante inversiones multimillonarias en cooperación internacional para el desarrollo.

A pesar de los esfuerzos de cooperación y la inmensa inversión en ayuda al desarrollo, la evolución de los acuerdos pesqueros en el caso de Senegal, que desembocan en la inactividad del SFPA, pone de manifiesto los límites de este enfoque. La asistencia financiera y los planes de desarrollo externos resultan insuficientes cuando coexisten con estructuras de gobernanza que restringen el acceso efectivo de las comunidades locales a sus propios recursos y se mantienen poderes de negociación profundamente asimétricos. 

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El Mundial de fútbol de 2026 : ¿Un Mundial «trumpiano»?

Teresa Hernández
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El Mundial de fútbol de 2026 : ¿Un Mundial «trumpiano»?

El Mundial de fútbol 2026 arrancó el 11 de junio en el Estadio Azteca con la victoria de México sobre Sudáfrica. En este artículo, Teresa Hernández, alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute analiza por qué este es el torneo más grande de la historia, pero también el más politizado, el más caro y el más marcado por la agenda de Donald Trump.

El pasado jueves 11 de junio dio comienzo el Mundial de fútbol 2026. El partido inaugural que tuvo lugar en el histórico Estadio Azteca con los equipos debutantes de México y Sudáfrica, cuyo resultado fue de 2-0 a favor de México. A pesar de la perspectiva halagüeña que esta victoria representa para México, las tensiones que atraviesa el país cristalizaron a través de las protestas sociales vinculadas a desapariciones, las manifestaciones contra la desigualdad urbana y las protestas de los maestros contra sus condiciones laborales.

La mediatización del partido inaugural sirvió como plataforma para que los manifestantes mostraran su disconformidad con la realidad del país. Este paradigma es una constante en los mundiales. El fútbol es un fenómeno social que no puede desligarse del statu quo político.

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La cobertura mediática que caracteriza a estos eventos deportivos implica que los países anfitriones tienen la oportunidad de fortalecer su reputación a través de la organización de los eventos deportivos. Sin embargo, para evitar el “sportwashing”, el lavado de cara que hace el deporte frente a las distintas situaciones sociales y políticas, los manifestantes aprovechan la visibilidad que tienen para protestar por sus causas. Por lo tanto, el clima de incertidumbre que existe a nivel geopolítico, las dudas sobre la resolución de los conflictos abiertos y el pesimismo se trasladan al Mundial. Y con ello, la ambición grandilocuente de Donald Trump también se hace patente en esta competición.

El Mundial de Trump, el Mundial de los excesos

Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA, ha calificado este Mundial como “la Copa Mundial más inclusiva, más grande y la mejor de la historia”.  Sin embargo, algunos medios como el diario “El País” han bautizado al Mundial de 2026 como “el Mundial de los excesos y de los récords”. Asimismo, un análisis de Radio Televisión Española ha publicado un análisis titulado “Mundial de fútbol 2026 en EEUU, México y Canadá, uno de los más políticos de la historia”.  En efecto, se podría afirmar que este Mundial será el más costoso, el más politizado, el más caluroso y el más elitista de la historia. 

Dimensión geográfica

Para empezar, la dimensión geográfica del evento. No es la primera vez que varios países son anfitriones del mismo Mundial; en 2002 se organizó el primer Mundial que involucró a dos países organizadores: Japón y Corea del Sur. Sin embargo, en 2026, el Mundial se desarrolla a nivel continental: América del Norte. 16 ciudades de EEUU, Canadá y México albergarán los partidos, aunque existe un desequilibrio claro, ya que en EEUU se disputarán 78 de los 104 partidos,  incluida la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que en México y en Canadá se disputarán 13 partidos. Esta distribución de partidos contrasta con la realidad del fútbol en Estados Unidos, cuyo arraigo social y cultural es ínfimo si lo comparamos con el que existe en México.

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Esto tendrá repercusiones para los jugadores; las distancias que tendrán que recorrer, los vuelos de 3 a 6 horas serán frecuentes, los cambios de clima y las 4 zonas horarias principales en las que se jugarán los partidos. Por lo tanto, los jugadores tendrán menor tiempo de recuperación y un mayor riesgo de lesiones. Asimismo, a nivel climático y medioambiental, resulta una paradoja que los “cooling breaks” se hayan introducido de forma obligatoria en este torneo y que las distancias en avión se hayan multiplicado durante el mismo. 

