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¿Puede Europa defenderse sin mirar al sur? El Magreb como escudo estratégico

Mientras Europa refuerza sus defensas frente a Rusia, el Magreb se convierte en un foco de inestabilidad marcado por crisis migratorias, autoritarismo y una creciente competencia geopolítica. ¿Está la Unión Europea preparada para recuperar su influencia en el sur del Mediterráneo o seguirá cediendo terreno a actores externos y regímenes inestables? En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo, Miguel Cuesta Hoces, analiza los desafíos clave y propone un nuevo enfoque para la vecindad sur.

Durante décadas, la frontera sur de Europa fue vista como un espacio de riesgo y tránsito. El Mediterráneo central, el Magreb y las puertas del Sahel operaban como barreras semipermeables para contener tensiones migratorias y de seguridad que provenían del continente africano y del Oriente Medio. Sin embargo, a pesar de su relevancia, esta región fue gestionada desde el cortoplacismo: con operaciones puntuales, acuerdos bilaterales dispersos y estrategias reactivas que no han conseguido generar estabilidad ni vínculos duraderos.

El panorama cambió aún más con la pandemia y, sobre todo, con la guerra en Ucrania. Europa giró su atención hacia el este, reactivando la OTAN, reforzando su presencia militar en el Báltico y priorizando la contención de Moscú.

Esta reorientación estratégica tuvo un coste: el sur fue relegado a un segundo plano. La UE, atrapada entre el temor a Rusia y la fatiga política interna, ha abandonado en gran medida su visión estructural del Mediterráneo, delegando el control en actores externos y firmando pactos de contención con regímenes cada vez más autoritarios.

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Mientras tanto, el sur ha ardido. La proliferación de actores externos (Rusia, China, Turquía, los Emiratos), la consolidación de regímenes autocráticos, el uso instrumental de la migración, el colapso estatal en Libia, la deriva autoritaria en Túnez, la firmeza energética de Argelia y la ambivalencia diplomática de Marruecos, dibujan un tablero en el que Europa ya no dicta las reglas. El Magreb ha dejado de ser una periferia gestionable para convertirse en un conjunto de actores soberanos que negocian desde la asimetría, capitalizan sus debilidades internas como palancas de presión y diversifican sus alianzas más allá del paraguas europeo.

Esta transformación del sur tiene consecuencias directas para Europa. Mientras se refuerza la defensa convencional en el este, la frontera sur se ha convertido en un espacio de inestabilidad crónica que amenaza con desbordar la capacidad de respuesta europea. Las rutas migratorias siguen activas, las redes criminales se fortalecen y el Mediterráneo corre el riesgo de dejar de ser una frontera cooperativa para convertirse en una línea de fractura geopolítica.

En este contexto, la UE necesita replantear su estrategia. No se trata solo de invertir más en defensa o de firmar nuevos memorandos, sino de recuperar una visión política de largo plazo, una narrativa coherente y una arquitectura institucional capaz de articular intereses comunes sin renunciar a los principios fundacionales europeos. El Magreb exige una política europea común que combine control migratorio, cooperación económica, reformas democráticas y desarrollo territorial.

Europa ante el tablero magrebí: distracción oriental y vacío estratégico

Durante años, la caída de Gadafi, la Primavera Árabe y el conflicto sirio centraron la atención en el Mediterráneo. Europa desplegó operaciones militares, diseñó estrategias de desarrollo y firmó acuerdos migratorios. Sin embargo, la llegada del COVID-19 y, sobre todo, la invasión rusa de Ucrania, desplazaron la brújula geopolítica. La amenaza rusa reactivó la OTAN y dirigió los recursos hacia el flanco oriental. La defensa del Báltico pasó a primer plano, mientras el Mediterráneo fue de nuevo relegado.

Esta priorización estratégica, aunque comprensible, no es inocua. La atención exclusiva al este ha permitido que el sur se degrade. El auge del autoritarismo, el colapso en Libia, la tensión entre Argelia y Marruecos, y la fragmentación diplomática entre los países europeos frente al Magreb han abierto un espacio de inestabilidad y competencia multipolar.

China construye infraestructuras sin exigencias democráticas, Rusia refuerza su presencia en el Sahel y Libia, Turquía extiende sus redes religiosas y militares, y los países del Golfo financian proyectos con agendas propias. Frente a estas alternativas, la UE aparece desdibujada, dividida y atrapada en una lógica reactiva.

De socios a actores estratégicos: Marruecos, Túnez, Libia y Argelia

Marruecos ha consolidado su estabilidad política y su alineación con Occidente, especialmente tras el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. A cambio, ha intensificado su relación con Israel y EE. UU., tensando la relación con Argelia y, en ocasiones, con España.

