La región latinoamericana enfrenta una profunda crisis energética, con muchos países al borde del colapso, enfrentando apagones diarios que perturban la vida cotidiana y restringen el crecimiento económico. La ineficacia en el funcionamiento de las redes eléctricas en estos países ha comprometido su capacidad para garantizar una entrega continua de electricidad a consumidores residenciales e industriales.
La red eléctrica se estructura en tres procesos esenciales: generación, transmisión y distribución, cada uno vital para el suministro eficiente de energía a los usuarios finales, subrayando la necesidad de innovación y regulación efectiva.
Estos procesos son fundamentales para asegurar que la electricidad generada sea transportada y distribuida de manera eficaz a través de extensas redes, manteniendo la estabilidad y la seguridad del suministro energético. Actualmente, países como Ecuador y Cuba ilustran de manera destacada los efectos de esta crisis energética en la región, manifestándose en situaciones diversas pero igualmente críticas.
Ecuador, un país altamente dependiente de sus fuentes hidroeléctricas, se enfrenta a apagones programados de hasta diez horas al día. Desde abril de este año el país ha sufrido una serie de apagones en diferentes zonas del país, siendo junio y septiembre, los dos puntos de inflexión más relevantes hasta el momento.
La mayoría de las fuentes mediáticas abogan que el déficit se debe a una reducción de sus reservas, agravadas por una gran sequía, descrita como la peor en 61 años. Sin embargo, otras, defienden que esta carencia energética se debe a la limitada apertura del país a inversiones privadas y una infraestructura insuficiente.
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En Cuba, la situación es todavía mucho más alarmante. El país enfrenta su mayor crisis energética en décadas, con apagones de hasta veinte horas diarias. Con una infraestructura de generación eléctrica completamente desgastada que lleva en funcionamiento desde hace más de dos décadas, y una falta de recursos necesarios para modernizar el sistema.
Según la empresa estatal UNE, el déficit del país es mayor del 50%. Tiene una capacidad de generación eléctrica de megavatios 1.692 (MW) contrarrestada por una demanda de 3.300 MW. Y de manera directa, agudizando el problema, la llegada de huracanes como Óscar o Rafael, complican la estabilidad de la red, llegando a dejar a la isla sin electricidad por más de tres días.
Visión general de la crisis energética
Este fenómeno de alcance regional afecta a distintos países de manera diversa; sin embargo, con factores subyacentes comunes: dependencia de recursos no renovables, falta de inversión en infraestructuras modernas y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.
La mayoría de las naciones de la región dependen en gran medida de fuentes no renovables, especialmente el petróleo y el gas natural, lo cual las hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional y a la inestabilidad en el suministro. A esto se le suma una infraestructura envejecida, a falta de adaptación a las crecientes demandas y una economía que se diversifica lentamente.
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Un ejemplo evidente de esta crisis es la dependencia de la generación hidroeléctrica, que constituye una proporción significativa de la matriz energética de varios países de la región, incluyendo a Ecuador. Si bien las fuentes hidroeléctricas se consideran más limpias y sostenibles, están sujetas a la variabilidad climática, especialmente a las sequías, cada vez más frecuentes y prolongadas.
Este fenómeno ha hecho que la disponibilidad de agua para la generación de electricidad sea incierta, lo que ha desencadenado apagones y restricciones de suministro en varios países. Además, el impacto de la crisis económica en países exportadores de petróleo, como Venezuela, y la dependencia de las importaciones de combustibles, como en el caso de Cuba, han dificultado aún más la situación.
Las limitaciones en la infraestructura para distribución y almacenamiento, así como la falta de inversión en energías renovables, dificultan la búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo.
Crisis energética en Ecuador
Enfrentado a una de sus peores crisis energéticas en años, Ecuador es víctima de una combinación de factores climáticos, de infraestructura y políticos. La dependencia del país en las fuentes hídricas, que representan el 72% de su matriz energética, ha revelado una vulnerabilidad crítica frente a las sequías, como las que atraviesa actualmente.
La falta de lluvias ha provocado caudales mínimos en reservorios principales, el más nombrado siendo el embalse de Mazar. La situación se ha agravado debido a la falta de suministro desde Colombia, tradicional proveedor de energía, que suspendió sus exportaciones hacia Ecuador debido a su propia crisis energética.
A diferencia de países vecinos como Perú y Colombia, Ecuador tiene una matriz energética poco diversificada. En Perú, el 56% de la energía proviene de fuentes termoeléctricas, principalmente de gas natural, mientras que Colombia basa el 68% de su generación en la energía hidráulica, pero con un complemento significativo de generación térmica (30%).
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Esta diversificación otorga a sus vecinos una mayor resiliencia frente a fenómenos climáticos adversos y una mayor capacidad de responder a la demanda interna sin recurrir a importaciones externas.
