La crisis de Ceuta de julio de 2026 tuvo alertas previas y una respuesta tardía. Análisis crítico de la gestión del Gobierno y homenaje a agentes y ceutíes.

Entre el 30 y el 31 de julio de 2026 más de 70.000 personas entraron a nado o a pie en Ceuta desde Marruecos, según cifras del Ministerio del Interior. Al menos 88 de ellas fueron enterradas en el cementerio de Sidi Embarek sin que apenas nueve tuvieran nombre. Un mes después, con los datos ya sobre la mesa, la conclusión es difícil de esquivar: hubo señales, hubo avisos y hubo tiempo. Lo que faltó fue una decisión. Este artículo es, a la vez, una crítica a esa ausencia y un reconocimiento a quienes la suplieron con sus propias manos: guardias civiles, policías, militares y ceutíes.

Antes que nada: los muertos y los ceutíes

Conviene empezar por donde suele acabarse. La cifra oficial de personas fallecidas en aguas y costas españolas durante la crisis de Ceuta de 2026 se sitúa en 88, según el balance de la Ciudad Autónoma recogido tras el último entierro el 26 de agosto; solo nueve cuerpos habían sido identificados. La Guardia Civil contabiliza 83 cuerpos recuperados y el informe policial remitido a la Audiencia Nacional habla de 82 en aguas españolas; la diferencia con los 88 responde a criterios de recuento.

La organización Caminando Fronteras eleva la cifra a 145 fallecidos si se suman los 67 que sus redes de familiares documentan en el lado marroquí; Marruecos solo ha reconocido oficialmente 14 fallecidos y 236 heridos en su territorio. Setenta y nueve tumbas del cementerio musulmán de Sidi Embarek llevan hoy un número en lugar de un nombre. Con independencia de cómo se valore la gestión política, esas 88 personas se ahogaron a menos de un kilómetro de una playa española y merecen algo más que una línea en un balance. Mi solidaridad, y creo que la de cualquier profesional de la seguridad que haya visto un cadáver salir del agua, está con ellas y con sus familias.

Y está también con los 84.000 ceutíes. Una ciudad de 19 kilómetros cuadrados recibió en 48 horas una población equivalente a más del 85 % de la suya. Cerraron comercios, se suspendió el pleno de la Asamblea, el hospital activó su protocolo de catástrofes y las familias vieron cómo parques, playas y polígonos se convertían en campamentos improvisados. Un mes después, el Gobierno cifra en 5.000 las personas que permanecen en la ciudad; el Gobierno de Ceuta habla de entre 8.000 y 9.000, y los sindicatos policiales, de hasta 12.000. Con entre 25 y 30 expedientes de extranjería tramitados al día, cifra que dieron tanto el presidente ceutí Juan Jesús Vivas el 20 de agosto como la Confederación Española de Policía cuatro días después, el propio Vivas calculó que a ese ritmo haría falta «un año» para normalizar la situación». Ceuta no pidió esta crisis y no la provocó. La ha sufrido en silencio administrativo durante semanas.

Antes: las señales estaban a la vista y la amenaza identificada

Una crisis es una sorpresa solo cuando nadie la ha visto venir. La de Ceuta no cumple esa condición. El 8 de julio el Consejo General del Poder Judicial hizo pública la sentencia 814/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ROJ STS 2965/2026), fechada el 29 de junio, que limita el rechazo en frontera previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a quienes superan «elementos de contención» físicos, como las vallas. Quien llega a nado, dice el Supremo, debe someterse al procedimiento ordinario de devolución del artículo 58.3, con expediente, intérprete y abogado. Podría ser una resolución jurídicamente impecable, pero operativamente explosiva, porque cambia las reglas del juego en la única frontera terrestre de la Unión Europea en África sin que nadie cambiara los medios para aplicarlas.