Pero Rabat no solo coopera: también presiona. La gestión migratoria se ha convertido en una herramienta de negociación, como se evidenció en la crisis de Ceuta en 2021. Además, las desigualdades internas siguen siendo profundas: el 80 % de la población rural no tiene acceso a servicios sanitarios adecuados, lo que alimenta el malestar social y la migración irregular.

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También es necesario destacar que Rabat utiliza su diáspora como una extensión estratégica de su influencia exterior. Las comunidades marroquíes en Europa actúan como redes informales de presión cultural, política y económica, especialmente en países como Francia, España y Bélgica. Esta dimensión transnacional refuerza su capacidad de interlocución y le permite proyectar una imagen de fortaleza y cohesión, incluso cuando enfrenta desequilibrios internos.

Túnez, por su parte, ha pasado de ser un modelo democrático árabe a una dictadura populista bajo Kais Saied. La represión de la oposición, la crisis económica, el desempleo juvenil y el desmantelamiento institucional han sumido al país en un colapso prolongado. La UE ha firmado acuerdos de contención migratoria con este régimen, como el Memorando de 2023, pero sin garantías de derechos ni transparencia. Además, Saied ha devuelto fondos europeos y se ha acercado a China y Rusia, evidenciando una voluntad de autonomía y una creciente desconfianza hacia Bruselas.

Libia representa el extremo del caos. Dividida entre dos gobiernos (uno en Trípoli, otro en el este), y atravesada por milicias, redes criminales y actores externos como Turquía y Rusia, es un Estado fallido. Europa ha delegado la contención migratoria en milicias que operan sin rendición de cuentas, institucionalizando prácticas de violación de derechos humanos. La falta de una estrategia europea clara ha convertido a Libia en un agujero negro de inestabilidad, tráfico de personas y fragmentación regional.

Argelia, en cambio, se presenta como un socio más estable, pero también más hermético. Proveedor clave de gas tras la crisis rusa, ha reforzado sus vínculos con Italia, pero ha roto con España tras el giro sobre el Sáhara. Su rechazo a la externalización migratoria y su defensa férrea de la soberanía la convierten en un actor difícil de manejar. Argelia actúa desde una lógica de «asociación a la carta»: coopera donde le interesa y marca distancias donde lo considera una injerencia.

Europa desdibujada: fragmentación, pragmatismo y pérdida de legitimidad

Frente a este tablero complejo, la UE no ha sabido responder con unidad. Francia ha perdido influencia, atrapada por su pasado colonial. Italia actúa por su cuenta con Túnez. España privilegia a Marruecos tensando con Argelia. Alemania apuesta por la transición energética sin atender el trasfondo político. Esta fragmentación impide construir una estrategia regional coherente, debilita a la Comisión y consolida una lógica de relaciones bilaterales asimétricas.

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La Comisión Europea, lejos de liderar una estrategia común, ha optado por acompañar enfoques nacionales ya existentes, perdiendo su capacidad de articular una visión colectiva. Esta ausencia de liderazgo ha deteriorado la imagen de la UE entre las élites y las poblaciones magrebíes, que la perciben como un actor débil, incoherente e incapaz de defender sus propios principios.

Además, la UE ha adoptado un enfoque utilitarista. Prima el control migratorio, la estabilidad energética y la contención del desorden. A cambio, tolera regímenes autoritarios, abandona su agenda democrática y acepta chantajes diplomáticos. Esta lógica transaccional ha erosionado su legitimidad moral. La población magrebí percibe a Europa como hipócrita: exige valores que no aplica y coopera con dictaduras cuando le conviene.

Externalización y chantaje: los costes de una política miope

La externalización migratoria ha sido la herramienta clave. Libia y Túnez ejemplifican sus límites. En Libia, grupos criminales gestionan la contención con recursos europeos. En Túnez, el régimen ha rechazado fondos, ha devuelto ayuda y ha negociado desde el colapso. Marruecos ha abierto fronteras en momentos de tensión diplomática. Argelia impone reciprocidad y rechaza cualquier cesión de soberanía. Cuanto más frágiles son los regímenes, más margen de negociación ganan.

La crisis de Ceuta en 2021 es un ejemplo paradigmático de esta lógica. Ante una disputa diplomática con España, Marruecos facilitó el paso de miles de personas, utilizando la presión migratoria como represalia directa. Del mismo modo, Túnez devolvió fondos europeos tras denunciar la falta de cumplimiento del Memorando de Entendimiento de 2023, evidenciando hasta qué punto los países del Magreb han aprendido a capitalizar su fragilidad como fuente de poder.

Esta estrategia ha sido costosa e ineficaz. No ha frenado flujos, ha debilitado los vínculos con la sociedad civil, ha legitimado a actores corruptos y ha vaciado de contenido la narrativa europea. Al mismo tiempo, ha permitido que China, Rusia, Turquía y los países del Golfo avancen sin obstáculos, consolidando su influencia sin exigencias normativas.

