Si algo destacó durante la campaña de Donald Trump fue su plan de deportaciones masivas. Ahora que el republicano ha asumido la presidencia, sus promesas ya no son simples propuestas: se han convertido en posibles políticas. En su primer discurso como presidente, dejó claro que su prioridad será deportar a los «criminales» a sus países de origen. Sin embargo, surge una pregunta crucial: ¿es realmente viable este plan de deportaciones masivas? ¿O lo que prometió durante la campaña es más limitado de lo que parece? Lo único seguro es que las deportaciones se llevarán a cabo, pero la magnitud dependerá de numerosos factores.
Donald Trump busca llevar a cabo «la mayor operación de deportación doméstica en la historia de Estados Unidos», reafirmando su compromiso con políticas migratorias estrictas para restaurar la ley y el orden. En su discurso inaugural de su segundo mandato, declaró una emergencia nacional en la frontera sur, anunciando medidas como la militarización.
Entre sus propuestas destacan la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y el fin de protecciones legales para Dreamers, titulares de TPS y refugiados. Según un sondeo de The New York Times, el 87% de los estadounidenses apoya la deportación de indocumentados con antecedentes penales, y el 41% considera que los inmigrantes son una carga para el país.
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A pesar de ser una figura divisiva, con un 55% de apoyo a sus políticas de deportación, Trump ha consolidado el respaldo a su agenda de «America First». Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta desafíos significativos en los ámbitos legal, social y logístico de gran magnitud.
Los obstáculos legales del plan de deportaciones de Trump
Los problemas en el ámbito legal son varios.
- La 14.ª Enmienda, ratificada en 1868, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Diseñada para proteger a los antiguos esclavos, ha sido clave en la ciudadanía por nacimiento durante más de un siglo. Trump busca eliminar este derecho, lo que requeriría una compleja enmienda constitucional.
- Las leyes federales garantizan el debido proceso legal a todos, incluidos los inmigrantes indocumentados. La expansión de la expulsión acelerada, un proceso que permite deportar a ciertas personas sin audiencia ante un juez de inmigración, podría enfrentar importantes desafíos legales por violar derechos constitucionales.
- Varias ciudades y estados de Estados Unidos, como California, Nueva York y Chicago, han adoptado políticas de «ciudades santuario» que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración. Estas políticas prohíben a las autoridades locales, como los departamentos de policía, cumplir órdenes de detención de inmigración sin una orden judicial o compartir información sobre el estatus migratorio de los residentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
- El Proyecto 2025 busca penalizar económicamente a estas ciudades y estados por no colaborar plenamente con las autoridades federales. Sin embargo, estas jurisdicciones han desafiado dichas medidas en los tribunales, argumentando que las sanciones violan el principio de autonomía local protegido por la Constitución.
- Las iniciativas para eliminar la ciudadanía por nacimiento, como la orden ejecutiva de Trump, han sido cuestionadas por estados y organizaciones, que argumentan que exceden la autoridad presidencial y violan la Constitución.
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Impacto económico: ¿cuánto cuesta el plan de deportaciones de Trump?
En este ámbito, las consecuencias serían enormes, con un impacto significativo en la economía del país. Además, los costos afectarían directamente el bolsillo de cada estadounidense, lo que podría generar aún más presión sobre estas políticas.
- Implementar un plan de deportaciones masivas como el del Proyecto 2025 tendría costos significativos, con estimaciones de hasta $400,000 millones de dólares para deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Esto incluye gastos de localización, detención, procesamiento y transporte.
- Deportar a un millón de personas costaría aproximadamente $20 mil millones de dólares, y la cifra para deportar a todos los inmigrantes indocumentados superaría los $200 mil millones, según CBS News.
- El costo promedio por deportación, que incluye detención, procesamiento y transporte, ha aumentado. En 2016 era de USD $10,900 por persona, pero hoy es mayor debido a traslados más largos, a países como Venezuela y Cuba.
- Los costos también abarcan infraestructura: según Stephen Miller, se necesitarían instalaciones capaces de albergar a más de 70,000 personas al mismo tiempo, más de diez veces la capacidad actual.
- El sistema de inmigración de EE. UU. carece de infraestructura y personal para deportaciones masivas. Los centros de detención solo pueden albergar hasta 34,000 personas diarias, lejos de lo necesario para el Proyecto 2025, y la falta de agentes especializados del ICE agrava el desafío.
- Según Jason Houser, exfuncionario de ICE, contratar y capacitar el personal necesario podría llevar toda una presidencia. «No se trata solo de construir instalaciones; también se requiere seguridad, médicos y personal de apoyo, lo cual toma tiempo», explicó Houser.
Estos costos directos representarían una carga fiscal significativa, generando debates sobre si los beneficios potenciales compensan el gasto público requerido.
Impacto en la economía y la sociedad
La expulsión de millones de trabajadores indocumentados afectaría sectores clave como la agricultura y la construcción, incrementando costos y reduciendo la producción.
- Según el Pew Research Center los inmigrantes indocumentados constituyen aproximadamente el 5% de la fuerza laboral estadounidense, con una concentración particularmente alta en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y los servicios. Deportar a millones de trabajadores tendría un efecto dominó en la economía.
- Un estudio más enfocado en las deportaciones revela que estas también generan pérdidas de empleos entre los ciudadanos nativos debido a su impacto económico general. Según cálculos derivados del estudio, por cada millón de trabajadores deportados, se pierden 88,000 puestos ocupados por estadounidenses. Esto significa que la expulsión de 7,1 millones de migrantes trabajadores podría resultar en la pérdida de 968,000 empleos adicionales para ciudadanos.
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Otros desafíos logísticos
- El éxito de las deportaciones depende de que los países de origen acepten a los deportados, algo que muchos rechazan por dificultades para absorberlos o tensiones diplomáticas con EE. UU.
- Países como Cuba, Venezuela y China han resistido aceptar deportados, complicando los esfuerzos de repatriación. Trump ha amenazado con sanciones económicas para forzar su cooperación, pero esto implicaría negociaciones diplomáticas prolongadas y mayores tensiones.
- Mover a millones de personas implicaría una planificación logística compleja, que abarcaría transporte aéreo y terrestre. Estas operaciones también conllevarían riesgos legales y humanitarios, especialmente si se ejecutan en un plazo corto
El plan de Trump es claro: deportar a millones de inmigrantes no autorizados. Sin embargo, como señala Kathleen Bush-Joseph, no es muy posible «deportar a toda la población inmigrante no autorizada». Este ambicioso objetivo enfrenta obstáculos legales, logísticos y diplomáticos.
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Aunque Trump aspira a arrebatarle a Obama el título de «deportador en jefe», esto no será tan fácil ni tan rápido como parece, especialmente cuando los propios estadounidenses podrían sentir el impacto en su mesa, ya sea al comer o al ser servidos.
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