Dimensión política del Mundial de fútbol

A nivel político, EEUU será el centro de los partidos y Donald Trump, quien ganó el Premio de la Paz de la FIFA , lleva la batuta al impregnar el encuentro deportivo de las políticas de la Casa Blanca.

Trump ha impuesto las políticas de la Casa Blanca por encima del principio de neutralidad que rige la acción de la FIFA.  Este principio, que la FIFA defiende desde hace décadas, mantiene que el fútbol debe abstraerse de pronunciarse políticamente. Si bien no es la primera vez que se cuestiona esta neutralidad, el torneo parece más politizado que nunca.

A título de ejemplo, la guerra abierta que comenzó a finales de febrero de 2026 entre Irán y Estados Unidos empaña el Mundial a través del endurecimiento de las políticas migratorias a los jugadores iraníes implementadas por Estados Unidos (las cuales se suman a las restricciones sobre 39 nacionalidades). Si bien existe un pacto de alto al fuego que se formalizará en Suiza el 19 de junio y que ha sido mediado por Pakistán, existen dudas sobre sus efectos y consecuencias. ¿Hasta qué punto el Mundial ha propulsado una aceleración en las negociaciones de paz entre ambos países y que ocurrirá una vez que este acabe?

Otra de las grandes polémicas del Mundial ha sido el rechazo al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido por la FIFA para arbitrar varios partidos del torneo. Sin embargo, se le impidió la entrada a Estados Unidos a pesar de disponer de un visado válido y de la acreditación oficial del Mundial. La razón esgrimida fue que durante el proceso de control migratorio, emergieron preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y con supuestos vínculos con personas investigadas por terrorismo. 

Dimensión económica

En tercer lugar, el coste económico tan elevado para los aficionados ha llevado a tildar el Mundial de «elitista». El precio de la mayor parte de las entradas de los partidos se ha establecido a través del mecanismo del precio dinámico, con precios que han llegado hasta los 33.000 dólares para ver la final. A esto hay que añadir el precio de hoteles, restaurantes y transportes para desplazarse. Como consecuencia, algunos de los partidos ya celebrados han tenido menor asistencia de aficionados de la esperada.

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El cariz económico del torneo se hace patente también en los “cooling breaks”. Si bien la justificación oficial de introducirlos de manera obligatoria y probablemente se queden de manera permanente en el fútbol, es innegable que también crean ventanas publicitarias muy valiosas para empresas y patrocinadores. Estos «cooling breaks» mercantilizan más el fútbol y lo acercan al modelo comercial de deportes que existe en Estados Unidos. 

 En este sentido, el matiz económico ha sido fuertemente cuestionado. Lo cual va en línea con el cuarto punto: el crecimiento del Mundial.

Número de participantes

El Mundial ha crecido en número de participantes y de partidos. Hay 48 equipos, 108 partidos y una nueva fase de clasificación, los 16avos. Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde participan por primera vez, lo cual refleja la oportunidad que tienen más Estados de estar en esta competición y de aprovechar la visibilidad reputacional que ofrece esta competición. No obstante, los expertos cuestionan si esta “inclusividad” disminuye la calidad del evento y deriva en resultados inverosímiles para un Mundial como el reciente Alemania 7-Curazao 1.

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El Mundial más grande de la historia, con un 40% más de partidos que en 2022 y una inversión inicial de 3. 800 millones de dólares por parte de la FIFA; los países anfitriones invertirán entre 10 y 15 mil millones de dólares. Además, se estima que entre 5.500 y 6.000 millones de personas formarán parte de las audiencias del Mundial, en torno a un 73% de la población mundial.  

Una pregunta emerge de este “Mundial de los excesos”; ¿el objetivo de incluir a más participantes es que el Mundial sea más global y que represente mejor la diversidad mundial del futbol o explotar las ganancias económicas que derivan de esta inclusividad? Si bien no existe una única respuesta, la relativa unidad nacional que surge en torno a los partidos del Mundial es motivo de celebración. España,  una de las favoritas,  debuta esta semana; confiemos en hacer nuestro y darle nuestro toque a este Mundial tan «trumpiano».