Recuperar ambición: hacia una estrategia común para la vecindad sur

Europa necesita una política integral para el Magreb. Esto implica varias claves:

  • Recuperar liderazgo político desde la Comisión, articulando los intereses nacionales en torno a objetivos compartidos.
  • Condicionar la cooperación financiera al respeto mínimo de derechos y resultados concretos.
  • Reforzar el poder blando europeo: diálogo con la sociedad civil, redes de universidades, ONGs y actores locales.
  • Avanzar en una gobernanza migratoria común: visados laborales, retorno circular, cotización a sistemas de pensiones, canales legales.
  • Apostar por el desarrollo estructural: no solo infraestructuras, sino empresas locales, derechos, cohesión territorial.

La Conferencia de Roma puede ser un punto de partida. Pero solo funcionará si se acompaña de compromiso político, coherencia narrativa y capacidad de acción. El Magreb no debe ser solo un espacio de contención, sino un socio real en la gobernanza del Mediterráneo.

Reforzar los vínculos intersocietales también es clave. Las redes de universidades, los programas de intercambio académico y la cooperación descentralizada han sido históricamente instrumentos eficaces para generar confianza y crear tejido social compartido. Su debilitamiento, fruto de la falta de voluntad política, ha erosionado el poder blando europeo y ha dejado el terreno libre a actores con narrativas más agresivas o pragmáticas.

Porque si Europa no ocupa ese espacio, otros lo harán. Y lo harán en su contra.


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Un tribunal de Francia dictamina que los gazatíes son elegibles para asilo

Un fallo histórico del Tribunal Nacional de Asilo reconoce que existe persecución a civiles en Gaza y abre la posibilidad a aplicar la Convención de Ginebra para solicitantes de la región.

El Tribunal Nacional de Asilo (CNDA) de Francia concedió el 11 de julio el estatuto de refugiado a una mujer palestina y a su hijo. Con ello, abrió la posibilidad de que los habitantes de Gaza sean reconocidos formalmente como solicitantes de asilo en el país europeo.

La sala estimó que ambos enfrentarían un «temor fundado de persecución personal» ligado a su nacionalidad si regresaban. Para dictar la sentencia, el tribunal se basó en la Convención de Ginebra de 1951 y rompió con la práctica habitual de otorgar únicamente la protección subsidiaria de hasta cuatro años.

Gran número de víctimas civiles

Además, para justificar la decisión, la corte explicó el control israelí sobre la Franja y el efecto de las operaciones militares. «Los métodos de guerra empleados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza han provocado un gran número de víctimas civiles, junto con la destrucción generalizada de infraestructuras civiles críticas, incluidas las redes de agua y electricidad, hospitales y escuelas», declaró.

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También detalló las consecuencias humanitarias. «Estas operaciones han provocado el desplazamiento forzado de gran parte de la población y la obstrucción de la ayuda humanitaria, creando una grave inseguridad alimentaria para toda la población de Gaza», añadió, antes de concluir que, «desde la ruptura del acuerdo de alto el fuego el 19 de enero de 2025, la naturaleza repetida y grave de estos actos los califica como ‘persecución’ según la Directiva Europea de Asilo del 13 de diciembre de 2011».

Asegura que hay persecución

Asimismo, la CNDA revocó la negativa previa de la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y los Apátridas (Ofpra), que un año antes, pese a reconocer un «conflicto excepcionalmente intenso», había descartado la persecución.

La ONG Amnistía Internacional de Francia ha calificado el fallo de «histórico para los derechos de los palestinos» y celebró que «esta decisión abre la puerta a un reconocimiento más amplio del estatus de refugiado para los habitantes de Gaza que huyen de la persecución israelí». Además, expresó igualmente que el tribunal consideró que las acciones militares israelíes «no se trataba de actos de autodefensa, sino de ataques sistemáticos dirigidos contra civiles, que destruyen y matan a civiles».

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Reino Unido evacúa a miles de afganos en una operación secreta tras una filtración de datos

Londres admite una filtración de datos de 20.000 afganos solicitantes de asilo tras la llegada talibán y evacúa ya a 4.500. Defensa calcula un coste total de 850 millones de libras.

El Gobierno británico evacuó en secreto a unos 4.500 afganos que pidieron abandonar el país tras la llegada de los talibanes y cuyas identidades quedaron expuestas tras una filtración masiva. Ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Defensa, John Healey, ofreció una «sincera disculpa» porque el fichero contenía «los nombres y datos de contacto de los solicitantes, así como las identidades de sus familiares». A día de hoy unos 900 colaboradores directos y unos 3.600 parientes ya han llegado o viajan rumbo al Reino Unido.

