Una ley bicentenaria que permite al presidente de Estados Unidos desplegar al Ejército dentro del país hoy abre un intenso debate sobre la militarización nacional y los límites del poder presidencial. Si quieres aprender más sobre este país, te recomendamos el Curso de Experto en Estados Unidos de LISA Institute.
En medio de las protestas de California en 2025, la Ley de Insurrección (conocida en inglés como Insurrection Act) ha vuelto al centro del debate político estadounidense por la amenaza de Trump a implementarla en más de una ocasión. A continuación encontrarás una guía que explica su origen, contenido, usos históricos y la polémica que despierta su posible aplicación en la actualidad.
Origen e historia de la Ley de Insurrección
Antecedentes en 1807 y sucesivas reformas
La Ley de Insurrección se firmó por Thomas Jefferson el 3 de marzo de 1807 para otorgar al presidente la facultad de emplear fuerzas terrestres y navales cuando la aplicación de la ley ordinaria resultara imposible. Su redacción se inspiró en los Militia Acts de 1792 y 1795, que ya permitían llamar a la milicia estatal ante posibles amenazas internas.
➡️ Te puede interesar: Los mapas para entender las elecciones presidenciales de Estados Unidos
A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el Congreso incorporó ajustes que ampliaron la posibilidad de intervenir sin el consentimiento de los estados cuando se violaban derechos constitucionales, especialmente durante la era de la Reconstrucción. La ley se codifica hoy en el Título 10, Secciones 251 a 255 del Código de Estados Unidos. Si bien se la cita como un solo texto, en realidad aglutina varios estatutos promulgados entre 1792 y 1871.
Relación con el Posse Comitatus Act de 1878
En 1878, el Congreso aprobó el Posse Comitatus Act. Esta ley federal prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en las tareas policiales dentro del país, salvo autorización legal específica. Sin embargo, la Ley de Insurrección es la principal excepción a esa prohibición, ya que suspende temporalmente el efecto del Posse Comitatus cuando se invoca. Por eso, cada vez que la Casa Blanca plantea recurrir a la Insurrection Act surge el temor de una militarización doméstica que choque con el principio de autoridad civil.
Contenido y secciones clave
- Sección 251: asistencia a los estados con petición formal. Según la Sección 251, el presidente puede desplegar tropas federales o federalizar a la Guardia Nacional cuando la legislatura estatal (o el gobernador, si el parlamento no está reunido) solicita auxilio para sofocar una insurrección que rebase las capacidades locales.
- Secciones 252–253: despliegue sin consentimiento estatal. La Sección 252 autoriza al presidente a intervenir por cuenta propia si «obstrucciones, conspiraciones o reuniones ilegales» impiden la ejecución de las leyes federales. Por su parte, la Sección 253 va un paso más allá. Esto se debe a que permite usar fuerzas militares cuando se vulneran derechos constitucionales y el estado afectado no puede (o no quiere) protegerlos, aun sin la aprobación del gobierno local. Esta ambigüedad es una de las mayores fuentes de polémica, pues otorga un amplio margen de discrecionalidad al Ejecutivo federal.
¿Qué permite y cuándo se puede aplicar?
- Supresión de insurrecciones y violencia masiva. El propósito original es «suprimir insurrecciones, sublevaciones o rebeliones» que pongan en jaque el orden público. Esto abarca motines, disturbios y cualquier alzamiento considerado amenaza para la estabilidad gubernamental.
- Aplicación de la ley federal impedida. Si grupos organizados bloquean la ejecución de leyes federales (por ejemplo, impiden a tribunales u oficiales cumplir su labor), la Sección 252 permite que el presidente envíe tropas para restablecer el funcionamiento normal de la justicia.
- Defensa de derechos constitucionales cuando falla la autoridad local. Durante la Reconstrucción y el movimiento por los derechos civiles, la Sección 253 se usó para proteger a ciudadanos afroamericanos frente a la violencia de supremacistas blancos cuando los estados sureños no actuaban. El mismo fundamento jurídico permitiría hoy intervenir ante graves violaciones de derechos si las autoridades locales se muestran incapaces de frenarlas.
Casos históricos de uso
- Guerra Civil y Reconstrucción (1861-1877). Aunque Abraham Lincoln nunca invocó formalmente la Insurrection Act, la empleó como base legal para enviar tropas a los estados confederados y librar la Guerra Civil. Después, Ulysses S. Grant la usó en al menos tres ocasiones para combatir al Ku Klux Klan y hacer cumplir las enmiendas constitucionales que garantizaban la igualdad de los recién emancipados.
- Movimiento por los derechos civiles. En 1957, Dwight Eisenhower la invocó para proteger la integración escolar de nueve estudiantes afroamericanos en Little Rock, Arkansas. John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson hicieron lo propio en Mississippi y Alabama durante los años sesenta para asegurar el voto y la educación sin segregación.
- Disturbios de Los Ángeles (Rodney King, 1992). La última vez que se activó fue en 1992, cuando George H. W. Bush respondió a la petición del gobernador de California, Pete Wilson, tras los disturbios que siguieron a la absolución de cuatro policías que golpearon a Rodney King. Más de 9.000 soldados federales y marines colaboraron con la policía local en labores de seguridad.
Históricamente, se ha utilizado unas 30 veces. Sin embargo, su empleo se redujo drásticamente después de los años 60, en gran parte por el rechazo social a la militarización interna.
Críticas y debates actuales
Expertos del Brennan Center for Justice, una organización no partidista y sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la democracia, señalan que los términos «obstrucciones» o «combinaciones ilegales» son tan amplios que permitirían actuar incluso contra pequeños grupos de manifestantes. Esto, aseguran, crea el riesgo de decisiones politizadas. Además, la ausencia de un mecanismo externo de autorización (el presidente decide y luego notifica al Congreso) refuerza las suspicacias sobre un posible abuso de poder.
Propuestas de reforma
Organizaciones de derechos civiles proponen enmendar la ley para exigir:
- Definiciones más claras de «insurrección» y «violencia doméstica».
- Autorización previa del Congreso o, al menos, una revisión judicial inmediata.
- Límites temporales al despliegue y protección explícita de libertades civiles.
Protestas de Los Ángeles 2025
En junio de 2025, el presidente Donald Trump afirmó que «invocaría la Ley de Insurrección si hay una auténtica insurrección» para disolver manifestaciones contra redadas migratorias en Los Ángeles. Sin pedir permiso al gobernador, ya desplegó 4.000 miembros de la Guardia Nacional, una decisión que algunos sectores califican de precedente peligroso. Además, el simple anuncio reavivó el miedo a la militarización dentro del país, lo que puede abrir la puerta a futuras batallas legales sobre los límites del poder presidencial.
No obstante, la Ley de Insurrección es una herramienta que habilita al presidente de Estados Unidos a recurrir a las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional cuando la autoridad civil se ve rebasada. Además, su historial demuestra que ha funcionado en determinados momentos para proteger la unión y los derechos civiles. Sin embargo, su redacción amplia y eludir la regla general del Posse Comitatus convierten cada invocación en un momento de alta tensión institucional.
En la actualidad, la posibilidad de aplicarla frente a protestas o problemas migratorios plantea la cuestión entre el equilibrio de mantener el orden público y preservar los derechos constitucionales. El debate sigue abierto, y la reforma de esta ley centenaria podría ser necesaria para evitar abusos sin debilitar la capacidad del Estado de responder a crisis auténticas.
➡️ Si quieres adquirir más conocimientos, te recomendamos los siguientes cursos formativos de LISA Institute:
