Filipinas vive una ola de movilización ciudadana sin precedentes contra la corrupción y el abuso de poder. La protesta surge en respuesta a una corrupción estructural que socava la gestión climática y la estabilidad institucional. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa explica cómo el enfrentamiento entre las dinastías Marcos y Duterte agrava una crisis política de escala nacional.
El 21 de septiembre del 2025, más de 20.000 manifestantes movilizaron las calles de Manila en lo que se ha denominado como la «Marcha del Billón de Pesos». Esta protesta se ha caracterizado por ser una movilización masiva contra la corrupción sistémica que ha saqueado la Tesorería Pública. La fecha elegida coincidía exactamente con el 53° aniversario de la imposición de la ley marcial por Ferdinand Marcos Sr. Así, se conectaba el presente con el pasado autoritario y clientelar del país.
Esta manifestación expresa una crisis estructural profunda. Abarca desde escándalos en proyectos de control ambiental de inundaciones hasta amenazas de muerte proferidas por la propia vicepresidenta del país. Filipinas atraviesa un momento crítico de su historia. Sus instituciones son sacudidas por una combinación de corrupción endémica, autoritarismo resurgente y fragmentación de las élites político-culturales.
El escándalo que sacudió la nación: cuando es más importante la corrupción que el blindaje de catástrofes
La base de la crisis filipina radica en los esquemas de corrupción más sutiles de su ecosistema económico. Los proyectos de control de inundaciones han sido objeto de malversación sistemática, perdiendo hasta el 70% de todos los fondos destinados a estos proyectos por desvío.
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En proyectos fantasma de tal calibre, la distribución del dinero desviado (robado) sigue un patrón reconocible:
- Los políticos se apropian de 400 millones de pesos.
- Los funcionarios del Departamento de Obras Públicas (DPWH) reciben 150 millones.
- Los auditores cómplices obtienen 2 millones.
Tal sistematización normalizada demuestra que la corrupción público-privada opera como una institución paralela con eficiencia corporativa.
El costo humano es devastador. En un país que enfrenta tifones regulares, la corrupción en el control de inundaciones equivale a poner vidas en riesgo. Esto crea un círculo vicioso que debilita la capacidad de respuesta climática nacional.
Contexto dinástico intra-familiar y crisis política: los Marcos y los Duterte
Filipinas se ha encontrado históricamente gobernada por dinastías familiares, cuyas rivalidades y alianzas han direccionado la estrategia política del país durante décadas. Entre las más influyentes se encuentran los Marcos y los Duterte, cuyas trayectorias combinan poder, corrupción y autoritarismo.
El autoritarismo de Ferdinand e Imelda Marcos
Ferdinand Marcos y su esposa Imelda encabezaron durante más de 20 años un régimen autoritario disfrazado de democracia (y respaldado por Estados Unidos). Se casaron y consolidaron su poder gracias a la popularidad de Ferdinand como héroe de guerra con gran vocación oratoria.
Ferdinand fue diputado, presidente del Senado y finalmente presidente en 1965, siendo reelegido en 1969. En 1972 declaró la ley marcial, la cual su administración aprovechó para perseguir opositores (asesinando, torturando y desplazando a miles).
Imelda ocupó ministerios y eligió amigos y familiares para puestos públicos a dedo. Además, representó al país internacionalmente con gran lujo, contribuyendo a consolidar la influencia del matrimonio sobre los medios de comunicación y la educación.
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A pesar de la creciente presión internacional y la movilización interna, los Marcos permanecieron en el poder hasta la Revolución del Poder Popular (EDSA) en 1986. Entonces, fueron exiliados a Hawái. Ferdinand murió en 1989, pero Imelda mantuvo su influencia política, promoviendo a sus hijos para que ocupasen cargos públicos.
El legado de los Marcos combina represión, corrupción y abuso de poder, pero también evidencia la persistencia de su influencia social y política en Filipinas.
Rodrigo Duterte y la consolidación del populismo
La segunda dinastía relevante en la política filipina es la de los Duterte. Rodrigo Duterte presidió el país entre 2016 y 2022, impulsando la controvertida «guerra contra las drogas». Esta se caracterizó por miles de ejecuciones extrajudiciales, normalizando así la violencia política.
Esta «táctica operacional» de Duterte buscaba frenar el narcotráfico y mostrar un gobierno fuerte imponiendo miedo y disciplina social. Al mismo tiempo, quería consolidar su poder político, debilitando la oposición y reforzando su liderazgo.