El problema nació en febrero de 2022, cuando un funcionario anónimo envió por error la lista de casi 20.000 solicitantes del programa de reubicación. Sin embargo, Londres no supo del fallo hasta agosto de 2023, al detectarse parte de esos datos en Facebook. En abril de 2024, el Ejecutivo activó un plan de respuesta para todos los afectados, pero blindó la información con una orden judicial. Ahora, el Tribunal Superior acaba de levantar ese silencio y ha salido a la luz.

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El nuevo gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, reconoció abiertamente el caso y mantuvo la operación de rescate. Según Defensa, otras 600 personas y sus familias saldrán del país antes de que finalice el dispositivo, con la meta puesta en un total de 6.900 evacuados.

La iniciativa ya ha costado 400 millones de libras (461,5 millones de euros) a Reino Unido, y el departamento calcula que la factura subirá a 850 millones (980,8 millones de euros). Las partidas contemplan traslados, alojamiento temporal y gastos legales derivados de la filtración.

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Francia anuncia un ajuste de 44.000 millones para frenar el déficit

El primer ministro activa un plan de austeridad récord que incluye recortes de gasto, nuevos impuestos y un objetivo de déficit del 4,6% del PIB en 2026.

El primer ministro francés, François Bayrou, presentó el 15 de julio de 2025 ante la Asamblea Nacional un plan de ajuste de 44.000 millones de euros con el que París pretende reducir el déficit al 4,6% del PIB en 2026 y contener una deuda que crece «5 000 euros cada segundo». El dirigente afirmó que «este es nuestro momento de la verdad» y advirtió de que el servicio de la deuda podría alcanzar los 100.000 millones anuales en 2029 si no se actúa.

Las medidas se aplicarán desde 2026 y combinará recortes de gasto y nuevos ingresos. Habrá congelación de pensiones y prestaciones, un «año en blanco» para el presupuesto de todos los ministerios (salvo Defensa), la eliminación de dos días festivos (Lunes de Pascua y 8 de mayo) para elevar la productividad, se recortará el gasto social y sanitario y no habrá crecimiento salarial para trabajadores públicos. Además, se reducirá la plantilla estatal: «No se reemplazará a uno de cada tres funcionarios que se jubilen», explicó Bayrou.

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En el capítulo fiscal, se creará una «contribución de solidaridad» dirigida a las rentas más altas y se reforzará la lucha contra el fraude. Respecto a esta última medida, el primer ministro sostuvo que «el esfuerzo debe recaer en todas las categorías de franceses», aunque insistió en que las capas con mayores ingresos aportarán más.

El Gobierno prevé asimismo ahorros de 5.000 millones en sanidad mediante controles sobre recetas y bajas laborales. De igual modo, se fusionarán agencias públicas y se venderán activos inmobiliarios estatales considerados improductivos, lo que aportará recursos adicionales y, según el Ejecutivo, mejorará la eficiencia administrativa. Entre otras medidas destacadas, se simplificarán procesos burocráticos para dinamizar la economía, en 2026 y los posteriores años no se podrá gastar más que en 2025 (salvo defensa) y no se actualizarán baremos impositivos ni de ayudas públicas en función de la inflación.

Críticas y apoyos a la medida

Bayrou defendió la dureza del plan evocando la crisis griega y recordó que Francia lleva medio siglo sin cuadrar sus cuentas. «Nunca debemos olvidar el ejemplo de Grecia», subrayó, alertando sobre el riesgo de perder credibilidad ante los mercados si el país sigue financiando gasto corriente con deuda.

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La oposición criticó la medida. Los diputados socialistas denunciaron «un castigo a pensionistas y empleados públicos», mientras que partidos de izquierda acusaron al Gobierno de «austeridad ideológica». Desde la derecha, Les Républicains reclamaron más rebajas de impuestos para estimular la actividad, aunque reconocieron la «gravedad» de la situación financiera.

El proyecto se someterá a votación en octubre junto con el presupuesto de 2026. Bayrou apeló al consenso parlamentario al concluir su discurso: «La deuda no tiene color político. Es un peligro común que exige responsabilidad compartida».

Rusia otorga la ciudadanía a un estadounidense que dio información clave en la invasión a Ucrania

Putin premia con la ciudadanía a Daniel Martindale, un presunto espía norteamericano y exprofesor de inglés estadounidense evacuado del Donbás, por su ayuda en la toma de Kurajovo.

Las autoridades prorrusas de Donetsk informaron que el presidente Vladímir Putin firmó un decreto que otorga la ciudadanía rusa a Daniel Martindale, estadounidense acusado de espiar a las fuerzas ucranianas en beneficio de Moscú. El gobernador Denis Pushilin precisó que el nuevo ciudadano recibió «un pasaporte ruso» durante una ceremonia en Moscú.