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Lo que ocurrió a continuación es una cadena de avisos con fecha y remitente:

• Del 9 al 26 de julio las entradas a nado se estabilizaron en torno a 150 diarias, según la reconstrucción del Estado Mayor de la Defensa presentada por la ministra Margarita Robles en el Congreso el 25 de agosto. 
• El 24 de julio el sindicato Independientes de la Guardia Civil describía una plantilla «completamente desbordada». 
• El 27 de julio la Asociación Unificada de Guardias Civiles reclamaba por escrito «instrucciones claras» para aplicar la sentencia. 
• Ese mismo lunes 27, según su propio relato, Vivas llamó a la Moncloa para advertir de 1.500 entradas en una semana y de que los menores acogidos habían pasado de 180 a 800; le pidieron tranquilidad. 
• El martes 28 pidió el estado de alarma y al día siguiente le respondieron que no había fundamento jurídico.
• El 29 de julio:
  • Según la versión de la ministra de Defensa, funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinados en Ceuta dieron cuenta a la Delegación del Gobierno de una convocatoria digital que movilizaba a hasta 180.000 usuarios para entrar a nado al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí. 
  • The Objective atribuyó además al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) una nota que calificaba de «altamente probable» un asalto a la frontera en esa fecha, extremo que fuentes del EMAD confirmaron a ese medio pero que no consta en fuente oficial. 
  • El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional había emitido el 29 de julio una alerta interna de «riesgo extremo» por un acceso coordinado por vía marítima previsto para el 30 de julio, según El Español. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió con una carta al director general de la Policía preguntando si la Policía disponía de esa información y «desde cuándo».

Aquí es donde un análisis honesto debe pararse. La Moncloa sostuvo el 26 de agosto que «ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del Gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno». Cinco días después, el presidente Pedro Sánchez admitió en la Cadena SER que el CNI y la Policía Nacional habían elaborado «informes de situación», aunque «no hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la magnitud». Ambas frases no pueden ser ciertas a la vez. Pero incluso aceptando la más benévola, el argumento de la magnitud es débil. 

El 2 de septiembre el Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta abrió diligencias contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, a raíz de una denuncia por prevaricación omisiva por no haber actuado ante los avisos; el delegado sostiene que no existía «ningún tipo de informe que alertara sobre lo que pasó».

La inteligencia no predice cifras exactas; predice tendencias, ventanas de oportunidad y fechas de riesgo. Y todo eso estaba señalado: una sentencia que alteraba el marco legal, una campaña en redes con fecha concreta, una festividad de alta carga simbólica en Rabat, un flujo que ya se había multiplicado y una ciudad que llevaba tres días pidiendo auxilio. En la literatura sobre sorpresas estratégicas, de Richard Betts en adelante, lo que suele fallar no es la alerta, sino la receptividad del decisor. Ceuta es un caso de manual.

El 3 de septiembre, en el Congreso, el presidente sostuvo que «ningún informe anticipó lo que ocurrió» y que ninguno «iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario», pero reconoció que «fallaron cosas» en el ámbito de la inteligencia y se comprometió a publicar «todos los informes». Esa publicación será la primera prueba de la trazabilidad que este artículo reclama.

Durante: 48 horas en las que el Estado llegó tarde

La entrada masiva comenzó en torno a las 11:30 del jueves 30 de julio y alcanzó un pico de unas 5.200 personas por hora, según la reconstrucción del EMAD. A las 20:00 había entre 45.000 y 55.000 personas en la ciudad. 

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La solicitud formal de despliegue militar se registró a las 20:30 y el Ministerio de Defensa lo anunció esa misma noche: Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, Tercio Duque de Alba de La Legión y Regimiento de Caballería Montesa nº 3 en apoyo de la Guardia Civil. Es decir, el Ejército salió a la calle cuando la mayor parte de la entrada ya se había producido.

Por la tarde, Interior había descartado la declaración de emergencia de interés nacional con el argumento, técnicamente cierto, de que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como riesgo. Vivas replicó con una frase que resume el sentir de la ciudad: «Si esto no es una emergencia, no entendemos qué lo es».

Que la ley no contemple un supuesto no exime al Gobierno de gobernarlo. La Ley 36/2015 de Seguridad Nacional permite declarar una «situación de interés para la Seguridad Nacional» y nombrar una autoridad funcional con mando único. Esa herramienta existía el 30 de julio. Se activó el 25 de agosto, por Real Decreto 681/2026, veintiséis días después, tras dos reuniones telemáticas del presidente con parte de su gabinete los días 7 y 17 de agosto y tras la ausencia del ministro del Interior en la Comisión del Senado del 12 de agosto, justificada por una reunión sobre el eclipse solar. Mientras tanto, el 1 de agosto el ministro celebraba haber logrado revertir la situación en «poco más de 24 horas». Los datos de septiembre desmienten aquella afirmación con crudeza.

