En este artículo, Camila Gallo analiza la guerra en Sudán entre el Ejército (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que en tres años provocó la mayor crisis humanitaria del mundo, con millones de desplazados y una economía de guerra sostenida por el oro y los intereses internacionales. A la luz del concepto de «nuevas guerras» de Mary Kaldor, la autora muestra cómo la población civil se convirtió en el verdadero blanco del conflicto
Es fundamental no confundirlos, porque desde 2011 son dos países distintos: Sudán (norte): con capital en Jartum, es mayoritariamente árabe-musulmán (suní), tiene salida al mar Rojo, lo que le da valor geoestratégico para potencias interesadas en esa ruta comercial, y concentra buena parte de los recursos auríferos de la región, especialmente en Darfur. Es el país donde ocurre la guerra que se aborda en este informe. Sudán del Sur: independizado en 2011 tras décadas de guerra civil (1955-1972 y 1983-2005) entre el norte árabe-musulmán y el sur de mayoría cristiana, de población predominantemente nilótica (un conjunto de grupos étnicos originarios de la región del valle del Nilo, como dinka, nuer, entre otros).
Es un país sin salida al mar, rico en petróleo, pero ese petróleo depende de los oleoductos que cruzan Sudán para llegar al mar Rojo, lo que mantiene a ambos países interconectados económicamente pese a la separación política. Sudán del Sur, además, hoy recibe a cientos de miles de personas refugiadas que huyen de la guerra del norte. La separación de 2011 fue resultado de un referéndum de autodeterminación pactado en el Acuerdo de Paz Integral, firmado en Kenia el 9 de enero de 2005, que puso fin a la segunda guerra civil sudanesa. Las causas profundas de la partición combinan factores religiosos, étnicos, económicos (control del petróleo) y el legado colonial británico, que administró el norte y el sur de forma diferenciada y dejó al país con fronteras internas y conflictos de identidad sin resolver tras la independencia conjunta en 1956.
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Para comprender la crisis actual de Sudán, es necesario remontarse a 1989, cuando Omar al-Bashir llegó al poder mediante un golpe de Estado e instauró un régimen que se mantuvo durante casi tres décadas. Durante su gobierno, una de las etapas más violentas fue la guerra de Darfur (2003-2005), en la que recurrió a las milicias árabes Yanyauid para reprimir la rebelión de comunidades no árabes, como los fur, zaghawa y masalit. El conflicto dejó alrededor de 300.000 muertos, 2,7 millones de desplazados y llevó a que la Corte Penal Internacional acusara a al-Bashir de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque nunca fue extraditado ni juzgado.
Lejos de desaparecer, esas milicias fueron institucionalizadas en 2013 como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Desde esa posición, el líder paramilitar consolidó un importante poder económico gracias al control de minas de oro y de rutas comerciales estratégicas. En 2019, una ola de protestas populares logró derrocar a al-Bashir. Sin embargo, la esperanza de una transición democrática duró poco. El Ejército sudanés (SAF) y las RSF, que habían actuado conjuntamente para sacar al presidente del poder, terminarían reprimiendo las movilizaciones civiles y, en 2021, protagonizaron un golpe militar que frustró el proceso de democratización.
La ruptura entre ambos aliados comenzó a hacerse evidente durante las negociaciones
impulsadas por la ONU a finales de 2022. El principal punto de conflicto era la integración de las RSF dentro del Ejército regular, mientras el jefe del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan, exigía una incorporación rápida que subordinara a Hemedti. Éste reclamaba un proceso más gradual que le permitiera conservar la autonomía política, militar y económica de sus fuerzas. Las diferencias terminaron por estallar el 15 de abril de 2023, cuando el Ejército sudanés y las RSF iniciaron una guerra abierta en Jartum que rápidamente se extendió a Darfur, Kordofán y otras regiones del país, desencadenando una de las crisis humanitarias más graves del mundo en la actualidad.
La guerra en Sudán, como todo conflicto armado, también se ha convertido en un escenario de competencia e intereses internacionales. Diversos actores externos sostienen, directa o indirectamente a las partes enfrentadas, lo que contribuye a prolongar el conflicto. Emiratos Árabes Unidos ha sido señalado por Amnistía Internacional como uno de los principales apoyos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), motivado por su interés en el comercio del oro extraído en Darfur y por su estrategia de fortalecer su influencia sobre el mar Rojo. De hecho, el notable incremento de las reservas de oro emiratíes, sin registros oficiales de compras internacionales que lo justifiquen, ha reforzado las sospechas sobre el origen de ese metal.