Pushilin defendió la medida con palabras enfáticas: «Ha demostrado con su lealtad y acciones que es uno de nosotros». Además, afirmó en Telegram que «Martindale demostró un sincero compromiso con nuestros valores y, en las condiciones más difíciles, hizo todo lo que estuvo en su mano y más para ayudar a nuestro país, nuestro pueblo y nuestros soldados».

Según el gobernador, el estadounidense pasó más de dos años en territorio controlado por Ucrania, transmitió información a los servicios especiales rusos, contribuyó a la captura del municipio de Kurajovo y «puso en peligro su vida». «Fue gracias a su información que fuimos capaces de prepararnos y llevar a cabo la operación en Kurajovo», subrayó Pushilin, quien describió su extracción como «una operación de evacuación compleja» debido a que su vida «estaba en peligro».

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En recompensa, el dirigente le impuso la Orden de la República, la máxima distinción de la autoproclamada República Popular de Donetsk, y remató con un mensaje de bienvenida: «Bienvenido a casa, Rusia». Martindale, por su parte, declaró a Interfax que ahora «no hay peligro» para él y que «no tendrá que abandonar Rusia». Incluso señaló que sus padres desean instalarse en el país.

Ya en octubre de 2024, las fuerzas prorrusas habían comunicado la evacuación de un estadounidense del Donbás controlado por Kiev y sostuvieron que facilitaba datos a Moscú. Más tarde revelaron que se trataba de Martindale, de 33 años, residente previo en Estados Unidos.

The Wall Street Journal describe que es hijo de misioneros norteamericanos que se trasladaron a China. Posteriormente, vivió en Vladivostok, aprendió ruso y enseñó inglés, pero fue deportado por infringir la normativa laboral. Después se mudó a Polonia y, poco antes de la invasión rusa de febrero de 2022, viajó a Ucrania.

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Amnistía Internacional denuncia desapariciones forzadas en Venezuela

Un informe de la ONG confirma que 11 de las 15 víctimas documentadas siguen desaparecidas, incluidos ciudadanos extranjeros.

Amnistía Internacional denunció que las autoridades venezolanas «han cometido, y siguen cometiendo» desapariciones forzadas como herramienta de represión, según un informe que examina 15 casos documentados desde julio de 2024. Del total, once víctimas continúan desaparecidas y entre ellas figuran ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. La organización subraya que, al cierre del documento, otras 46 personas «podrían estar desaparecidas forzadamente», cifra aportada por Foro Penal, grupo afín a la oposición.

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Dentro de los expedientes españoles destacan Andrés Martínez y José María Basoa, arrestados en septiembre de 2024 bajo la acusación de pertenecer al servicio de inteligencia español y a una supuesta red de «mercenarios» cuyo objetivo sería atentar contra el Gobierno de Caracas. «Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI», indica el informe, que puntualiza que siguen sin paradero conocido.

Detenciones arbitrarias y con motivaciones políticas

Asimismo, Amnistía concluye que la mayoría de las detenciones carece de base legal y, por tanto, son «arbitrarias». De igual manera, explica que «prácticamente todos» los expedientes tienen motivación política por la participación en protestas o por trabajar en medios críticos con el Ejecutivo. En consecuencia, la organización califica el patrón como parte de una política estatal de silenciar la disidencia.

La secretaria general, Agnès Callamard, advierte de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho Internacional» cometidos «como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela». De ahí su llamamiento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que «considere incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación».

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Finalmente, Amnistía exige acciones inmediatas: «Las autoridades venezolanas deben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras». La organización también recuerda que las familias tienen derecho a conocer la suerte y paradero de los desaparecidos y además reclama la liberación inmediata de «todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos».

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¿Qué países de Europa tienen el servicio militar obligatorio?

Descubre los países europeos que tienen implantada la conscripción ante el avance de la amenaza rusa tras la guerra en Ucrania.

El servicio militar obligatorio es el reclutamiento forzoso de ciudadanos en edad de prestar servicio para integrarlos durante un periodo limitado en las fuerzas armadas de su país. Tradicionalmente, se utiliza para asegurar un mínimo de soldados entrenados que garanticen la defensa nacional cuando los voluntarios no bastan o resultan demasiado costosos. La duración y las condiciones varían según la legislación de cada Estado, pero comparten tres rasgos: registro administrativo de los jóvenes, instrucción básica y paso a la reserva al finalizar el periodo activo. Dependiendo de cada región, puede estar dirigido a toda la población o solo a un porcentaje. Además, hay estados que lo limitan solo a hombres, y otros que amplían también a mujeres.

