En el aniversario de la crisis tras las revelaciones del Proyecto Pegasus, Amnistía Internacional denuncia que la venta de programas espía no se ha suspendido y el sector de la vigilancia continúa operando “sin control”.
“Un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global”, alertó Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech.
El Proyecto Pegasus puso en evidencia cómo los gobiernos de todo el mundo utilizaron el invasivo programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos o periodistas.
Desde AI denuncian que tras “reiterados” llamamientos por la regulación del sector de la vigilancia, se han dado “ciertos pasos en la dirección adecuada”, pero la actuación de los gobiernos sigue “sin ser suficiente”.
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Según declaró la directora adjunta de Amnesty Tech, el Proyecto Pegasus vino a recordar la necesidad de actuar con “urgencia” para regular un sector que “carece de control”. “Es vergonzoso que los gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital”, dijo.
“La vigilancia selectiva ilegal de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil es una herramienta de represión. Es hora de tomar medidas drásticas contra esta industria que sigue operando en las sombras”.
El Proyecto Pegasus fue una colaboración de periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, coordinada por Forbidden Stories. El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional utilizó pruebas forenses digitales de vanguardia y metodologías de investigación para confirmar la evidencia de objetivos e infecciones en decenas de teléfonos de todo el mundo.
En el último año, el Laboratorio de Seguridad descubrió nuevos casos de ataque con Pegasus en Marruecos-Sáhara Occidental y Polonia. Además, el Laboratorio de Seguridad confirmó de forma independiente numerosos casos adicionales en los que Pegasus seguía siendo utilizado para atacar ilegalmente a personas, incluidos casos en El Salvador, Israel/Palestina, Polonia y España.
Amnistía Internacional ha estado investigando la vigilancia ilegal durante muchos años. Cada vez hay más pruebas de que los gobiernos cometen violaciones de los derechos humanos y de cómo las empresas se benefician de la vigilancia selectiva ilegal.
Actualmente hay investigaciones abiertas y casos pendientes contra NSO Group en Francia, India, México, Polonia y España. En marzo, el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA para investigar el uso de Pegasus y otros spyware en Europa.
En noviembre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al Grupo NSO en su Lista de Entidades, por “participar en actividades que son contrarias a los intereses de seguridad nacional o de política exterior” y debido a su “ciberactividad maliciosa”. Unas semanas después, Apple inició una acción judicial contra NSO Group para “frenar el abuso de programas espías patrocinados por el Estado”.
En las últimas semanas, ha habido informes de que la empresa contratista de defensa estadounidense L3Harris está en conversaciones para comprar la propiedad del software Pegasus. El futuro del Grupo NSO sigue siendo incierto.
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“Se debe resistir a cualquier intento del Grupo NSO de alterar su modelo de negocio en un intento de evadir la rendición de cuentas. Toda la industria de la vigilancia está rota y necesita una reforma urgente”, dijo Danna Ingleton.
“Seguimos pidiendo una moratoria global sobre la venta, la transferencia y el uso de spyware hasta que se establezcan las salvaguardias regulatorias de derechos humanos que rigen su uso”.
Los Estados tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional no solo de respetar los derechos humanos, sino también de protegerlos del abuso por parte de terceros, incluidas las empresas privadas.
Procesos penales abiertos contra Pegasus
En otros países, también hay procedimientos en curso, como la demanda civil de WhatsApp contra NSO en Estados Unidos, pero también las acciones emprendidas ante la Corte Suprema en India destinadas a esclarecer el papel de las autoridades del país en la vigilancia a periodistas. Para Reporteros Sin Fronteras, el proceso abierto en Francia es, sin embargo, el único de orden penal, y puede saldarse, por tanto, con la identificación de los responsables del espionaje a periodistas, su imputación y su condena penal.
La apertura de una investigación judicial por parte de la sección de delitos informáticos de la Fiscalía de París el 1 de julio de 2022, es el resultado de varias denuncias interpuestas en Francia desde hace un año, especialmente por Reporteros Sin Fronteras, que ha requerido a las autoridades judiciales en cuatro causas que representan a 25 periodistas originarios de diez países distintos. La designación de un juez instructor debería arrojar luz, al fin, sobre las responsabilidades de este escándalo de espionaje que afecta a centenares de periodistas en todo el mundo.
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El año pasado, RSF también elevó a la ONU una petición para que sus relatores especiales exijan explicaciones a los Estados sospechosos de haber utilizado Pegasus, como por ejemplo, en el caso de Hungría. La organización también reclama la instauración de una moratoria sobre las exportaciones de tecnologías de vigilancia. Además, RSF defiende ante Naciones Unidas la imposición de una legislación estricta sobre la exportación de herramientas de espionaje.
Para ello, según Reporteros Sin Fronteras, el Acuerdo de Wassenaar constituye una base sobre la que construir un marco sólido. Hay 41 Estados implicados en este pacto político de transparencia sobre la exportación de armas convencionales y de bienes y tecnologías de doble uso, de los que forman parte las herramientas de software de espionaje. Sin embargo, no bastan ni el número de Estados miembros, ni las exigencias en materia de transparencia, máxime cuando el acuerdo no es vinculante. Resulta, pues, imperativo que este pacto sea reformado y de él se derive una ley internacional exigente, que tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos.
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