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El Parlamento Europeo aprueba el Reglamento de Retornos: claves de la nueva ley

LISA News
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El Parlamento Europeo aprueba el Reglamento de Retornos: claves de la nueva ley

Así es el nuevo Reglamento de Retornos de la UE: expulsiones más rápidas, detenciones y centros para migrantes fuera de Europa.

El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos con 418 votos a favor, abriendo la puerta a la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y agilizando las deportaciones. La votación, celebrada este miércoles 17 de junio, arrojó 218 votos en contra y 30 abstenciones, tras el acuerdo político provisional alcanzado el pasado 1 de junio entre las instituciones europeas. España se había opuesto a la norma desde su concepción.

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La aprobación desató reacciones opuestas en el hemiciclo. Los grupos de derecha celebraron con aplausos y corearon «Send them back!», mientras que los detractores respondieron con «Shame on you». El eurodiputado neerlandés Malik Amazani (Renew), responsable de la tramitación parlamentaria, declaró que «después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con medidas de retorno eficaces y realistas». En sentido contrario, el socialista Juan Fernando López Aguilar advirtió que la nueva norma «socava derechos fundamentales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE».

Expulsiones, derechos y plazos

El texto obliga a abandonar el territorio comunitario a los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular, ya sea de forma inmediata o en un plazo determinado. No obstante, el Parlamento Europeo aclaró en un comunicado que esto se hará «respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional», incluyendo el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas.

Quienes reciban una orden de retorno deberán cooperar con las autoridades. En caso de no hacerlo, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo para la seguridad, se contemplan detenciones de hasta 24 meses, prorrogables otros seis, ordenadas por autoridades judiciales o administrativas. Además, el reglamento autoriza registros de personas, viviendas y locales, incluida la incautación de efectos personales y dispositivos electrónicos, previa autorización judicial.

Centros de retorno en terceros países y aplicación de la norma

Los migrantes con resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, podrán ser trasladados a «centros de retorno» en terceros países que acepten acogerlos mediante acuerdos negociados por los propios Estados miembros. Actualmente, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países para poner en marcha estos centros. Antes de su apertura, las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y al resto de Estados miembros.

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España formalizó su rechazo el 11 de junio mediante un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas medidas, señalando que podrían mantener a personas en situación irregular privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves. El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo y publicado en el Diario Oficial de la UE. Algunas disposiciones, como las relativas a los centros de retorno, se aplicarán de inmediato; otras entrarán en vigor 12 meses después.

Rusia: ¿refugio migratorio climático del siglo XXI?

Artiom Vnebreaci Popa
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Rusia: ¿refugio migratorio climático del siglo XXI?

El país más grande del mundo tiene un problema: demasiado territorio y cada vez menos población. El cambio climático podría cambiar esa ecuación, convirtiendo a Rusia en el refugio migratorio más estratégico del siglo XXI. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute, examina cómo Siberia y el Ártico ya no son solo territorios inhóspitos, sino una oportunidad geopolítica que Rusia aún no sabe si aprovechará.

Rusia ocupa más de 17 millones de km cuadrados, lo que la convierte en el país más grande del planeta (abarcando 11 husos horarios y una diversidad climático-geográfica más que considerable). Desde las tundras heladas de Siberia hasta las estepas del sur, pasando por densos bosques, montañas y extensas zonas árticas, la magnitud del territorio es más que amplio.

Sin embargo, esta extensión no se corresponde con una densidad poblacional proporcional: la cuenta demográfica de Rusia apenas supera los 140 millones de habitantes, con más del 75% concentrado en la parte occidental del país, dejando Siberia y el Lejano Oriente prácticamente despoblados. 

Esta disparidad plantea la pregunta: si el mundo experimenta oleadas migratorias por crisis climáticas y conflictos, ¿podría Rusia ofrecer espacio para absorber población proveniente de regiones cada vez más inhabitables?

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El cambio climático es un factor crítico que puede modificar esta ecuación. El Ártico ruso se encuentra experimentando un calentamiento de aproximadamente el doble del promedio global (lo que provoca deshielos, incremento del nivel del mar en zonas costeras y descongelamiento del permafrost). Estas transformaciones crean nuevas oportunidades para asentamientos humanos y desarrollo económico, pero también generan riesgos considerables.

