La Comisión Europea ha publicado esta semana su informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE. El informe 2021 se centra en los desafíos en la protección de los derechos fundamentales en la era digital.
Este es el primer informe después de la estrategia del año pasado para fortalecer la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE, que anunció informes anuales con focos temáticos. Además, la Comisión lanzó esta semana una campaña de sensibilización sobre los derechos de los ciudadanos en virtud de la Carta, en respuesta a su solicitud de conocer mejor sus derechos y a dónde acudir si se violan.
Věra Jourová, Vicepresidenta de Valores y Transparencia, dijo: “Los derechos fundamentales no se pueden dar por sentados. Pueden ser desafiados de muchas maneras. En los últimos dos años, la pandemia de COVID-19 afectó la vida de todos y nos recordó dolorosamente que nuestros derechos y libertades fundamentales son muy valiosos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es una poderosa herramienta para proteger a las personas y fortalecer sus derechos”.
La Comisión pide al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros que utilicen este informe para participar en intercambios sobre los desafíos y oportunidades para proteger los derechos fundamentales en la era digital.
Cinco áreas políticas clave del informe
Abordar los desafíos de la moderación en línea. La difusión de contenidos ilegales en Internet es un desafío para el discurso democrático y para una serie de derechos fundamentales. En diciembre de 2020, la Comisión propuso medidas regulatorias para abordar el contenido ilegal al tiempo que protege los derechos fundamentales a través de la Ley de Servicios Digitales.
Además, promueve medidas voluntarias a través del Código para combatir la incitación ilegal al odio en línea. El 9 de diciembre, la Comisión también propuso una iniciativa para ampliar la lista de delitos de la UE para incluir la incitación al odio y los delitos motivados por el odio.
Salvaguardar los derechos fundamentales donde se utiliza la inteligencia artificial. El creciente uso de sistemas de inteligencia artificial puede producir grandes beneficios, pero ciertas aplicaciones son complejas y opacas, lo que puede ser un desafío para el cumplimiento o la aplicación de los derechos fundamentales.
Muchos Estados miembros han desarrollado estrategias nacionales sobre inteligencia artificial para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la solidez y encontrar formas efectivas de cumplir con los derechos fundamentales. En abril de 2021, la Comisión propuso un acto legislativo para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que plantean un alto riesgo para los derechos fundamentales se prueben y documenten adecuadamente.
Abordar la brecha digital. La pandemia de COVID-19 ha hecho que sea más difícil para aquellos que no tienen los conocimientos o equipos necesarios acceder a los servicios públicos que se ofrecen en línea. El informe muestra cómo los Estados miembros y la UE trabajan en diferentes enfoques para garantizar que nadie se quede atrás. La solidaridad sigue siendo un principio clave para abordar la brecha digital.
Proteger a las personas que trabajan a través de plataformas. El trabajo de plataforma ha generado nuevas oportunidades económicas para las personas, las empresas y los consumidores. Sin embargo, también cuestiona los derechos y obligaciones existentes relacionados con el derecho laboral y la protección social.
El 8 de diciembre, la Comisión adoptó una iniciativa legislativa para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan a través de plataformas de trabajo digitales, al tiempo que apoya el crecimiento sostenible de las plataformas de trabajo digitales en la Unión.
Supervisar la vigilancia digital. La vigilancia puede ser legítima, por ejemplo, para garantizar la seguridad y combatir la delincuencia, pero no todas las prácticas están justificadas. En este contexto, la protección de datos y la privacidad no solo son derechos fundamentales clave, sino también derechos “habilitantes” que aumentan la protección de otros derechos fundamentales, que pueden verse afectados por la vigilancia.