Hay un detalle que retrata la primera respuesta mejor que cualquier discurso. Según el sindicato JUPOL, el 30 de julio había en Ceuta 42 agentes de la Unidad de Intervención Policial; el primer refuerzo, 18 agentes desde Sevilla, llegó la mañana del 31 y, según denunció el propio sindicato, fue destinado a la seguridad dinámica del presidente del Gobierno y del ministro del Interior durante su visita. Fuentes de la Guardia Civil citadas por The Objective hablan de un refuerzo inicial de 30 guardias civiles y una embarcación averiada. Frente a ellos, decenas de miles de personas en el agua. El presidente del Gobierno visitó Ceuta el 31 de julio, condenó «la violación y el ataque a la integridad territorial» de España, anunció 400 efectivos más y prometió «todos los recursos del Estado». Era lo mínimo. Llegaba un día tarde y un mes antes de que se materializara.

Variable	Mayo de 2021	Julio de 2026
Entradas	Entre 8.000 y 12.000 según fuente (más de 10.000 en la cifra más extendida)	Más de 70.000 (Interior)
Fallecidos	1	88 (Ciudad Autónoma); 145 (Caminando Fronteras)
Retornos	Más de 10.000	Más del 90 % en cinco días
Despliegue militar	Blindados e infantería el 18 de mayo	Más de 2.000 militares y ocho buques de la Armada (entre ellos las fragatas Santa María y Navarra y el BAM Rayo)
Mando único	No declarado	Declarado el 25 de agosto (RD 681/2026)
Duración de la fase aguda	2 días	2 días de entrada; más de un mes de crisis

Después: el mes que Ceuta no debería haber vivido

El coste de esa demora no es abstracto:

• Entre el 30 de julio y el 28 de agosto se denunciaron 17 agresiones sexuales, siete de ellas violaciones, según cifró el ministro del Interior en el Congreso; la Fiscalía había señalado días antes que la mayoría de las víctimas eran menores.
• Más de 2.000 menores permanecen a día de hoy en la ciudad, de los que unos 1.200 estaban aún sin filiar el 31 de agosto, según la ministra de Juventud e Infancia. 
• Al menos siete centros escolares han sufrido incursiones o daños, y el curso comenzará el 8 de septiembre con acompañamiento policial en las rutas escolares y presencia uniformada en paradas, accesos e interior de los centros. 
• La noche del 26 de agosto un grupo de ceutíes destrozó tiendas y arrojó al mar pertenencias de migrantes en la playa del Trampolín, y la Policía Nacional tuvo que interponerse y efectuar disparos disuasorios al aire; al día siguiente, otro grupo bloqueó el reparto de alimentos de Cruz Roja.

Nada de esto justifica la violencia, y Vivas lo dijo con claridad: «Los violentos no nos representan». Pero la violencia no nace del vacío: nace de un mes sin mando, sin plan de traslados y sin respuestas.

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El paquete económico de 309 millones de euros aprobado el 1 de septiembre, la ampliación de los espigones, las boyas, los drones, el CETI permanente y la petición de apoyo a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE son medidas razonables. También lo eran el 31 de julio, cuando, según publicaron El Español y Público, el Gobierno declinó el despliegue urgente de Frontex ofrecido por la Comisión Europea al considerar que el control de esa frontera correspondía a las autoridades nacionales. La gestión de crisis se juzga por la relación entre el momento en que una medida es posible y el momento en que se adopta. En Ceuta, esa distancia se ha medido en semanas.

Los que sí estuvieron: agentes, militares y vecinos

Si el Estado como decisión llegó tarde, el Estado como personas no se movió de su sitio. 

Los ocho miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en Ceuta, seis agentes, un cabo y un subteniente, sacaron a cientos de personas del agua en turnos de 14 horas, según el reportaje de El Español del 6 de agosto. Uno de ellos describió el rescate de una abuela que sujetaba bajo el agua la mano de un bebé. 

