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Documentos filtrados revelan el plan de las autoridades de Irán para reprimir las protestas

Análisis

Redacción de LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Se filtran documentos oficiales que revelan el plan de las autoridades iraníes para aplastar sistemáticamente las protestas en Irán.

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha obtenido una copia filtrada de un documento oficial que afirma que, el 21 de septiembre de 2022, la Jefatura General de las Fuerzas Armadas dictó una orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de “reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios”. Esa misma noche, el uso de medios letales en todo el país se intensificó y decenas de hombres, mujeres, niños y niñas murieron sólo durante esa noche.

El máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a los jefes de las fuerzas armadas en todas las provincias de “reprimir con severidad” a las personas que salieron a las calles a manifestarse tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral de Irán.

Otro documento filtrado muestra que, el 23 de septiembre, el jefe de las fuerzas armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad en todas los pueblos y ciudades de la provincia “reprimir sin piedad, incluso causando muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios”.

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Tras esta filtración, Amnistía Internacional realiza un análisis detallado sobre el plan de las autoridades iraníes de aplastar brutalmente las manifestaciones mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil. 

La organización también comparte datos sobre el uso generalizado de fuerza letal y de armas de fuego por las fuerzas de seguridad iraníes, que o bien tenían intención de matar a manifestantes, o deberían haber sabido con un grado razonable de certeza que su uso de armas de fuego causaría muertes.

En un intento de eximirse de responsabilidad en las muertes, las autoridades iraníes han difundido relatos falsos sobre las víctimas, en los que intentan describirlas como “peligrosas”, “individuos violentos”, o afirman que murieron a manos de “alborotadores”.

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Según AI, las autoridades también han intimidado y hostigado a las familias de las víctimas para que guarden silencio, o les han prometido compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a “alborotadores” que trabajan para “enemigos” de la República Islámica de Irán.

“Las autoridades iraníes decidieron intencionadamente hacer daño o matar a personas que salieron a las calles para expresar su indignación por décadas de represión e injusticia. En el marco de una epidemia de impunidad sistemática que prevalece desde hace tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres, niñas y niños han sido víctimas de homicidios ilegítimos en episodio más reciente de baños de sangre”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

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“A menos que la comunidad internacional adopte medidas colectivas y firmes, que deben ir más allá de meras declaraciones de condena, innumerables personas más pueden ser víctimas de homicidio, mutilación, tortura, agresión sexual o metidas entre rejas por el solo hecho de participar en las protestas. Documentos filtrados a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional ponen de relieve la patente necesidad de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas internacional independiente.”

Según relatos de testigos presenciales y materiales audiovisuales examinados por Amnistía Internacional, ninguna de las 52 víctimas identificadas suponía una amenaza inminente de muerte o lesión grave que justificara el uso de armas de fuego contra ellas.

Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, aunque algunas personas realicen actos de violencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que quienes siguen actuando pacíficamente pueden continuar con su protesta sin ser objeto de interferencias indebidas o intimidación de las fuerzas de seguridad.

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Cualquier fuerza que se utilice para responder a este tipo de violencia debe atenerse en todo momento a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de cuerdo con el derecho internacional. Las fuerzas de seguridad no deben usar armas de fuego excepto para defenderse o defender a otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave y sólo cuando los medios menos extremos y lesivos sean insuficientes para proteger la vida.

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