Por ejemplo, la Ruta Marítima del Norte se está convirtiendo en una alternativa comercial entre Asia y Europa, lo que podría incentivar la creación de ciudades portuarias y centros logísticos en el norte de Rusia de calibre demográfico como San Petersburgo. Aun y así, estas regiones siguen siendo extremadamente frágiles desde el punto de vista ecológico y requieren infraestructura avanzada para hacerlas habitables.

El potencial de Siberia, el Ártico y el Lejano Oriente como refugio migratorio también depende de la disponibilidad de recursos y la adaptabilidad tecnológica. La agricultura, por ejemplo, es actualmente limitada por el clima extremo y la acidez del suelo en muchas áreas. Sin embargo, avances en agricultura de invernadero, biotecnología y energías renovables podrían permitir la creación de asentamientos autosuficientes capaces de sostener a comunidades de migrantes.

Asimismo, el permafrost ofrece tanto oportunidades como riesgos: aunque el descongelamiento puede permitir la construcción de infraestructuras sobre suelos antes intransitables, también implica riesgos de hundimiento, emisiones de metano, descubrimiento de virus ancestrales congelados y destrucción de ecosistemas sensibles.

Demografía rusa: declive y envejecimiento

El panorama demográfico de Rusia es otro factor determinante. El país ha experimentado un prolongado descenso de natalidad y una mortalidad relativamente alta, exacerbada por problemas de salud pública como enfermedades cardiovasculares, consumo de alcohol y tabaquismo. Además, la emigración hacia Europa y América del Norte reduce la base poblacional en sectores jóvenes y productivos.

En 2023, por ejemplo, ingresaron al país unos 560.400 migrantes (principalmente de Asia Central), una cifra insuficiente para contrarrestar la caída poblacional natural. Los pronósticos demográficos indican que, sin cambios significativos, la población rusa podría caer a 90 millones hacia finales de siglo, e incluso hasta 75 millones en escenarios más pesimistas.

Este declive poblacional tiene implicaciones profundas: enormes áreas del territorio ruso permanecen infrautilizadas y muchas ciudades medianas o pequeñas enfrentan el riesgo de despoblación. Las regiones de Siberia, con vastos recursos naturales, podrían convertirse en objetivos estratégicos para políticas de asentamiento migratorio. En la práctica, esto requeriría inversiones masivas en infraestructura, servicios de salud, educación y transporte, así como incentivos económicos para atraer no solo migrantes extranjeros sino también población rusa hacia zonas poco habitadas.

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Históricamente, Rusia ha dependido de migraciones internas y de población extranjera para poblar sus territorios más remotos. Durante la colonización de Siberia en los siglos XVII y XVIII, y en la era soviética con los proyectos industriales en el norte y el este, se demostraron los enormes costos y retos de asentar población en zonas inhóspitas. En la actualidad, estos desafíos persisten y se suman a la complejidad de integrar culturas diversas y necesidades económicas modernas. La migración hacia Rusia, especialmente desde África y Asia, requeriría programas de adaptación cultural, laboral y social que garanticen cohesión y estabilidad.

Rusia como refugio climático: migración, agricultura y oportunidades

El siglo XXI podría redefinir los mapas de migración global debido a las crisis climáticas, y en este contexto, la Federación Rusa emerge como un destino potencialmente estratégico. Su enorme extensión territorial, junto a la baja densidad poblacional y un clima naturalmente frío, la convierte en una especie de refugio frente a los impactos más extremos del cambio climático, como olas de calor prolongadas, sequías intensas, desertificación y fenómenos de erosión costera que afectarán a gran parte de África subsahariana, Asia Central, Medio Oriente y el sudeste asiático.

En este contexto, Siberia, el Lejano Oriente y el Ártico ruso podrían transformarse en polos de asentamiento para migrantes climáticos, ofreciendo no solo espacio físico, sino también condiciones ambientales más estables que muchas zonas actualmente densamente pobladas del planeta. La combinación de territorio amplio y temperaturas más bajas reduce la vulnerabilidad ante sequías, incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos (aspectos que se convertirán en determinantes para la migración masiva en las próximas décadas).

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En un escenario controlado, Rusia podría atraer migrantes cualificados y capacitados, capaces de contribuir a la economía regional mediante trabajos en agricultura adaptada al frío, construcción, energías renovables y desarrollo tecnológico, generando efectos positivos en la demografía de áreas despobladas y en la diversificación productiva del país.