Desde la invasión rusa de Crimea (2014) y, sobre todo, la guerra a gran escala contra Ucrania (2022), varios gobiernos europeos han reactivado o ampliado la «mili» o conscripción para reforzar sus ejércitos. Suecia la restableció en 2017, Lituania y Letonia en 2015 y 2024 respectivamente, Dinamarca la extendió recientemente a las mujeres, mientras que Alemania y Francia debaten su reimplantación total o parcial. En total, una decena de países de la UE (Austria, Estonia, Finlandia, Grecia, Chipre, Dinamarca, Suecia, Lituania, Letonia y Croacia) ya cuentan con algún modelo de reclutamiento obligatorio, al que se suman varios más de fuera del bloque. El motivo central es disuasivo ante una Rusia percibida como más agresiva, donde Europa busca elevar sus efectivos, crear grandes reservas entrenadas y lanzar un mensaje de preparación militar colectiva.

Servicio militar obligatorio solo para hombres

  • Austria
  • Bielorrusia
  • Chipre
  • Estonia
  • Finlandia
  • Grecia
  • Letonia
  • Lituania
  • Moldavia
  • Rusia
  • Suiza
  • Turquía
  • Ucrania

Conscripción obligatoria para hombres y mujeres

  • Dinamarca
  • Noruega
  • Suecia

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Reimaginar las finanzas para la salud global: del modelo bancable al enfoque misional

La salud ya no puede tratarse como un gasto secundario, sino como una inversión estratégica con impacto directo en la cohesión social, la estabilidad política y el desarrollo sostenible. En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Rosalía Fernández analiza cómo la FfD4 de Sevilla marcó un punto de inflexión al proponer una transformación profunda de la arquitectura financiera global, orientada a garantizar la salud como un bien público global y un derecho fundamental.

Ante una era de crisis sistémicas (sanitaria, climática, geopolítica, alimentaria, energética y democrática), la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla en 2025, lanzó una alerta ineludible: el modelo financiero actual está agotado. Junto con la COP30 y la cumbre del G20, la FfD4 no fue solo un foro técnico, sino el reflejo de un momento político de inflexión que abrió una ventana de oportunidad para repensar el contrato financiero global desde la equidad y el interés común.

La conjunción de estas crisis ha puesto en evidencia los límites del paradigma actual, marcado por la polarización, la desconfianza institucional y las desigualdades estructurales, y ha evidenciado la urgencia de redefinir las reglas del juego para abordar las causas de la exclusión.

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La economista Mariana Mazzucato, figura clave del evento, abogó por abandonar el paradigma centrado en proyectos «bancables» (rentables a corto plazo para el capital privado) y adoptar un enfoque mision-oriented, una estrategia basada en grandes misiones públicas que orientan la innovación y el financiamiento hacia retos sociales compartidos.

Este modelo prioriza el valor de lo público, el derecho a la salud y el rol activo del Estado como motores de cambio estructural.

Resumen ejecutivo

La arquitectura financiera actual, dominada por lógicas de rentabilidad y mitigación de riesgos, es insuficiente para abordar los retos de la salud global. Instrumentos como el blended finance priorizan la atracción de capital privado, relegando sectores esenciales como la salud pública y el fortalecimiento institucional. Este artículo defiende un modelo de finanzas misionales que alinee recursos públicos y privados en torno a objetivos estratégicos, fortalezca las capacidades estatales y garantice el derecho a la salud.

Ejemplos como CEPI, Fiocruz y HERA ilustran el potencial de este enfoque, mientras que iniciativas como COVAX muestran los límites de las lógicas de mercado. Se proponen reformas concretas, desde la reorientación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) hasta la creación de fondos soberanos de innovación, con un enfoque en equidad, diversidad y las prioridades del Sur Global. Sin embargo, existe el riesgo de que esta narrativa misional sea cooptada si no va acompañada de cambios reales en la gobernanza global y la participación ciudadana.

La arquitectura financiera actual: una aproximación limitada

El sistema de financiación para el desarrollo, basado en instrumentos como el blended finance, los bonos de impacto social y las garantías para inversión privada, prioriza la rentabilidad financiera a corto plazo. Popularizado por la narrativa de «billones a trillones», este enfoque asume que el desarrollo está limitado por una brecha financiera que el capital privado puede cerrar. Sin embargo, presenta limitaciones críticas:

  • Movilización insuficiente: El blended finance, que utiliza recursos públicos para atraer capital privado, ha movilizado cantidades modestas, concentradas en sectores y regiones de bajo riesgo, excluyendo áreas como la salud pública o el fortalecimiento institucional.
  • Desbalance de riesgos: Socializa los riesgos (asumidos por el sector público) mientras privatiza las ganancias, perpetuando desigualdades.
  • Ausencia de misiones: Se centra en cerrar brechas financieras, ignorando la necesidad de pipelines de inversión orientados a misiones públicas y subutilizando la riqueza pública existente.