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A su vez, China y Rusia también aparecen vinculadas al conflicto como países de origen del armamento que continúa llegando a Sudán pese al embargo impuesto por las Naciones Unidas sobre Darfur desde 2004. Mientras tanto, los países vecinos, Chad, Egipto, Etiopía, Libia, República Centroafricana y Sudán del Sur, enfrentan las consecuencias humanitarias de la guerra al recibir a millones de personas refugiadas, lo que ha desbordado sus economías, sistemas sanitarios y capacidades de asistencia. En paralelo, la Unión Africana y las Naciones Unidas, a través de su enviado especial Ramtane Lamamra, continúan impulsando iniciativas de mediación para alcanzar un alto el fuego y una solución política, aunque hasta el momento ninguno de esos esfuerzos ha logrado detener la violencia.
La guerra en Sudán dejó de ser, hace tiempo, un conflicto contenido dentro de sus fronteras: el corredor de armas, oro y combatientes que conecta Darfur con el este de Libia y Chad, sumado al cierre de pasos fronterizos y al riesgo de convergencia con la guerra civil que se reactiva en Sudán del Sur, confirman que esta crisis es, ante todo, un fenómeno regional que se retroalimenta con la inestabilidad crónica del Sahel.
El costo humano del conflicto sudanés
Tres años después del inicio de la guerra, Sudán atraviesa la mayor crisis humanitaria y de desplazamiento del mundo. Según Naciones Unidas, cerca de 34 millones de personas, es decir, casi dos de cada tres habitantes del país, necesitan asistencia humanitaria urgente. El desplazamiento forzado alcanzó niveles sin precedentes. Si bien las cifras varían según la fuente y la fecha de relevamiento, todas coinciden en la magnitud del fenómeno. ACNUR estima que más de 11,6 millones de personas han sido desplazadas, de las cuales 6,8 millones permanecen dentro de Sudán y 4,4 millones buscaron refugio en países vecinos.
A la violencia se suma una crisis alimentaria sin precedentes. Más de 21 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda y la hambruna ya fue declarada oficialmente en varias localidades. La situación golpea con especial dureza a la infancia: 2,9 millones de niños sufren malnutrición aguda y más de 729.000 menores de cinco años presentan cuadros graves. El acceso de las organizaciones humanitarias también se encuentra severamente restringido, ya que ambas partes del conflicto obstaculizan la distribución de ayuda y utilizan el hambre como herramienta de guerra.
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El colapso también alcanza al sistema sanitario. La Organización Mundial de la Salud informa que más de un tercio de los centros de salud del país dejó de funcionar y ha documentado 217 ataques contra instalaciones médicas desde el inicio de la guerra, con más de 2.000 muertes asociadas. A ello se suman brotes activos de cólera, sarampión, dengue y poliomielitis, que agravan aún más la emergencia.
Aunque las cifras verificadas hablan de más de 18.800 civiles muertos, diversas estimaciones consideran que el número real de víctimas podría situarse entre 150.000 y 200.000 personas, debido a las enormes dificultades para acceder a las zonas bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La niñez vuelve a ser uno de los sectores más afectados ya que solo durante el primer trimestre de 2026 fueron asesinados al menos 160 niños y otros 85 resultaron mutilados, mientras que más de ocho millones de menores permanecen fuera del sistema educativo, según informes de Naciones Unidas. Las consecuencias económicas son igualmente devastadoras. Solo en 2023, Sudán perdió 6.400 millones de dólares de su producto interno bruto, mientras que el ingreso promedio de la población retrocedió a niveles de comienzos de la década de 1990. De continuar la guerra, las proyecciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierten que la pobreza extrema podría afectar a más del 60 % de la población hacia 2030.
Más allá de la disputa militar entre el Ejército sudanés (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), numerosas organizaciones internacionales coinciden en que el principal blanco del conflicto ha sido la población. Amnistía Internacional define la guerra en Sudán como una auténtica «guerra contra la población civil», caracterizada por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por ambos bandos. La dimensión étnica del conflicto también resulta particularmente preocupante a raiz de que diversos informes verificaron ataques sistemáticos contra comunidades no árabes, especialmente contra la población masalit en Darfur Occidental.
