En este artículo te explicamos los motivos que existen para que el organismo electoral de Rumanía haya decidido invalidar al candidato Călin Georgescu para las próximas elecciones, vencedor de las anteriores pero posteriormente anuladas tras indicios de injerencia.
La Comisión Electoral de Rumanía invalidó la candidatura presidencial de Călin Georgescu, líder ultranacionalista confeso partidario de restaurar relaciones socioeconómicas con Rusia, debido a irregularidades en el financiamiento electoral. Esta decisión llega tras meses polémicos que iniciaron en noviembre de 2024, cuando Georgescu sorprendió al país al ganar la primera vuelta electoral sin ser ninguno de los favoritos en las encuestas. Sin embargo, días antes de la segunda vuelta prevista para diciembre, el Tribunal Constitucional anuló los resultados debido a evidencias que vinculaban su campaña con una presunta interferencia rusa a través de cientos de cuentas falsas en redes sociales. Además, se encontraron incongruencias en su declaración de bienes y posibles indicios de financiación ilegal.
La tensión aumentó considerablemente desde entonces. Aunque Georgescu negó las acusaciones y calificó la anulación como un «golpe oficializado», las autoridades judiciales mantuvieron firme su postura. A finales de febrero, incluso se abrió una investigación penal contra él por presunta incitación contra el orden constitucional y supuestos vínculos con grupos neofascistas. Estas circunstancias complicaron aún más sus aspiraciones políticas y generaron dudas sobre su elegibilidad para participar en los comicios reprogramados para mayo de 2025.
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A pesar de esta situación adversa para él, Georgescu presentó nuevamente su candidatura el viernes 7 de marzo de 2025, respaldado por más de 300 mil firmas ciudadanas. Sin embargo, el domingo 9 de marzo la autoridad electoral decidió rechazarla definitivamente y el Tribunal Constitucional ratificó la suspensión el 11 de marzo. El organismo electoral se ampara específicamente en diversos incumplimientos procedimentales relacionados con la transparencia financiera exigida por ley. En específico, se examinaron los documentos presentados por Georgescu, pero este decidió no aprobar el relativo a la «financiación de su campaña» por no existir una firma requerida. Por eso, la votación interna del organismo fue contundente. Diez votos a favor de la medida contra cuatro en contra.
Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores del candidato salieron a las calles de Bucarest para manifestarse frente a la sede electoral, acusando a las autoridades de golpe de Estado y de represión. Entre cánticos y consignas que denunciaban un ataque a la democracia, algunos manifestantes protagonizaron disturbios violentos que derivaron en enfrentamientos con la policía antidisturbios. Las autoridades emplearon gases lacrimógenos para contener los altercados, reflejando así la gran polarización social que vive actualmente Rumanía ante esta polémica decisión electoral.
Qué papel jugó Rusia
La interferencia rusa desempeñó un papel determinante en la anulación de la primera ronda electoral presidencial en Rumanía, al revelarse una campaña coordinada en redes sociales que benefició a Georgescu. Informes desclasificados por los servicios de Inteligencia rumanos señalaron específicamente que Rusia utilizó plataformas como TikTok, Telegram y Facebook para amplificar narrativas del candidato mediante granjas de bots y uso de inteligencia artificial, influyendo así en su percepción pública y elevando falsamente su perfil y popularidad. Además, se identificaron cientos de cuentas falsas y previamente inactivas que promovieron intensamente su candidatura, lo que incumple las normativas electorales y de las plataformas.
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Asimismo, se evidenciaron ataques cibernéticos dirigidos contra las plataformas electorales rumanas, provocando daños en los sistemas informáticos utilizados durante el conteo inicial de votos. Esto obligó a realizar un recuento urgente la misma noche electoral y agravó aún más las sospechas sobre la transparencia de los resultados. Ante estas evidencias, las autoridades constitucionales decidieron anular completamente la elección y reiniciar desde cero toda la campaña electoral, una medida sin precedentes que reflejó la gravedad de las acciones externas sobre el sistema electoral rumano.
No es un golpe de Estado ni se ha metido Europa
La decisión de invalidar las elecciones y posteriormente rechazar la candidatura de Georgescu no puede considerarse un golpe de Estado. Todo el proceso se ha controlado por instituciones judiciales y legislativas como el Tribunal Constitucional y la Oficina Electoral. Estos organismos actuaron basándose en pruebas que evidenciaban irregularidades legales y posibles amenazas a la seguridad nacional, y actuaron sobre la legislación rumana. Aunque algunos sectores ultranacionalistas han calificado estas acciones como antidemocráticas, las medidas tomadas buscan garantizar la transparencia electoral y proteger el sistema democrático frente a influencias externas, como la injerencia rusa, que ha sido documentada en este caso.
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Asimismo, es inviable afirmar que la Unión Europea haya ejercido presiones indebidas sobre las autoridades rumanas en este asunto. Las decisiones judiciales y electorales se han tomado dentro del marco legal rumano, sin evidencia de interferencia directa por parte de la UE. Aunque Georgescu ha acusado a Europa de ser una «dictadura», estas declaraciones parecen más bien estrategias retóricas para movilizar a sus simpatizantes. La UE ha respaldado los principios democráticos y legales en Rumanía, pero no hay pruebas de que haya influido directamente en los fallos judiciales o electorales relacionados con este caso.
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