La migración, además de revitalizar zonas con baja densidad poblacional, podría equilibrar la distribución poblacional, reduciendo la presión sobre centros urbanos saturados y transformando regiones como Siberia o el Ártico en polos urbanos y productivos sostenibles. No obstante, para que este flujo migratorio sea beneficioso, Rusia necesita planes estratégicos de urbanización, infraestructura, transporte, servicios públicos y políticas sociales que faciliten la integración cultural y laboral de los migrantes. 

El cambio climático también presenta oportunidades inéditas para Rusia, especialmente en el ámbito agrícola. Las zonas del sur de Siberia y del Lejano Oriente, que históricamente fueron inhóspitas debido al frío extremo, podrían convertirse en áreas aptas para cultivos gracias a un aumento previsto de la temperatura promedio de entre 3 y 6 °C para finales del siglo XXI.

Esta modificación permitiría extender la temporada de crecimiento y diversificar los cultivos (incluyendo cereales, hortalizas resistentes al frío e incluso cultivos industriales que antes no prosperaban). La creación de asentamientos agrícolas sostenibles no solo serviría para alimentar a la población local y a los migrantes, sino que podría consolidar la posición de Rusia como un actor estratégico en la seguridad alimentaria global, exportando conocimientos agrícolas adaptados a climas extremos y los alimentos mismos. 

La magnitud del territorio ruso y su clima relativamente frío lo convierten en un refugio natural frente a las migraciones forzadas por el cambio climático, ya que muchas regiones cálidas y costeras del planeta se volverán inhabitables debido a sequías, inundaciones y olas de calor extremas. Esto implica que Rusia podría desempeñar un papel clave en la redistribución de población mundial, ofreciendo espacios donde la población podría establecerse de manera segura y productiva.

Para que esto sea viable, sin embargo, se requiere una visión institucional de largo plazo, inversión masiva en infraestructura, planificación urbana sostenible y colaboración internacional para gestionar la migración de forma ordenada y beneficiosa tanto para migrantes como para la población local.

De esta forma, el escenario de Rusia como refugio climático y destino de migración masiva no solo plantea oportunidades en términos de espacio y producción agrícola, sino que también introduce un desafío fundamental: la mezcla poblacional y la preservación de una identidad híbrida capaz de integrar a migrantes de diversas regiones del mundo sin fracturar el tejido social existente. Históricamente, Rusia ha sido un crisol de etnias, culturas y lenguas; y esta diversidad ha sido en muchos sentidos un motor de innovación y resiliencia económica.

De modo que la llegada de migrantes desde África subsahariana, Asia Central o el sudeste asiático podría reforzar la economía regional, consagrar identidades híbridas que promuevan una mayor diversidad, aportar mano de obra en sectores estratégicos como agricultura adaptada al frío, construcción, energías renovables y tecnología avanzada, y revitalizar zonas despobladas como Siberia y el Lejano Oriente. Pero esta integración, como ya se ha mencionado anteriormente, requiere políticas de largo plazo, planificación urbana, infraestructura social y educativa, y un marco legal que garantice la convivencia y la productividad. Sin estos elementos, la migración climática podría generar tensiones culturales, desigualdad económica o sobrecarga de servicios, replicando problemas observados en otras regiones con flujos migratorios intensos. 

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En paralelo, la orientación militar constante de Rusia y la priorización de presupuestos hacia defensa y seguridad representan un obstáculo significativo para la implementación de estos planes de integración y desarrollo económico innovador, ya que la inversión en armamento, bases estratégicas, fuerzas militares y modernización de arsenales limita los recursos disponibles para urbanización, infraestructura tecnológica y proyectos de innovación agrícola o energética, especialmente en regiones subpobladas y remotas que podrían acoger migración climática.

Este enfoque, caracterizado por un pensamiento a corto plazo centrado en la seguridad inmediata y la proyección de poder, puede ser contraproducente: mientras se refuerza la capacidad militar, se posponen decisiones cruciales para la diversificación económica, la adaptación al cambio climático y la absorción sostenible de población migrante, de modo que el resultado podría ser un país con enormes oportunidades territoriales y climáticas desaprovechadas, incapaz de traducir sus ventajas naturales en crecimiento económico y cohesión social duradera. La clave para superar este dilema radica en equilibrar inversión militar con visión estratégica de desarrollo civil y migratorio.

