El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su versión regional para América Latina, el GAFILAT, desempeñan un papel crucial en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. En este artículo, Lucas Paulinovich, alumno becado del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, explica los principales objetivos, mecanismos y desafíos que enfrentan estos organismos en su labor para fortalecer la seguridad económica y combatir las amenazas globales y regionales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por el entonces G8, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. El GAFI tiene como mandato fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas.
Las recomendaciones del GAFI constituyen un marco general de medidas acordadas por los países miembros para adecuar los sistemas nacionales de prevención. Estas medidas se orientan a la identificación de riesgos y el desarrollo de políticas de coordinación institucional, la creación y fortalecimiento de organismos de inteligencia financiera, la designación de sujetos obligados a informar, y la designación de autoridades y responsabilidades de investigación y supervisión, entre otras.
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Las recomendaciones originales surgieron en 1990 y fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. En 1996, se revisaron las recomendaciones para reflejar las tendencias y técnicas cambiantes de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas.
En octubre de 2001, el GAFI extendió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas. Para 2003, las recomendaciones se revisaron nuevamente y, junto con las recomendaciones especiales, fueron avaladas por más de 180 países. Tras la revisión de 2012, son reconocidas como el principal estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué son las Rondas de Evaluación Mutua del GAFI?
A lo largo del siglo, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en uno de los pilares más importantes de las relaciones de cooperación global a través de organismos con representación internacional. Además, ha ganado un lugar entre las prioridades de coordinación política entre países y mercados.
Las Rondas de Evaluación Mutua del GAFI son instancias de supervisión donde se analiza el cumplimiento de los sistemas de prevención de cada uno de los países miembros y la efectividad en la ejecución de las medidas de prevención y persecución. Las revisiones contemplan nuevas amenazas emergentes, y clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones existentes.
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Los países deben primero identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigarlos. El enfoque basado en riesgo permite que los países adopten medidas más flexibles para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas preventivas acordes.
En ese marco, las Rondas de Evaluación Mutua se consolidaron como un mecanismo que otorga una reputación con altas repercusiones en los mercados de crédito internacional. Una mala evaluación del GAFI puede acarrear serios problemas para los países muy endeudados o que necesitan de la asistencia financiera externa.
El método de evaluación se basa en la aportación, por parte de los países, de expertos evaluadores que llevan a cabo la revisión de cada uno de los miembros en función de las recomendaciones emitidas por el organismo. El periodo de supervisión puede extenderse durante años de intercambios y las consecuencias de su no aprobación puede resultar en que el país analizado sea colocado en la lista gris del organismo.
Más allá de la adaptación estricta al marco general de políticas globales, los países deben perseguir objetivos claros y definidos en función de las características de su entorno y en función de sus propias amenazas y posibilidades de combate.
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La proliferación y superposición normativa y de requisitos en abstracto puede reducir el análisis de riesgo a una supervisión de cumplimiento. Y la adaptación de los sistemas nacionales a los estándares internacionales sin asimilar las particularidades de cada uno de los países, puede agravar las consecuencias al obstaculizar las actividades legales, y ampliar las ventajas y réditos de la informalidad y las actividades ilícitas.
¿Qué es GAFILAT y cuáles son las amenazas en la región?
El GAFILAT es la versión para América Latina del GAFI y que incluye tres regiones: México y el Caribe, la Región Andina, y el Cono Sur. Para cada una de estas regiones, el organismo realiza una evaluación e identifica amenazas prevalentes y emergentes que surgen de la información recolectada en las evaluaciones de cumplimiento técnico y eficacia, y pueden derivar en nuevas recomendaciones para mejorar los sistemas nacionales.
De acuerdo al análisis del GAFILAT, América Latina enfrenta una compleja combinación de riesgos vinculados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas que afectan tanto a la estabilidad financiera como a la seguridad de los Estados. Estos riesgos demuestran que las amenazas no son homogéneas y requieren un enfoque integral y colaborativo que parta de una comprensión detallada para diseñar políticas más efectivas.
Entre las amenazas identificadas, la principal, que es compartida por todas las regiones del continente, es el narcotráfico. América Latina es la principal productora mundial de cocaína. Los enormes flujos financieros ingresan al sistema mediante empresas fachadas, fraccionamiento de depósitos, criptoactivos, contrabando de dinero y transferencias internacionales.
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Otro de los problemas estructurales de la región es la corrupción a través de redes de sobornos y desvíos de fondos públicos, que no solo drenan recursos de los Estados, sino que también contribuyen al lavado de activos. En muchos países, la falta de controles internos y la debilidad institucional facilita el uso de estos fondos para financiar campañas políticas, adquirir bienes de lujo o invertir en proyectos ficticios de inmobiliaria e infraestructura.
América Latina tiene sectores vulnerables al financiamiento de grupos extremistas internacionales, pese a su baja incidencia de actos terroristas. El área de la Triple Frontera es una de las más señaladas con relación a operaciones de comercio ilícito, transferencias internacionales desde empresas con actividad aparente legítima o el uso de sistemas informales de transferencia de dinero, como hawala.
Además, el contrabando es una amenaza persistente que afecta tanto a las economías locales como a los sistemas financieros, complementándose con actividades como la minería ilegal, el tráfico de personas y los delitos ambientales, que generan flujos significativos de dinero no declarado.
En muchos países, una proporción significativa de las transacciones se realiza en efectivo, lo que dificulta su rastreo. Al mismo tiempo, el creciente empleo de criptomonedas y otras tecnologías financieras sirve a delincuentes para lavar dinero y financiar actividades ilícitas. La velocidad de adopción supera la capacidad de muchos gobiernos para crear marcos regulatorios efectivos.
Para contrarrestar estas amenazas, el GAFILAT ha promovido una serie de políticas y mejores prácticas que apunta al fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera encargadas de la detección y el análisis de transacciones sospechosas, aprovechando herramientas tecnológicas avanzadas, el intercambio de información entre países para rastrear flujos financieros transnacionales y la sanción de marcos normativos claros para el uso de activos virtuales y plataformas digitales.
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