El terrorismo internacional representa un desafío complejo y cambiante para los Estados. Su impacto trasciende fronteras, sistemas jurídicos y estrategias convencionales de seguridad. En este artículo, Lucas Paulvinoch, alumno del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, explica sus múltiples dimensiones y la importancia de formular respuestas efectivas y legítimas.
El impacto transnacional del terrorismo impone la necesidad de buscar una respuesta internacional articulada, pero también destaca la dificultad estructural para alcanzar ese consenso. Aunque el terrorismo adquirió un carácter global en las últimas décadas, las características de esa dimensión son un debate abierto.
La intensificación de las disputas en torno al concepto refleja un proceso de debilitamiento de la capacidad de acción de la comunidad internacional. Esto ocurre especialmente por la pérdida de eficacia de sus órganos multilaterales de representación.
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En este panorama, es indispensable reparar en aspectos decisivos al analizar el terrorismo internacional. Solo así se puede dar dimensión concreta a las tensiones estructurales, normativas y geopolíticas que complejizan la aplicación efectiva de las respuestas globales.
El problema de la definición internacional del terrorismo
La dificultad para establecer una definición universal de terrorismo con repercusiones jurídicas constituye uno de los principales escollos en la lucha global contra este fenómeno. Si bien existen acuerdos parciales en torno a actos que involucran violencia contra civiles con fines políticos, religiosos o ideológicos, el concepto mismo de «terrorismo» queda contaminado por las asimetrías de poder dentro de los organismos multilaterales.
La ONU ha elaborado convenciones sectoriales (contra el financiamiento del terrorismo, el crimen organizado, los atentados contra la aviación civil, la toma de rehenes, entre otras). Sin embargo, su adhesión no siempre fue absoluta y su vigencia es aún menos consistente.
Su aplicación quedó librada a interpretaciones que varían según los actores, debilitando la legitimidad del combate antiterrorista en muchas regiones.
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En los ámbitos internacionales, las disputas geopolíticas se infiltraron en las decisiones y los organismos multilaterales se transformaron en instrumentos para condicionar la vida interna de los países, más allá de la voluntad de sus poblaciones. Los Estados con mayor influencia geopolítica impusieron definiciones funcionales a sus intereses.
Las disposiciones internacionales, en especial las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las recomendaciones del GAFI, exigieron reformas internas significativas. Estas reformas provocaron una relativa subordinación de los sistemas judiciales nacionales a criterios internacionales. Dichos criterios no siempre contemplaron las especificidades jurídicas, institucionales ni democráticas de cada país.
De este modo, los Estados se vieron compelidos a modificar sus códigos penales e implementar legislaciones sobre financiamiento del terrorismo. También debieron adoptar sistemas de inteligencia financiera compatibles con los estándares internacionales, bajo la amenaza de quedar aislados del sistema financiero global o sufrir restricciones en el acceso al crédito. Esto impactó directamente en el enfoque de política exterior de los países. Por lo tanto, afectó también el conjunto de políticas de seguridad que estuvieron dispuestos a asumir.
Inadecuación local del modelo global
La homogeneización de los modelos antiterroristas ignoró las profundas diferencias culturales, políticas, económicas y geográficas que caracterizan al fenómeno en cada región.
Mientras en Europa predominó la preocupación por el terrorismo yihadista, en América Latina surgieron formas de narcoterrorismo y crimen organizado con motivaciones mixtas. En Asia, el fenómeno se vinculó a conflictos regionales. En África, en cambio, estuvo relacionado con disputas étnicas, religiosas y tribales.
La imposición de un enfoque uniforme derivó muchas veces en estrategias ineficaces, en la criminalización de rivales políticos o en la aplicación de lógicas ajenas a las necesidades reales de seguridad. Esto debilitó las instituciones democráticas y erosionó la legitimidad del Estado frente a su población.
El combate al terrorismo no constituye una política aislada ni neutral. Se revela como una manifestación de conflictos de mayor escala. En ese contexto, las potencias utilizaron la lógica antiterrorista para intervenir en regiones estratégicas, justificar operaciones militares o condicionar políticas soberanas.
El protagonismo de Estados Unidos en la definición de conceptos y políticas en Occidente es comparable al rol que cumple China en su zona de influencia oriental.
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El terrorismo, como categoría, funcionó como herramienta diplomática dentro de la disputa hegemónica global. La selección de actores considerados terroristas y la intensidad de la respuesta estatal no responde a parámetros objetivos, sino a intereses nacionales e internacionales. Esta instrumentalización limita las posibilidades de una estrategia global verdaderamente cooperativa.
Transformación del conflicto y modelo de defensa
El terrorismo contemporáneo se inscribe en un contexto de transformación geoestratégica. Este proceso está marcado por el desarrollo de conflictos bélicos convencionales que actualizaron tácticas y medios de combate. Todo ello tuvo un impacto directo sobre los conflictos de baja intensidad y no convencionales.
El surgimiento de nuevas tácticas y armamentos, como el uso de drones y las operaciones remotas, obliga a repensar los sistemas de defensa. También influyen los nuevos ámbitos de conflicto, como el ciberespacio y la incidencia satelital, que exigen rediseñar su integración con la seguridad nacional.
Los Estados deben desarrollar estructuras flexibles, adaptativas y multidimensionales. Estas deben ser capaces de enfrentar amenazas asimétricas, donde los adversarios no obedecen a reglas, no usan uniformes y actúan desde el anonimato.
En este contexto, la cooperación regional cobra un valor diferencial. Los países que comparten características culturales, dinámicas delictivas y condiciones geográficas similares pueden alinear sus intereses de manera más efectiva. La estrategia regional permite definir amenazas comunes, articular mecanismos de acción conjunta y compartir información de forma fluida.
La inteligencia financiera cumple un rol esencial, ya que permite rastrear flujos ilícitos, identificar estructuras de financiamiento, detectar empresas fachada y avanzar en la desarticulación de redes logísticas. El intercambio de datos financieros, migratorios, policiales y penales entre países de una misma región se convirtió en una herramienta decisiva para la eficacia operativa.
Asimetría jurídica y protección de los derechos humanos
El terrorismo plantea un tipo de conflicto asimétrico que desafía las lógicas tradicionales de defensa y seguridad. Esta asimetría no se limita a los medios y modalidades. Se manifiesta sobre todo en las reglas: las organizaciones terroristas no se someten a tratados internacionales, convenciones humanitarias ni normas jurídicas que limitan la acción de los poderes públicos.
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Esta desigualdad de condiciones impone un enorme desafío en la protección de la población civil, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la prevención de abusos institucionales. El combate al terrorismo no puede justificar la suspensión de los derechos fundamentales. La historia reciente demostró que, en muchos casos, la lógica antiterrorista derivó en abusos, persecuciones y criminalización de disidencias.
El diseño de los sistemas de seguridad y defensa debe preservar el equilibrio entre eficacia y legalidad, con estrategias que respeten las garantías, aseguren el debido proceso y mantengan el control civil sobre las fuerzas.
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