Oportunidades y desafíos

Rusia posee un potencial energético y territorial único que puede sustentar su desarrollo poblacional y económico futuro, especialmente en un escenario de migración climática masiva. Sus vastos yacimientos de petróleo, gas natural, carbón y minerales estratégicos, concentrados en Siberia, el Lejano Oriente y el Ártico, requieren mano de obra especializada y pueden servir como polos de atracción. La inversión en infraestructura energética, además de generar empleo directo, impulsa la creación de ecosistemas urbanos completos, con hospitales, escuelas y servicios básicos, capaces de integrar nuevas comunidades y revitalizar zonas históricamente despobladas.

El Ártico ruso se perfila como un centro clave para la extracción de hidrocarburos y minerales esenciales para tecnologías de energía renovable (como litio y cobalto), mientras que la apertura de la Ruta Marítima del Norte facilita la exportación de estos recursos hacia mercados asiáticos y europeos. Esto convierte a Siberia y al Lejano Oriente no solo en territorios de desarrollo económico, sino también en polos estratégicos para la migración regulada, combinando empleo, vivienda y acceso a servicios de calidad.

No obstante, la explotación de estos recursos debe equilibrarse con la preservación ambiental y la sostenibilidad, ya que la explotación descontrolada podría generar catástrofes ecológicas, afectar ecosistemas frágiles y provocar resistencia social entre comunidades locales y migrantes. La planificación de asentamientos masivos debe, por tanto, integrar políticas de energías limpias, gestión responsable de recursos y estrategias de resiliencia frente al cambio climático.

El desarrollo agrícola en zonas tradicionalmente inhóspitas de Siberia y el Lejano Oriente, potenciadas por el calentamiento global, puede convertirse en otra palanca estratégica para absorber población migrante, mientras se crean cadenas de valor locales, sistemas de producción resilientes y polos de innovación tecnológica. 

La migración hacia Rusia, además de oportunidades económicas, tiene profundas implicaciones geopolíticas y de seguridad. Un país con territorio inmenso y población decreciente es vulnerable a presiones externas y requiere un control estratégico de fronteras, corredores logísticos y rutas comerciales críticas. De esta forma, la limitada inversión en innovación y desarrollo civil abre la puerta a la influencia externa. La República Popular China (con su capacidad financiera y estrategia global basada en préstamos, inversiones y la llamada «trampa de la deuda«), podría aprovechar estas oportunidades para posicionarse en Siberia, el Lejano Oriente y el Ártico, financiando proyectos de infraestructura, “ciudades satélite” y polos industriales si Rusia no logra suplir la demanda de modernización por falta de presupuesto.

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Esto permitiría a Beijing consolidar influencia en sectores estratégicos como energía, minería, transporte y tecnología (asegurando presencia en un territorio que, por sus recursos y posición geopolítica, es clave para el control de rutas comerciales y el abastecimiento de minerales críticos para la economía global). La combinación de migración regulada, desarrollo de infraestructura y cooperación internacional podría ser, en este contexto, un instrumento de poder suave chino, mientras Rusia sigue priorizando la seguridad militar a corto plazo, corriendo el riesgo de depender de aliados externos para sostener su crecimiento económico y demográfico.

En conclusión, la convergencia de oportunidades climáticas, territoriales y de recursos naturales ofrece a Rusia una posibilidad histórica de convertirse en refugio climático y polo de atracción migratoria, con beneficios estratégicos, económicos y tecnológicos globales. Su preponderancia en el Ártico y la prospectiva climática podrían convertir a la Federación en lo que tanto ansía: uno de los mayores jugadores políticos en el teatro global. No obstante, este potencial solo podrá materializarse si se implementa una planificación integral que combine integración social, inversión en innovación y sostenibilidad ambiental, equilibrando la necesidad de seguridad con la visión de desarrollo a largo plazo.

De lo contrario, las ventajas naturales del país podrían desaprovecharse, mientras actores externos como China consolidan influencia en sectores estratégicos clave, transformando Siberia, el Lejano Oriente y el Ártico en espacios donde convergen migración, energía, tecnología y geopolítica global de manera compleja y decisiva.

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