Sara Duterte (su hija) continuó esta línea política al asumir la vicepresidencia en 2022. Inicialmente, formó una alianza con el presidente Ferdinand Marcos Jr. (hijo del exdictador Ferdinand Marcos).
Esta convergencia representaba la unión de dos dinastías con historiales autoritarios y clientelistas, lo que generó expectativas de estabilidad basada en la concentración de poder.
Ruptura y confrontación: Sara Duterte vs Marcos Jr
La alianza entre ambas familias dinásticas se deterioró debido a diferencias políticas y personales. En noviembre de 2024, la crisis alcanzó su punto álgido. Durante una transmisión en vivo por Facebook, Sara Duterte amenazó públicamente con asesinar al presidente Marcos Jr. y a su esposa, Liza Araneta. También amenazó al presidente de la Cámara de Representantes.
Tales amenazas fueron inscritas en un marco de tensión, crispación y miedo por parte de ambas familias. Incluso afirmó haber contratado un sicario para llevar a cabo estos asesinatos, advirtiendo que no era una broma.
Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de las autoridades. Se presentaron cargos penales contra ella y el Buró Nacional de Investigación recomendó procesarla por incitación a la sedición. En febrero del 2025, la Cámara de Representantes aprobó un proceso de destitución que debía ser confirmado por el Senado. Sin embargo, en julio del 2025, la Corte Suprema suspendió el procedimiento por considerarlo inconstitucional.
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El conflicto ha generado gran inestabilidad política, fracturando la alianza de las familias dominantes y afectando la confianza pública en las instituciones. Esta crisis refleja cómo los legados del autoritarismo, el clientelismo y el «gangsterismo» por parte de las dinastías siguen marcando el ritmo de la política filipina contemporánea.
Así, las manifestaciones del 21 de septiembre del 2025 en Filipinas surgen como reacción al escándalo de corrupción posibilitado por el patrón político-histórico de dinastías Marcos y Duterte, cuyos conflictos internos y concentración de poder reflejan un amplio patrón de clientelismo ecosistémico.
Reaparece la Iglesia Católica
Las manifestaciones marcaron la reaparición de la Iglesia Católica como actor político clave. La institución proporcionó legitimidad moral y apoyo logístico a la «Marcha del Billón de Pesos», movilizando miles de personas y evocando su papel histórico durante la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos en 1986. En esos años, la representación católica liderada por el Cardenal Jaime Sin, protegió a la oposición. En la actualidad, la Iglesia percibe paralelismos históricos sugerentes entre aquel autoritarismo y las prácticas de populistas actuales.
Para la Iglesia, el robo de fondos destinados a controlar afecciones de catástrofes naturales constituye una forma de violencia estructural. Esta afecta a los sectores más pobres, incapaces de protegerse ante desastres naturales. Su participación fortalece la legitimidad moral de las protestas y dificulta que el gobierno las descalifique como movimientos antipatrióticos.
Así, la respuesta del gobierno ha sido ambivalente, ya que la administración gubernamental prometió investigar la corrupción y respetar el derecho a manifestarse, pero la detención de más de 200 personas y la intención de presentar cargos contra algunos activistas evidencian una contradicción.
Perspectivas futuras: Filipinas en la encrucijada democrática regional
Se puede decir, que, las protestas filipinas se inscriben en una ola más amplia de movilizaciones juveniles en el sudeste asiático. En Nepal, el gobierno desató manifestaciones masivas al prohibir más de 20 plataformas de redes sociales, lo que generó una respuesta organizada.
En Indonesia, el descontento contra los privilegios excesivos de los funcionarios derivó en protestas que se intensificaron tras la muerte de Affan Kurniawan. Estos países comparten denominadores comunes: juventudes frustradas por la falta de futuro, sistemas políticos corroídos por la corrupción y una desigualdad económica cada vez más marcada.
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Sin embargo, Filipinas se distingue tanto por la magnitud de la corrupción documentada como por la participación de la Iglesia Católica. Mientras Nepal enfrenta las presiones de ser un estado tapón entre China e India, e Indonesia busca intentar representarse como la democracia más grande del sudeste asiático, Filipinas carga con el legado singular de una bi-dictadura familiar que se torna el poder.
Así, en términos regionales, Filipinas se convierte en caso de prueba para la democracia en el sudeste asiático. Un avance reformista tendría un efecto inspirador en la región, mientras que un fracaso podría desincentivar la movilización democrática.
El país enfrenta simultáneamente corrupción sistémica, fragmentación política, vulnerabilidad climática y presiones geopolíticas, y la forma en que logre navegar estas crisis definirá no solo su trayectoria democrática sino también su rol en el fluctuante orden asiático.
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