Donald Trump y Vladímir Putin acordaron celebrar una reunión en Budapest para tratar la guerra en Ucrania. Sin embargo, Hungría pertenece a la UE y, aunque solicitó abandonar el Estatuto de Roma y está en proceso de retirada, todavía sigue perteneciendo a él. Te explicamos si el país europeo detendrá al líder ruso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 16 de octubre que él y Vladímir Putin han pactado celebrar una nueva reunión para buscar una solución negociada a la guerra en Ucrania. El acuerdo prevé que el encuentro tenga lugar en Budapest, Hungría, aunque aun sin fecha definida. Sin embargo, la sede causa inquietud debido a que Hungría es miembro de la Unión Europea, que sanciona al líder ruso desde la invasión de Ucrania. Además, la posibilidad real de que el presidente ruso salga de Rusia se ve empañada por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su persona por presuntos crímenes de guerra.
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Mientras se concretan los detalles, la principal cuestión es si Hungría podría detener a Putin al pisar suelo europeo. El país magiar, aunque es parte de la Unión Europea, ha adoptado una postura diferenciada respecto al Estatuto de Roma, fundacional de la Corte Penal Internacional. De hecho, el gobierno de Viktor Orbán formalizó la retirada de Hungría del Estatuto el pasado 2 de junio de 2025, buscando evitar responsabilidades legales ante otra orden de arresto internacional pendiente, como la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Único país de la UE fuera de la CPI
El retiro de Hungría la convierte en el único Estado de la UE fuera del sistema de la CPI. Esto implica que el gobierno de Budapest no está técnicamente obligado a ejecutar la orden de arresto de la CPI contra Putin. De facto, Putin estaría en territorio seguro legalmente si aterriza en Budapest. Por lo tanto, el Kremlin considera que Hungría ofrece una protección efectiva ante la justicia internacional, algo no garantizado en otros países europeos.
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No obstante, existen obstáculos adicionales vinculados al derecho internacional y la inmunidad de los jefes de Estado. En agosto de 2023, Putin evitó participar en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica por temor a ser detenido, dado que Pretoria es signataria del Estatuto de Roma y ha promovido denuncias contra otros líderes, como Netanyahu. En efecto, esa preocupación llevó al líder hebreo, durante su viaje a Washington para la Asamblea de la ONU, a trazar una ruta aérea evasiva de Europa para evitar riesgos.
¿Detención aérea?
En la práctica, forzar el aterrizaje de un avión presidencial ruso sobrevolando países que son parte de la CPI sería una línea roja difícil de cruzar. La tradición vigente rechaza obligar a un jefe de Estado a aterrizar por la fuerza, considerándolo una violación flagrante de las normas internacionales de aviación y un acto de consecuencias imprevisibles. Solo en el caso de Bielorrusia, en 2021, se dio una excepción. En ese momento, el régimen de Alexander Lukashenko obligó a un avión de Ryanair que viajaba de Atenas a Vilna a aterrizar por una falsa amenaza de bomba, para detener al periodista y activista opositor Román Protasevich.
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Otra medida menos extrema sería cerrar el acceso al espacio aéreo, como ya ocurrió en 2022, cuando Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro impidieron el ingreso del avión oficial del ministro ruso, Serguéi Lavrov. Esto, no obstante, solo puede provocar que el líder en cuestión no pase por el cielo de un determinado país y garantizar una mayor seguridad, aunque no le detiene. Además, bajo el contexto actual, tales acciones contra Putin enfrentarían la desaprobación de Donald Trump, quien podría acusar a Europa de obstaculizar el fin del conflicto en Ucrania.