Salvamento Marítimo, los voluntarios de Cruz Roja y los guardias civiles del Servicio Marítimo rescataron a más de 300 personas solo en la madrugada del 30 de julio. 

Los policías nacionales encadenaron jornadas de 14 y 16 horas sin instrucciones claras sobre identificación, determinación de edad o protección internacional, con dietas de 77 euros y, en palabras de JUPOL, «comiendo gracias a los militares y durmiendo gracias a los militares». La Policía Local dobló turnos durante semanas.

Los militares, a los que ninguna doctrina prepara para el control de masas, siguen patrullando «sin medios de defensa, sin chaleco, sin casco, sin armamento», según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), y han sufrido al menos dos emboscadas con piedras, el 27 y el 29 de agosto, con al menos seis heridos, entre ellos un sargento. La Armada desplegó las fragatas Santa María y Navarra y el buque de acción marítima Rayo en la bahía. 

Y los forenses del Instituto de Medicina Legal, reforzados de siete a 19 profesionales, convirtieron el antiguo Hospital Militar en una morgue para dar dignidad a cuerpos sin nombre. 

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre 15 millones de euros en gratificaciones para policías y guardias civiles. Es justo. Es también insuficiente frente a lo que han hecho.

Y luego están los ceutíes. Sabah Hamed, vecina de Los Rosales, ha atendido en su propia casa a unas 400 personas al día con comida caliente, duchas y curas, según EFE. La ONG Luna Blanca ha servido 2.700 comidas diarias. La asociación de vecinos de Sidi Embarek habilitó un polideportivo para que durmieran mujeres y niños. El 28 de agosto, dos días después de los incidentes del Trampolín, centenares de ceutíes se manifestaron con claveles bajo el lema «Sin violencia, sin odio, sin racismo». El 1 de septiembre llenaron de velas la plaza de África. 

El 2 de septiembre, Día de Ceuta, más de 20.000 personas según la Delegación del Gobierno recorrieron la ciudad desde las Murallas Reales en la manifestación más numerosa de su historia reciente, mientras más de 260 municipios de toda España se concentraban frente a sus ayuntamientos con una petición explícita de los convocantes: «No queremos que politicen nuestro dolor». Por la mañana, en el acto institucional, Vivas había resumido el diagnóstico de la ciudad: «No es una crisis migratoria», es un asunto de «seguridad nacional». Esa es la Ceuta real: la que ayuda a quien llega y exige a quien gobierna. Ambas cosas a la vez, sin contradicción.

La frontera como instrumento: lo que sabemos y lo que no

Queda la dimensión exterior, que exige el máximo rigor. El informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional el 31 de agosto sostiene, según El Español, que gendarmes marroquíes uniformados y agentes de paisano dirigieron la entrada en fases y que la operación fue «planificada para violar la frontera española bajo apariencia migratoria». Es una hipótesis policial en el marco de una investigación judicial. 

El propio informe, según elDiario.es, reconoce que «no puede atribuir a personas concretas la autoría intelectual y material». El 2 de septiembre, el director general de la Policía, Francisco Pardo, respondió por escrito al ministro que «no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución» de los hechos, y calificó la alerta del 29 de julio de «alerta de riesgo frecuente». Ese mismo día, la magistrada María Tardón autorizó a los investigadores a compartir el documento con sus superiores, después de haberles ordenado lo contrario. Y el 3 de septiembre, en el Congreso, Pedro Sánchez afirmó que «nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir» que la entrada «fuera diseñada y ejecutada por las autoridades marroquíes», aunque admitió que «después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente».

Marruecos negó cualquier promoción o tolerancia y atribuyó la crisis a «redes de tráfico y difusión de rumores»; su embajadora, Karima Benyaich, pidió el retorno de sus conciudadanos y la cooperación posterior permitió devolver a más del 90 % de quienes entraron en pocos días. Si las conclusiones del CENIF se confirmaran, la cooperación posterior de Marruecos admitiría otra lectura: la de un actor que colabora en el retorno una vez logrado el efecto buscado. Es una hipótesis, no una conclusión, y así conviene tratarla mientras la investigación judicial siga abierta.