La salud es tratada como un riesgo a mitigar, en lugar de un derecho humano a garantizar. Cuando se implementa sin una visión misional clara ni criterios de equidad, el blended finance puede terminar subsidiando la rentabilidad privada en sectores clave como la salud sin garantizar sostenibilidad, equidad ni gobernanza democrática sobre los bienes producidos.

De lo bancable a lo misional: una transformación necesaria en la salud

El enfoque mision-oriented, propuesto por Mariana Mazzucato, reorienta las finanzas hacia objetivos públicos claros, ambiciosos y medibles, como erradicar la tuberculosis, garantizar el acceso universal a la salud mental o prepararse para pandemias. Este modelo implica:

  • Liderazgo estatal: Los Estados deben definir prioridades, asumir riesgos y alinear actores (públicos, privados, sociedad civil) en torno a misiones estratégicas.
  • Ecosistemas de transformación: En lugar de financiar proyectos aislados, se articulan sistemas completos de innovación que generan valor público a largo plazo.
  • Mercados moldeados: En contraposición al market-fixing (corrección de fallos de mercado), el enfoque misional promueve el market-shaping (creación de mercados alineados con el interés público).

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No basta con movilizar más recursos; es imprescindible transformar la lógica que rige su uso, priorizando retornos colectivos en forma de resiliencia, equidad y bienestar.

Salud como bien público global: implicaciones normativas

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud. La salud global debe reconocerse como un bien público global, financiado mediante mecanismos colectivos y solidarios, como:

  • Fondos globales misionales: Financiación predecible para objetivos sanitarios estratégicos.
  • Impuestos internacionales: Por ejemplo, sobre transacciones financieras para financiar salud.
  • Condonación de deuda: Reorientar recursos liberados hacia sistemas sanitarios.

La salud no es un gasto, sino una inversión estratégica con efectos multiplicadores en el crecimiento, la cohesión social y la estabilidad política.

Lecciones de la pandemia y la arquitectura sanitaria multilateral

La pandemia de COVID-19 expuso las debilidades de una arquitectura sanitaria basada en la propiedad intelectual restrictiva y la competencia desigual por vacunas. Iniciativas como COVAX fallaron al operar bajo lógicas de mercado y filantropía, logrando una cobertura limitada frente a las necesidades globales.

En contraste, ejemplos como la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), que financia vacunas con acceso garantizado, el modelo de producción pública de medicamentos de Fiocruz en Brasil, y el programa europeo HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority), que garantiza acceso equitativo a tecnologías sanitarias críticas, demuestran que es posible articular financiación con lógica misional orientada al interés público. El nuevo tratado internacional sobre pandemias, en negociación en la OMS, ofrece una oportunidad para integrar mecanismos de financiación mision-oriented que promuevan:

  • Ciencia abierta: Acceso universal a conocimiento y tecnologías sanitarias.
  • Bienes comunes: Producción y distribución equitativa de insumos médicos.
  • Capacidades locales: Fortalecimiento de sistemas sanitarios nacionales.

Instrumentación del enfoque misional en salud

Para operativizar el enfoque misional, se proponen las siguientes medidas:

  1. Reforma de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD): Priorizar resultados en salud poblacional sobre retornos financieros.
  2. Fondos soberanos de innovación en salud: Crear fondos públicos con gobernanza multiactor (Estados, científicos, sociedad civil).
  3. Indicadores de retorno público: Evaluar el impacto social y sanitario de las inversiones, más allá de los retornos financieros.
  4. Acuerdos regionales: Promover inversiones en salud con lógica misional en regiones como la Unión Africana o Mercosur.
  5. Fortalecimiento institucional: Proveer financiación estructural (no solo por proyectos) a sistemas de salud pública nacionales.
  6. Reformas tributarias internacionales: Abordar la evasión fiscal para ampliar el espacio fiscal de los países para invertir en salud.

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Feminismo, ecología y enfoque del Sur Global

La economía feminista critica cómo las lógicas financieras tradicionales invisibilizan el cuidado, la reproducción social y la salud comunitaria. Una financiación misional debe incorporar criterios de equidad, diversidad y transversalidad. Las voces del Sur Global exigen una gobernanza financiera democrática, transparente y alineada con prioridades nacionales, evitando dependencias y deudas insostenibles.

Sin embargo, existe el riesgo de que la narrativa misional sea cooptada por filantropías o think tanks que vacíen su contenido transformador, reduciéndola a meras etiquetas si no se acompaña de cambios reales en gobernanza, rendición de cuentas y priorización del interés público sobre el lucro privado.