Dentro de este panorama, la violencia sexual se ha consolidado como una de las expresiones más brutales de la guerra. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias advierten que el número de personas que requieren asistencia por este tipo de violencia se ha multiplicado desde el inicio del conflicto. Mujeres y niñas han sido víctimas de abusos sistemáticos, lo que la ONU ha llegado a describir la violación como un «arma de guerra sistemática». A ello se suma un importante subregistro de casos, ya que muchas víctimas temen denunciar por miedo a represalias o al estigma social. Como señaló una sobreviviente de Omdurmán: «Las mujeres no dirigen esta guerra ni participan en ella, pero son las mujeres las que más sufren». La prolongación de la guerra también ha favorecido nuevas formas de explotación. En un contexto de colapso económico y escasez extrema, numerosas mujeres se han visto obligadas a intercambiar relaciones sexuales por alimentos, refugio o protección, convirtiendo la supervivencia cotidiana en otra de las caras invisibles del conflicto.
Al mismo tiempo, tanto las SAF como las RSF han desarrollado mecanismos de control sobre la sociedad civil en los territorios que dominan. Organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, listas negras de activistas, confiscación de documentos y restricciones a la libertad de movimiento para quienes son considerados simpatizantes del bando rival.
Sudán a la luz de las «nuevas guerras» de Mary Kaldor
Mary Kaldor (1999) propuso el concepto de «nuevas guerras» para describir un tipo de violencia organizada que emergió con fuerza tras el fin de la Guerra Fría, y que se distingue de los conflictos interestatales clásicos en al menos tres dimensiones: sus actores, sus objetivos y su economía. Sudán encaja con una precisión casi de manual en este marco. Actores difusos, no sólo ejércitos estatales, para Kaldor, las nuevas guerras involucran una combinación de fuerzas estatales, paramilitares, milicias y redes transnacionales que operan en zonas grises de legalidad. Las RSF son exactamente eso, una milicia que nació de los Yanyauid, se institucionalizó dentro del aparato estatal sin perder su autonomía de mando ni sus recursos propios, y hoy combate al ejército regular del que alguna vez fue socio. No hay un «frente» claro entre Estado y rebeldes, sino una fragmentación del propio poder armado del Estado.
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La población civil como objetivo, no como daño colateral. Kaldor sostiene que en las nuevas guerras la violencia se dirige deliberadamente contra civiles, a través del terror, la limpieza étnica y el desplazamiento forzado, porque el control territorial se busca homogeneizando a la población, no derrotando a un ejército enemigo. Los asedios y el uso sistemático de la violación como arma de guerra y el bloqueo deliberado de ayuda humanitaria como herramienta de presión no son excesos aislados de una guerra «tradicional», en los términos de Kaldor, son el método mismo de la guerra.
Una economía de guerra que se autoalimenta. Quizás el aporte más relevante de Kaldor para entender Sudán es su idea de que las nuevas guerras tienden a generar economías propias que hacen rentable su propia continuidad, en lugar de buscar una victoria definitiva. El oro de Darfur que fluye hacia Dubái y financia a las RSF es el ejemplo perfecto, mientras existan compradores externos para ese oro, y socios geopolíticos dispuestos a mirar para otro lado a cambio de acceso a recursos y posición estratégica en el mar Rojo, no hay incentivo estructural para que la guerra termine. La paz, en este modelo, no es solo un problema militar o diplomático, sino que requiere desarmar la economía que sostiene el conflicto.
A modo de conclusión
Lo que comenzó como una disputa de poder entre dos generales por el control del Estado post Bashir se transformó, en apenas tres años, en la mayor crisis humanitaria y de desplazamiento del mundo, que excede ampliamente cualquier lógica de «daño colateral». Leído con Kaldor, Sudán no es una guerra que se haya salido de control, es una guerra que funciona exactamente como está diseñada para funcionar, sostenida por actores que se benefician económicamente de su prolongación y por una comunidad internacional que, pese a documentar exhaustivamente los crímenes, no ha logrado, o no ha querido, interrumpir el flujo de armas y de oro que la financia. Mientras esa economía de guerra permanezca intacta, la diferencia entre «conflicto» y «catástrofe humanitaria» seguirá siendo, en la práctica, una distinción sin diferencia para la población civil sudanesa.
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