El Parlamento Europeo ha aprobado la primera ley del mundo de inteligencia artificial que pactaron en diciembre las instituciones europeas.
El Parlamento Europeo ha aprobado el 13 de marzo la Ley de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA que entraña un alto riesgo, impulsando al mismo tiempo la innovación y erigiendo a Europa en líder del sector. El reglamento, acordado en las negociaciones con los Estados miembros en diciembre de 2023, fue respaldado por la Eurocámara con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones.
La normativa aún está sujeta a una última comprobación jurídica-lingüística, además de que debe ser también adoptada formalmente por el Consejo Europeo. Su aprobación definitiva (mediante el llamado procedimiento de corrección de errores) está prevista para antes del final de la legislatura. Entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial y será de plena aplicación veinticuatro meses después de su entrada en vigor, con excepción de: las prohibiciones de prácticas (se aplicarán seis meses después de la fecha de entrada en vigor); los códigos de buenas prácticas (nueve meses después); las normas sobre la IA de uso general, incluida la gobernanza (doce meses después), y las obligaciones para los sistemas de alto riesgo (treinta y seis meses después).
Las nuevas normas prohíben ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que atentan contra los derechos de la ciudadanía, como los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la captura indiscriminada de imágenes faciales de internet o grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial. También se prohibirán el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva (cuando se base únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus características) y la IA que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.
En líneas generales, la ley de inteligencia artificial prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica, con previa autorización judicial, para prevenir una amenaza terrorista inminente, localizar o identificar a una persona que haya cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o, por ejemplo, un crimen medioambiental, así como para buscar a las víctimas de estos delitos. Asimismo, el reglamento establece una serie de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial generativa en los que se basan programas como ChatGPT, de la empresa OpenAI, o Bard, de Google.
Artículo escrito por:
Laura Ruiz Sancho. Periodista. Apasionada de la geopolítica y siempre con un ojo puesto en la actualidad internacional. Experta profesional en terrorismo yihadista por la UNED y Máster en Verificación Digital y Periodismo de datos (CEU).