El sector privado también desempeña un papel crucial en la diferenciación regional. Perú y Colombia han incentivado la inversión privada en proyectos de generación, transmisión y distribución, lo que ha modernizado sus sistemas eléctricos. Por el contrario, Ecuador, con un modelo predominantemente estatal, ha limitado la participación privada, lo que dificulta la atracción de inversiones para diversificar y modernizar su infraestructura. Esto no solo pone al país en desventaja competitiva, sino que también lo hace más vulnerable a crisis energéticas como la actual.
Cuba en crisis energética: apagones, infraestructura obsoleta y dependencia del petróleo importado
Cuba enfrenta una de las crisis energéticas más graves de su historia reciente, marcada por apagones prolongados, infraestructura obsoleta y una dependencia casi total de combustibles importados. En 2024, el sistema eléctrico nacional colapsó debido a la avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, dejando al 50% de la población sin electricidad y destacando la fragilidad de su red energética.
Las termoeléctricas, que representan la base del sistema eléctrico cubano, tienen más de 40 años de antigüedad y carecen de un mantenimiento adecuado, agravado por las sanciones económicas internacionales que limitan el acceso a insumos y financiamiento.
Como una medida de emergencia para gestionar los apagones y priorizar el suministro eléctrico, se han creado divisiones de bloques energéticos; favoreciendo zonas urbanas y sectores clave como hospitales, infraestructura crítica y servicios básicos, mientras otras regiones enfrentan cortes prolongados.
Sin embargo, la fragilidad del sistema se observa en la salida de servicios termoeléctricos de Cienfuegos, una de las principales fuentes de generación eléctrica en la isla. La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos, dejó de operar debido a una avería, lo que representó una pérdida de 145 MW en la capacidad de generación eléctrica de la isla.
La salida de servicio de una planta tan crucial como esta pone de manifiesto la urgencia de abordar la obsolescencia de las termoeléctricas en Cuba y su impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
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El país depende en mayor medida de las importaciones de petróleo, principalmente de Venezuela, para cubrir sus necesidades energéticas. Según un reporte de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) este año Cuba importó 73,5 % más de combustible que en 2023 para compensar la caída de la producción nacional. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, su principal proveedor de petróleo, han reducido drásticamente el flujo de crudo hacia la isla, intensificando la escasez y empujando a la población a buscar alternativas ilícitas.
En 2019 se registró el robo de aproximadamente 2,5 millones de litros de diésel de la central eléctrica de Santa Fe, en Guanabacoa, lo que equivale al suministro mensual de electricidad para 52.000 hogares.
Las termoeléctricas, ya de por sí antiguas, dependen de un suministro continuo de crudo que cada vez es más difícil de garantizar. El déficit diario de petróleo, que ascendió a 30.000 barriles en 2019, ha obligado al gobierno a imponer estrictos programas de racionamiento, los cuales han afectado tanto al transporte público como a la vida cotidiana de los cubanos.
El mercado negro de combustibles en Cuba no es un caso aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a varios países como Venezuela y Honduras. Sin embargo, en Cuba, el problema tiene características únicas debido al aislamiento económico y político de la isla, lo que ha convertido al mercado negro en un pilar de supervivencia para muchos.
La situación ha desatado varias protestas ciudadanas en el país. En 2024, el impacto de los apagones provocó una gran ola de movilizaciones ciudadanas. Poniendo de relieve la delicada posición de Cuba, donde la falta de electricidad tiene el potencial de desencadenar un malestar social de consecuencias imprevisibles.
Claves para superar la crisis en América Latina
En conclusión, la crisis energética que enfrenta América Latina, ejemplificada por los casos de Ecuador y Cuba, resalta la urgencia de transformar y modernizar las redes eléctricas de la región. Los desafíos comunes, como la dependencia de recursos no renovables, la vulnerabilidad al cambio climático y la falta de inversión en infraestructura, exigen que se combinen, nuevas innovaciones de tecnología, una diversificación de la matriz energética consecuentemente por participación del sector privado.
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Ecuador y Cuba comparten un rasgo distintivo en su modelo energético: la fuerte dependencia de estructuras estatales para la gestión y regulación del sector eléctrico. En Ecuador, la predominancia estatal ha limitado la participación del sector privado, dificultando la atracción de inversiones necesarias para modernizar la infraestructura y diversificar la matriz energética.
Este modelo centralizado ha resultado en vulnerabilidades críticas, especialmente frente a fenómenos climáticos como las sequías. En Cuba, esta dependencia del estado es aún más marcada, con una economía cerrada y un sistema energético gestionado casi exclusivamente por entidades públicas. La falta de recursos financieros y técnicos, agravada por las sanciones internacionales, ha llevado a una infraestructura obsoleta e incapaz de satisfacer la demanda creciente.
La región en su conjunto debe priorizar el desarrollo de marcos regulatorios sólidos, la promoción de energías renovables y la inversión en infraestructura moderna, elementos indispensables para enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar un suministro eléctrico estable. Solo a través de un esfuerzo coordinado y visionario será posible construir una América Latina energéticamente sostenible y preparada para el futuro.
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