La política migratoria de la Unión Europea es a menudo objeto de controversia entre los Estados miembros. Las instituciones europeas trabajan para establecer un marco flexible que recoja las particularidades y diferentes situaciones aplicables, poniendo el foco en reforzar la cooperación con terceros países y en combatir de manera eficaz la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
Según los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), corresponde a la UE desarrollar una política migratoria común destinada a gestionar eficazmente los flujos migratorios, establecer las condiciones de entrada y residencia en el territorio europeo, adoptar una política común de visados y permisos de residencia de larga duración y organizar la expulsión y repatriación de residentes en situación ilegal (a través de acuerdos de readmisión con los países de origen o de procedencia).
Los Estados miembros mantienen en todo caso el derecho a establecer en su territorio volúmenes de admisión («cuotas») de nacionales de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta propia o ajena.
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El Pacto europeo sobre migración y asilo adoptado por el Consejo de la UE el 14 de mayo de 2024, es el conjunto de nuevas normas para gestionar la migración, que además establece un sistema común de asilo para todos los Estados miembros.
Este pacto europeo se basa en los siguientes principios:
- Mantener unas fronteras exteriores seguras, mediante el establecimiento de controles exhaustivos en personas, unos retornos más eficientes para los solicitantes de asilo que no cumplan los requisitos, protocolos de crisis rápidos en casos de emergencia e identificación plena de todo solicitante de asilo en la base de datos Eurodac.
- Procedimientos más rápidos y eficientes, con normas armonizadas para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo y la determinación de qué país es responsable de tramitar una solicitud de asilo o protección internacional.
- El establecimiento de un sistema permanente de solidaridad mediante el apoyo operativo y financiero a los países de la UE que lo soliciten.
- Favorecer la integración de la migración, facilitando la contratación internacional de talentos de terceros países para estudiar y formarse en la UE.
La política migratoria en el Mediterráneo: Grecia, Italia y España
Dentro de las rutas migratorias seguidas por los migrantes que desean alcanzar territorio europeo, destacan las rutas marítimas hacia los países bañados por el mar Mediterráneo: Grecia (Mediterráneo oriental), Italia (central), y España (occidental), teniendo cada una de ellas unas especificadas y particularidades propias.
En el caso de Grecia, las corrientes migratorias predominantes vienen de los países de Oriente medio y próximo, con especial incidencia en el caso de Siria, Palestina, Afganistán, Egipto, Irak e Irán. No solo influyen motivos económicos, como la búsqueda de una vida mejor, sino también otros motivos políticos y/o sociales (represión, guerras, dictaduras…) que obligan a los nacionales de esos países a solicitar protección internacional en Grecia.
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La mayoría de los migrantes acceden a través de Turquía, país con el que la UE mantiene un Acuerdo sobre refugiados desde 2016, cuyo objetivo es frenar la afluencia de migrantes que entran irregularmente en Grecia y enviarlos de vuelta al país otomano. A cambio, la UE se comprometió a entregar al Gobierno turco una partida presupuestaria de miles de millones de euros para ayudar a acogerlos e impedir que salgan de su territorio en dirección a Europa.
La mayoría de los refugiados existentes en la actualidad en Turquía, varios millones, son de origen sirio, debido a la Guerra civil que azota dicho país desde 2011. A su vez, los migrantes que llegan a territorio griego en gran parte a través de las islas situadas en el mar Egeo, se enfrentan a largas estancias en campamentos de refugiados que están masificados y desbordados, donde deben esperar pacientemente a que se lleven a cabo todos los trámites de identificación necesarios y se sustancien las peticiones de asilo.
En Italia, debido a su proximidad geográfica con países del África occidental como Túnez y Libia, las principales rutas migratorias hacia el país transalpino proceden de dichos territorios, siendo los tunecinos la nacionalidad predominante junto a egipcios y bangladesíes.
En los últimos años, tanto la Unión Europea como Italia han firmado acuerdos de cooperación con Libia para aumentar la formación y medios de la Guardia costera libia en sus tareas de patrullaje en el Mediterráneo Central e interceptación de migrantes. Sin embargo, numerosas organizaciones internacionales han alertado en reiteradas ocasiones sobre los abusos sistemáticos cometidos hacia los migrantes por parte de las autoridades libias.
Por último, en cuánto a España, destaca tanto la ruta canaria como la ruta del Mediterráneo Central, conectando ambas con África Occidental y del Norte. Los migrantes procedentes de Argelia y Marruecos son predominantes en las llegadas al sur de España, mientras que los nacionales de Marruecos y el África subsahariana copan las llegadas a las islas canarias, que a menudo se ven desbordadas debido a su limitada capacidad logística para albergar a tantos migrantes.
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La ruta canaria es considerada una de las más peligrosas del mundo debido a las fuertes y frías corrientes del océano Atlántico, que pueden desplazar fácilmente las frágiles embarcaciones usadas por los migrantes y hacerles perder el control de la nave. Más allá de las costas del Hierro, lo que se encuentra en su travesía son miles de kilómetros de agua sin posibilidad de avistar tierra firme. La fragilidad de las embarcaciones utilizadas y la falta de experiencia, medios y víveres a menudo conducen a un fatal desenlace.
Los países bálticos y su política migratoria en relación con Rusia
Los países bálticos pertenecientes a la Unión Europea tienen grabado en su ADN la enorme influencia de su poderoso vecino del norte a lo largo de la historia, bien por haber formado parte de la Unión Soviética hasta épocas recientes o, como el caso de Finlandia, haber resistido en 1939 una invasión soviética cuyo desenlace fue una pérdida de alrededor del 10% de su territorio en favor del vecino ruso.
Tanto Suecia como Finlandia, países tradicionalmente neutrales en cuestiones de guerra, se han unido recientemente a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, con el objetivo de estar bajo el escudo protector de la Alianza Atlántica en caso de un hipotético ataque a sus fronteras.
En el caso de Polonia, que durante varias décadas formó parte del bloque soviético, la invasión de Ucrania se percibió con el lógico temor y desconfianza debido a los antecedentes históricos entre ambos países. Desde 2021, el país polaco ha experimentado un aumento de la presión migratoria desde la vecina Bielorrusia, instigada por su presidente Alexander Lukashenko. Esto como represalia por las sanciones lanzadas por la Unión Europea contra el gobierno tras su polémica reelección como presidente del país en 2020. Es importante recordar que Lukashenko es un firme aliado de Putin.
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Las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania apoyan mayoritariamente la adhesión a la Unión Europea debido al desarrollo económico, la mejora en los derechos humanos y la política de exención de visados. Sin embargo, todavía existe una minoría rusa parlante abiertamente hostil a la UE y prorrusa.
En una Unión Europea de 27 Estados miembros con diferentes sensibilidades políticas, religiosas, ideológicas y culturales, ponerse de acuerdo en materia de política migratoria no es una tarea sencilla. La pandemia del coronavirus, la invasión rusa de Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, e incluso el imparable cambio climático, son algunos de los motivos que favorecen los flujos migratorios entre continentes.
Europa, otrora conquistadora de tierras, necesita ahora mano de obra foránea para sostener su estado del bienestar sin perder su identidad y raíces. El cómo se afronte este reto migratorio marcará el devenir europeo.
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