Rol estratégico de España

Como anfitriona de la FfD4, España puede liderar esta transición mediante:

  • Coalición internacional: Promover una alianza por las finanzas misionales en salud, con actores como la OMS, UNDP y UNCTAD.
  • Cláusulas de valor público: Incluir condiciones de impacto social en contratos y banca de desarrollo.
  • Observatorios de rendición de cuentas: Crear mecanismos para monitorear inversiones en salud.
  • Participación ciudadana: Involucrar a la sociedad civil en el diseño y seguimiento de misiones sanitarias.
  • Inversión en sistemas públicos: Priorizar el fortalecimiento de capacidades estatales y sistemas de salud públicos.

El camino a seguir para una arquitectura financiera centrada en la salud

Transformar la arquitectura financiera internacional es un desafío de largo aliento que requiere audacia política, colaboración transnacional y una ciudadanía activa y vigilante. Gobiernos, Bancos Multilaterales de Desarrollo, sociedad civil, academia y movimientos sociales del Sur Global deben confluir en una agenda común que sitúe la salud y el bienestar en el centro del contrato social y económico global.

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La FfD4 de Sevilla puede ser recordada como un punto de partida, siempre que sus postulados se traduzcan en compromisos vinculantes y acciones sostenidas. La salud, como bien público global, no puede seguir siendo rehén del cortoplacismo financiero.

Conclusión

Reorientar la arquitectura financiera internacional desde un enfoque bancable hacia uno mision-oriented es una condición indispensable para garantizar el derecho a la salud en un mundo interdependiente. No basta con movilizar más recursos; es necesario transformar su lógica de uso: de financiar proyectos aislados a construir futuros colectivos sostenibles.

La FfD4 de Sevilla 2025 marcó el inicio de esta transformación, pero su éxito dependerá de cambios reales en la gobernanza global, mecanismos de rendición de cuentas y la participación efectiva de la ciudadanía y los países del Sur Global. Como afirmó Mariana Mazzucato: «No se trata solo de gastar más, sino de gastar de forma diferente. Para crear mercados que sirvan al interés público, no al revés

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La Comisión Europea pide a las plataformas digitales restricciones para menores

Entre las medidas se encuentra que los perfiles sean privados por defecto y el veto a que se descargue su contenido.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea ha pedido a las plataformas digitales a reforzar la seguridad infantil. Entre las medidas, exige que las cuentas de menores sean privadas por defecto. También solicitan el veto a la descarga o la captura de pantalla del contenido que publiquen. Esta medida se trata de la propuesta central del paquete de recomendaciones con el que Bruselas pretende elevar «un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores» en Internet, recordando que la Ley de Servicios Digitales ya impone obligaciones vinculantes.

En la presentación, la ministra danesa de Asuntos Digitales, Caroline Stage, comparó la laxitud online con la venta física de alcohol: «Es difícil imaginar un mundo en el que los chavales puedan entrar en una tienda a comprar alcohol (…) con un simple «sí, tengo más de 18 años». Eso es lo que ocurre en Internet desde hace muchos años», lamentó junto a la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen. Por ello, la Comisión considera inaceptable esa brecha de verificación y quiere cerrarla de forma voluntaria y cuanto antes.

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Entre las medidas sugeridas figura la desactivación de funciones que fomentan el uso compulsivo, como las «secuencias» o los «recibos de lectura» presentes en redes como TikTok y Snapchat. También propone limitar el diseño adictivo, el ciberacoso y la exposición al contenido peligroso, retirando los incentivos que atrapan la atención juvenil y reduciendo el impacto del «contacto con extraños» que puedan aprovechar la vulnerabilidad de los usuarios más pequeños.

Para minimizar riesgos, Bruselas pide que el perfil infantil sea invisible a desconocidos y que las plataformas impidan descargar o fotografiar las publicaciones de esos menores, barrera destinada a proteger su imagen y frenar el acoso. Además, reclama que los algoritmos den prioridad absoluta al «feedback» aportado por los propios chicos. Es decir, que ningún contenido que ellos reporten debería volver a recomendarse.

Aunque las directrices no son obligatorias, la Comisión recalca que la Ley de Servicios Digitales sí lo es y que exige «medidas adecuadas y proporcionadas». Además, Virkkunen subrayó que las recomendaciones son «prácticas y no exhaustivas» y que marcan «claramente nuestras expectativas de cumplimiento», de modo que servirán como estándar cuando las autoridades comprueben la actuación de plataformas grandes y pequeñas.

Proyecto piloto de verificación de edad

Finalmente, el Ejecutivo comunitario lanzó un proyecto piloto de verificación de edad en el que colaboran España, Dinamarca, Grecia, Francia e Italia. La herramienta permitirá demostrar que un usuario supera los 18 años para acceder a contenidos restringidos sin ceder más datos personales. «Nadie podrá rastrear, ver o reconstruir su historial», garantizó Bruselas. Esta experiencia allana el camino hacia el futuro monedero digital europeo previsto para finales de 2026.

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