Frente a esos indicios de tardía cooperación, hay otros de sospecha: la coincidencia con la Fiesta del Trono, la pasividad inicial denunciada por agentes españoles y el silencio institucional de Rabat durante la crisis. La literatura sobre migración instrumentalizada, desde Kelly Greenhill hasta el Reglamento (UE) 2024/1359 sobre situaciones de crisis y fuerza mayor, que regula expresamente la instrumentalización de migrantes, enseña que la prueba de estas operaciones rara vez es directa: aparece después, en las concesiones que asoman en la relación bilateral. Ese es el indicador a vigilar en los próximos meses.

Lo que sí es un hecho es la reacción europea. Italia suspendió el 31 de julio el régimen Schengen con España y prorrogó los controles el 31 de agosto. Veintidós Estados miembros, liderados por Italia y Dinamarca, pidieron por carta una reunión extraordinaria de ministros de Interior. Solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo se quedaron con España. Con independencia de la justicia de esas medidas, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha atribuido a una «falta de solidaridad» de Roma, revelan algo incómodo: la credibilidad de España como guardián de la frontera exterior de la Unión se ha erosionado en 48 horas, y recuperarla costará más que un paquete de ayudas.

Lo que Ceuta enseña sobre gestión de crisis

He dedicado buena parte de mi vida profesional a la seguridad de infraestructuras críticas, gestión de crisis y a formar analistas. Desde esa experiencia, la crisis de Ceuta deja cuatro lecciones que ningún relato político debería tapar. 

• Primera: la alerta temprana solo sirve si existe un canal formal, escrito y trazable hasta el decisor. En esta crisis, según lo publicado hasta ahora, hubo al menos tres avisos con soporte documental antes del 30 de julio: la nota del CIFAS, la alerta del CENIF y el registro del canal de alerta temprana por el que el CNI comunicó la convocatoria a la Delegación del Gobierno. El Gobierno discute su alcance, no su existencia. El dossier con «todos los informes» que el presidente prometió publicar el 3 de septiembre permitirá comprobarlo.
• Segunda: cuando el marco legal cambia, como hizo la sentencia del Supremo, el marco operativo debe cambiar el mismo día, con instrucciones a los agentes y refuerzo de medios, no tres semanas después. 
• Tercera: el mando único no se declara cuando la crisis se ha estabilizado, sino cuando empieza. 
• Cuarta: reconocer a quienes sostienen el sistema no es un gesto, es una necesidad operativa. Los agentes que hoy están agotados en Ceuta son los mismos que tendrán que estar ahí en la siguiente crisis.

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Estas lecciones no son nuevas. Se estudian en cualquier programa serio de análisis de inteligencia y de prospectiva como los que impartimos en LISA Institute, donde la distinción entre fallo de alerta y fallo de receptividad es una de las primeras cosas que aprende un analista. Que el Gobierno de España las haya tenido que aprender en Ceuta, a un precio de 88 vidas y un mes de abandono, es la crítica más dura que se puede formular, y la más justa.

Conclusión

Ceuta no fue una sorpresa. Fue una alerta desoída, una decisión aplazada y una ciudad dejada sola durante demasiado tiempo. Lo que la sostuvo no fue un real decreto, sino ocho buzos de la Guardia Civil, cuarenta y dos antidisturbios, dos mil militares sin chaleco, un puñado de forenses y una vecina que abrió su casa a 400 personas al día. 

Ahora que por fin hay mando único, dinero y apoyo europeo, la obligación del Gobierno es doble: resolver lo que queda con la dignidad que exigen los vivos y los muertos, y explicar, con documentos y fechas, qué se supo, cuándo y por qué no se actuó, tomando acción y dirimiendo responsabilidades, a quien corresponda, al más alto nivel. El presidente ha prometido publicar «todos los informes». Que lo haga íntegramente, con fechas, destinatarios y acuses de recibo, será la primera prueba de que ha entendido la lección. Los ceutíes, los agentes y las 88 personas enterradas en Sidi Embarek tienen derecho a esa respuesta.

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